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[Comunicado] Las entidades sociales publican datos sobre la efectividad de las moratorias de desahucios y de cortes de suministros a nivel estatal

  • Los colectivos ven con preocupación la posibilidad de que las medidas decaigan a partir del 31 de diciembre y exigen que se prorroguen y se consoliden 

  • Las leyes y medidas impulsadas por los movimientos sociales habrían evitado como mínimo 1.000 desahucios en el año y  200.000 cortes de suministros en Cataluña desde el 2015

  • El perfil mayoritario de personas en riesgo de exclusión residencial y/o pobreza energética es el mismo: mujeres con menores a cargo

Las entidades sociales presentamos por primera vez en castellano un informe con datos sobre la efectividad de la moratoria estatal de desahucios y cortes de suministros de familias vulnerables que se aprobó a raíz de la crisis del coronavirus en 2020, las cuales se prevé que decaigan a partir del 31 de diciembre -a menos que el gobierno decida aprobar una nueva prórroga. Por ejemplo, tan solo en 2021 se emitieron 15.311 informes sociales emitidos a efectos de aplicar la moratoria de desahucios en todo el Estado. A nivel catalán, estas medidas hasta ahora han evitado un 42,8% de los 9.398 desalojos que se notificaron aquel mismo año. Es por eso que, si bien estas moratorias han demostrado ser insuficientes, las entidades están sumamente preocupadas por las consecuencias que puede tener el levantamiento del veto en 2024 -desahucios y cortes generalizados- para aquellas familias que aún no han podido resolver su situación.

Estos datos han sido obtenidos a través de la Administración Pública y de 650 encuestas realizadas a personas afectadas por emergencia habitacional y pobreza energética, y forman parte del informe Estado de la Exclusión residencial: impactos de la Ley 24/2015 y otras medidas de respuesta elaborado por el Observatorio DESC -ahora DESCA-, Asociación internacional de Ingeniería Sin Fronteras, la PAH de Barcelona, la Alianza Contra la Pobreza Energética (APE)  y la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Si bien el foco se sitúa en la Ley 24/2015, (una norma impulsada por la PAH, la APE y el Observatorio DESCA), también se hace un repaso de los diferentes cambios legislativos y las políticas tanto a nivel local, autonómico y estatal -incluyendo las moratorias- que se han ido consiguiendo hasta 2022, y el impacto de éstas en las personas en riesgo de exclusión residencial. Este informe se publicó en catalán en 2022 y desde ahora ya está disponible en castellano

Aunque las entidades se reafirman en la -aún limitada- eficacia de estas leyes y medidas, admiten grandes dificultades a la hora de medir su impacto: en el caso de la moratoria estatal de desahucios y cortes de suministro todavía es difícil medir el impacto real por la falta de datos, ya que algunas Comunidades Autónomas no los han facilitado, y también el hecho de que muchas familias ignoraban sus derechos y no han podido acogerse a ella. Aun así, los testimonios de las afectadas y los hitos conseguidos por parte de las organizaciones indican que las medidas están funcionando.

Mujeres y niños, los colectivos más susceptibles de sufrir exclusión residencial y pobreza energética -y sus consecuencias en la salud

Siguiendo con el testimonio de las familias, uno de los apartados del informe se centra en el impacto en las personas afectadas, poniendo énfasis en la salud mental -siguiendo la línea de trabajo del anterior informe- y la infancia. Respecto al perfil de las personas afectadas, los datos muestran una clara diferencia de género: casi el 69% son mujeres mientras que los hombres apenas logran el 30%. Y si se mira con más detalle la composición de los hogares, el 32% están formadas por una pareja con hijos y el 26% corresponde a familias monomarentales, de las cuales el 90,53% son mujeres con hijos a cargo suyo. Así mismo, si bien hay un porcentaje elevado de personas en situación de paro, el 30% de las encuestadas afirma tener un contrato de trabajo, hecho que refuerza todavía más la existencia del fenómeno del trabajo precario.

En en cuanto a la relación entre la pobreza energética y la exclusión residencial y su impacto en la salud mental, el informe calcula que borde el 15% de niños y adolescentes de 0-17 años en Barcelona viven a hogares que no pueden permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada los meses de invierno y un 13,4% sufren atrasos en las facturas. Así mismo, de entre las familias que declaran haber tenido dificultades para pagar agua, luz o gas, el 60,5% tienen hijos a cargo, y el 27% están formadas por niños con un solo adulto, en este caso siempre una mujer. Así mismo, el informe mide el estado de salud de las personas afectadas. Según el informe, 3 de cada 4 personas presentaron malestar psicológico y la mitad presentaron depresión, con cifras similares en hombres y mujeres. Estos valores son mucho más elevados que los que se observan en población general (16,4% de malestar psicológico y 4,7% de depresión media en población española). En relación a los niños, el informe destaca que un 14,3% de los niños y un 15,4% de las niñas presentaron un estado de salud regular o malo, una proporción mucho más elevada que los niños de la población general de la ciudad de Barcelona (2,8% y 2%, respectivamente).

Por último, el informe apunta algunas conclusiones y recomendaciones sobre políticas para abordar la crisis habitacional. Por un lado, se propone no sólo prorrogar, sinó también consolidar las moratorias de desahucios y de cortes de suministros a las familias en situación de vulnerabilidad que a día de hoy son temporales -por la crisis de la covid y posteriormente mantenidas por la crisis de precios de la energía. Por la otra, se insta a las diferentes Administraciones a aprobar nuevas leyes e impulsar nuevos servicios que consoliden y amplíen el derecho a una vivienda digna -como la instalación de contadores sociales a los hogares vulnerables o ampliar el servicio de intervención de desahucios en otros municipios fuera de Barcelona- y, sobre todo, a hacer cumplir y contabilizar el impacto de las medidas que ya están en vigor a través de la implementación de mecanismos de control y sanciones contra quienes se nieguen a cumplirlas.

[Convocatorias] Dos convocatorias que no te puedes perder este finde

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Sábado 10 de noviembre 18h Manifestación «la banca sempre guanya? Diguem prou»

Las PAHs hemos quedado y convocado a prensa a les 17:45 h delante de la puerta del Banco de España. ¡Traed vuestras camisetas verdes! 

 

 

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Domingo 11 de noviembre ¡PAHella de celebración! Hemos recuperado la Ley más garantista en materia de vivienda: la 24/2015. ¡Ven a celebrarlo con nosotras!

La falta de voluntad política ha dejado pasar la oportunidad de recuperar la Ley 24/2015

Mientras el gobierno de Pedro Sánchez es incapaz de cumplir los compromisos firmados, cada día son desahuciadas 43 familias en Cataluña

Ayer miércoles 1 de agosto, se celebró la primera reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat: hubiera sido prioritario que se acordara la retirada inmediata del recurso a la Ley 24/2015. Por lo tanto, nuestra valoración es agridulce: ayer era urgente y posible recuperar la herramienta más eficaz que ha tenido Cataluña y todo el Estado para acabar con los desahucios y la emergencia habitacional. Hoy podríamos estar hablando y celebrando que gran parte de los 43 desahucios de hipoteca y de alquiler que se producen cada día en Cataluña pronto quedarían parados. A la vez, podríamos respirar aliviadas porque, en pocos meses, las listas de espera de más de un año de las Mesas de emergencia quedarían a cero. Y nunca más deberíamos sufrir por que se repitieran hechos trágicos como los de Cornellà o Reus, porque es posible evitarlo. En cambio, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha estado a la altura, demostrando el mismo talante que el gobierno de Mariano Rajoy. El PSOE se había comprometido por escrito a “retirar el recurso ante el Tribunal Constitucional en caso de formar Gobierno y a no poner impedimentos para su total desarrollo”. No obstante, ayer cuestionó la constitucionalidad de una ley aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña, o lo que es lo mismo: giró la espalda a miles de familias negándoles su derecho a una vivienda digna, para ponerse del lado de la banca y sus intereses.

El pasado día 29 de julio, se cumplían tres años desde que se aprobó la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, conocida popularmente como “Ley contra los desahucios y los cortes”. Esta ley fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña en julio de 2015 y surgió de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), la “ILP Vivienda”, impulsada por la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y el Observatorio DESC (ODESC). Durante su tramitación recibió un apoyo social extraordinario, con casi 150.000 firmas de apoyo individuales, así como la adhesión de más de medio millar de entidades sociales de todo tipo, como sindicatos, movimientos vecinales, tercer sector social y muchas otras entidades cívicas de una diversidad importantísima. Este enorme consenso político y social solo se entiende teniendo en cuenta el objetivo que buscaba: acabar con la emergencia habitacional y la pobreza energética en Cataluña.

Nuestra Ley fue la primera en todo el Estado que puso sobre la mesa medidas de urgencia en el ámbito de la vivienda, después de las consecuencias desastrosas de la crisis del 2008. La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca había intentado ya cambiar en el Congreso, con otra Iniciativa Legislativa Popular, las leyes que permitían desahuciar a centenares de miles de familias, quedándose además con deudas impagables de por vida que las condenaban a la exclusión social y financiera permamente. A través de cinco sencillas medidas, pensadas por las entidades sociales: la pesadilla del sobreendeudamiento, los desahucios, la falta de vivienda de emergencia y los cortes de agua, luz y gas que afectaran a la población en situación de vulnerabilidad residencial, pasaban a ser historia.

Cataluña fue el primer lugar donde las entidades sociales y la sociedad civil organizada, consiguió agrietar el muro que habían construido el Partido Popular y la banca contra cualquier tipo de cambio legislativo que acabara con las leyes criminales e injustas, para tener otros que protegieran el derecho a la vivienda digna. Otros territorios siguieron la estela de la llamada norma, hecho que hizo nacer nuevas leyes.

Desgraciadamente el gobierno del PP decidió, una vez más, defender los intereses de las entidades financieras y los grandes tenedores de vivienda, y en mayo de 2016 interpuso un recurso de inconstitucionalidad en contra, gesto que repitió con el resto de leyes del Estado. La reacción de la sociedad civil en la calle fue una defensa enconada de nuestra “Ley contra los desahucios y los cortes”: se convocaron antes y después de la impugnación numerosas protestas ante las sedes del PP en Cataluña y en todo el Estado, estuvimos en el Parlamento y en el Congreso, obteniendo el apoyo de todos los partidos, excepto del PP, y también recibimos el apoyo de los ayuntamientos catalanes. Una cumbre social convocada por el Presidente de la Generalitat desembocó en una nueva ley, también suspendida.

Finalmente, tan solo pudimos salvar la parte de pobreza energética; las medidas de vivienda fueron afectadas por la impugnación y suspensión inmediata de todos los artículos que afectaban a las entidades financieras. La parte de vivienda de la Ley 24/2015 demostró, durante los 9 meses que estuvo en vigor, su potencia parando más de 10.000 desahucios hasta que fue suspendida. Si no hubiera sido así, desde entonces hasta hoy, se hubieran podido parar unos 35.000 desahucios. Las medidas contra la pobreza energética, que no fueron impugnadas, han conseguido parar más de 82.500 cortes de suministros.

La 24/2015 es una de las leyes catalanas más importantes en materia social que impugnó el Partido Popular, por lo cual es imprescindible recuperarla. Por todo esto, y ante la ventana de oportunidades que se abrió con la salida del PP del gobierno del Estado, nos dirigimos a los presidentes Pedro Sánchez y Quim Torra a través de dos cartas públicas, pidiendo al primero que retire el recurso inmediatamente y al segundo, que ponga en la agenda de los encuentros Generalitat-Estado esta prioridad. Nos hemos reunido con todos los grupos políticos, menos con el PP, en el Parlamento de Cataluña y en el Congreso de los Diputados de Madrid, con miembros del gobierno. Hemos trabajado para que todos los actores que ayer estaban en la Mesa de negociaciones de la Comisión Bilateral tuvieran muy clara la urgencia del levantamiento de esta suspensión.

Aun así, no perderemos la esperanza ni la fuerza para seguir luchando hasta recuperar esta ley. Es positivo que se estudie la retirada de los recursos, pero no tenemos tiempo para perder entre reuniones y comisiones. Exigimos públicamente desde hoy mismo, ser interlocutoras en las negociaciones entre ambos gobiernos cuando se hable de las leyes de vivienda que hay que recuperar. Las familias no pueden esperar reuniones y comisiones que se eternicen ante un problema tan grave como los desahucios. El PSOE tiene que dar un paso en firme y retirar el recurso ante el Tribunal Constitucional, tal y como se comprometió. Recordemos que el expresidente Rodríguez Zapatero, cuando llegó al gobierno, retiró 21 recursos interpuestos, muchos de ellos de leyes sociales como la nuestra.

¡En septiembre seguiremos luchando en la calle una ley justa para proteger nuestro derecho a la vivienda digna!

Recuperar la Ley 24/2015: ¡Se puede!

Hay vidas en juego: exigimos una respuesta inmediata a la petición de reuniones con los Presidentes Quim Torra y Pedro Sánchez para recuperar la Ley 24/2015

Hacemos un llamamiento a entidades y ayuntamientos para unirse a la petición a Pedro Sánchez para que retire el recurso de inconstitucionalidad que pesa sobre la Ley 24/2015

Desde el Grupo Promotor de la ILP Habitatge, tenemos muy claro que con los nuevos gobiernos liderados por Pedro Sánchez y Quim Torra, tenemos una oportunidad de recuperar la Ley 24/2015, la ley más garantista en materia de vivienda y pobreza energética de todo el Estado español y de Europa.

Esta ley es fruto de una ILP impulsada por la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca [La PAH], la Alianza Contra la Pobreza Energética [APE] y el Observatorio DESC. A pesar de haber sido aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña, muchos de sus artículos están suspendidos debido a un recurso de inconstitucionalidad presentado por el gobierno del Partido Popular. Hablamos de las medidas para extinguir las deudas de por vida, del alquiler para parar los desahucios de hipoteca y de alquiler de bancos y grandes propietarios, y de los mecanismos para obligar a la banca a poner en alquiler social sus pisos vacíos. Todo un acto de favor a la banca, hecho sin ningún tipo de remordimiento ni empatía, condenando a centenares de miles de familias a vivir en la calle. Un golpe de estado más, que dejó a las familias sin soluciones y a los ayuntamientos catalanes sin herramientas eficaces para combatir la emergencia habitacional.

Con los cambios de gobierno que se han producido, tanto en el Estado español como en Cataluña, y teniendo en cuenta los compromisos adquiridos con esta ley por los partidos que los lideran, tenemos muy claro que el levantamiento del recurso de inconstitucionalidad tiene que ser una prioridad en las agendas de ambos gobiernos. 

Por este motivo llevamos semanas interpelándolos, primero con una carta a Quim Torra y después a Pedro Sánchez, con la intención de poner la recuperación de la Ley 24/2015 como prioridad urgente en su agenda. A los dos les hemos pedido una reunión urgente y una respuesta pública que aún no ha llegado.

Las últimas semanas, también nos hemos reunido con los grupos parlamentarios, tanto en Cataluña como en el Congreso, para reafirmar el compromiso adquirido con la Ley 24/2015, tanto en el momento en que votaron a favor de hacerla efectiva, ahora hará tres años, como cuando la amenaza de recurso planeaba sobre nuestra ley, y todos los partidos, destacadamente el PSOE, firmaron un compromiso de desistir y retirar el recurso ante el Tribunal Constitucional en el caso de formar Gobierno. Ahora ha llegado la hora de cumplir el compromiso y mostrar la palabra y altura política del nuevo gobierno de Pedro Sánchez.

Igual que en el momento de aprobarla, ahora necesitamos de nuevo, más apoyo social que nunca: por este motivo, queremos hacer un llamamiento para que las entidades que durante todo el proceso de impulso a la ILP Habitage estuvieron apoyando, y a los ayuntamientos que durante los 9 meses que la ley estuvo en vigor y vieron cómo era una herramienta efectiva, a que apoyen, pública e inequivocamente, esta campaña y se sumen a pedir el levantamiento del recurso de inconstitucionalidad. 

Queremos recordar al gobierno de Pedro Sánchez y de Quim Torra que estamos hablando de situaciones de emergencia, más de 31.000 desahucios entre 2016 y 2018 en Cataluña, que requieren una respuesta inmediata por parte de sus gobiernos; y el gesto más claro e inequívoco hacia dar una solución a las situaciones de emergencia habitacional que están sufriendo las familias, es retirar el recurso de inconstitucionalidad que pesa sobre la Ley 24/2015.

Reiteramos la urgencia de reunirnos con ambos gobiernos antes de que acabe el mes de julio y pedimos una fecha para la próxima semana, si no es posible con los presidentes, con quien ellos deleguen, para dar una respuesta clara a nuestra petición. 

Es esencial que la sociedad civil y el mundo municipal hagamos frente común para defender la única ley que ha dado respuesta a la situación de emergencia habitacional que sufrimos, garantizando el cumplimento de la normativa internacional en materia de derechos fundamentales, el artículo 47 de la Constitución Española y la Ley del Dereccho a la Vivienda catalana: todas tenemos  derecho a una vivienda digna.

#RecuperemLa24

Formulario de adhesiones 

El Grup Promotor de la ILP Habitatge-Llei 24/2015, publica nous documents per aturar desnonaments i aconseguir reallotjaments

El passat mes de desembre el Parlament de Catalunya va aprovar la nova Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, que està en vigor des del dia 30 de desembre.

Aquesta llei busca substituir els articles suspesos pel recurs del PP i la banca al Tribunal Constitucional de la Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, impulsada per la PAH, l’Observatori DESC i la APE a través de la ILP Habitatge.

El grup promotor de la ILP Habitatge- Llei 24/2015 considera que aquest projecte de llei és insuficient per a revertir la situació d’emergència habitacional a Catalunya. Hem explicat en reiterades ocasions els motius.

No obstant, quan es va aprovar la nova Llei ja vam advertir que, com sempre, continuaríem lluitant cada dia per aconseguir garantir el dret a l’habitatge i n’exigiríem el compliment com una eina més per revertir l’exclusió residencial.

És més, de la mateixa manera que és indiscutible que la Llei 24/2015 no s’hagués aprovats sense la ILP Habitatge, és clar que sense la pressió de la societat civil que lluita pel dret a l’habitatge i l’alarma social que va crear el recurs criminal al Tribunal Constitucional, la nova llei tampoc s’hauria aprovat o seria encara més descafeïnada.

Tot i que la nova Llei és reivindicada arreu pel Govern de la Generalitat (molt més que la suspesa), de nou és el carrer qui posa sobre la taula les eines efectives per defensar el dret a l’habitatge, aturant el màxim de desnonaments i aconseguint tots els reallotjaments possibles.

Per això, ha sigut necessari actualitzar els documents útils de la PAH en referència a la llei 24/2015, i adaptar-los a la nova Llei 4/2016. Aquesta tasca, que hauria de ser assumida pel Govern, l’hem fet altre cop les persones solidàries, avançant-nos un cop més a unes Administracions poc ràpides a l’hora d’exprimir al màxim totes les possibilitats d’acabar amb la vulneració dels drets humans!

En total són vuit documents* que demanem es difonguin de manera que arribin a tota persona que es vegi amenaçada de desnonament!

Acabem amb l’emergència habitacional! #StopDesnonaments #AvuiEsPot

* Breu descripció de la utilitat dels nous documents:

  • Un document per sol·licitar la dació en pagament quan no es pot fer front a l’hipoteca, de manera conjunta amb un lloguer social, per evitar la pèrdua de l’habitatge, protegida per la nova llei. Adverteix que, si no és escoltada aquesta demanda, s’emprendran accions contra els bancs.
  • Dos documents per suspendre el procediment en curs fins que la part creditora compleixi amb la seva obligació d’oferir reallotjament als afectats, cosa que ha incomplert fins al moment. El primer va dirigit als jutjats i el segon als bancs.
  • Dos documents més que són denúncies per presentar davant l’ajuntament per part dels afectats quan els grans tenidors no els hi ofereixen el lloguer social, tot i complir amb els requisits que la llei exigeix. Un document està dedicat únicament als casos de dació en pagament [art. 16.2.a)], i l’altre a l’execució hipotecària o desnonament per impagament de lloguer [art. 16.2.b)].
  • Un document dirigit als Serveis Socials que té per objecte sol·licitar un informe social a les administracions públiques en el qual s’acrediti la situació de risc d’exclusió residencial en què es troben els executats, per tal de suspendre el procediment d’execució hipotecària o desnonament (es basa en l’art. 18 de la nova llei).
  • Un document dirigit las jutjats, amb el qual es torna a demanar la suspensió immediata del procediment en curs, aquest cop per a tots aquells desnonaments on hi ha exclusió residencial i que no es troben emparats per l’article 16 de la llei 4/2016. Com al primer document, però sí protegits pel que disposa el precepte 5.6 de la llei 24/2015, el qual encara es troba en vigor.
  • Un darrer document que busca que els ajuntaments garanteixin els ajuts necessaris i, subsidiàriament, el reallotjament adequat, en aquells casos en què no hi ha oferta obligatòria de lloguer social segons l’article 16 de la llei 4/2016, però sí en base a l’article 5.6 de la llei 24/2015. Juntament amb això, es fa referència a la responsabilitat patrimonial de l’Administració, i es demana a aquesta que sol·liciti la suspensió del procediment judicial.