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PorPAH_Bcn

Publicamos nuevas guías para interponer demandas en los Juzgados que reconozcan nuestros alquileres sociales

El Grupo Promotor y las abogadas que ganaron el caso pionero de Badalona seguiremos trabajando para extender este nuevo frente de lucha

Antes del verano publicamos y celebramos la sentencia pionera de Badalona, que obligaba a un gran tenedor a hacer una oferta de alquiler social a Ginés y Manoli, dos inquilinas de un piso con amenaza de desahucio en Badalona.

Ante este precedente importantísimo para reclamar a los Juzgados con fuerza el cumplimiento de la ley catalana 24/2015 para parar los desahucios, también anunciamos que nos poníamos a trabajar con las abogadas que han impulsado esta nueva vía para fomentar que se extienda.

Hoy presentamos los primeros resultados: dos guías, una para afectadas y la otra para abogadas, que explican qué es y cómo interponer la demanda declarativa del derecho a reclamar el alquiler social.

Las podéis consultar en los siguientes enlaces, en catalán y castellano:

Guía para abogadas:

Guía para afectadas:

Recordamos que con esta nueva demanda, somos nosotras quienes planteamos a los Juzgados, en la mayoría de los casos a través de abogados/das de oficio, que se nos reconozca el derecho a obtener el alquiler social y se obligue al propietario a hacerlo.

Hagamos un llamamiento a todas las profesionales para que usen la guía y que acompañen a las personas o familias que quieran reclamar el alquiler social a los Juzgados. También es importante que las propias personas afectadas conozcan esta nueva forma jurídica de luchar su caso.

A la vez, pedimos que el Consell de la Abogacía Catalana (CICAC), el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y a la Generalitat que organicen formaciones en los colegios profesionales para informar a los abogados y abogadas de esta nueva vía para defender el derecho a la vivienda.

¡Advertimos a los bancos y los buitres que haremos todo lo que esté en nuestras manos para conseguir firmar miles de alquileres sociales! Pronto vendrán más pasos para conseguirlos.

#StopDesahucios #AlquilerSocialYa

Porimpahrable

Se suspenden los desahucios de familias vulnerables en pisos de la Sareb en Barcelona gracias a la ley catalana antidesahucios

El Ayuntamiento de Barcelona ha acordado con la Sareb firmar 67 alquileres sociales para familias en riesgo de exclusión social. ¡Es necesario extenderlo a todos los casos amparados por la Ley 24/2015!

Las organizaciones impulsoras de la ley reclamamos que todos los pisos de Sareb pasen al parque público de alquiler de las comunidades autónomas y ayuntamientos

La ampliación de la ley catalana antidesahucios aprobada por el Parlament el pasado mes de marzo e impulsada desde las entidades sociales comienza a dar resultados poco más de medio año después de su entrada en vigor. Gracias a la Ley 24/2015 y a la obligación de ofrecer alquileres sociales, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado hoy un acuerdo con la Sareb, en el que la entidad se compromete a no desahuciar a aquellas familias vulnerables que cumplan los requisitos de vulnerabilidad establecidos por la norma.

Asimismo, el acuerdo anunciado hoy también incluye regularizar la situación de 67 familias que se encuentran en procesos de desahucio en diferentes estados de ejecución a través de contratos de alquiler social acogiéndose a la Ley 24/2015, por lo que deberían pagar una renta equivalente al 10%, el 12% o el 18% de sus ingresos. Además, el Ayuntamiento asegura que están estudiando la posibilidad de regularizar la situación de otras doscientas familias en las próximas semanas.

El acuerdo anunciado hoy en Barcelona sigue el de otros ayuntamientos que en los últimos meses han firmado alquileres sociales en base a la norma catalana. Exigimos que la Sareb extienda de forma inmediata los alquileres sociales a todos los casos amparados por la Ley 24/2015 en Catalunya. Es una anomalía inadmisible que una entidad pública que depende del Ministerio de Economía del Gobierno del Estado incumpla la ley catalana amenazando con desahucios, al igual que pretenden hacer los fondos buitre cada día. ¡Hacemos un llamamiento a redoblar la presión sobre la Sareb para ganarle el pulso definitivamente!

 

La Sareb debe pasar a ser el parque de alquiler público que no tenemos

Está claro que todavía queda mucho por hacer: seguimos reclamando que la Sareb, que desde principios de año cuenta con la participación mayoritaria del Estado, ceda su patrimonio inmobiliario a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para ampliar el parque público de vivienda, que ahora mismo se mantiene en torno al 2%, uno de los más bajos de la Unión Europea. Asimismo, hoy día siguen bloqueadas las negociaciones para sacar adelante la Ley de Vivienda, ya que el PSOE no acepta incluir medidas de mínimos, como devolver el rescate a los bancos en forma de vivienda pública de la Sareb o extender el alquiler social obligatorio a todo el Estado.

Las entidades impulsoras de la ley catalana antidesahucios tenemos claro que medidas como las anunciadas hoy son el resultado de varios años de presión sobre instituciones y partidos políticos para que estos cumplan y garanticen el derecho a la vivienda a la ciudadanía, especialmente a quien se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad. El esfuerzo de estas organizaciones y tantas otras del movimiento por una vivienda digna ha resultado en diversas medidas como la ya citada ley, la regulación de precios del alquiler en Catalunya (ahora derogada por el Tribunal Constitucional) o la moratoria que suspende parte de los desahucios y permite prorrogar los contratos de alquiler durante la pandemia por COVID-19. La Sareb ha recibido también una presión social continuada con campañas como “La Sareb es nuestra”, “Plan Sareb” y los cientos de personas desahuciadas que han sido realojadas en pisos o edificios vacíos, por la Obra Social de la PAH y el movimiento por el derecho a la vivienda.

Celebramos cada paso adelante logrado, porque son victorias para las personas y familias en riesgo de ser desahuciadas y resultado de años de lucha y presión a todos los niveles. Al mismo tiempo, ¡seguimos exigiendo soluciones inmediatas y generalizadas para detener todos los desahucios y firmar miles de alquileres sociales, a la Sareb y a todos los grandes propietarios!

Porimpahrable

Las medidas antidesahucios demuestran su efectividad a la hora de disminuir las ocupaciones en Barcelona y Catalunya

Barcelona publica hoy datos que demuestran la disminución de las denuncias por ocupación en un contexto de crisis económica por la pandemia y la inflación

La moratoria estatal, las prórrogas de los contratos de alquiler, la regulación de precios y las leyes catalanas antidesahucios funcionan para evitar que las familias tengan que ocupar

Hoy el Ayuntamiento de Barcelona ha publicado una actualización de los datos que publicó el pasado mes de junio sobre las ocupaciones en la ciudad, en respuesta a una propuesta del PSC de aprobar una declaración institucional que exige la agilización de los procesos de desahucio, en línea con el anuncio del PSOE de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y facultar a los jueces para desalojar a personas que hayan ocupado una vivienda en precario en 48 horas como máximo. Tras haber consultado a los Mossos d’Esquadra sobre las denuncias por ocupación hasta el 3r trimestre, Barcelona ha anunciado una disminución del 17% de las ocupaciones en la ciudad respecto a 2019.

Sobre este tema, desde la PAH Barcelona queremos hacer una serie de consideraciones: en primer lugar, insistir en que el fenómeno de la ocupación, tanto en la ciudad como en el resto de Catalunya, está sobredimensionado: los datos del propio Ayuntamiento de Barcelona y los del Consejo General del Poder Judicial −quien ha admitido en una respuesta a declaraciones similares hechas por otros ayuntamientos del Área Metropolitana, que los delitos de usurpación de inmuebles han disminuido en Catalunya un 59% de 2015 a 2020− demuestran que la ocupación evoluciona a la baja. Es incomprensible que el Partido Socialista insista en legislar en un fenómeno minoritario, mientras ignora la realidad más desgarradora: que nos encontramos en medio de una emergencia habitacional grave, con unos precios de alquiler disparados y un euríbor que amenaza con encarecer la hipoteca de miles de familias ya suficientemente asfixiadas por un aumento abusivo de los precios de la comida y los suministros, entre otros bienes de primera necesidad. Los socialistas, lejos de ponerse manos a la obra para resolver este grave problema y desencallar la Ley de Vivienda en el Congreso, prefieren comprarle el discurso a la ultraderecha, a empresas privadas que se lucran con el miedo −como las instaladoras de alarmas− y también a aquellas que operan al margen de la legalidad, como Desokupa, proponiendo medidas que atentan contra los derechos fundamentales de las familias más vulnerables.

Sin duda, la disminución de las ocupaciones podemos atribuirla precisamente al efecto de medidas sociales que se han impulsado en los últimos años por parte de las entidades del movimiento por la vivienda, todas ellas orientadas a detener los desahucios: la Ley 24/2015 contra la exclusión residencial y la pobreza energética, la moratoria estatal que suspende los desahucios, las prórrogas automáticas del contrato de alquiler durante la covid, la regulación de precios de alquiler en Catalunya y la Ley 1/2022 antidesahucios. Si bien todas estas medidas son −algunas− temporales y/o han sido activamente boicoteadas por partidos que sirven a los intereses de los grandes tenedores, es evidente lo que hace años que repetimos: si garantizamos el acceso a la vivienda a la ciudadanía, las familias no tendrán la necesidad de ocupar inmuebles para tener el techo que el mercado y los poderes públicos les niegan.

Por otra parte, la ocupación no es un fenómeno que afecte, de manera habitual, a casas habitadas o a propietarios particulares, al contrario: la gran mayoría de las veces se da en viviendas de grandes tenedores y entidades financieras, que casualmente también son los actores que mantienen un mayor volumen de pisos vacíos, más de 30.000 según datos de El Crític. En 2021 solo se detectaron ocupaciones en pisos vacíos, descartando de entrada esta pretendida alarma de ocupaciones en pisos normalmente habitados. Además, 3 de cada 4 pisos ocupados son de grandes propietarios, la mayoría de entidades financieras. Estos grandes tenedores son, en gran parte, responsables de la crisis de vivienda actual y no víctimas de las consecuencias de esta misma crisis, no deben ser protegidos de las ocupaciones a costa de la Administración. Esta confusión intencionada entre tipos de propietarios por parte de los socialistas y el bloqueo que mantienen de la Ley de Vivienda en el Congreso −negándose a extender a todo el Estado la medida del alquiler social de grandes propietarios vigente en Catalunya −hace pensar que tanto PSOE como PSC tienen interés en evitar que las leyes que intentan garantizar el derecho a la vivienda no perjudiquen las inversiones de fondos buitre como Blackstone. Por lo tanto, exigimos que el PSC/PSOE se deje de medidas populistas y aplique medidas de responsabilización directa a los grandes operadores inmobiliarios para los casos de ocupaciones de perfiles vulnerables. En Catalunya ya tienen un instrumento legal para hacerlo: la Ley 24/2015. De ellos depende que se cumpla y que se extienda al resto de comunidades autónomas de la mano de la Ley de Vivienda. ¡Basta de criminalizar la pobreza, es hora de tomar medidas valientes para garantizar el derecho a la vivienda!

PorPAH_Bcn

VICTORIAS PAH | María Jesús consigue un nuevo piso de la Mesa de Emergencia

Esta semana celebramos una nueva victoria en PAH Barcelona: ¡María Jesús ha conseguido un piso de la Mesa de Emergencia para vivir! Os contamos su historia:

María Jesús llegó a la PAH hace unos dos años porque estaba en riesgo de desahucio por impago de su alquiler: llevaba 20 años viviendo en la casa, pero las circunstancias económicas y el encarecimiento del alquiler le impidieron seguir pagando la renta. Tuvo orden de desahucio y no tenía dónde ir con tan solo 480€ de pensión contributiva. Desde la PAH se le informó sobre la Ley 24/2015 y las medidas con las que cuenta para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad y gracias a ello se pararon dos intentos de desahucio.

Con el tiempo, su situación se volvió insostenible y, cuando llegó la tercera orden de desahucio, se tuvo que ir de su casa y vivir en una habitación subarrendada de forma temporal. Sin embargo, al poco tiempo consiguió que la Generalitat le diera un piso de emergencia a finales de este mes de julio, ¡y hace una semanas finalmente firmó un contrato de 7 años con un alquiler acorde con sus ingresos! Por fin se había acabado la angustia: a pesar de todo, ¡sí, se puede!

Si tienes problemas con tu hipoteca o tu alquiler, ¡ven a la PAH! En Barcelona nos reunimos todos los lunes a las 17:30h en nuestro local (c/Leiva, 44 bis). Si vives fuera de Barcelona, busca en la lista de PAH Catalanas tu asamblea más próxima. ¡Te ayudamos a empoderarte y a garantizar tu derecho a una vivienda digna!

Porimpahrable

Las entidades sociales presentan datos que avalan la efectividad de las medidas contra los desahucios y la pobreza energética

Las leyes y medidas impulsadas por los movimientos sociales habrían evitado 1.000 desahucios al año y 200.000 cortes de suministros en Catalunya desde 2015

El perfil mayoritario de personas en riesgo de exclusión residencial y/o pobreza energética es el mismo: mujeres con menores a cargo

3 de cada 4 personas afectadas presentan malestar psicológico y la mitad tienen depresión debido a su situación

Puedes descargarte el informe aquí

Las leyes y medidas vigentes impulsadas por los movimientos sociales habrían evitado al menos 1.000 desahucios al año y un mínimo de  200.000 cortes de suministros en Catalunya desde 2015. Son los primeros datos que se ofrecen sobre el impacto de las medidas contra la pobreza energética y la exclusión residencial desde que se aprobó la Ley 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética hace ahora 7 años.

Estos datos forman parte del informe “Estado de la Exclusión residencial: impactos de la Ley 24/2015 y otras medidas de respuesta” elaborado por el Observatorio DESC, Ingeniería Sin Fronteras, la PAH de Barcelona, la Alianza Contra la Pobreza Energética y la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que se ha presentado hoy en la Lleialtat Santsenca de Barcelona después de dos años de trabajo conjunto con familias afectadas. El objetivo es estudiar y analizar el papel de los movimientos sociales, concretamente el de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), en la defensa del derecho a la vivienda y la energía y analizar la situación de emergencia habitacional en Catalunya en los últimos años. Situando el foco sobre la Ley 24/2015, una norma que deriva de una iniciativa legislativa popular impulsada por ambos colectivos y el Observatorio DESC, se hace un repaso de los diferentes cambios legislativos y las políticas que se han ido consiguiendo y el impacto de estas en las personas en riesgo de exclusión residencial. Asimismo, en este informe se reivindica el papel de las organizaciones sociales, como la PAH y la APE, como entidades que no solo rompen el discurso hegemónico sobre la exclusión residencial y la pobreza energética –entendida como un fracaso personal– sino como impulsoras de políticas públicas dirigidas a resolver estos problemas, como la propia Ley 24/2015 o bien las unidades municipales antidesahucios (llamadas SIPHO) en la ciudad de Barcelona.

Si bien las entidades se reafirman en la eficacia de estas leyes, admiten grandes dificultades a la hora de medir su impacto: las diferentes derogaciones que la ley ha sufrido en manos del Tribunal Constitucional, la oposición sistemática por parte de grandes tenedores y de las grandes compañías de suministros y la falta de control por parte de la Administración a la hora de hacerlas cumplir e informar a la población −de hecho, el 90% de personas afectadas afirma que su participación en organizaciones es lo que les ha permitidos conocer sus derechos habitacionales y de suministros– son algunas de las razones por las que no se disponen de datos absolutos. Aun así, los testimonios de las afectadas y los logros conseguidos por parte de las organizaciones indican que las medidas están funcionando.

 

Mujeres e infantes, los colectivos más susceptibles de sufrir exclusión residencial y pobreza energética y sus consecuencias en la salud

Siguiendo con el testimonio de las familias, uno de los apartados del informe se centra en el impacto en las personas afectadas, poniendo énfasis en la salud mentalsiguiendo la línea de trabajo del anterior informe− y la infancia. Respecto al perfil de las personas afectadas, los datos muestran una clara diferencia de género: casi el 69% son mujeres, mientras que los varones apenas alcanzan el 30%. Y si se mira con mayor detalle la composición de los hogares, el 32% están formados por una pareja con hijos e hijas y el 26% corresponde a familias monomarentales, de las cuales el 90,53% son mujeres con infantes a su cargo. Por otra parte, se desmonta el mito de que las personas con inseguridad residencial son mayoritariamente gente migrada; si bien es cierto que están más afectadas, el 60% de las personas que han participado en el estudio –y, por tanto, refieren tener problemas con la vivienda y/o los suministros– son nacidas en España. Asimismo, si bien existe un porcentaje elevado de personas en situación de desempleo, el 30% de las encuestadas afirma tener un contrato de trabajo, lo que refuerza aún más la existencia del fenómeno del trabajo precario.

En cuanto a la relación entre la pobreza energética y la exclusión residencial y su impacto en la salud mental, el informe calcula que cerca del 15% de infantes y adolescentes de 0-17 años en Barcelona viven en hogares que no pueden permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada en los meses de invierno y un 13,4% sufren retrasos en las facturas. Asimismo, entre las familias que declaran haber tenido dificultades para pagar agua, luz o gas, el 60,5% tienen hijos e hijas a cargo, y el 27% están formadas por infantes con una sola persona adulta, en este caso siempre una mujer. Asimismo, el informe mide el estado de salud de las personas afectadas. Según el informe, 3 de cada 4 personas presentaron malestar psicológico y la mitad presentaron depresión, con cifras similares en hombres y mujeres. Estos valores son mucho mayores que los que se observan en población general (16,4% de malestar psicológico y 4,7% de depresión medido en población española). Con relación a los infantes, el informe destaca que un 14,3% de los niños y un 15,4% de las niñas presentaron un estado de salud regular o malo, una proporción mucho mayor que los infantes de la población general de la ciudad de Barcelona (2,8% y 2% respectivamente). También se midió la calidad de vida, según la cual el 33,3% de los niños y el 47,6% de las niñas obtuvieron una puntuación baja, una proporción muy superior a la que se observa entre los infantes de Barcelona (8,7% y 7,5%, respectivamente).

Por último, el informe apunta algunas conclusiones y recomendaciones sobre políticas para abordar la crisis habitacional. Por un lado, se propone consolidar las medidas que a día de hoy son temporales –por la crisis de la covid– como, por ejemplo, la suspensión de desahucios y la moratoria de cortes de suministro a familias en situación de vulnerabilidad. Por otra parte, se insta a las diferentes Administraciones a aprobar nuevas leyes e impulsar nuevos servicios que consoliden y amplíen el derecho a una vivienda digna –como la instalación de contadores sociales en los hogares vulnerables o ampliar el servicio de intervención de desahucios en otros municipios fuera de Barcelona– y, sobre todo, en hacer cumplir y contabilizar el impacto de las medidas que ya están en vigor (como la 24/2015 y la 1/2022), a través de la implementación de mecanismos de control y sanciones contra aquellos actores que, por ahora, se resisten a implementarlas, es decir, bancos, fondos buitre y empresas suministradoras.