fondos buitre – PAH Barcelona

Barcelona, Barcelona en Comú, casa o inversión, Debate electoral, desahucios, elecciones 28M, ERC, fondos buitre, PSC, Tries Per Barcelona, vivienda protegida

Ya podemos actuar para limitar los usos turísticos de la vivienda en Barcelona

Acuerdo general de las candidaturas a la alcaldía de Barcelona en la centralidad de la vivienda en los problemas de la ciudadanía y en el impacto en el modelo de ciudad. En las recetas para afrontar este gran reto es donde han surgido las tensiones entre los partidos, priorizando unos y otros la vivienda como una casa o como una inversión.

El vídeo del debate se puede recuperar aquí

El Centro Cívico Can Felipa de Poblenou, casi lleno, presenció ayer el debate sobre vivienda de las candidaturas a la alcaldía de Barcelona. El debate, que se organizaba por una representación casi completa de entidades y organizaciones defendiendo el derecho a la vivienda en la ciudad, como la Sectorial d’Habitatge Cooperatiu de la XES, la PAH Barcelona, el Observatorio DESC, el Cercle de Transició Ecosocial de Coòpolis y con la colaboración del Sindicat de Llogateres, la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya y la Càtedra Barcelona Estudis d’Habitatge, contó con la participación de Eva Baró de ERC, Damià Calvet de Trias per Barcelona, Thaïs Cloquell de la CUP, Lucía Martín de Barcelona en Comú y Jordi Mas del PSC y la moderación de Irene Escorihuela, directora del Observatorio DESC.

Organizado en torno a dos grandes bloques o problemáticas, la emergencia habitacional y el incremento del parque de vivienda social, se pudo entrar en el fondo de las muchas medidas que deberían seguir desplegándose y profundizando y de nuevas políticas para responder. En los detalles de cómo actuar desde el Gobierno es donde han surgido las tensiones entre los partidos a la hora de entender la vivienda como una casa o como una inversión.

El debate se ha abierto con los problemas para hacer cumplir la Ley 24/2015, que obliga a grandes tenedores a firmar alquileres sociales para evitar desahucios, donde todos los partidos han estado de acuerdo en que es inaceptable el fraude de ley y que es necesario hacer servir todos los instrumentos disponibles, como son las sanciones, la articulación judicial, etc. Barcelona en Comú ha prometido una nueva Unidad Antiespeculación, ampliando trabajo ya hecho, y la CUP que el Ayuntamiento se personará, si gobiernan, en las demandas a grandes tenedores. El debate ha continuado con la intervención en primera persona de Dulce, miembro de PAH Barcelona y madre de dos criaturas, que está ocupando un piso de un gran tenedor, quien ha preguntado sobre las medidas de los partidos para reducir la lista de espera de la mesa de emergencia. Tanto la candidatura del PSC como Trias por Barcelona han puesto énfasis en la necesidad de ampliar la vivienda pública y crear más puestos de trabajo para prevenir estas situaciones. Por su parte, ERC y CUP han prometidos cambiar la normativa de la mesa de emergencia para no excluir a personas en situación irregular de la mesa, tal y como han hecho otros municipios como Sant Cugat. Así como dejar de pagar alojamientos privados a la empresa BCN Travel, que forma parte de fondos buitre, y extendiendo alojamientos como el CATAF en cada distrito.

Vivienda protegida con calificación permanente

El segundo bloque se abrió con las medidas para evitar la acción especulativa de grandes tenedores y fondo buitre, donde todos los grupos han estado de acuerdo en seguir aumentando la coordinación entre administraciones para que la Generalitat dicte zonas de alta tensión y se pueda actuar. Barcelona en Comú prometió un nuevo Servicio para Inquilinas para reforzar la garantía de derechos a las vecinas en situación de alquiler, así como la CUP ha prometido que propondrán la celebración de un referéndum de expropiación a grandes tenedores, tal y como ocurrió en Berlín. Trias por Barcelona y PSC propusieron la creación de un impuesto que dificulte las compraventas especulativas. Una de las apuestas del debate era un formato de preguntas como dilemas entre casa o inversión. En el caso de los dilemas relacionados con el alquiler turístico, Trias por Barcelona se posicionó en abrir nuevas zonas para alojamiento turístico y el resto en suspender las licencias de vivienda turística, Barcelona en Comú y CUP se han posicionado en prohibir el alquiler de temporada y ERC, Trias por Barcelona y PSC en desarrollar un marco legal de alquiler de temporada. Por último, Trias por Barcelona se ha posicionado en mantener el libre mercado en el alquiler y el resto en limitar los precios. En el espacio para matizar o profundizar, ERC y CUP prometieron y recordaron que ya se puede actuar para limitar los usos turísticos de la vivienda en Barcelona, de acuerdo con la Ley de Turismo.

Preguntados por la ampliación del parque de vivienda protegida, el sentir general es que es necesaria la colaboración con agentes privados y/o comunitarios, y que todas las viviendas deben mantener una calificación indefinida. Tanto Trias por Barcelona como PSC prometieron reforzar Vivienda Metrópolis Barcelona, colaboración del Ayuntamiento con privados con lucro para alquiler. La CUP, por otra parte, ha prometido excluir a los operadores lucrativos de la colaboración pública, echando a los buitres tanto de la vivienda como de los cuidados u otros sectores. Todas las candidaturas han estado de acuerdo en reforzar la generación de mayor vivienda social y asequible con operadores sin ánimo de lucro. En la responsabilización del privado en el aumento de la vivienda digna, tanto ERC y Barcelona en Comú como la CUP han apostado por mantener o profundizar las reservas del 30% de vivienda en nueva construcción, y Trias por Barcelona y PSC en repensar la medida, flexibilizándola.

Por último, se ha hablado de cooperativismo de vivienda a través de tres dilemas que hacían posicionar a los partidos a favor o en contra de medidas que ayudan a fomentar este modelo comunitario, como el Convenio ESAL, entre promotores sociales de vivienda y el Ayuntamiento de Barcelona, para hacer vivienda cooperativa y social calificada de VPO en suelo público. O el tanteo y retracto que moviliza suelo privado a entidades sin ánimo de lucro para hacer vivienda asequible. CUP y Barcelona en Comú se han posicionado a favor de todas estas medidas, mientras que ERC, PSC y Trias por Barcelona se han decantado más por facilitar la movilización de suelo privado a entidades sin ánimo de lucro. ERC ha sido el único partido que ha votado en contra de evolucionar el actual Convenio ESAL a una forma más estable.

PorPAH_Bcn

alquiler social, bancos, EH Bildu, ERC, fondos buitre, Gobierno, grandes tenedores, Ley Vivienda, SAREB

La futura Ley de Vivienda todavía no acaba con los desahucios de personas vulnerables

La obligatoriedad de someterse a una mediación no implica que no se pueda seguir desahuciando a quienes no pueden pagar una vivienda
El acuerdo sigue sin incluir medidas para las personas hipotecadas mientras el euribor sigue subiendo
A falta de conocer los detalles, desde la PAH creemos que este acuerdo sigue sin solucionar los principales problemas a la hora de garantizar el Derecho a la Vivienda y que aún debe mejorar mucho

Hoy hemos conocido un nuevo acuerdo entre Esquerra Republicana, EH Bildu y el Gobierno de España sobre la futura Ley para el Derecho a la Vivienda. En una rueda de prensa convocada de urgencia esta mañana, ambas formaciones han desgranado las modificaciones que han impulsado en el nuevo texto de acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y, según han aclarado los portavoces de ambos partidos, con la aprobación tanto del PSOE como de Unidas Podemos.

Nuestra valoración inicial −a falta de conocer con detalle el texto pactado− desde la PAH es la siguiente: el acuerdo anunciado hoy no cambia el hecho de que la futura ley sigue sin acabar con los desahucios de personas vulnerables que no tienen una alternativa habitacional. A pesar de las reclamaciones de los movimientos sociales para implementar medidas −como la obligatoriedad, para grandes propietarios, de ofrecer alquiler social a las familias que acrediten vulnerabilidad−, el proyecto de ley, a pesar del acuerdo, únicamente alarga los procesos de desalojo hasta los 2 años −lo cual se traduce en alargar la agonía para las familias afectadas− y solo obliga a los propietarios a someterse a una mediación, cuya resolución no tienen por qué respetar. Es decir: que grandes tenedores como bancos y fondos buitre podrán seguir desahuciando sin ningún tipo de obligación o penalización. Asimismo, nos preocupa que el nuevo acuerdo contemple el uso de los fondos del Plan Estatal de Vivienda para pagar los realojos de las familias desahuciadas o incluso alquileres sociales “bonificados”, lo que a la práctica consistirá en otro nuevo traspaso de dinero público a manos de grandes tenedores como bancos y fondos buitre, en vez de obligarlos a corresponsabilizarse de la actual emergencia habitacional y a movilizar sus viviendas vacías. El gobierno y los partidos tienen que aceptar el hecho de que en este país no hay vivienda pública y, por tanto, la Administración no tiene alternativas para aquellas familias que, por una razón u otra, no puedan procurarse una vivienda.

Además, lamentamos que las familias hipotecadas se hayan quedado fuera de este acuerdo y de la futura ley en general. El Euríbor ha cerrado el mes de marzo en un 3,67%, lo que implica subidas de hasta 300€ mensuales, y a nuestras asambleas ya han llegado algunas familias que han dejado de pagar o prevén que lo harán próximamente. Hasta ahora el gobierno solo ha tomado medidas cosméticas, como el mal llamado escudo social, o bien la reedición del acuerdo de buenas prácticas bancarias, cuya adhesión por parte de los bancos ni siquiera es obligatoria y cuyos supuestos de aplicación son irreales.

Otro hecho que nos preocupa es la falta de mecanismos para movilizar todas aquellas viviendas vacías y que siga sin abordarse el hecho de que tenemos una inmobiliaria pública, la Sareb, que el Gobierno ha dejado en manos de los fondos buitre y cuyo patrimonio está siendo vendido, en vez de poner todas esas viviendas a disposición de las comunidades autónomas y aumentar así el parque público de vivienda.

Por otra parte, desde la PAH reivindicamos aquellos pequeños avances que se han hecho en el proyecto de ley gracias a la presión de los movimientos sociales agrupados en la Iniciativa Ley Vivienda, como la prohibición de los desahucios con fecha abierta −una vulneración flagrante de derechos que suponía una auténtica tortura para las afectadas−, la rebaja de la definición “grandes propietarios” a quienes tienen 5 viviendas en vez de 10 y el blindaje de las competencias de las comunidades autónomas, que podrán seguir desarrollando leyes que ya han demostrado su eficacia a la hora de detener desahucios, y corresponsabilizar a bancos y fondos buitre gracias al alquiler social. Es el caso de la Ley Antidesahucios en Catalunya, que ha evitado entre 5.000 y 11.000 desahucios en el tiempo que ha estado en vigor y que actualmente ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por el propio Gobierno; a falta de conocer los detalles, este anuncio abre la puerta a que medidas como la catalana tengan encaje en la legislación estatal y que por fin puedan demostrar su efectividad a medio y largo plazo.

En definitiva, si bien valoramos el hecho de que por fin se estén dando pasos para aprobar una ley que ya acumula unos retrasos insoportables debido a la cerrazón de partidos como el PSOE, entendemos que las medidas recogidas en el acuerdo anunciado por ERC y EH Bildu son manifiestamente insuficientes. Creemos que todavía queda mucho margen de mejora para que la futura Ley de Vivienda sea real y efectiva, y por ello exigimos a todos los partidos que en su día se comprometieron con los movimientos sociales, a que negocien más mejoras antes de otorgar su voto favorable a la Ley. Por nuestra parte, en los próximos días examinaremos detenidamente las medidas del nuevo acuerdo y daremos la información necesaria para evitar que se engañe a la población con discursos triunfalistas que no tienen efecto real en la vida de la ciudadanía.

PorPAH_Bcn

#AsíEstanLasCosas, alquileres sociales, fondos buitre, Ley 1/2022, ley antidesahucios

Así están las cosas

La PAH arrancamos en Catalunya una campaña global de denuncia, señalización a la inacción política, la banca y los fondos buitre. Así están las cosas y queremos sensibilizar a la ciudadanía no consciente de que el problema de la vivienda nos afecta a todas.

Hoy las PAHs de Catalunya iniciamos nueva campaña para alertar sobre la emergencia habitacional debido a la falta de voluntad política para revertir la situación y ante la desfachatez de los grandes especuladores que trafican con nuestras viviendas negándose, con impunidad, a aplicar las leyes catalanas que les obligan a ofrecer alquileres sociales para garantizar el derecho a la vivienda y dar respuesta a las familias desahuciadas.

Desde el estallido de la crisis de 2008, lejos de solucionarse, la problemática con la vivienda ha mutado y se ha encrudecido. Donde antes nos enfrentábamos a procesos de perdida de vivienda derivados de la estafa hipotecaria, de un tiempo a esta parte el grueso de la problemática lo encontramos en los precios desorbitados del alquiler. Donde antes nos enfrentábamos a la banca, ahora toca lidiar con todo un entramado formado por fondos buitre, socimis, inmobiliarias, patronales, bancos… que han encontrado en la especulación inmobiliaria la gallina de los huevos de oro, sin importar el coste humano que esto conlleva.

Lo que no ha cambiado es la irresponsabilidad política, cuya defensa de los intereses capitalistas por encima de la defensa del bienestar de la ciudadanía, ya ha destrozado la vida de millones de personas. Bien arrebatando sus sueños de toda la vida vía ejecución hipotecaria, bien desahuciándolas por no poder asumir el abusivo precio del alquiler, bien obligándolas a ocupar una vivienda tras quedarse en la calle para volver a ser desahuciadas, bien pagando el precio más alto al arrebatarles vida debido a la desesperación. Un punto de no retorno.

Si a esto les sumamos que el empobrecimiento de las familias es cada vez mayor y el coste de la vida más alto, la situación se vuelve insostenible. Lamentablemente, los culpables y responsables de la situación son poderosos. Controlan el Congreso, el Parlament, demasiados Ayuntamientos, los Tribunales, los medios de comunicación mayoritario y con todo ello, la opinión pública. Tanto repiten sus discurso autoritario, lleno de mentiras, desprecio y odio (sobretodo hacía quien menos tiene), que al final cala y nos empujan a una guerra entre vecinas, de la cual solo se benefician ellos. El que más tiene, contra el que menos, el que menos contra el que nada. Y así están las cosas.

Desde la PAH, llevamos más de una década empujando para lograr los cambios legislativos necesarios para revertir la situación y hacer efectivo el derecho a la vivienda, tal como recogen los dictámenes de Naciones Unidas, la Constitución española y los Estatutos de Autonomía. Hemos vivido como el PP negaba la segunda oportunidad a las personas hipotecadas que perdían su casa, al tiempo que rescataba a la banca. Hemos vivido como se ponía la alfombra roja a los fondos buitre para que especularan a su antojo con el alquiler. Hemos vivido como la banca amasaba millones de vivienda vacía que después vendió a los fondos, mientras la vivienda pública se recalificaba y pasaba a manos del sector privado. Nos dejaron sin un parque público de vivienda social y asequible para dar respuesta a la emergencia habitacional, a las familias desahuciadas y a las familias que no pueden permitirse los precios de la corrupción.

Así están las cosas con los últimos datos del Poder Judicial cerrando el año 2022: 38.266 desahucios (177 al día), 27.533 desahucios derivados del alquiler, 8.509 derivados de hipoteca y 24,935 nuevas ejecuciones hipotecarias registradas.

A pesar de todo, el PSOE lleva todos sus años de gobierno bloqueando la Ley vivienda al no querer incluir las medidas sociales necesarias y promoviendo la represión a la reivindicación endureciendo la Ley Mordaza. Medidas tan de sentido común como las que tenemos en Catalunya, gracias al esfuerzo de la PAH y otros colectivos. La ley catalana contra los desahucios y la pobreza energética, así como el articulado para ampliarla, efectivo desde marzo del año pasado, está pensada, sobre todo, para acabar con los desahucios obligando a grandes especuladores a ofrecer un alquiler social. Cosa que no están haciendo.

No solo eso, también obliga a la renovación de dichos alquileres sociales, a ofrecerlos al finalizar un contrato si no se puede asumir la subida abusiva habitual y a ofrecerlos a esas personas vulnerables que están ocupando, un piso vacío de banco o fondo de inversión, para no acabar en la calle. Remarcar que esta última medida es solo para ocupaciones previas al 31 de junio 2021, no posteriores, un dato que el relato de los defensores de la especulación omite cuando arremeten contra esta ley afirmando, falsamente y con alevosía, que es una ley que fomenta la ocupación. La realidad es todo lo contrario, no hay mejor ley antiocupación que una ley que garantice el derecho a la vivienda a todos los bolsillos.

En esta nueva campaña que iniciamos hoy, con una concentración en la sede central de Serbihabitat en Cornellá, denunciamos que en Catalunya:

Los fondos buitre y su entramado de socimis e intermediarios están incumpliendo la ley negándose descaradamente a ejercer su obligación de ofrecer alquileres sociales a las familias que no pueden pagar los precios abusivos del mercado.

Los bancos, accionistas de las socimis, se lavan las manos alegando que ya no tienen la propiedad, al tiempo que venden los pisos a los fondos con inquilinas e inquilinas dentro a las que se les niega la renovación al finalizar él y contrato.

El Gobierno de la Generalitat está siendo participe de los desahucios al no actuar con mano dura contra los grandes especuladores interponiendo las sanciones millonarias que dicta la ley.

La ley está siendo vulnerada por las administraciones al no obligar a bancos, fondos buitre y a la Sareb a movilizar su vivienda vacía para fomentar el parque público de vivienda social o a reducir urgentemente la lista de espera para acceder a un piso de la mesa de emergencia.

Con 34.856 pisos vacíos en Catalunya, en manos de grandes tenedores y la Sareb, decimos:

¡Basta de vivir en un estado de gente sin casa y casas sin gente!

¡Basta de ser el territorio líder en desahucios!

Las leyes y los derechos están para cumplirlos. No podemos seguir viviendo en la angustia que compartimos semana tras semana en nuestras asambleas. No podemos ver como nuestros mayores pierden su hogar y a la juventud se les niega un futuro al no podérselo permitir, mientras al resto nos sobra mucho mes al final del sueldo que gastamos en pan y techo.

Exigimos se cumplan las leyes sociales que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir.

Seguiremos movilizandonos y denunciando hasta conseguir que los fondos buitre cumplan con nuestra ley, hasta romper con la persecución política a la pobreza. Así están las cosas y no bajaremos los brazos, ni en Catalunya en defensa de nuestras ley, ni en España hasta logra la ley vivienda que la ciudadanía se merece.

PorPAH_Bcn

Anticipa, Blackstone, fondos buitre

La PAH vuelve a la carga en defensa de las familias afectadas por la extorsión de Anticipa/Blackstone

Desde que posó sus garras sobre nuestras casas, Blackstone, a través de un complejo entramado de sociedades, se ha convertido en la primera inmobiliaria privada en España, despachando un trato indigno a sus inquilinas, dejando proliferar narcopisos en los barrios y contribuyendo a inflar la escandalosa burbuja del alquiler.

Hoy la PAH emprendemos una nueva acción internacional con la intención de subir la presión contra Anticipa/Blackstone y ganar el pulso que llevamos teniendo hace tiempo, en defensa de cientos de familias por todo el Estado que tienen sus casos enquistados y las garras del buitre por excelencia, en el cuello.

Blackstone, el mayor fondo buitre del mundo, aterrizó en nuestro país en 2013, cuando la entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella, le vendió 1.860 viviendas protegidas en alquiler de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) por 128,5 millones de euros. Una operación escandalosa que abrió las puertas a que, a día de hoy, Blackstone sea el mayor gestor inmobiliario y hotelero en España, patrocinando cientos de desahucios y la actual burbuja de alquiler.

Un año más tarde compró 40.000 hipotecas por 4.000 millones de euros, con un fuerte descuento (que no se ofreció a los hipotecados), en un proyecto llamado Hércules, a CatalunyaCaixa: una banca previamente rescatada con 12.000 millones de dinero público cedidos sin ninguna contraprestación social a cambio, que no dudó en deshacerse de sus activos tóxicos en lugar de rescatar a las familias, que previamente había estafado. Blackstone creó Anticipa, su filial en España, para gestionar estos casos. Desde entonces, este fondo buitre ha creado decenas de SOCIMIS, empresas que gracias al Partido Popular y su creación de un régimen fiscal privilegiado, están libres de pagar el impuesto de sociedades y un sinfín de operaciones que han dejado a las familias con hipotecas o alquileres en manos de bancos como Catalunya Caixa, BBVA, Santander o Banco Popular, en total indefensión.

Familias que se están enfrentando a la pérdida de su vivienda, ya sea con desahucios silenciosos, vía subastas o daciones en pago sin más alternativa, ya sea vía desahucios invisibles producidos por la no renovación de los contratos de alquiler social. Las familias a las que Catalunya Caixa dejó en la cuneta en 2014, se ven ante un trato vejatorio y ninguna voluntad por parte de Anticipa/Blackstone de negociar ningún tipo de trato, que no sea quedarse con las viviendas para su posterior especulación. Por el camino dejan un sinfín de prácticas mafiosas como la extorsión, el chantaje, el soborno, alquileres superiores a las capacidades de pago (excusados en las ayudas de la Administración), cláusulas abusivas o la venta de las viviendas antes de la finalización de los contratos de alquiler social para provocar la expulsión de las inquilinas.

Por todo esto, hoy las PAHs Catalanas tomamos la sede de Anticipa/Blackstone en el Prat de Llobregat, para exigir una solución digna a todas las familias que llevan años viendo cómo son maltratadas, en general, por todo este entramado financiero que convirtió su derecho a techo en mera mercancía para la especulación de unas pocas, y en particular por Anticipa/Blackstone y sus practicas más que cuestionables.

No desfalleceremos, ni daremos un paso atrás en este duelo de titanes, hasta que las afectadas vean garantizadas sus demandas para poder volver a empezar dignamente y rehacer sus vidas. Ya sea dación a cero sin condicionantes ni remanentes, alquiler social sin chantajes, sin claúsulas abusivas y renovable, o quitas de deuda que permitan mantener el hogar que tanto sacrificio ha conllevado a las familias. Así como exigencias generales como mejorar el protocolo de atención telefónica de Anticipa donde se acabe con el trato vejatorio, amenazas, mentiras, presión y abuso, junto a la creación de oficinas físicas en cada capital de provincia para que las afectadas puedan ir a exponer sus casos.

El buitre campa a sus anchas gracias a la complicidad política, y no estamos dispuestas a permitirlo más. Seguiremos golpeando desde abajo, peleando caso a caso, hasta lograr que se legislen nuestras demandas recogidas en la #LeyViviendaPAH, logrando esos cambios estructurales que garanticen de una vez por todas en este país el derecho a una vivienda digna, estable y asequible.

#StopBlackstone

PorPAH_Bcn

BBVA, ejecución hipotecaria, fondos buitre, PAH, PAH Barcelona, stop desahucios

La PAH denuncia la mala praxis del Departamento de Vivienda Social del BBVA y exige soluciones habitacionales para las familias afectadas.

Tras la falta de voluntad de BBVA a ofrecer soluciones a las familias afectadas, PAH Barcelona y PAH Terrassa coordinan una movilización para aumentar la presión a la entidad.

Este miércoles, 16 de noviembre, PAH Barcelona, PAH Terrassa y Pah Badalona hemos llevado la emergencia habitacional al Departamento de Vivienda Social del BBVA en Terrassa, para exigir el compromiso por escrito de que en 15 días la entidad entregue soluciones personalizadas para cada caso presentado, en función a las exigencias de las familias.

BBVA hace tiempo que creó este Departamento de Vivienda Social, bajo unas declaraciones anunciadas a bombo y platillo de dar solución a familias afectadas por procesos de desahucio. De hecho, en su programa no dudan en afirmar que «garantizan que cualquier familia cliente hipotecario de BBVA en riesgo de exclusión tenga un techo» o que «ofrecen soluciones a todas las familias con dificultades en el pago de sus préstamos hipotecarios». Sin embargo, la realidad diaria desenmascara esta publicidad como totalmente falsa, ya que más del 50% de los procesos de ejecución hipotecaria que han venido entre 2013-2016 a la PAH son afectadas del BBVA. Este es un dato recogido en el Informe de Emergencia Habitacional realizado entre el Observatori DESC y la PAH.

El Departamento de Vivienda Social del BBVA se ha dedicado exclusivamente a alargar los procesos de agonía de las familias, negándose a ofrecer soluciones dignas y presionando a las afectadas para que rechacen el alquiler social en su propia vivienda. A día de hoy, podemos afirmar tácitamente que el Departamento de Vivienda Social del BBVA es el Departamento de los Desahucios cuya función principal es separar a las familias de sus hogares.

Por si fuera poco, en medio de la vorágine de desahucios bancarios que BBVA protagoniza, la entidad pone en marcha el «Proyecto Buffalo». Hablamos de una operación en la que se pone en venta 4.000 pisos -valorados entre 300 y 400 millones de euros- a fondos buitre como Blackstone y Cerberus. Estamos hablando de viviendas que deberían ser cedidas a la administración para realizar alquileres sociales a familias que han padecido un desahucio. Una demanda de mínimos teniendo en cuenta que BBVA compró CatalunyaCaixa por 1.000 millones, habiendo sido esta entidad rescatada previamente con 12.000 millones de dinero público.

BBVA se beneficia ilegitimamente de los impuestos de la ciudadanía, sin embargo continúa especulando con viviendas vacías. Incluso dan apoyo a la organización mafiosa llamada Desokupa, formada por sicarios de los desahucios que se dedican a desalojar ilegalmente, sin orden judicial, a familias que se han visto abocadas a ocupar en precario.

Esa es la verdadera cara del BBVA y de su Departamento de los Desahucios: expulsar a las familias de sus hogares. Las PAHs Catalanas nos unimos en esta campaña de denuncia por la falsa moral del BBVA y, como siempre, en defensa de los derechos de tantas familias que requieren de la solución habitacional que legítimamente les corresponde. Frente a los desmanes de la banca, la PAH seguiremos luchando por arrancar soluciones reales. Vamos a mostrar la verdadera actitud criminal del BBVA.

¡Sí Se Puede!

#TomamosBBVA

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CATALÀ

La PAH denuncia la mala praxi del Departament d’Habitatge Social del BBVA i exigeix solucions habitacionals per a les famílies afectades.

Veient la falta de voluntat de BBVA a oferir solucions a les famílies afectades, PAH Barcelona i PAH Terrassa coordinen una mobilització per augmentar la pressió a l’entitat.

Aquest dimecres, 16 de novembre, PAH Barcelona, PAH Terrassa i PAH Badalona hem portat l’emergència habitacional al Departament d’Habitatge Social del BBVA a Terrassa, per exigir el compromís per escrit que en 15 dies l’entitat lliuri les solucions personalitzades per a cada cas presentat, en funció a les exigències de les famílies.

BBVA fa temps que va crear aquest Departament d’Habitatge Social, sota unes declaracions anunciades a so de bombo i platerets per donar solució a famílies afectades per processos de desnonament. De fet, al seu programa no dubten a afirmar que «garanteixen que qualsevol família client hipotecari de BBVA en risc d’exclusió tingui un sostre» o que «ofereixen solucions a totes les famílies amb dificultats en el pagament dels seus préstecs hipotecaris». No obstant això, la realitat diària desemmascara aquesta publicitat com totalment falsa, ja que més del 50% dels processos d’execució hipotecària que han vingut entre 2013-2016 a la PAH són afectades pel BBVA. Aquesta és una dada recollida en l’Informe d’Emergència Habitacional realitzat entre l’Observatori DESC i la PAH.

El Departament d’Habitatge Social del BBVA s’ha dedicat exclusivament a allargar els processos d’agonia de les famílies, negant-se a oferir solucions dignes i pressionant a les afectades perquè rebutgin el lloguer social en el seu propi habitatge. Ara com ara, podem afirmar tàcitament que el Departament d’Habitatge Social del BBVA és el Departament dels Desnonaments la funció principal dels quals és separar a les famílies de les seves llars.

Per si no fos poc, enmig de la voràgine de desnonaments bancaris que BBVA protagonitza, l’entitat engega el «Projecte Buffalo». Parlem d’una operació en la qual es posa en venda 4.000 pisos -valorats entre 300 i 400 milions d’euros- a fons voltor com Blackstone i Cerberus. Estem parlant d’habitatges que haurien de ser cedides a l’administració per realitzar lloguers socials a famílies que han patit un desnonament. Una demanda de mínims tenint en compte que BBVA va comprar Catalunya Caixa per 1.000 milions, havent estat aquesta entitat rescatada prèviament amb 12.000 milions de diners públics.

BBVA es beneficia il·legítimament dels impostos de la ciutadania, no obstant això continua especulant amb habitatges buits. Fins i tot donen suport a l’organització mafiosa trucada Desokupa, formada per sicaris dels desnonaments que es dediquen a desallotjar il·legalment, sense ordre judicial, a famílies que s’han vist abocades a ocupar en precari.

Aquesta és la veritable cara del BBVA i del seu Departament dels Desnonaments: expulsar a les famílies de les seves llars. Les PAHs Catalanes ens unim en aquesta campanya de denúncia per la falsa moral del BBVA i, com sempre, en defensa dels drets de tantes famílies que requereixen solució habitacional que legítimament els correspon. Enfront dels excessos de la banca, la PAH seguirem lluitant per arrencar solucions reals. Mostrarem la veritable actitud criminal del BBVA.

¡Sí Se Puede!

#TomamosBBVA

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Veient la falta de voluntat de BBVA a oferir solucions a les famílies afectades, PAH Barcelona i PAH Terrassa coordinen una mobilització per augmentar la pressió a l’entitat.

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