PorPAH_BcnSábado 10 de noviembre 18h Manifestación «la banca sempre guanya? Diguem prou»
Las PAHs hemos quedado y convocado a prensa a les 17:45 h delante de la puerta del Banco de España. ¡Traed vuestras camisetas verdes!
Domingo 11 de noviembre ¡PAHella de celebración! Hemos recuperado la Ley más garantista en materia de vivienda: la 24/2015. ¡Ven a celebrarlo con nosotras!
PorPAH_BcnAyer miércoles 1 de agosto, se celebró la primera reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat: hubiera sido prioritario que se acordara la retirada inmediata del recurso a la Ley 24/2015. Por lo tanto, nuestra valoración es agridulce: ayer era urgente y posible recuperar la herramienta más eficaz que ha tenido Cataluña y todo el Estado para acabar con los desahucios y la emergencia habitacional. Hoy podríamos estar hablando y celebrando que gran parte de los 43 desahucios de hipoteca y de alquiler que se producen cada día en Cataluña pronto quedarían parados. A la vez, podríamos respirar aliviadas porque, en pocos meses, las listas de espera de más de un año de las Mesas de emergencia quedarían a cero. Y nunca más deberíamos sufrir por que se repitieran hechos trágicos como los de Cornellà o Reus, porque es posible evitarlo. En cambio, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha estado a la altura, demostrando el mismo talante que el gobierno de Mariano Rajoy. El PSOE se había comprometido por escrito a “retirar el recurso ante el Tribunal Constitucional en caso de formar Gobierno y a no poner impedimentos para su total desarrollo”. No obstante, ayer cuestionó la constitucionalidad de una ley aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña, o lo que es lo mismo: giró la espalda a miles de familias negándoles su derecho a una vivienda digna, para ponerse del lado de la banca y sus intereses.
El pasado día 29 de julio, se cumplían tres años que se aprobó la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, conocida popularmente como “Ley contra los desahucios y los cortes”. ey fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña en julio de 2015 y surgió de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), la “ILP Vivienda”, impulsada por la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y el Observatorio DESC (ODESC). Durante su tramitación recibió un apoyo social extraordinario, con casi 150.000 firmas de apoyo individuales, así como la adhesión de más de medio millar de entidades sociales de todo tipo, como sindicatos, movimientos vecinales, tercer sector social y muchas otras entidades cívicas de una diversidad importantísima. Este enorme consenso político y social slo se entiende teniendo en cuenta el objetivo que buscaba: acabar con la emergencia habitacional y la pobreza energética en.
Nuestra Ley fue la primera en todo el Estado que puso sobre la mesa medidas de urgencia en el ámbito de la vivienda, después de las consecuencias desastrosas de la crisis del 2008. La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca había intentado ya cambiar en el Congreso, con otra Iniciativa Legislativa Popular, las leyes que permitían desahuciar a centenares de miles de familias, quedándose además con deudas impagables de por vida que las condenaban a la exclusión social y financiera permamente. A través de cinco sencillas medidas, pensadas por las entidades sociales: la pesadilla del sobreendeudamiento, los desahucios, la falta de vivienda de emergencia y los cortes de agua, luz y gas que afectaran a la población en situación de vulnerabilidad residencial, pasaban a ser historia.
Cataluña fue el primer lugar donde las entidades sociales y la sociedad civil organizada, consiguió agrietar el muro que había construido el Partido Popular y la banca contra cualquier tipo de cambio legislativo que acabara con las leyes criminales e injustas, para tener otros que protegieran el derecho a la vivienda digna. Otros territorios siguieron la estla de la llamada norma, hecho que hizo nacer nuevas leyes.
Desgraciadamente el gobierno del PP decidió, una vez más, defender los intereses de las entidades financieras y los grandes tenedores de vivienda, y en mayo de 2016 interpuso un recurso de inconstitucionalidad en contra, gesto que repitió con el resto de leyes del Estado. La reacción de la sociedad civil en la calle fue una defensa enconada de nuestra “Ley contra los desahucios y los cortes”: se convocaron antes y después de la impugnación numerosas protestas ante las sedes del PP en Cataluña y en todo el Estado, estuvimos en el Parlamento y en el Congreso, obteniendo el apoyo de todos los partidos, excepto del PP, y también recibimos el apoyo de los ayuntamientos catalanes. Una cumbre social convocada por el Presidente de la Generalitat desembocó en una nueva ley, también suspendida.
Finalmente, tan solo pudimos salvar la parte de pobreza energética; las medidas de vivienda fueron afectadas por la impugnación y suspensión inmediata de todos los artículos que afectaban a las entidades financieras. La parte de vivienda de la Ley 24/2015 demostró, durante los 9 meses que estuvo en vigor, su potencia parando más de 10.000 desahucios hasta que fue suspendida. Si no hubiera sido así, desde entonces hasta hoy, se hubieran podido parar unos 35.000 desahucios. Las medidas contra la pobreza energética, que no fueron impugnadas, han conseguido parar más de 82.500 cortes de suministros.
La 24/2015 es una de las leyes catalanas más importantes en materia social que impugnó el Partido Popular, por lo cual es imprescindible recuperarla. Por todo esto, y ante la ventana de oportunidades que se abrió con la salida del PP del gobierno del Estado, nos dirigimos a los presidentes Pedro Sánchez y Quim Torra a través de dos cartas públicas, pidiendo al primero que retire el recurso inmediatamente y al segundo, que ponga en la agenda de los encuentros Generalitat-Estado esta prioridad. Nos hemos reunido con todos los grupos políticos, menos con el PP, en el Parlamento de Cataluña y en el Congreso de los Diputados de Madrid, con miembros del gobierno. Hemos trabajado para que todos los actores que ayer estaban en la Mesa de negociaciones de la Comisión Bilateral tuvieran muy clara la urgencia del levantamiento de esta suspensión.
Aun así, no perderemos la esperanza ni la fuerza para seguir luchando hasta recuperar esta ley. Es positivo que se estudie la retirada de los recursos, pero no tenemos tiempo para perder entre reuniones y comisiones. Exigimos públicamente desde hoy mismo, ser interlocutoras en las negociaciones entre ambos gobiernos cuando se hable de las leyes de vivienda que hay que recuperar. Las familias no pueden esperar reuniones y comisiones que se eternicen ante un problema tan grave como los desahucios. El PSOE tiene que dar un paso firme y retirar el recurso ante el Tribunal Constitucional, tal y cmo se comprometió. Recordmos que el expresidente Rodríguez Zapatero, cuando llegó al gobierno, retiró 21 recursos interpuestos, muchos de ells de leyes sociales como la nuestra.
PorPAH_BcnDesde el Grupo Promotor de la ILP Habitatge, tenemos muy claro que con los nuevos gobiernos liderados por Pedro Sánchez y Quim Torra, tenemos una oportunidad de recuperar la Ley 24/2015, la ley más garantista en materia de vivienda y pobreza energética de todo el Estado español y de Europa.
Esta ley es fruto de una ILP impulsada por la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca [La PAH], la Alianza Contra la Pobreza Energética [APE] y el Observatorio DESC. A pesar de haber sido aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña, muchos de sus artículos están suspendidos debido a un recurso de inconstitucionalidad presentado por el gobierno del Partido Popular. Hablamos de las medidas para extinguir las deudas de por vida, del alquiler para parar los desahucios de hipoteca y de alquiler de bancos y grandes propietarios, y de los mecanismos para obligar a la banca a poner en alquiler social sus pisos vacíos. Todo un acto de favor a la banca, hecho sin ningún tipo de remordimiento ni empatía, condenando a centenares de miles de familias a vivir en la calle. Un golpe de estado más, que dejó a las familias sin soluciones y a los ayuntamientos catalanes sin herramientas eficaces para combatir la emergencia habitacional.
Con los cambios de gobierno que se han producido, tanto en el Estado español como en Cataluña, y teniendo en cuenta los compromisos adquiridos con esta ley por los partidos que los lideran, tenemos muy claro que el levantamiento del recurso de inconstitucionalidad tiene que ser una prioridad en las agendas de ambos gobiernos.
Por este motivo llevamos semanas interpelándolos, primero con una carta a Quim Torra y después a Pedro Sánchez, con la intención de poner la recuperación de la Ley 24/2015 como prioridad urgente en su agenda. A los dos les hemos pedido una reunión urgente y una respuesta pública que aún no ha llegado.
Las últimas semanas, también nos hemos reunido con los grupos parlamentarios, tanto en Cataluña como en el Congreso, para reafirmar el compromiso adquirido con la Ley 24/2015, tanto en el momento en que votaron a favor de hacerla efectiva, ahora hará tres años, como cuando la amenaza de recurso planeaba sobre nuestra ley, y todos los partidos,destacadamente el PSOE, firmaron un compromiso de desistir y retirar el recurso ante el Tribunal Constitucional en el caso de formar Gobierno. Ahora ha llegado la hora de cumplir el compromiso y mostrar la palabra y altura política del nuevo gobierno de Pedro Sánchez.
Igual que en el momento de aprobarla, ahora necesitamos de nuevo, más apoyo social que nunca: por este motivo, queremos hacer un llamamiento para que las entidades que durante todo el proceso de impulso a la ILP Habitage estuvieron apoyando, y a los ayuntamientos que durante los 9 meses que la ley estuvo en vigor y vieron cómo era una herramienta efectiva, a que apoyen, pública e inequivocamente, esta campaña y se sumen a pedir el levantamiento del recurso de inconstitucionalidad.
Queremos recordar al gobierno de Pedro Sánchez y de Quim Torra que estamos hablando de situaciones de emergencia, más de 31.000 desahucios entre 2016 y 2018 en Cataluña, que requieren una respuesta inmediata por parte de sus gobiernos; y el gesto más claro e inequívoco hacia dar una solución a las situaciones de emergencia habitacional que están sufriendo las familias, es retirar el recurso de inconstitucionalidad que pesa sobre la Ley 24/2015.
Reiteramos la urgencia de reunirnos con ambos gobiernos antes de que acabe el mes de julio y pedimos una fecha para la próxima semana, si no es posible con los presidentes, con quien ellos deleguen, para dar una respuesta clara a nuestra petición.
Es esencial que la sociedad civil y el mundo municipal hagamos frente común para defender la única ley que ha dado respuesta a la situación de emergencia habitacional que sufrimos, garantizando el cumplimento de la normativa internacional en materia de derechos fundamentales, el artículo 47 de la Constitución Española y la Ley del Dereccho a la Vivienda catalana: todas tenemos derecho a una vivienda digna.
#RecuperemLa24
PorPAH_BcnEl passat mes de desembre el Parlament de Catalunya va aprovar la nova Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, que està en vigor des del dia 30 de desembre.
Aquesta llei busca substituir els articles suspesos pel recurs del PP i la banca al Tribunal Constitucional de la Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, impulsada per la PAH, l’Observatori DESC i la APE a través de la ILP Habitatge.
El grup promotor de la ILP Habitatge- Llei 24/2015 considera que aquest projecte de llei és insuficient per a revertir la situació d’emergència habitacional a Catalunya. Hem explicat en reiterades ocasions els motius.
No obstant, quan es va aprovar la nova Llei ja vam advertir que, com sempre, continuaríem lluitant cada dia per aconseguir garantir el dret a l’habitatge i n’exigiríem el compliment com una eina més per revertir l’exclusió residencial.
És més, de la mateixa manera que és indiscutible que la Llei 24/2015 no s’hagués aprovats sense la ILP Habitatge, és clar que sense la pressió de la societat civil que lluita pel dret a l’habitatge i l’alarma social que va crear el recurs criminal al Tribunal Constitucional, la nova llei tampoc s’hauria aprovat o seria encara més descafeïnada.
Tot i que la nova Llei és reivindicada arreu pel Govern de la Generalitat (molt més que la suspesa), de nou és el carrer qui posa sobre la taula les eines efectives per defensar el dret a l’habitatge, aturant el màxim de desnonaments i aconseguint tots els reallotjaments possibles.
Per això, ha sigut necessari actualitzar els documents útils de la PAH en referència a la llei 24/2015, i adaptar-los a la nova Llei 4/2016. Aquesta tasca, que hauria de ser assumida pel Govern, l’hem fet altre cop les persones solidàries, avançant-nos un cop més a unes Administracions poc ràpides a l’hora d’exprimir al màxim totes les possibilitats d’acabar amb la vulneració dels drets humans!
En total són vuit documents* que demanem es difonguin de manera que arribin a tota persona que es vegi amenaçada de desnonament!
Acabem amb l’emergència habitacional! #StopDesnonaments #AvuiEsPot
* Breu descripció de la utilitat dels nous documents:
PorPAH_BcnEl artículo 47 de la Constitución española establece que todos los ciudadanos del Estado español tenemos derecho a una vivienda digna y adecuada. Y todavía más: que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación, y que la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
A pesar del mandato constitucional, España nunca ha hecho una política encaminada a garantizar el derecho a la vivienda; sino que convirtió la mercantilización de la vivienda en una suculenta fuente de ingresos para determinados sectores privados y para la propia Administración. En 2008, fruto de la crisis económica, la burbuja inmobiliaria estalló y esto junto a la cada vez mayor precariedad de la sociedad, provocó miles de desahucios causados por ejecuciones hipotecarias, que dejaban a las familias sin solución habitacional, con deudas de por vida y sin opciones a una segunda oportunidad digna.
Un claro ejemplo de la falta de voluntad política de gobernar para la ciudadanía, fue el rechazar una ILP con millón y medio de firmas, cuya finalidad era dar solución a las familias afectadas por la estafa inmobiliaria, acabando con los desahucios y generar alquileres sociales que garantizaran el Derecho a una vivienda digna, a pesar de que la ley hipotecaria española fue condenada por vulnerar derechos fundamental en el Tribunal de Justicia de la UE.
A día de hoy, el Tribunal Supremo aún mantiene que “las ejecuciones hipotecarias no se pueden suspender porque no son tan perjudiciales para los deudores» o que “las cláusulas suelo son abusivas, pero que devolver todo el dinero a los afectados sería peligroso para el sistema financiero”
Convivimos con decenas de desahucios diarios, venta de Vivienda Social a fondos buitre, puertas giratorias que causan pobreza energética y precariedad laboral, estafas como las preferentes o el IRPH, la reforma del artículo 135 de la Constitución, la degradación de educación y sanidad, la Ley Mordaza, las Tasas Judiciales, la corrupción crónica… Un régimen de injusticia pese a que la letra y sentido de muchas leyes apelan a una JUSTICIA que defienda al débil, castigue al culpable y “garantice la convivencia democrática conforme a un orden económico y social justo… en el que se proteja el ejercicio de los Derechos Humanos”.
Por todo esto, nos organizamos colectivamente para transformar la resignación, el desamparo, en acción y esperanza. La PAH, junto a otros colectivos, constituyen una primera línea de empoderamiento ciudadano y defensa de los Derechos Humanos, a pesar de muchas decisiones judiciales.
Fue dentro de este marco de injusticia que la ciudadanía catalana consiguió que el Parlament de la Generalitat aprobara la Ley 24/2015 en julio de 2015. Nacía así, fruto de una iniciativa legislativa popular impulsada por la sociedad civil, la ley más garantista de Europa en la defensa del derecho a la vivienda, creada para garantizar la segunda oportunidad de las familias más vulnerables y acabar con los desahucios y la pobreza energética.
Hace cuatro meses que el gobierno en funciones del PP, en un acto de servicio a la banca, interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 24/2015. Durante los 9 meses que ha estado vigente, se ha demostrado como la herramienta más garantista para frenar la emergencia habitacional y hacer cumplir la propia Constitución, el artículo 47.
El pasado viernes se hizo público que el Tribunal Constitucional (TC) mantenía la suspensión de los artículos impugnados de la Ley 24/2015 hasta que dicte sentencia. Esta decisión evidencia la presión de las entidades financieras al gobierno y al TC para mantener sus privilegios en detrimento de los derechos de todas las ciudadanas. Mientras tanto, la situación de las personas en peligro de desahucio y con deudas impagables continúa sin solución por parte del gobierno. El parque público de alquiler sigue siendo inferior al 2% del total de viviendas, dando escasas opciones a los municipios para hacerlo crecer.
Es inconcebible que el TC cuestione la constitucionalidad de la única norma que hace cumplir el artículo 47 de la Constitución, y que por encima de intereses privados se ha demostrado imprescindible para la salvaguarda del interés general de la ciudadanía. El PP y el TC hablan de estabilidad financiera como eufemismo para no decir privilegios de la banca, y de economía como sinónimo de los beneficios de unos pocos. ¿Acaso los cientos de miles de familias endeudadas y desahuciadas condenadas a la exclusión social y financiera no forman parte de la economía real? Cuando se trata de rescatar a las personas aparecen riesgos insalvables, en cambio nada pasa cuando se rescata a los poderosos. Un ejemplo es el agujero que provoca en la economía el rescate bancario que no se devolverá, o los miles de millones de euros que los bancos condonan a las constructoras y las grandes inmobiliarias, sin riesgos para la estabilidad financiera.
Por eso estamos hoy aquí en apoyo a “SIN JUSTICIA NO HAY DERECHOS” JORNADAS POR EL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO, celebradas en Madrid.
El Tribunal Supremo es la cúspide del Sistema Judicial español, y ante sus puertas, exigimos al mundo de la Justicia:
Mientras logramos que todo esto se cumpla, nosotras continuaremos como hasta ahora, aplicando en nuestro día a día todo el articulado de la Ley 24/2015: parando desahucios, liberando a las familias de la deuda, consiguiendo alquileres sociales, recuperando la vivienda vacía de la banca y la Sareb, es decir, autotutela de nuestro derecho a una vivienda digna.
Nacimos para acabar con las leyes injustas y conseguir otras justas. La lucha por el derecho a la vivienda es imPAHrable: ¡¡¡Lo conseguiremos porque hay vidas en juego!!!
¡SÏ SE PUEDE! #DerechoAJusticia
