Las leyes y medidas impulsadas por los movimientos sociales habrían evitado 1.000 desahucios al año y 200.000 cortes de suministros en Catalunya desde 2015
El perfil mayoritario de personas en riesgo de exclusión residencial y/o pobreza energética es el mismo: mujeres con menores a cargo
3 de cada 4 personas afectadas presentan malestar psicológico y la mitad tienen depresión debido a su situación
Las leyes y medidas vigentes impulsadas por los movimientos sociales habrían evitado al menos 1.000 desahucios al año y un mínimo de 200.000 cortes de suministros en Catalunya desde 2015. Son los primeros datos que se ofrecen sobre el impacto de las medidas contra la pobreza energética y la exclusión residencial desde que se aprobó la Ley 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética hace ahora 7 años.
Estos datos forman parte del informe “Estado de la Exclusión residencial: impactos de la Ley 24/2015 y otras medidas de respuesta” elaborado por el Observatorio DESC, Ingeniería Sin Fronteras, la PAH de Barcelona, la Alianza Contra la Pobreza Energética y la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que se ha presentado hoy en la Lleialtat Santsenca de Barcelona después de dos años de trabajo conjunto con familias afectadas. El objetivo es estudiar y analizar el papel de los movimientos sociales, concretamente el de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), en la defensa del derecho a la vivienda y la energía y analizar la situación de emergencia habitacional en Catalunya en los últimos años. Situando el foco sobre la Ley 24/2015, una norma que deriva de una iniciativa legislativa popular impulsada por ambos colectivos y el Observatorio DESC, se hace un repaso de los diferentes cambios legislativos y las políticas que se han ido consiguiendo y el impacto de estas en las personas en riesgo de exclusión residencial. Asimismo, en este informe se reivindica el papel de las organizaciones sociales, como la PAH y la APE, como entidades que no solo rompen el discurso hegemónico sobre la exclusión residencial y la pobreza energética –entendida como un fracaso personal– sino como impulsoras de políticas públicas dirigidas a resolver estos problemas, como la propia Ley 24/2015 o bien las unidades municipales antidesahucios (llamadas SIPHO) en la ciudad de Barcelona.
Si bien las entidades se reafirman en la eficacia de estas leyes, admiten grandes dificultades a la hora de medir su impacto: las diferentes derogaciones que la ley ha sufrido en manos del Tribunal Constitucional, la oposición sistemática por parte de grandes tenedores y de las grandes compañías de suministros y la falta de control por parte de la Administración a la hora de hacerlas cumplir e informar a la población −de hecho, el 90% de personas afectadas afirma que su participación en organizaciones es lo que les ha permitidos conocer sus derechos habitacionales y de suministros– son algunas de las razones por las que no se disponen de datos absolutos. Aun así, los testimonios de las afectadas y los logros conseguidos por parte de las organizaciones indican que las medidas están funcionando.
Mujeres e infantes, los colectivos más susceptibles de sufrir exclusión residencial y pobreza energética –y sus consecuencias en la salud
Siguiendo con el testimonio de las familias, uno de los apartados del informe se centra en el impacto en las personas afectadas, poniendo énfasis en la salud mental −siguiendo la línea de trabajo del anterior informe− y la infancia. Respecto al perfil de las personas afectadas, los datos muestran una clara diferencia de género: casi el 69% son mujeres, mientras que los varones apenas alcanzan el 30%. Y si se mira con mayor detalle la composición de los hogares, el 32% están formados por una pareja con hijos e hijas y el 26% corresponde a familias monomarentales, de las cuales el 90,53% son mujeres con infantes a su cargo. Por otra parte, se desmonta el mito de que las personas con inseguridad residencial son mayoritariamente gente migrada; si bien es cierto que están más afectadas, el 60% de las personas que han participado en el estudio –y, por tanto, refieren tener problemas con la vivienda y/o los suministros– son nacidas en España. Asimismo, si bien existe un porcentaje elevado de personas en situación de desempleo, el 30% de las encuestadas afirma tener un contrato de trabajo, lo que refuerza aún más la existencia del fenómeno del trabajo precario.
En cuanto a la relación entre la pobreza energética y la exclusión residencial y su impacto en la salud mental, el informe calcula que cerca del 15% de infantes y adolescentes de 0-17 años en Barcelona viven en hogares que no pueden permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada en los meses de invierno y un 13,4% sufren retrasos en las facturas. Asimismo, entre las familias que declaran haber tenido dificultades para pagar agua, luz o gas, el 60,5% tienen hijos e hijas a cargo, y el 27% están formadas por infantes con una sola persona adulta, en este caso siempre una mujer. Asimismo, el informe mide el estado de salud de las personas afectadas. Según el informe, 3 de cada 4 personas presentaron malestar psicológico y la mitad presentaron depresión, con cifras similares en hombres y mujeres. Estos valores son mucho mayores que los que se observan en población general (16,4% de malestar psicológico y 4,7% de depresión medido en población española). Con relación a los infantes, el informe destaca que un 14,3% de los niños y un 15,4% de las niñas presentaron un estado de salud regular o malo, una proporción mucho mayor que los infantes de la población general de la ciudad de Barcelona (2,8% y 2% respectivamente). También se midió la calidad de vida, según la cual el 33,3% de los niños y el 47,6% de las niñas obtuvieron una puntuación baja, una proporción muy superior a la que se observa entre los infantes de Barcelona (8,7% y 7,5%, respectivamente).
Por último, el informe apunta algunas conclusiones y recomendaciones sobre políticas para abordar la crisis habitacional. Por un lado, se propone consolidar las medidas que a día de hoy son temporales –por la crisis de la covid– como, por ejemplo, la suspensión de desahucios y la moratoria de cortes de suministro a familias en situación de vulnerabilidad. Por otra parte, se insta a las diferentes Administraciones a aprobar nuevas leyes e impulsar nuevos servicios que consoliden y amplíen el derecho a una vivienda digna –como la instalación de contadores sociales en los hogares vulnerables o ampliar el servicio de intervención de desahucios en otros municipios fuera de Barcelona– y, sobre todo, en hacer cumplir y contabilizar el impacto de las medidas que ya están en vigor (como la 24/2015 y la 1/2022), a través de la implementación de mecanismos de control y sanciones contra aquellos actores que, por ahora, se resisten a implementarlas, es decir, bancos, fondos buitre y empresas suministradoras.
