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PorPAH_Bcn

El gobierno aprueba prorrogar 6 meses una moratoria antidesahucios que ha demostrado ser insuficiente

PSOE y Unidas Podemos optan por recuperar las prórrogas obligatorias del alquiler y mantienen el mismo escudo social que ha permitido que más de 70.000 familias hayan sido desahuciadas desde 2021

El gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos ha aprobado hoy en el último Consejo de Ministros prorrogar las actuales medidas en materia de vivienda para paliar la crisis económica y social desatada después de la pandemia. Entre ellas se encuentran la moratoria antidesahucios decretada justo hace un año que, a pesar de estar en vigor, no ha conseguido detener 70.000 desalojos -en 2021 se practicaron un total de 41.359 y 29.285 en los 9 primeros meses de 2022- en España.

El gobierno no ha accedido –pese a que se lo hemos pedido al presidente Sánchez– a congelar las renovaciones de hipoteca variable, a pesar de que el euríbor ya amenaza con llegar al 4% en enero. Tampoco ha accedido a ampliar los supuestos cubiertos por el actual escudo social -que, insistimos, han dejado a miles de familias fuera- a pesar de que a principios de este mes la PAH nos reunimos con la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, quien se comprometió a estudiar y a negociar las propuestas de ampliación del escudo social. Así pues, el gobierno ha optado por seguir con el parche actual y prefiere tomar medidas con la complicidad de la banca, como la reedición del código de buenas prácticas del PP anunciado por la vicepresidenta Nadia Calviño hace unas semanas.

Respecto a los alquileres, el gobierno ha decidido recuperar las prórrogas obligatorias de los contratos que vencen desde ahora hasta junio de 2023, una medida muy parecida a la que ya se aplicó durante la crisis de covid-19, cuando la inquilina podía solicitar al arrendador una prórroga de 6 meses del contrato al mismo precio. Asimismo, las actualizaciones de la renta por el IPC se mantienen al 2% como hasta ahora -es decir, que el arrendador solo podrá incrementar un 2% el precio del alquiler en cada anualidad del contrato. Si bien celebramos este pequeño respiro para las miles de familias inquilinas, desde la PAH entendemos esta medida como insuficiente, puesto que pasados esos 6 meses las familias siguen en riesgo de tener que soportar subidas desproporcionadas de la renta o se verán obligadas a irse de su casa, en lo que conocemos como desahucios invisibles.

En definitiva, desde la PAH creemos que esta es otra oportunidad perdida del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos para impulsar medidas efectivas de protección a las familias. Una y otra vez se nos insiste en que todo eso estará cubierto por la nueva Ley de Vivienda; sin embargo, esa ley ya lleva 2 años de retraso -y no parece que vaya a llegar pronto debido al bloqueo de los socialistas- y además, como hemos comentado anteriormente, la actual propuesta es papel mojado. Así, el Gobierno mantiene una política de vivienda basada en grandes anuncios de medidas temporales de corta duración, que si bien pueden aliviar algunas situaciones, siguen sin dar cumplimiento a los compromisos internacionales de España en materia de Derechos Humanos, sin impulsar medidas estructurales y duraderas en el tiempo, condiciones imprescindibles para que el Derecho a la Vivienda sea efectivo en este país. Este gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias, y es por ello que le exigimos que sean valientes y aprueben una Ley de Vivienda ambiciosa que de verdad se ponga del lado de las familias y no mantenga los privilegios de bancos y fondos buitre, e incluya la prohibición de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, un control efectivo de alquileres y el establecimiento del alquiler social obligatorio, entre otras. Por todo esto, seguiremos luchando y movilizándonos. ¡Sí, se puede!

[NUEVO] Nuevo documento útil para acogerse a la nueva moratoria antidesahucios hasta junio 2023

Desde la PAH ya hemos actualizado nuestro apartado de «Documentos Útiles» tanto en alquiler como en ocupación para que puedas descargarte el documento para solicitar la suspensión de desahucio en base a la nueva prórroga de la moratoria antidesahucios hasta junio de 2023. Recuerda que si necesitas ayuda ven a nuestras asambleas: en Barcelona nos reunimos todos los lunes de 17:30h a 20h en la C/Leiva, 44 bis. Y si no vives en Barcelona puedes consultar la web de PAHs Catalanes para localizar tu asamblea más cercana ¡Sí, se puede!

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El gobierno se compromete a aprobar medidas de protección urgentes para evitar desahucios sin alternativa habitacional

La PAH y el Sindicato de Inquilinas nos hemos reunido con la vicepresidenta Yolanda Díaz para exigir ampliaciones en el escudo social para detener desahucios de forma efectiva, así como congelar hipotecas y alquileres

Esta mañana la PAH y los Sindicatos de Inquilinas de Catalunya y Madrid nos hemos reunido con la vicepresidenta segunda del gobierno Yolanda Díaz, para trasladar la urgencia de aprobar nuevas medidas que garanticen el derecho a la vivienda, entre ellas, la suspensión de todos los desahucios sin alternativa habitacional, la congelación de hipotecas y alquileres.

La vicepresidenta Díaz ha compartido la mayoría de consideraciones que le hemos hecho y comparte nuestras premisas de no transferir dinero a bancos y fondos buitre mediante “acuerdos de buenas prácticas” −como el pactado por la ministra Calviño la semana pasada− o ayudas como el bono joven al alquiler. Asimismo, la vicepresidenta ha entendido que las medidas a aplicar deben ser universales y no centrarse exclusivamente en las personas vulnerables; hay que proteger a aquellas familias que, aunque no se encuentran en riesgo de exclusión, progresivamente están precarizándose.

Desde la PAH hemos propuesto dos medidas muy concretas para atajar la emergencia habitacional vía decreto de urgencia mientras no se apruebe una Ley de Vivienda efectiva: por un lado, la mejora del actual redactado del escudo social para que se suspendan todos los desahucios sin alternativa habitacional −sin interpretaciones “holgadas” de la moratoria por parte de jueces que beneficien a grandes tenedores de vivienda− y la congelación de las renovaciones de hipoteca para evitar encarecimientos de hasta 300 euros en la cuota debido a la subida del euríbor que ya roza el 3%. Asimismo apoyamos otras medidas de urgencia, como la congelación de los precios del alquiler para los nuevos contratos mientras se mantienen las subidas por IPC al 2% en los que están todavía en vigor.

Por su parte, Yolanda Díaz se ha comprometido a batallar por estas medidas en el seno del Consejo de Ministros a mediados de diciembre y a mantener un contacto estrecho con las entidades del movimiento por la vivienda para informar del curso de las negociaciones.

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Datos del 2º Trimestre del CGPJ: los desahucios que no cesan

Los desahucios que no cesan: mientras el PSOE bloquea la denominada Ley por el Derecho a la Vivienda, las cifras de desahucios se mantienen. Según datos del CGPJ hechos públicos el 5 de octubre, en el 2º trimestre del presente año, se han ejecutado 10.816 nuevos desahucios, de los cuales 2.377 han sido consecuencia de impagos de hipoteca7.871 por impagos de alquiler y 568 por otras causas; y esto, a pesar del escudo social vigente desde enero de 2021.

Esto último nos confirma tres importantes aspectos:

  1. España continúa incumpliendo su obligación con Europa de no desahuciar a gente vulnerable sin alternativa habitacional
  2. Que dicho escudo social, como venimos denunciando, es manifiestamente insuficiente, y
  3. Que cuando ese insuficiente escudo desaparezca, las cifras de desahucios pueden superar ampliamente las de los años 2011, 2012, 2013, 2014, los peores de la crisis anterior.

Mientras se producen más de 117 desahucios/día, seguimos con la Ley por el Derecho a la Vivienda bloqueada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por la negativa del PSOE a aceptar 3 aspectos imprescindibles para que la ley tenga utilidad para el ejercicio de este Derecho, amparado por el art. 47 de la Constitución. Estos son:

  1. Que se establezca a grandes propietarios de vivienda (más de 10) la obligación de ofrecer alquiler social, antes de interponer demanda por desahucio. Esta medida, vigente en Catalunya, ha evitado más de 1.000 desahucios/año desde que está en vigor.
  2. Que incluya mecanismos de control de los precios del alquiler que afecten a todos los propietarios, para que, como manda el art. 47 de la Constitución, se evite la especulación.
  3. Que se transfiera de inmediato todo el patrimonio de la Sareb a los Parques Públicos de Vivienda de las CCAA como inicio de la generación de dichos Parques.

En paralelo, el PSOE compra el discurso de las derechas y presenta iniciativas legales para desalojos exprés en casos de usurpación, a pesar de que bastantes jueces de distintas posiciones ideológicas han manifestado que disponen de suficientes instrumentos legales para proteger la propiedad. Con estas medidas, el PSOE busca sobreproteger a fondos y bancos, principales “perjudicados” por esas situaciones, a las que se ven abocadas personas vulnerables, a quienes los poderes públicos niegan cualquier alternativa habitacional.

En la actual situación de inflación y de subida de tipos de interés, desde la PAH exigimos que se limite el efecto de la subida del euríbor en las renovaciones de las hipotecas a tipo variable, así como que se limiten las subidas de los alquileres en sus renovaciones. La PAH y demás organizaciones del movimiento por el Derecho a la Vivienda, llevamos en movilización desde que el 30/9/21 registramos nuestra ley, que el Congreso rechazó el 14/12/21. Nos hemos movilizado en Valencia el pasado 29/9, en Madrid el 3 del presente mes; y nos vamos a seguir movilizando en cada territorio, señalando a los culpables del bloqueo de una ley, que el propio Gobierno denominó con el nombre de Ley por el Derecho a la Vivienda.

Pedimos, por ello, a los partidos que nos han venido apoyando, que no voten la aprobación de los Presupuestos hasta que no se desbloquee esta ley, y se garantice que va a servir para el ejercicio de este Derecho.

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Organizaciones sociales y partidos políticos acorralan al PSOE en las negociaciones de la Ley Vivienda

Las consecuencias de la inflación y el encarecimiento de los precios están llevando al límite a millones de hogares españoles que ya no llegan a final de mes. En este contexto de emergencia, en el que el precio del alquiler continúa subiendo y los desahucios continúan ejecutándose, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos sigue enrocado en las negociaciones del proyecto de Ley de Vivienda estatal y se mantiene inamovible frente a la petición de los grupos políticos y las organizaciones por el derecho a la vivienda de incorporar dos enmiendas claves: la obligación de ofrecer alquiler social a las familias vulnerables antes del desahucio y la regulación efectiva de los precios del alquiler.

Frente a este panorama, esta mañana varias organizaciones, entre las que destacan los Sindicatos de Inquilinos, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, los sindicatos laborales (CCOO, UGT y Confederación Intersindical), Amnistía Internacional, Observatorio DESC y la Mesa del Tercer Sector (entre muchos otros), se han reunido en representación de la plataforma Iniciativa Ley Vivienda con los portavoces de los partidos del bloque de investidura. En la reunión se les ha pedido que presionen al Gobierno para que se desencallen las negociaciones cuanto antes, de forma positiva; esto es, incluyendo en la ley medidas que justifiquen el nombre de Ley por el Derecho a la Vivienda, que desde el Gobierno se le otorgó.

Al finalizar la reunión, los portavoces de ERC, EH Bildu, Unidas Podemos, BNG, Más País y CUP, han hecho declaraciones junto a las portavoces de la Iniciativa Ley Vivienda, comprometiéndose públicamente a no dar el sí a la ley si esta no sirve efectivamente para garantizar el derecho a la vivienda y proteger a la mayoría de la población frente a la especulación inmobiliaria.

El secretario de Vivienda se niega a aprobar medidas de emergencia para proteger de la inflación a los hogares

El pasado jueves David Lucas, secretario General de Vivienda, se reunió tanto con los Sindicatos de Inquilinos como con la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, quienes, en sendas reuniones exigieron a Lucas que el Gobierno tome medidas de emergencia en materia de vivienda para frenar las consecuencias de la inflación sobre las economías domésticas.

Para proteger a los hogares inquilinos frente a subidas de alquiler y revertir la asfixia económica agravada por la inflación, los sindicatos han propuesto a Lucas un conjunto de medidas coyunturales y temporales que deberían aprobarse urgentemente en el marco de las medidas anticrisis en el próximo paquete. En primer lugar, exigen la congelación de los alquileres a través de prórrogas obligatorias de contratos para evitar subidas o expulsiones en las finalizaciones de contrato, como ya se están viviendo. En segundo lugar, las actualizaciones interanuales de los precios del alquiler, antes vinculadas con el IPC y ahora limitadas al 2%, deben eliminarse, es decir, pasar al 0%. Por último, exigen revertir las actualizaciones de alquiler realizadas desde el 31 de octubre del 2021 hasta marzo de 2022.

Por otra parte, las medidas de protección frente a los desahucios vigentes son claramente insuficientes, como demuestran los 52.161 ejecutados a pesar de esas medidas entre enero de 2021 y marzo de 2022. Son necesarias medidas de urgencia, como congelar el incremento de las cuotas hipotecarias (aquellas que les toque revisión en los próximos meses) y de los alquileres, y aumentar el alcance de las medidas antidesahucios, prohibiendo expresamente todos los que afecten a familias vulnerables sin alternativa habitacional digna. Medidas similares se han aprobado ya en Escocia y van camino de aprobarse en Alemania.

Pero estas medidas de carácter temporal no serán suficientes, por lo que son imprescindibles medidas estructurales que deben incluirse en la próxima Ley por el Derecho a la Vivienda, como las que hemos aportado en forma de enmiendas al proyecto de ley del Gobierno y que llegan avaladas por 9 formaciones políticas del Congreso.

Una Ley Vivienda efectiva: la única forma de proteger a los hogares

Frente a la negativa de Lucas de implementar medidas urgentes para hacer frente a la situación de inflación y asfixia económica de los hogares, la única vía posible es la aprobación de la Ley Vivienda. El único consenso posible, tal y como han manifestado hoy los grupos políticos, es la incorporación de medidas que hagan de la Ley un texto realmente efectivo que acabe con las subidas de los alquileres, proteja a los hogares frente a los desahucios e incorpore las viviendas de la Sareb al parque público de vivienda. Cada día que pasa sin que se apruebe la Ley Vivienda, el Gobierno está escogiendo defender los intereses de la patronal inmobiliaria frente a la protección que precisan miles de hogares.