Declaración Universal de los Derechos Humanos: «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida que asegure, para ella y su familia, la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios; también tiene derecho a la seguridad en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez u otros casos de pérdida de medios de subsistencia independiente de su voluntad”
Hoy 29 de noviembre, presentamos el tercer y último informe enmarcado dentro de la serie de «Radiografías de la situación del derecho a la vivienda, la pobreza energética y su impacto en la salud en Barcelona», elaborados conjuntamente entre la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), Ingeniería Sin Fronteras (ESF), el Observatorio de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (Observatorio DESC) y la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), con la colaboración de la Agencia de salud Pública de Barcelona (ASPB). Este es el tercer informe que pretende profundizar en la salud de las personas afectadas por problemas relacionados con el acceso económico a una vivienda o a los suministros básicos.
La población del estudio son los miembros de la PAH y/o de la APE que han aceptado responder un cuestionario de unos 40 minutos de duración realizado, de manera presencial, por personas voluntarias, cada lunes en la sede de la PAH y cada dos miércoles en la sede de la APE. El cuestionario incluye 247 preguntas que cruzan datos de problemas conectados: la vivienda, los suministros y la salud, para extraer conclusiones sobre sus efectos en las personas afectadas, en este caso echando una mirada en profundidad a su salud y la de uno de los niños del hogar, entre 6 y 14 años, elegido aleatoriamente. El estudio empezó en junio de 2017 y los datos que se analizan, en el presente informe, incluyen información de las 167 personas encuestadas hasta la fecha del 28 de mayo de 2018.
Los problemas económicos y jurídicos para acceder a una vivienda digna y a los suministros básicos se asocian a un mal estado de salud física y mental, siendo la salud mental la que se ve más afectada en estos procesos. En general, son las mujeres las que presentan peor estado de salud que los hombres. Además, si se comparan con la población general de la ciudad de Barcelona, las personas afectadas por estas problemáticas presentan cifras mucho más elevadas de mala salud. Estos resultados van en línea con informes previos que comparaban el estado de salud de miembros de la PAH con la población general, es decir, que las personas afectadas por problemáticas habitacionales presentan peor salud que la población general. El informe sugiere que un adecuado apoyo social o el apoyo de la PAH/APE son clave para atenuar los efectos negativos de la vivienda sobre la salud. En el caso de los niños de 6 a 14 años, hay que destacar que su estado de salud general (referido por la persona adulta) resultó ser mucho peor en comparación con sus iguales en la ciudad de Barcelona y presentaron peores resultados en calidad de vida.
Este informe aporta a informes previos que las personas encuestadas incluyen, no solo personas afectadas por la hipoteca, sino también personas con problemas de alquiler, ocupación y pago de suministros básicos como son la luz, el gas y el agua. Los resultados muestran que las personas con estas problemáticas también presentan un mal estado de salud físico y mental.
Dada la magnitud del problema habitacional que existe en España y, en concreto, en la ciudad de Barcelona, y en base a los resultados observados en este informe se recomienda:
- Trabajar para atenuar los efectos en la salud de las personas afectadas por estas problemáticas, asegurando un acompañamiento adecuado a estas personas desde Servicios Sociales y las Oficinas de Vivienda, y garantizar el acceso universal a los Servicios Sanitarios, y tratar la salud de forma integral, incorporando la visión de los determinantes sociales de la salud, e intentar no sobremedicalizar problemas sociales.
- Fomentar el trabajo en red e intersectorial. Servicios Sociales, Vivienda, Justicia y Salud deben trabajar de forma conjunta y coordinada para abordar de la mejor manera posible esta problemática.
- Crear o mejorar los sistemas de información relativos a estas problemáticas.
- Poner en marcha políticas que reduzcan la magnitud del problema, que garanticen el acceso a los suministros y a una vivienda digna para todas.
Este estudio pone en evidencia la urgencia de cambios estructurales en políticas de vivienda y energía, que pongan a las personas por delante de los intereses financieros de la banca, de los fondos de inversión y del oligopolio energético. Solo con propuestas valientes para combatir la emergencia habitacional crónica que padecemos desde hace años, se podrá garantizar que las familias más vulnerables puedan llevar una vida digna gracias a un techo a temperatura adecuada garantizado.
Cambiar estas políticas no es solo una cuestión de salud sino de derechos.
Descarga aqui el informe y si estás interesada en organizar una charla sobre el tema no dudes en contactar con nosotras
