Archivo de etiquetas Ley 24/2015

PorPAH_Bcn

[Comunicado] El Ayuntamiento de Hospitalet, del PSOE, vuelve a dejar a una familia vulnerable en la calle

Ingrid, junto a la PAH de Hospitalet, lleva acampada delante del Ayuntamiento desde el pasado miércoles exigiendo una solución habitacional
El pasado miércoles 31 de julio, Ingrid junto a su hijo de 5 años, fueron desahuciados de un piso de Kutxabank. La familia venía de un proceso de impago de alquiler desde el pasado año; debido a una subida del alquiler y la pérdida de recursos de la familia no pudieron hacer frente a las cuotas y padecieron un desahucio sin alternativa habitacional. Gracias a la solidaridad y ayuda de la PAH, la familia pudo recuperar un piso en manos de la banca, en este caso de Kutxabanc, que estaba incumpliendo su función social, ya que se encontraba vacío y la vivienda es para vivir, no para especular.
El pasado 31 de julio, la familia fue desahuciada sin realojo garantizado, ni por parte de la entidad financiera que no accedió a hacer un alquiler social, ni por parte de la Administración a realojarla en la Mesa de emergencia, tal y como prevé la Ley 24/2015.
Sin alternativa habitacional, Ingrid y su hijo, junto a las compañeras de PAH Hospitalet iniciaron el mismo miércoles 31 de julio una acampada indefinida delante del Ayuntamiento de Hospitalet. Durante este tiempo han ido a acompañarlas diferentes entidades sociales y las PAHs del territorio catalán. La respuesta de Servicios Sociales ha sido que se busquen un piso para vivir y que les ayudarán para la entrada. ¿Y luego qué? ¿Otro desahucio? Está claro que la alternativa del Ayuntamiento no es una solución para Ingrid. En primer lugar porque con sus ingresos y una deuda del primer piso del que fue desahuciada nadie le alquilará ninguna vivienda, y en el supuesto, casi imposible, de que lo consiguiera, el primer mes ya no lo podría pagar. Es inaudito que la solución sea responsabilizar más a la familia que ha sido desahuciada, criminalizándola y culpándola por su situación. Mientras la Administración durante estos años ha sido incapaz de buscar soluciones y medidas para ampliar el parque de vivivienda pública inexistente de la ciudad.
Exigimos una solución digna para Ingrid y su familia. No es el primer caso en que el Ayuntamiento de Hospitalet vulnera el derecho a una vivienda digna a sus vecinas, es por eso que queremos remarcar y denunciar las políticas de vivienda que llevan años perpetuándose en esta ciudad. El actual regidor de vivienda y el nuevo gobierno municipal ningunean y hacen caso omiso, tanto a una ley catalana, la Ley 24/2015, que dice claramente en su articulo 5.6.: «las administraciones públicas tienen que garantizar en cualquier caso el realojo adecuado de las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de ser desahuciadas de su vivienda habitual, para poder hacer efectivo el desahucio»,  como al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas que prohibe los desahucios sin alternativa habitacional. Para Núria Marín, alcaldesa de Hospitalet por el PSOE, el derecho a la vivienda de la ciudadanía no es más que papel para tirar a la basura.
Desde la PAH lo tenemos claro, no vamos de dejar a las familias en la cuneta, vamos a luchar con ellas hasta conseguir nuestros derechos, y es que tener un hogar no debería ser un lujo, sino un derecho para toda la ciudadanía.
¡La #acamPAHdaHospitalet sigue! Necesitamos tu ayuda. Acércate a la plaza y colabora con nosotras, montando un taller, una charla debate sobre derechos humanos, acércate y pregunta por las comPAHs de PAH Hospitalet.
¡Frente a la inacción de las administraciones, autoorganización ciudadana!
¡Sí se puede!
PorPAH_Bcn

Caixabank no solo vulnera derechos fundamentales, también incumple las leyes

Caixabank es una de las entidades bancarias que más intenta cuidar su buena imagen con infinidad de campañas de publicidad y sobre todo a través de su Obra Social La Caixa. Pero la realidad es otra muy diferente, y las prácticas antisociales y la vulneración de derechos fundamentales como el de la vivienda, forman parte de su día a día como cualquier otro banco

Hoy PAH Barcelona ocupamos una oficina de Caixabank para exigir una solución para Kerly, a quien le están negando el alquiler social y la condonación de la deuda tras haber sido doblemente estafada, por la entidad y por la inmobiliaria que gestionó en su momento la compra de su hogar, un antiguo local comercial convertido en vivienda pero sin cédula de habitabilidad. Un detalle del que nadie la informó, y ahora es el motivo principal para negarle la dación en pago.

Kerly lleva desde 2013 intentando una entrega voluntaria de llaves al no poder afrontar el pago de la hipoteca, pero Caixabank le ha estado negando toda alternativa y finalmente, en octubre de 2017, la vivienda fue subastada y pasó a ser propiedad del Building Center, inmobiliaria de la propia Caixabank. Actualmente la ha vendido a Coral Homes, que tiene detrás al fondo buitre Lone Star. Un ejemplo claro del entramado que está realizando la mafia bancaria organizada, más interesada en seguir amasando beneficios, priorizando la venta a Socimis y fondos de inversión, por encima de los derechos de las familias que previamente habían sido engañadas con la estafa hipotecaria.

Las demandas de Kerly son de justicia y sentido común: alquiler social y condonación de deuda del remanente pendiente. Desde que empezó este periplo de angustia y lucha, Caixabank ya le ha arrebatado dos propiedades, la suya y la de su avalista, perdiendo Kerly 50.000€ en 5 años, pagando la hipoteca además de perder sus ahorros por seguir pagando, mostrando ser deudora de buena fe. Caixabank no solo le está dando la espalda, ya le ha hecho pasar por tres intentos de desahucio, suspendidos gracias a la PAH.

Tras la recuperación, el pasado 22 de febrero, de los artículos suspendidos por el PP de la Ley 24/2015, surgida gracias a una ILP impulsada por la PAH, el Observatorio DESC y la Alianza contra la Pobreza Energética, Caixabank está obligada a ofrecerle a Kerly el alquiler social, pero opta por hacer caso omiso e infringir la ley. Actualmente la ejecución hipotecaria está archivada, pero a pesar de haber presentado recurso de reposición, tras la venta a Coral Homes, cada día que pasa, Kerly está en riesgo de recibir una demanda por precario.

Recordemos que Caixabank fue una de las entidades beneficiadas por el rescate bancario con 6.465 millones de euros, sin haber dado ningún tipo de contraprestación social a ese capital, que como bien sabemos, no se dignará ni a devolver. Un dinero pagado por todas, que solo servirá para que se siga patrocinando la especulación de las viviendas en manos de la banca.

Kerly no está sola, tiene a la PAH de su lado y no desfalleceremos hasta que se haga justicia tras tantos años de mentiras y sufrimiento. Denunciamos públicamente la actitud de Caixabank y exigimos el cumplimiento de la Ley 24/2015, creada no solo para obligar a la banca a ofrecer alquileres, también para obligarles a la movilización de sus viviendas, cediéndolas a la Administración y ampliar así el inexistente parque público de viviendas, que serviría para dar respuesta a los casi 200 desahucios diarios que se siguen produciendo a día de hoy.

La PAH nació hace 10 años para defender a las familias contra la usura y la estafa bancaria. Hemos logrado miles de soluciones con desobediencia civil y pacífica, y lo seguiremos haciendo hasta lograr una legislación en materia de vivienda que realmente proteja a las familias y no al sistema capitalista, que nos está echando de nuestras casas para convertirlas en una mercancía especulativa en manos de unos pocos. 

La vivienda es un derecho para todas, decimos basta ya y exigimos solución para Kerly.

#SoluciónPAHKerly
#CaixabankDesahucia

 

PorPAH_Bcn

¡Hemos vuelto a hacer posible lo imposible: ¡recuperamos la 24/2015 para parar desahucios y ampliar el parque de alquiler social!

Las medidas clave de vivienda impugnadas de la Ley 24/2015 volverán a ser vigentes en Cataluña

Martes 30 de octubre de 2018

Hoy martes 30 de octubre, el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno del Estado firman el acuerdo para retirar el recurso de inconstitucionalidad contra parte de los artículos impugnados de la Ley 24/2015. Este importante hito que anunciamos, ha sido posible gracias a las familias que cada día están a pie de calle parando desahucios, a las personas que han puesto su tiempo y cuerpo desinteresadamente para garantizar el derecho a la vivienda, a aquellas juristas que han creído que las leyes injustas se tienen que cambiar, a las que ya no están pero recordamos cuando nos dan fuerza para seguir batallando, a las 150.000 personas que firmaron para parar los desahucios en Cataluña y a todas las entidades que nos han apoyado en el camino de hacer posible lo imposible. 

Por fin podemos decir con orgullo que hemos recuperado la parte de vivienda de la Ley contra los desahucios y la pobreza energética que el PP, obedeciendo a la banca, impugnó en mayo de 2016. Después de recoger 150.000 firmas con una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en 2015 y conseguir que el Parlamento de Cataluña lo aprobara por unanimidad, el Partido Popular puso un recurso a la ley que paraba los desahucios y daba herramientas para ampliar el parque de vivienda social a los municipios.

Sabemos que la banca daba por sentenciada y enterrada la Ley. Pero la esperanza y la solidaridad han ganado de nuevo la partida. La fuerza que hizo posible su aprobación, con un apoyo social agobiante y por unanimidad en el Parlamento y la defensa incansable en la calle que salvó la parte de pobreza energética del recurso del PP, ha funcionado de nuevo y ha posibilitado contra todo pronóstico recuperarla después de la caída del PP del Gobierno del Estado.

Después de luchar contra el ignominioso recurso del PP, el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 exigimos valentía y coherencia a los nuevos gobiernos de la Generalitat de Cataluña y del Estado para recuperar una herramienta que funcionaba y daba soluciones a miles de familias en Cataluña. Lo hicimos desde la urgencia que pide parar de una vez por todas la emergencia habitacional: la situación ingobernable de desahucios ejecutados en Cataluña -61 desahucios diarios liderando el ranking de la vergüenza-, y el colapso de las mesas de emergencia con unas 2.000 familias en lista de espera. No había excusas para no recuperar la ley y garantizar el derecho a la vivienda. Desde julio hemos estado trabajando para recuperar la ley más garantista en materia de vivienda: hubiera tenido que ser mucho más sencillo, al tratarse de un compromiso que asumió el PSOE cuando fue impugnada y al haber sido aprobada por unanimidad en el Parlamento. Pero ha sido la esperanza y la solidaridad quien ha ganado el pulso a los especuladores que viven de hacer negocio con los derechos fundamentales.

Los efectos concretos sobre la vida de las personas son muy importantes: hacemos público un resumen y en los próximos días difundiremos el detalle de las herramientas de que dispondrá la ciudadanía, entidades sociales y ayuntamientos para defender el derecho a la vivienda y a los suministros básicos:

  1. Después de que el viernes el Consejo de Ministros lo ratifique y comunique al Tribunal Constitucional para que cierre el procedimiento, recuperaremos dos herramientas fundamentales para acabar con los desahucios y aumentar las viviendas de alquiler social: 
  • Oferta de alquiler social obligatorio para garantizar una vivienda en desahucios de hipoteca y de alquiler de grandes propietarios (artículo 5, apartados 1-2-3-4 y 9): para los desahucios en curso y para los nuevos procedimientos, no hacer la oferta de alquiler o no respetar los precios sociales que marca la Ley, comporta multas de 90.000 euros.
  • Cesión obligatoria de viviendas vacías de bancos y fondos buitre a las administraciones para alquiler social (artículo 7): la Generalitat y los ayuntamientos pueden usar esta herramienta recuperada. Las listas de espera para las mesas de emergencia se tienen que acabar con inmediatez.
  1. Las medidas contra el sobreendeudamiento: se recuperan con carácter extrajudicial y de mediación entre la banca y las deudoras, porque los dos gobiernos han acordado recuperar los artículos de la Ley 4/2016, que son menos vinculantes y efectivos. La PAH seguirá exigiendo dación en pago y cancelación de deudas a los bancos y en el Congreso con la #LeyViviendaPAH.
  2. La obligación de realojo por parte de las administraciones y ayudas para los desahucios de pequeños propietarios (artículo 5.6): no fue impugnada y sigue vigente, con la diferencia de que ahora tenemos la cesión obligatoria para obtener las viviendas sociales que se necesitan.
  3. Las medidas contra la pobreza energética y los cortes: las salvamos del recurso y nunca han dejado de estar vigentes (artículo 6): por eso toda familia vulnerable tiene garantizados los suministros básicos de agua, luz y gas. Es imprescindible que se firmen los convenios y que las empresas suministradoras asuman las deudas de las familias vulnerables, a cargo de sus ingentes beneficios.

Hoy podemos decir que hemos conseguido aquello que nos decían que era imposible. A partir de hoy seguiremos atentas para que se cumplan y se apliquen al 100% las leyes sociales nacidas en la calle. Hoy hemos subido definitivamente un escalón en la escalera de la conquista de los derechos sociales, que no bajaremos nunca más.

Ahora más que nunca exigiremos que se cumpla la Ley hasta la última coma. Avisamos a la banca, fondos buitre y eléctricas, que no toleraremos ningún intento más de eludir sus responsabilidades. Estaremos vigilantes y denunciaremos cualquier intento de hacerlo. También velaremos porque las Administraciones públicas apliquen con firmeza todas las medidas para proteger el derecho a la vivienda y a los suministros básicos de toda la población, en especial de las personas más vulnerables. Quien no lo haga nos tendrá delante.

Una vez más hemos demostrado que sí, que se puede. Ahora toca pasar página a los desahucios y a los cortes de suministros en Cataluña, ¡sin excusas! ¡Seguiremos exigiendo todos los cambios que faltan (aumentar el parque público al 15%, modificar la Ley de arrendamientos, etc.) para conseguir recuperar nuestro derecho a la vivienda!

¡Gracias a todas! ¡Nos vemos en las calles y el domingo 11 de noviembre en Barcelona para celebrarlo juntas!

PorPAH_Bcn

Clamor de la ciudadanía para recuperar la Ley 24/2015

¡No hay excusas, Pedro Sánchez! La Ley catalana contra los desahucios y los cortes de suministros debe estar vigente este mes de octubre

Miércoles, 17 de octubre de 2018

Hoy el Grup Promotor de la Ley 24/2015 presentemos un manifiesto para exigir la recuperación de la Ley catalana contra los desahucios y los cortes de suministros. Esta Ley fue impugnada en la parte de vivienda por el PP en el Tribunal Constitucional en mayo de 2016 y está suspendida en los artículos que se refieren a garantizar el derecho a la vivienda. Con 61 desahucios diarios y Mesas de emergencia colapsadas con más de 2.000 solicitantes mientras que las entidades financieras siguen especulando con la vivienda, queda patente la urgencia de tener  vigente la Ley 24/2015 en su totalidad este mismo mes de octubre.

Como se demostró durante los meses en que se estuvo aplicando, es una herramienta que da respuesta a la emergencia habitacional ya que por un lado obliga a los grandes tenedores a ceder su vivienda vacía a los municipios para que cumpla con su función social, y por otro lado asegura un alquiler social a las familias que no han podido hacer frente a su hipoteca o alquiler, y que están en riesgo de perder su hogar o ya lo han perdido. Así, la Ley permite ampliar el parque prácticamente inexistente de alquiler social (Catalunya cuenta con un parque público del 2% contra la mediana europea del 10%).

El manifiesto cuenta con el apoyo de 50 firmantes iniciales: ayuntamientos como Barcelona, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Sant Vicenç dels Horts i Reus, entre otros; la Federació de Municipis de Catalunya y la Associació Catalana de Municipis; Colegios Profesionales, sindicatos y entidades del tercer sector como CCOO-Catalunya, UGT-Catalunya,  la Taula Tercer Sector Social, la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure Exercici de l’Advocacia de l’ICAB y l’Associació Catalana per la Defensa dels Drets, Col·legi d’educadores socials. Y también movimientos sociales y sociedad civil organizada como el Sindicat de Llogateres, Òmnium Cultural, ANC, Habitat International Coalition, CONFAVB, Aigua és vida, FAPAC, ILP Renda garantida, Bombers indignats y UGT-Bombers.

Es un clamor de la ciudadanía de Catalunya que la Ley 24/2015 vuelva a estar vigente de forma urgente. Tenemos un amplio apoyo inicial y sabemos que este apoyo precursor se extenderá a partir de hoy a entidades sociales, administraciones y a todas las personas de cada pueblo y ciudad que sufren la pérdida de la vivienda y los cortes de suministros, y a las que trabajan para atender a las personas en exclusión residencial desde diferentes ámbitos, porqué saben que así tendríamos una herramienta para terminar con los desahucios. La Ley 24/2015 es una ley de todas, es una ley que literalmente salva vidas y hace evidente que frente leyes injustas se necesitan medidas valientes y herramientas que estén a la altura de las respuestas y soluciones que la ciudadanía necesita.

El gobierno de Pedro Sánchez tiene que corregir los errores del Partido Popular de manera ágil y efectiva. Existen numerosos precedentes en que un cambio de gobierno ha significado la retirada de recursos interpuestos contra leyes socialmente destacadas que garantizan los derechos humanos a todas las personas. El mismo PSOE, bajo la presidencia del Sr. Zapatero, desistió de como mínimo 21 recursos impulsados por el Partido Popular contra leyes de Andalucía, Aragón, Catalunya, Asturias, Castilla-la Mancha, País Vasco y Extremadura; la mayoría de éstas relacionadas con materias sociales, como la educación, la sanidad y su ordenación, el derecho civil y la regulación de la adopción por parte de parejas de hecho.

Es hora de poner el contador de la vergüenza a 0. Catalunya lidera el ránquing de los desahucios en todo el Estado. Pedro Sánchez tiene en sus manos la potestad de recuperar nuestra Ley y demostrar su altura política haciendo un paso adelante en la conquista del derecho a la vivienda. Es momento de pasar de las palabras a los hechos.

Existe una demanda clara y amplia de recuperar la Ley 24/2015. ¡Hoy es posible! Sólo es cuestión de voluntad política.

#VolemLa24

Para leer el Manifiesto de apoyo a la retirada del recurso a la Ley 24/2015 y adherirse clica el enlace

SÚMATE

Listado de adhesiones:

Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sant Vincenç dels Horts
Ajuntament de Reus
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament de Girona
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Federació de Municipis de Catalunya
Associació Catalana de Municipis
Taula Tercer Sector Social
Comissions Obreres de Catalunya (CCOO)
Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT)
Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure Exercici de l’Advocacia de l’ICAB i l’Associació Catalana per la Defensa dels Drets 
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
Col·legis Treballadores Socials
Sindicat de Llogateres
Òminum
Assemble Nacional de Catalunya (ANC)
Habitat International Coalition (HiC)
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC)
Xarxa per la sobirania energetica
Aigua és vida
Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC)
ILP Renda garantida
Bombers indignats i UGT-Bombers
Enginyeria sense Fronteres (ESF)
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC)
Associació Ecoserveis
Tanquem Cies
Iridia
Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS)
La Dinamo fundació d’habitage cooperatiu 
Coordinadora assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya
Federació d’Associacions de Veïnes de Barcelona (FAVB)
Sostre Cívic
Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)
Grup Impulsor del Parlament Ciutadà
AVV Sagrada Família,
Som Paral·lel
Ciutat Vella No Està En Venda
AVV El Clot-Camp de l’Arpa
Associació de Veïnes i Veïns de l’Òstia
Som Paral·lel
PorPAH_Bcn

El Grupo Promotor de la Ley 24/2015 se ha reunido con el consejero Damià Calvet para exigirle recuperar la ley este mes de octubre y consigue el compromiso público de la Generalitat para hacerlo efectivo

No hay excusas, para erradicar los 61 desahucios diarios en Catalunya y acabar con el colapso de las Mesas de emergencia.

Esta mañana, el Grupo Promotor de la Ley 24/2015, nos hemos reunido con el Consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, con el objetivo de seguir avanzando hacia la recuperación urgente y necesaria de la Ley 24/2015, de la cual, recordemos, el Tribunal Constitucional (vía recurso del Partido Popular) suspendió los artículos que obligaban a hacer un alquiler social obligatorio por parte de los grandes tenedores a las familias vulnerables que no pueden pagar el alquiler o hipoteca (artículos 5.1-2-3), y a la cesión obligatoria para aumentar el parque de vivienda asequible (artículo 7).

A la reunión de hoy han asistido el Consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, el Secretario de Hábitat Urbano y Territorio, Agustí Serra, la directora de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, Judith Gifreu, y el jefe de gabinete del departamento, Xavier Reinaldos.

El Grupo Promotor de la Ley 24/2015 hemos puesto sobre la mesa que la sociedad civil hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para que una herramienta que detenía los desahucios y ampliaba el parque de vivienda asequible vuelva a estar totalmente vigente en esta ventana de oportunidad con los dos gobiernos últimamente constituidos. Ahora es el momento que todas las instituciones muevan ficha para recuperar esta ley.

Después de la creación de las Comisiones bilaterales en julio, nos hemos puesto en contacto con los dos gobiernos para recordar que esta ley nace de la calle y de la unanimidad parlamentaria. Si se está hablando sobre cómo recuperarla, queremos estar presentes. El resultado ha sido el silencio y/o las excusas. Por estas razones las PAH catalanas hicimos una acción de denuncia del colapso de las Mesas de emergencia el pasado 27 de septiembre en la sede central de la Agència de l’Habitatge de Catalunya. Fruto de esta acción -el presidente Quim Torra no ha respondido a nuestra solicitud de reunión- conseguimos la reunión de hoy.

Hoy, en la reunión  hemos hablado  claramente y hemos confrontado al Govern a hacer lo mismo. Hay vidas en juego. 

En primer lugar hemos exigido que se pronuncien públicamente explicitando la importancia de la retirada del recurso y efectivamente el Consejero Damià Calvet lo ha expresado en la rueda de prensa frente a los medios de comunicación esta misma mañana al término de la reunión. 

El Consejero ha desmentido que haya recibido una propuesta por parte del ejecutivo de Pedro Sanchez para la recuperación de la ley contrariamente a lo que nos había comunicado previamente el propio gobierno español en las conversaciones que estamos teniendo como  Grupo Promotor. Calvet ha explicitado que los gabinetes técnicos han estado en contacto y que desde el gobierno catalán existe la voluntad política de recuperar el texto íntegramente. No obstante, queremos  enfatizar que no toleraremos esta ambigüedad y falta de transparencia hacia la ciudadanía y el Grupo Promotor, y que no aceptamos más dilaciones en la recuperación de una ley muy reclamada.

Es inadmisible que perdamos una oportunidad para recuperar una ley que salva vidas, literalmente. También hemos recordado el caso del vecino de Cornellá, que se lanzó por la ventana cuando Blackstone quería desahuciarlo y que con la ley plenamente vigente hubiera tenido solución: un alquiler social. Este asesinato se podría haber evitado. En este sentido, el Consejero, en nombre del Govern de Catalunya, se ha comprometido con el grupo promotor a recuperar la ley en su totalidad y este mes de octubre.

Dado que el próximo lunes 15 de octubre el Govern tiene prevista una reunión de la Comisión bilateral referente a infraestructuras, el Consejero también se ha comprometido a solicitar a la Secretaria General de Vivienda del Estado, quien asistirá a este encuentro, una reunión extraordinaria de esta Comisión para tratar específicamente la retirada del recurso de forma urgente este mes de octubre, y en la cual participemos también como Grupo Promotor.

Por otro lado, el Govern ha reconocido el colapso de las Mesas de emergencia y que la completa aplicación de la Ley 24/2015 es fundamental para hacer frente a la necesidad de vivienda.

Recuperar la Ley 24/2015, no es un gesto entre gobiernos, sino una acción dirigida a la población más necesitada que permitirá detener miles de desahucios y dar cobertura al derecho a la vivienda. Estamos en un momento clave para hacerlo, con el objetivo de dejar atrás demasiados años de desahucios, pobreza, sufrimiento y exclusión residencial. Nos preocupa que si no se avanza con suficiente rapidez para desatascar esta cuestión, se derive en una solución de resultado indeterminado -que puede ser negativo- en forma de sentencia del Tribunal Constitucional.

Ahora es el momento. Exigimos públicamente que el gobierno de Pedro Sánchez y el govern de Quim Torra hagan efectivo su compromiso público para recuperar la Ley 24/2015 este octubre.

¡No hay excusas!

PorPAH_Bcn

Recuperemos la Ley 24/2015 para acabar con la emergencia habitacional

El colapso de las mesas de emergencia tiene solución recuperando urgentemente la Ley 24/2015 en su totalidad

27 de septiembre 2018

Ante la falta de respuesta a la carta pública que dirigimos al Presidente Quim Torra el pasado 29 de junio y frente a la situación de colapso de las mesas de emergencia en toda Cataluña, las PAHs catalanas realizamos hoy una acción en la sede central de la Agencia de la Vivienda de Cataluña para exigir una reunión urgente con el Presidente y con el Consejero de Territorio Damià Calvet para hacerles llegar una demanda única de las PAHs catalanas: no podemos esperar más a recuperar la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

Cataluña ha sufrido desde el inicio de la burbuja inmobiliaria de 2008 más de 95.000 desahucios. Durante estos años la emergencia habitacional se ha visto agravada por la subida de los precios del alquiler y la falta de políticas de vivienda valientes que antepusieran el interés social frente al del mercado inmobiliario. Tan solo en 2017 el 65% de los desahucios ejecutados en Cataluña son debidos a la falta de pago de las cuotas del alquiler, una cifra que irá al alza debido a la actual burbuja del alquiler. Recordemos que muchas entidades financieras que se vieron obligadas a hacer un alquiler social a familias vulnerables que no podían continuar pagando su hipoteca en el periodo en que la Ley 24/2015 estaba plenamente vigente, ahora rescinden los contratos y/o bien aumentan la cuota a valores inasumibles, abocando a las familias a un nuevo desahucio o a desahucios invisibles sin alternativa habitacional y aumentando la lista de espera de la mesa de emergencia. También engrosan la lista colapsada de estas las miles de familias que no han tenido ninguna otra alternativa que acceder precariamente a través de ocupaciones a viviendas vacías de bancos y grandes propietarios.

Antes del verano hicimos una petición de información sobre la lista de espera de las mesas de emergencia a la Generalitat, que nos han respondido tan solo con los datos que dependen de la Agencia, es decir, las de los municipios catalanes sin mesa propia. El número de solicitudes recibidas a partir del 6 de agosto de 2015 (fecha de aprobación de la 24/2015) hasta julio de 2018 es de 4.999, de las que se han aceptado y dado respuesta a 2.512, habiendo actualmente 247 familias en lista de espera.

Pero faltan los datos de los municipios más importantes y afectados por la emergencia habitacional: Badalona, Barcelona, Cornellà de Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Martorell, Sabadell, Sant Adrià de Besòs, Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Vic y Lleida. Sabemos que la lista es mucho más alta: en marzo de 2018 un reportaje de la Cadena Ser ¡¡hablaba de 2.000 familias esperando una vivienda de emergencia en toda Cataluña!! Familias como Jordi, el vecino de Cornellà que en julio se quitaba la vida cuando Blackstone fue a su casa a desahuciarlo por no poder pagar su alquiler. Si la Ley 24/2015 estuviera plenamente vigente, desahucios como el del vecino de Cornellà no se producirían pues los grandes tenedores (entidades financieras y fondos buitres) estarían obligados a ofrecer un alquiler social a las familias.

La Ley catalana del derecho a la vivienda contempla que en 2027 el parque de vivienda social en Cataluña debe estar al 15%, pero hoy en día no llega al 1,5%; lo que conlleva un colapso de las mesas de emergencia, que haya una lista de espera para viviendas protegidas en Cataluña de 115.634 -en Barcelona de 36.000 demandantes-, cientos de familias obligadas a recuperar viviendas vacías para no verse en la calle -ahora más precarizadas por motivo de la ley del PDeCAT en el Congreso-, y miles de personas sin hogar. Es evidente que sin la creación de un parque público de alquiler en nuestras ciudades la situación no mejorará, por eso desde la ciudadanía hace años que reclamamos que se destinen esfuerzos y políticas valientes de vivienda que garanticen la función social de los hogares.

No podemos permitir que haya ningún piso vacío que no cumpla su función social. Según el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, Cataluña cuenta con 34.061 viviendas protegidas, de las cuales 8.838 no contaban con ningún visado de contrato en el período de 2007 y 2013. Una cifra alarmante que pone luz a la ineficiencia de la Administración para gestionar su parque público cuando haya un situación alarmante de desahucios debidos a motivos económicos. El mismo Departamento actualiza estos datos en el año 2016 mediante un estudio de ocupación de las viviendas sin contrato y detecta 1.712 viviendas desocupadas en Cataluña. ¡No se entiende, gente sin casa y casas sin gente, no se entiende!

Hoy presentamos 78 casos de algunas compañeras de las PAHs catalanas que son un ejemplo de la realidad que vivimos cada día en nuestros pueblos y ciudades. Familias que no han podido seguir pagando su hipoteca y/o alquiler y que se han visto obligadas a ocupar una vivienda o a vivir en la calle. Familias que están inscritas en las mesas de emergencia pero que su solución no llega y que tienen que hacer frente a otro desahucio mientras escuchan de la Administración que no hay pisos.

Esta lista de espera y de sufrimiento, de exclusión social y de falta de respuesta de las administraciones debería estar a cero. Debería estar a cero porque el artículo 5.6 de la parte vigente de la ley dice claramente que «las administraciones deben garantizar en cualquier caso el realojo adecuado de las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de ser desahuciadas de su vivienda habitual, para poder hacer efectivo el desahucio». Y esto se está incumpliendo de forma flagrante. Y lo más importante es que podría estar a cero para siempre.

Somos perfectamente conscientes de que el recurso del PP y de Rajoy es el gran culpable de esta situación. La manera de hacerlo es recuperar el alquiler social obligatorio para grandes tenedores (artículo 5.1-2-3) y la cesión obligatoria para aumentar el parque de vivienda asequible (artículo 7). Recuperar la Ley 24/2015 es urgente y necesario. No solo lo exigimos desde la PAH sino que también la reclaman profesionales del tercer sector, juristas, entidades sociales y municipios donde con los 6 meses de vida de la Ley tuvieron una herramienta para poder dar soluciones a familias en riesgo de perder su casa.

Hace más de 9 años que luchamos para garantizar el derecho a la vivienda, día a día en nuestras asambleas damos respuestas y soluciones que la Administración no es capaz de dar. Fuimos capaces de cambiar leyes injustas y buscar soluciones a la pobreza energética y a la emergencia habitacional, transformando la ILP vivienda en Ley 2472015. La mayoría del PP y el tribunal Constitucional pusieron freno a la ley suspendiendo los artículos que corresponsabilizaban al sector privado: otro favor a la banca y dejando sin alternativa a miles de familias.

Pero la situación ha cambiado, y con una correlación de fuerzas políticas diferentes del Congreso, y con un nuevo Gobierno en la Generalitat de Cataluña, no hay excusas para no recuperar totalmente la ley más garantista en materia de vivienda y pobreza energética: la Ley 24/2015.

Las PAHs catalanas no aceptaremos que esta ley no se recupere en su totalidad y hoy lo queremos dejar claro. No podemos permitir que se sigan vulnerando derechos humanos y que las administraciones no den respuesta. Ahora, tenemos la oportunidad de erradicar la lista de espera de la mesa de emergencia recuperando la 24/2015 y dar respuesta a las familias.

Exigimos sentarnos a la mesa con los gobiernos catalán y estatal para recuperar mañana mismo la 24/2015. No hay excusas. Hay vidas en juego.

PorPAH_Bcn

La falta de voluntad política ha dejado pasar la oportunidad de recuperar la Ley 24/2015

Mientras el gobierno de Pedro Sánchez es incapaz de cumplir los compromisos firmados, cada día son desahuciadas 43 familias en Cataluña

Ayer miércoles 1 de agosto, se celebró la primera reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat: hubiera sido prioritario que se acordara la retirada inmediata del recurso a la Ley 24/2015. Por lo tanto, nuestra valoración es agridulce: ayer era urgente y posible recuperar la herramienta más eficaz que ha tenido Cataluña y todo el Estado para acabar con los desahucios y la emergencia habitacional. Hoy podríamos estar hablando y celebrando que gran parte de los 43 desahucios de hipoteca y de alquiler que se producen cada día en Cataluña pronto quedarían parados. A la vez podríamos respirar aliviadas porque, en pocos meses, las listas de espera de más de un año de las mesas de emergencia, quedarían a cero. Y nunca más deberíamos sufrir por que se repitieran hechos trágicos como los de Cornellà o Reus, porque es posible evitarlo. En cambio, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha estado a la altura, demostrando el mismo talante que el gobierno de Mariano Rajoy. El PSOE se había comprometido por escrito a “retirar el recurso ante el Tribunal Constitucional en caso de formar Gobierno y a no poner impedimentos para su total desarrollo”. No obstante, ayer cuestionó la constitucionalidad de una ley aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña, o lo que es lo mismo: giró la espalda a miles de familias negándoles su derecho a una vivienda digna, para ponerse del lado de la banca y sus intereses.

El pasado día 29 de julio, se cumplían tres años desde que se aprobó la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, conocida popularmente como “Ley contra los desahucios y los cortes”. Esta ley fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña en julio de 2015 y surgió de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), la “ILP Vivienda”, impulsada por la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y el Observatorio DESC (ODESC). Durante su tramitación recibió un apoyo social extraordinario, con casi 150.000 firmas de apoyo individuales, así como la adhesión de más de medio millar de entidades sociales de todo tipo, como sindicatos, movimiento vecinal, tercer sector social y muchas otras entidades cívicas de una diversidad importantísima. Este enorme consenso político y social solo se entiende teniendo en cuenta el objetivo que buscaba: acabar con la emergencia habitacional y la pobreza energética en Cataluña.

Nuestra Ley fue la primera en todo el Estado que puso sobre la mesa medidas de urgencia en el ámbito de la vivienda, después de las consecuencias desastrosas de la crisis de 2008. La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca había intentado ya cambiar en el Congreso, con otra Iniciativa Legislativa Popular, las leyes que permitían desahuciar a centenares de miles de familias, quedándose además con deudas impagables de por vida que las condenaban a la exclusión social y financiera permamente. A través de cinco sencillas medidas, pensadas por las entidades sociales: la pesadilla del sobreendeudamiento, los desahucios, la falta de vivienda de emergencia y los cortes de agua, luz y gas que afectaran a la población en situación de vulnerabilidad residencial, pasaban a ser historia.

Cataluña fue el primer lugar donde las entidades sociales y la sociedad civil organizada, consiguió agrietar el muro que habían construido el Partido Popular y la banca contra cualquier tipo de cambio legislativo que acabara con las leyes criminales e injustas, para tener otros que protegieran el derecho a la vivienda digna. Otros territorios siguieron la estela de la llamada norma, hecho que hizo nacer nuevas leyes.

Desgraciadamente el gobierno del PP decidió, una vez más, defender los intereses de las entidades financieras y los grandes tenedores de vivienda y en mayo de 2016, interpuso un recurso de inconstitucionalidad en contra, gesto que repitió con el resto de leyes del Estado. La reacción de la sociedad civil en la calle fue una defensa enconada de nuestra “Ley contra los desahucios y los cortes”: se convocaron antes y después de la impugnación numerosas protestas ante las sedes del PP en Cataluña y en todo el Estado, estuvimos en el Parlamento y en el Congreso, obteniendo el apoyo de todos los partidos excepto el PP, y también recibimos el apoyo de los Ayuntamientos catalanes. Una cumbre social convocada por el Presidente de la Generalitat, desembocó en una nueva ley, también suspendida.

Finalmente, tan solo pudimos salvar la parte de pobreza energética; las medidas de vivienda fueron afectadas por la impugnación y suspensión inmediata de todos los artículos que afectaban a las entidades financieras. La parte de vivienda de la Ley 24/2015 demostró, durante los 9 meses que estuvo en vigor, su potencia parando más de 10.000 desahucios hasta que fue suspendida. Si no hubiera sido así, desde entonces hasta hoy, se hubieran podido parar unos 35.000 desahucios. Las medidas contra la pobreza energética, que no fueron impugnadas, han conseguido parar más de 82.500 cortes de suministros.

La 24/2015 es una de las leyes catalanas más importantes en materia social que impugnó el Partido Popular, por lo cual es imprescindible recuperarla. Por todo esto, y ante la ventana de oportunidades que se abrió con la salida del PP del gobierno del Estado, nos dirigimos a los presidentes Pedro Sánchez y Quim Torra a través de dos cartas públicas, pidiendo al primero que retire el recurso inmediatamente y al segundo, que ponga en la agenda de los encuentros Generalitat-Estado esta prioridad. Nos hemos reunido con todos los grupos políticos, menos con el PP, en el Parlamento de Cataluña y en el Congreso de los Diputados de Madrid, con miembros del gobierno. Hemos trabajado para que todos los actores que ayer estaban en la Mesa de negociaciones de la Comisión Bilateral tuvieran muy clara la urgencia del levantamiento de esta suspensión.

Aun así, no perderemos la esperanza ni la fuerza para seguir luchando hasta recuperar esta ley. Es positivo que se estudie la retirada de los recursos, pero no tenemos tiempo para perder entre reuniones y comisiones. Exigimos públicamente desde hoy mismo, ser interlocutoras en las negociaciones entre ambos gobiernos cuando se hable de las leyes de vivienda que hay que recuperar. Las familias no pueden esperar reuniones y comisiones que se eternicen ante un problema tan grave como los desahucios. El PSOE tiene que dar un paso en firme y retirar el recurso ante el Tribunal Constitucional, tal y como se comprometió. Recordemos que el expresidente Rodríguez Zapatero, cuando llegó al gobierno, retiró 21 recursos interpuestos, muchos de ellos de leyes sociales como la nuestra.

¡En septiembre seguiremos luchando en la calle una ley justa para proteger nuestro derecho a la vivienda digna!

Recuperemos la 24/2015: ¡Se puede!

PorPAH_Bcn

Carta a Pedro Sánchez

Interpelamos al Presidente Pedro Sánchez con una carta para que retire el recurso, interpuesto por el PP, que tiene suspendidos algunos artículos de la Ley 24/2015

Julio de 2015, siendo aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña, nace la Ley 24/2015, fruto de una Iniciativa Legislativa Popular de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, que recibió un gran apoyo social -cerca de 150.000 firmas-, impulsada por la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y el Observatorio DESC (ODESC).

Mayo de 2016, el Partido Popular no ve constitucional que la banca y grandes propietarios de vivienda se corresponsabilicen en garantizar los derechos de las familias y opta, una vez más, por secuestrar los derechos más fundamentales presentando el recurso de inconstitucionalidad núm. 2501-2016, provocando la suspensión de las medidas urgentes de vivienda que implicaban a las entidades financieras y a los grandes tenedores.

Esta suspensión nos privó de herramientas que garantizaban una segunda oportunidad a las familias. Durante los meses que la Ley 24/2015 estuvo plenamente vigente paró miles de desahucios, corresponsabilizó a los grandes propietarios asegurando realojos adecuados cediendo su vivienda vacía; y la parte de pobreza energética, que no se tocó, continúa en estos momentos, parando miles de cortes de suministro. La efectividad de esta ley, está avalada por los Ayuntamientos catalanes, las profesionales de los servicios sociales, las entidades del tercer sector y el resto de territorios que siguieron su estela aprobando leyes autonómicas similares.

Desde la suspensión de la Ley 24/2015, la emergencia habitacional, lejos de reducirse, no ha hecho más que aumentar. En Cataluña continúa habiendo diariamente 43 desahucios, el 65% de los cuales son de alquiler, siguen los de hipoteca y aumentan los de familias que acceden precariamente a viviendas vacías. Los bancos y grandes tenedores de vivienda no garantizan realojo ni ofrecen alquileres sociales, mientras sufrimos una grave carencia de parque público de vivienda para combatir la emergencia, como demuestra la ineficacia de las Mesas de Emergencia, que no cumplen su función y acumulan casos con esperas de más de 6 meses, ante la carencia de vivienda con un parque público que no llega al 2%. Tan solo en Barcelona hay 360 familias esperando una vivienda adjudicada hace más de 9 meses

En relación con la pobreza energética, a pesar de la vigencia de esta parte de la Ley 24/2015, se continúan produciendo cortes, a la vez que las suministradoras asedian a las familias vulnerables para cobrar la deuda acumulada y se resisten a asumir su responsabilidad negándose a hacerse cargo de la deuda acumulada de las familias más vulnerables.

Debido a la suspensión de herramientas legislativas para hacer frente a la realidad que sufrimos, continúan habiendo vidas en juego, como demuestran la muerte de Rosa de Reus después de que Gas Natural le cortara la luz, contraviniendo la Ley 24/2015; o recientemente la muerte de Jordi en Cornellà, que no podía hacer frente a su alquiler y se suicidó cuando la comitiva judicial iba a desahuciarlo a petición del fondo de inversión Blackstone, estando en situación de exclusión residencial. Dos muertes que se podrían haber evitado.

El nuevo gobierno de Pedro Sánchez puede retirar el recurso del PP contra nuestra Ley 24/2015. Por eso, hoy hacemos pública una carta dirigida al actual presidente del Estado español, para que la recupere con carácter de urgencia, tal como se comprometió el PSOE en el documento que firmaron el 20 de abril de 2016, cuando la amenaza de recurso planeaba sobre nuestra ley y fuimos al Congreso a presionar a todos los partidos. Un documento firmado de puño y letra por la responsable de vivienda Mar Rominguera, cuando Pedro Sánchez era líder del grupo parlamentario socialista, donde se comprometían a:

  • Defender públicamente la Ley 24/2015 y la necesidad de esta para hacer frente a la emergencia habitacional y contra la pobreza energética.
  • Desistir y retirar el recurso ante el Tribunal Constitucional en el caso de formar Gobierno y a no poner impedimentos para su total desarrollo.
  • Ampliar los derechos que la Ley 24/2015 otorga al resto del Estado, con la aprobación de la Ley de Vivienda de la PAH y retirando todos los recursos contra leyes de emergencia habitacional.

La 24/2015 es una de las leyes catalanas más importantes en materia social que impugnó el Partido Popular y Mariano Rajoy, por lo cual es imprescindible recuperarla. Existen numerosos precedentes en los cuales un cambio de Gobierno ha significado la retirada de recursos interpuestos contra leyes socialmente destacadas.

El mismo PSOE, bajo la Presidencia del Sr. Zapatero, desistió de como mínimo 21 recursos contra leyes de Andalucía, Aragón, Cataluña, Asturias, Castilla-La Mancha, País Vasco y Extremadura impulsados por el Partido Popular, la mayoría de estas de materias sociales, como la educación, la sanidad exterior y su ordenación, el derecho civil y la regulación de la adopción por parte de parejas de hecho.

Frente a la emergencia habitacional, desde el Grupo Promotor de la Ley 24/2015, estamos convencidas de que ha llegado la hora, aprovechando los últimos cambios de Gobierno, de retirar el recurso a la única ley que garantiza el derecho a una vivienda digna a día de hoy.

El pasado viernes interpelamos el Presidente Quim Torra con una carta para que pusiera prioritariamente en su agenda recuperar nuestra ley, puesto que parece que su intención y la del Gobierno catalán es enterrar nuestra ley y quedarse con la 4/2016, creada para cubrir el vacío dejado con la suspensión de la 24/2015, pero mucho menos garantista y que también está suspendida.

Hoy es el turno de hacer lo mismo con Pedro Sánchez, que es quien realmente tiene la capacidad de recuperar la Ley 24/2015, demostrando su altura política y dando un paso adelante en la conquista del derecho a la vivienda, pasando de las palabras a los hechos.

¡Recuperamos la Ley 24/2015! Hoy es posible y solo hace falta voluntad política. 

#CartaASanchez #RecuperemLa24

 

PorPAH_Bcn

Celebramos nuestro 8º Cumpleaños patrocinando al BBVA

Nacimos para luchar contra la estafa hipotecaria, cambiar leyes injustas y conquistar el Derecho a la vivienda, ya son 8 años de victorias diarias y lo celebramos en una oficina de BBVA.

Hoy miércoles 22 de febrero, ocupamos la oficina de BBVA situada en el Paseo Torres i Bages 25 de Barcelona, para para arrancar solución para Yolanda y su familia, y exigir la respuesta que nos prometieron hace 15 días y aún estamos esperando.

Yolanda lleva luchando mucho tiempo, enferma y sin hogar (pues éste se lo quitó el BBVA), viéndose obligada a vivir con su familia en una habitación que ya no puede pagar. Gracias a su empoderamiento, ha conseguido una propuesta aunque sin fecha de realojamiento; sin embargo, tanto ella como la vida de 17 familias siguen pendientes de un hilo puesto que el Departamento de Desahucios del BBVA les sigue dando largas, manteniendo su sufrimiento sólo por el enriquecimiento de sus arcas.

Hoy, denunciamos esta situación y demandamos respuesta para Yolanda, donde BBVA se comprometa por escrito a entregarle el piso en un margen máximo de un mes, en régimen de alquiler social en base a la ley 24/2015. Exigimos también la respuesta, que prometieron dar y no dieron, de reunión entre los correspondientes gestores con las 17 familias donde ofrecerles una solución digna habitacional.

La PAH nació por la necesidad de la ciudadanía de protegerse y luchar ante los abusos de la banca y una ley hipotecaria absolutamente criminal. Hoy cumplimos 8 años y lo vamos a celebrar haciendo lo que mejor sabemos, con la alegría y contundencia que nos caracteriza, llegando donde no llegan el Gobierno de los desahucios del PP ni sus parches disfrazados de Real Decreto. Llevamos 8 años logrando victorias, con la verdad y la legitimidad de nuestro lado, por ello no hay mejor lugar para celebrar nuestro aniversario que en el banco número uno en desahucios, BBVA, que tantas victorias nos ha dado y seguirá haciéndolo, muy a su pesar.

#CumplePAHenBBVA
#8añosDePAH

PorPAH_Bcn

PAH Barcelona invade las oficinas de la Agencia Catalana d’Habitatge para exigir el realojo de una familia en riesgo de exclusión social.

Ante la falta de soluciones por parte de la  Generalitat de Catalunya y la Agencia Catalana d’Habitatge, la familia afectada se ha visto obligada a  ocupar una vivienda vacía del parque público.

PAH Barcelona, hemos ocupado la Agencia Catalana d’Habitatge, situada en la c/. Diputación 92, para exigir el alquiler social de Úrsula y su familia, ya sea en su vivienda actual o en otra de su misma zona, tal como marca el derecho de arraigo contemplado en la Ley 24/2015.

Úrsula vive con su compañera y dos hijos, uno de ellos menor de edad, con un único sueldo de 800€ para toda la unidad familiar. Ante la precariedad de su situación y la falta de soluciones por parte de la administración, la familia se vio obligada a ocupar un piso para poder tener un hogar. Paradójicamente, la ocupación tuvo lugar  en una vivienda vacía de parque público en Hospitalet, perteneciente a la Agencia Catalana d’Habitatge de la Generalitat, una de tantas viviendas que la Administración municipal y Habitatge aseguran que no existen. Úrsula, lleva cerca de tres años negociando y luchando por regularizar su situación, para lo que solo necesita que le concedan un alquiler social, ya sea en su vivienda actual o en otra de la misma zona, tal como marca el Derecho de Arraigo contemplado en la ley 24/2015. Un derecho al que se acoge, porque así lo rige la ley y por su situación, tanto personal como familiar. Úrsula sufre un pseudotumor en el cerebro, con el consiguiente seguimiento que le están haciendo sus médicos de la zona, sus hijos están escolarizados en el barrio y su compañera necesita residir en un lugar que no esté alejado del trabajo para hacer asumible los trayectos.

Unas demandas totalmente de mínimos, que hacen inconcebible la última propuesta de la Agencia Catalana d’Habitatge, concediéndoles un realojo en Barcelona. Ya no se limitan en cambiarla de barrio, si no que pretenden cambiarla de localidad, alegando que no disponen de pisos vacíos en Hospitalet y exigiéndole una respuesta antes del 31 de enero, fecha en que expirará la propuesta. Sabemos que la afirmación es totalmente falsa, que en el barrio de Úrsula hay viviendas públicas vacias y podemos aportar direcciones específicas. Pero aunque eso no fuera asi, es tan sencillo como darle el alquiler en su vivienda actual.

Ante este despropósito, es inadmisible que la Generalitat pretenda promocionarse con leyes que a la práctica no protegen al ciudadano, como la Ley 4/2016, cuando la realidad es otra, sigue sin dar realojo a las familias en exclusión residencial, mientras pretende sacar una reforma legislativa, con el objetivo de echar a las familias que se ven obligadas a ocupar, ante la falta de una solución administrativa, con un proceso de 24 horas. 

Desde la PAH, no podemos seguir permitiendo este tipo de actuaciones que vulneran, no solo el derecho a una vivienda digna, sino leyes vigentes creadas para garantizar ese derecho. Peticiones como las de Úrsula son de mínimos y totalmente legítimas, recogidas  en la Ley 24/2015, donde se establece el Derecho de Arraigo, o lo que es lo mismo: la obligación de la Administración a realojar a las familias afectadas en las mismas zonas donde están integradas y desarrollan su vida. 

Mientras se sigan vulnerando los derechos de las familias y las leyes vigentes, nosotras seguiremos defendiendo a la ciudadania más vulnerable desde la calle, sabeedoras de que si no es por la Ley, será por la PAH, con la legitimidad y la razón que nos dan 8 años de victorias. Hoy lograremos el  #DerechoDeArraigo para Úrsula, mañana para las demás familias

#DerechoDeArraigo

*******************

PAH  Barcelona envaeix les oficines de l’Agència Catalana d’Habitatge per  exigir el reallotjament d’una família en risc d’exclusió social.

Davant la falta de solucions per part de la Generalitat de Catalunya i  l’Agència Catalana d’Habitatge la família afectada s’ha vist obligada a  ocupar un habitatge buit del parc públic.

PAH  Barcelona, hem ocupat l’Agència Catalana d’Habitatge, situada en la c/.  Diputació 92, per exigir el lloguer social d’Úrsula i la seva família,  sigui en el seu habitatge actual o en una altra de la seva mateixa zona,  tal com marca el dret d’arrelament contemplat en la Llei 24/2015.

Úrsula  viu amb la seva companya i dos fills, un d’ells menor d’edat, amb un  únic sou de 800 € per a tota la unitat familiar. Davant la precarietat  de la seva situació i la falta de solucions per part de l’administració,  la família es va veure obligada a ocupar un pis per poder tenir una  llar. Paradoxalment, l’ocupació va tenir lloc en un habitatge buit de  parc públic a Hospitalet, pertanyent a l’Agència Catalana d’Habitatge de  la Generalitat, una de tants habitatges que l’Administració municipal i  Habitatge asseguren que no existeixen. Úrsula, porta prop de tres anys  negociant i lluitant per regularitzar la seva situació, pel que solament necessita que li concedeixin un lloguer social, sigui en el seu habitatge actual sigui  en una altra de la mateixa zona, tal com marca el Dret d’Arrelament  contemplat en la llei 24/2015. Un dret al que s’acull, perquè així ho  regeix la llei i per la seva situació, tant personal com familiar.  Úrsula sofreix un pseudotumor  en el cervell, amb el consegüent seguiment que li estan fent els seus  metges de la zona, els seus fills estan escolaritzats al barri i la seva  companya necessita residir en un lloc que no estigui allunyat del  treball per fer assumible els trajectes.

Unes demandes totalment  de mínims, que fan inconcebible l’última proposta de l’Agència Catalana  d’Habitatge, concedint-los un reallotjament a Barcelona. Ja no es  limiten a canviar-la de barri, sinó que pretenen canviar-la de  localitat, al·legant que no disposen de pisos buits a Hospitalet i  exigint-li una resposta abans del 31 de gener, data en què expirarà la  proposta. Sabem que l’afirmació és totalment falsa, que al barri  d’Úrsula hi ha habitatges públics buits i podem aportar adreces  específiques. Però encara que això no fos així, és tan senzill com  donar-li el lloguer en el seu habitatge actual.

Davant aquest  despropòsit, és inadmissible que la Generalitat pretengui promocionar-se  amb lleis que a la pràctica no protegeixen al ciutadà, com la Llei  4/2016, quan la realitat és una altra, segueix sense donar reallotjament  a les famílies en exclusió residencial, mentre pretén treure una  reforma legislativa, amb l’objectiu de tirar a les famílies que es veuen  obligades a ocupar, davant la falta d’una solució administrativa, amb  un procés de 24 hores.

Des de la PAH,  no podem seguir permetent aquest tipus d’actuacions que vulneren, no  solament el dret a un habitatge digne, sinó lleis vigents creades per  garantir aquest dret. Peticions com les d’Úrsula són de mínims i  totalment legítimes, recollides en la Llei 24/2015, on s’estableix el  Dret d’Arrelament, o el que és el mateix: l’obligació de l’Administració  a reallotjar a les famílies afectades a les mateixes zones on estan  integrades i desenvolupen la seva vida.

Mentre se segueixin vulnerant els drets de les famílies i les lleis vigents, nosaltres seguirem defensant a la ciutadania més vulnerable des del carrer, sabedores que si no és per la Llei, serà per la PAH, amb la legitimitat i la raó que ens donen 8 anys de victòries. Avui aconseguirem el #DerechoDeArraigo per a Úrsula, demà per les altres famílies

#DerechoDeArraigo