Archivo de etiquetas Ley 24/2015

PorPAH_Bcn

VICTORIAS PAH | María Jesús consigue un nuevo piso de la Mesa de Emergencia

Esta semana celebramos una nueva victoria en PAH Barcelona: ¡María Jesús ha conseguido un piso de la Mesa de Emergencia para vivir! Os contamos su historia:

María Jesús llegó a la PAH hace unos dos años porque estaba en riesgo de desahucio por impago de su alquiler: llevaba 20 años viviendo en la casa, pero las circunstancias económicas y el encarecimiento del alquiler le impidieron seguir pagando la renta. Tuvo orden de desahucio y no tenía dónde ir con tan solo 480€ de pensión contributiva. Desde la PAH se le informó sobre la Ley 24/2015 y las medidas con las que cuenta para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad y gracias a ello se pararon dos intentos de desahucio.

Con el tiempo, su situación se volvió insostenible y, cuando llegó la tercera orden de desahucio, se tuvo que ir de su casa y vivir en una habitación subarrendada de forma temporal. Sin embargo, al poco tiempo consiguió que la Generalitat le diera un piso de emergencia a finales de este mes de julio, ¡y hace una semanas finalmente firmó un contrato de 7 años con un alquiler acorde con sus ingresos! Por fin se había acabado la angustia: a pesar de todo, ¡sí, se puede!

Si tienes problemas con tu hipoteca o tu alquiler, ¡ven a la PAH! En Barcelona nos reunimos todos los lunes a las 17:30h en nuestro local (c/Leiva, 44 bis). Si vives fuera de Barcelona, busca en la lista de PAH Catalanas tu asamblea más próxima. ¡Te ayudamos a empoderarte y a garantizar tu derecho a una vivienda digna!

PorimPAHrable

Las entidades sociales presentan datos que avalan la efectividad de las medidas contra los desahucios y la pobreza energética

Las leyes y medidas impulsadas por los movimientos sociales habrían evitado 1.000 desahucios al año y 200.000 cortes de suministros en Catalunya desde 2015

El perfil mayoritario de personas en riesgo de exclusión residencial y/o pobreza energética es el mismo: mujeres con menores a cargo

3 de cada 4 personas afectadas presentan malestar psicológico y la mitad tienen depresión debido a su situación

Puedes descargarte el informe aquí

Las leyes y medidas vigentes impulsadas por los movimientos sociales habrían evitado al menos 1.000 desahucios al año y un mínimo de  200.000 cortes de suministros en Catalunya desde 2015. Son los primeros datos que se ofrecen sobre el impacto de las medidas contra la pobreza energética y la exclusión residencial desde que se aprobó la Ley 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética hace ahora 7 años.

Estos datos forman parte del informe “Estado de la Exclusión residencial: impactos de la Ley 24/2015 y otras medidas de respuesta” elaborado por el Observatorio DESC, Ingeniería Sin Fronteras, la PAH de Barcelona, la Alianza Contra la Pobreza Energética y la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que se ha presentado hoy en la Lleialtat Santsenca de Barcelona después de dos años de trabajo conjunto con familias afectadas. El objetivo es estudiar y analizar el papel de los movimientos sociales, concretamente el de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), en la defensa del derecho a la vivienda y la energía y analizar la situación de emergencia habitacional en Catalunya en los últimos años. Situando el foco sobre la Ley 24/2015, una norma que deriva de una iniciativa legislativa popular impulsada por ambos colectivos y el Observatorio DESC, se hace un repaso de los diferentes cambios legislativos y las políticas que se han ido consiguiendo y el impacto de estas en las personas en riesgo de exclusión residencial. Asimismo, en este informe se reivindica el papel de las organizaciones sociales, como la PAH y la APE, como entidades que no solo rompen el discurso hegemónico sobre la exclusión residencial y la pobreza energética –entendida como un fracaso personal– sino como impulsoras de políticas públicas dirigidas a resolver estos problemas, como la propia Ley 24/2015 o bien las unidades municipales antidesahucios (llamadas SIPHO) en la ciudad de Barcelona.

Si bien las entidades se reafirman en la eficacia de estas leyes, admiten grandes dificultades a la hora de medir su impacto: las diferentes derogaciones que la ley ha sufrido en manos del Tribunal Constitucional, la oposición sistemática por parte de grandes tenedores y de las grandes compañías de suministros y la falta de control por parte de la Administración a la hora de hacerlas cumplir e informar a la población −de hecho, el 90% de personas afectadas afirma que su participación en organizaciones es lo que les ha permitidos conocer sus derechos habitacionales y de suministros– son algunas de las razones por las que no se disponen de datos absolutos. Aun así, los testimonios de las afectadas y los logros conseguidos por parte de las organizaciones indican que las medidas están funcionando.

 

Mujeres e infantes, los colectivos más susceptibles de sufrir exclusión residencial y pobreza energética y sus consecuencias en la salud

Siguiendo con el testimonio de las familias, uno de los apartados del informe se centra en el impacto en las personas afectadas, poniendo énfasis en la salud mentalsiguiendo la línea de trabajo del anterior informe− y la infancia. Respecto al perfil de las personas afectadas, los datos muestran una clara diferencia de género: casi el 69% son mujeres, mientras que los varones apenas alcanzan el 30%. Y si se mira con mayor detalle la composición de los hogares, el 32% están formados por una pareja con hijos e hijas y el 26% corresponde a familias monomarentales, de las cuales el 90,53% son mujeres con infantes a su cargo. Por otra parte, se desmonta el mito de que las personas con inseguridad residencial son mayoritariamente gente migrada; si bien es cierto que están más afectadas, el 60% de las personas que han participado en el estudio –y, por tanto, refieren tener problemas con la vivienda y/o los suministros– son nacidas en España. Asimismo, si bien existe un porcentaje elevado de personas en situación de desempleo, el 30% de las encuestadas afirma tener un contrato de trabajo, lo que refuerza aún más la existencia del fenómeno del trabajo precario.

En cuanto a la relación entre la pobreza energética y la exclusión residencial y su impacto en la salud mental, el informe calcula que cerca del 15% de infantes y adolescentes de 0-17 años en Barcelona viven en hogares que no pueden permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada en los meses de invierno y un 13,4% sufren retrasos en las facturas. Asimismo, entre las familias que declaran haber tenido dificultades para pagar agua, luz o gas, el 60,5% tienen hijos e hijas a cargo, y el 27% están formadas por infantes con una sola persona adulta, en este caso siempre una mujer. Asimismo, el informe mide el estado de salud de las personas afectadas. Según el informe, 3 de cada 4 personas presentaron malestar psicológico y la mitad presentaron depresión, con cifras similares en hombres y mujeres. Estos valores son mucho mayores que los que se observan en población general (16,4% de malestar psicológico y 4,7% de depresión medido en población española). Con relación a los infantes, el informe destaca que un 14,3% de los niños y un 15,4% de las niñas presentaron un estado de salud regular o malo, una proporción mucho mayor que los infantes de la población general de la ciudad de Barcelona (2,8% y 2% respectivamente). También se midió la calidad de vida, según la cual el 33,3% de los niños y el 47,6% de las niñas obtuvieron una puntuación baja, una proporción muy superior a la que se observa entre los infantes de Barcelona (8,7% y 7,5%, respectivamente).

Por último, el informe apunta algunas conclusiones y recomendaciones sobre políticas para abordar la crisis habitacional. Por un lado, se propone consolidar las medidas que a día de hoy son temporales –por la crisis de la covid– como, por ejemplo, la suspensión de desahucios y la moratoria de cortes de suministro a familias en situación de vulnerabilidad. Por otra parte, se insta a las diferentes Administraciones a aprobar nuevas leyes e impulsar nuevos servicios que consoliden y amplíen el derecho a una vivienda digna –como la instalación de contadores sociales en los hogares vulnerables o ampliar el servicio de intervención de desahucios en otros municipios fuera de Barcelona– y, sobre todo, en hacer cumplir y contabilizar el impacto de las medidas que ya están en vigor (como la 24/2015 y la 1/2022), a través de la implementación de mecanismos de control y sanciones contra aquellos actores que, por ahora, se resisten a implementarlas, es decir, bancos, fondos buitre y empresas suministradoras.

PorPAH_Bcn

Victorias PAH: De estar ocupando una vivienda en precario a un alquiler social con la Administración

¡Otra nueva victoria de la asamblea de PAH BCN esta semana! ¡Después de 5 años de lucha, Wendy ha pasado de estar ocupando una vivienda en precario a conseguir un alquiler social de 7 años seguro y estable! Os explicamos su historia.

Wendy llegó a la PAH de Barcelona porque había sido expulsada de su hogar −donde vivía de alquiler− y tuvo que ocupar una vivienda porque estando sola, sin empleo y con tres hijos a cargo le era imposible acceder a un alquiler a precio de mercado. Wendy, al ser consciente de la precariedad y la criminalización que implica estar en esta situación se acercó a la PAH para conocer qué es lo que querían decir las activistas cuando gritaban, en desahucios y manifestaciones, que “la vivienda es un derecho”. Al poco de llegar a la asamblea le llegó la carta del banco Abanca −una de las muchas entidades que acapararon viviendas en este país y que se benfició del rescate pagado con dinero público−, le puso una denuncia por lo penal por usurpación y una demanda de desahucio. 

Wendy no estaba dispuesta a volver a vivir la pesadilla de 2017, así que se empoderó y luchó: participó en manifestaciones, empapeló oficinas, ocupó sedes, envió cientos y cientos de correos y burofax… parecía que no tenía alternativa, así que desde la PAH probaron con otra estrategia: que la Administración, en concreto la Generalitat de Catalunya, ejerciera el derecho de tanteo y retracto reconocido por la Ley 18/2007, del derecho a la vivienda y comprara la vivienda de Wendy antes de que Abanca se la vendiera a un fondo buitre, como han hecho todos los bancos estos últimos años. 

¡Y funcionó! Aunque ello no estuviera exento de problemas, como la maratón burocrática a la que la sometieron antes de concederle un alquiler social y que se agravó especialmente durante la pandemia. A pesar de todo, la perseverancia de Wendy al quedarse en su casa y el apoyo de la asamblea de PAH Barcelona han triunfado: este viernes, con la sonrisa en la cara, firmó los papeles y ahora tiene por delante 7 años de contrato y pagando una renta de acuerdo a sus ingresos. 

Esta nueva victoria nos demuestra que la perseverancia de las afectadas y la sabiduría colectiva son herramientas útiles para luchar por nuestro derecho a la vivienda. Como dice la propia Wendy: “Estoy muy agradecida a la PAH por todo lo que me ha enseñado, que ha sido mucho, que básicamente es que soy una ciudadana con derechos y me ha empoderado para luchar por ellos. No nos cansaremos de repetirlo: ¡sí se puede!

Si tienes problemas con tu hipoteca o tu alquiler, ¡ven a la PAH! En Barcelona nos reunimos todos los lunes a las 17:30h en nuestro local (C/Leiva, 44 bis). Si vives fuera de Barcelona, busca en la lista de PAH Catalanas tu asamblea más próxima. ¡Te ayudamos a empoderarte y a garantizar tu derecho a una vivienda digna!

PorPAH_Bcn

¡Nueva victoria de la PAH: Marco y Solange han firmado un alquiler social por 7 años!

Esta semana estamos de  celebración en la asamblea de PAH BCN: ¡Marco y Solange han firmado un alquiler social por 7 años con CaixaBank, según la Ley 24/2015!

Él mismo te cuenta en el vídeo su historia

 

Si tienes problemas con tu hipoteca o alquiler, o has tenido que ocupar una vivienda de un buitre para no dormir en la calle, ¡ven a la PAH! En Barcelona nos reunimos todos los lunes a las 17:30h en nuestro local (C/Leiva, 44 bis). Si vives fuera de Barcelona, busca en la lista de PAH Catalanas tu asamblea más cercana. ¡Te ayudamos a empoderarte y a garantizar tu derecho a una vivienda digna!

PorPAH_Bcn

Las PAHs catalanas exigen a los grandes propietarios que cumplan la ley antidesahucios catalana

Activistas de la PAH se citan ante diferentes oficinas de entidades financieras y fondos buitre para entregar documentación y exigir soluciones para las familias afectadas

Hoy 26 de mayo las PAHs de Catalunya han convocado una acción sorpresa ante las oficinas de bancos y fondos buitre para entregar la documentación de familias en riesgo de desahucio, pero que cumplen los requisitos para obtener un alquiler social según la nueva Ley 1/2022 antidesahucios. Esta acción se enmarca dentro de una campaña de presión cuyo objetivo es reivindicar el cumplimiento de la nueva ley que amplió la Ley 24/2015 por parte de grandes tenedores con más de 10 pisos y que se niegan a hacerlo.

La PAH Barcelona, en particular, ha decidido visitar un aoficina de Banc Sabadell en la calle Roselló con Rambla Catalunya, sede corporativa del Banco Sabadell. Hemos escogido esta entidad porque a nuestra asamblea llegan muchos casos de familias que firmaron hipotecas y alquileres sociales con Banco Sabadell o su sociedad inmobiliaria, Solvia. Posteriormente, la entidad vendió muchos de estos inmuebles a Promontoria Coliseum, una sociedad de inversión, cuyo propietario es el fondo buitre Cerberus (80%), si bien Banco Sabadell conserva parte de las acciones (20%), por lo que desde la PAH entendemos que la entidad tiene la responsabilidad, como gran tenedor y propietaria, de obligar a Promontoria Coliseum a otorgar el alquiler social a estas familias. Desde la recuperación de la ley catalana que obliga a hacer alquileres sociales a grandes tenedores como el Sabadell, este se ha lavado las manos asegurando que muchas de las viviendas ya no son de su propiedad, pero la realidad es que han dejado desamparadas a muchas familias con quienes firmaron acuerdos en su momento. Es el caso de Xesca, Alicia y José, quienes firmaron una dación en pago con alquiler social y ahora Promontoria Coliseum se niega a renovarles el alquiler. Otros casos son los de Tomislav y Carmen, quienes exigen su alquiler social por su situación de ocupación en precario.

El pasado mes de febrero el Parlamento de Catalunya aprobó la Ley 1/2022 para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda, un texto que volvía a restituir algunos supuestos importantes de alquiler social de la Ley 24/2015 tumbados por el Tribunal Constitucional a instancia del Partido Popular y el gobierno español.

El principal efecto de esta ley es que detiene los desahucios hipotecarios, de alquiler y de ocupación. En el caso de los grandes tenedores como bancos, fondos buitre e inmobiliarias (es decir, personas jurídicas con más de 10 inmuebles), la ley obliga a la propiedad a ofrecer un alquiler social de 7 años a las familias antes de desahuciarlas. Por otra parte, la ley antidesahucios también contempla la cesión obligatoria de vivienda por parte de bancos y fondos buitre, lo que permite movilizar pisos vacíos para realojar a familias en riesgo de exclusión residencial y que ni siquiera pueden optar a una vivienda pública porque en Catalunya y España apenas constituye el 2% del total.

Está claro que la Ley 24/2015 es útil y eficaz, pero los bancos están reaccionando como siempre: utilizan la burocracia para confundir e intimidar a las familias, demorando y resistiéndose a firmar los alquileres sociales. Esta ley les molesta porque va contra sus intereses, les prohíbe hundir a las familias de por vida para sacar provecho y les impide tener vivienda vacía para especular.

Hace dos meses, exigimos al presidente de Catalunya, Pere Aragonès, que aplique la Ley 24/2015 con urgencia y sin que le tiemble el pulso. Estamos manteniendo reuniones con la Agencia de Vivienda de Catalunya y la Agencia Catalana del Consumo para que sancionen, tal y como marca la Ley, a quien no ofrezca alquileres sociales un mes después de haber recibido la solicitud y la documentación.

Durante este tiempo, bancos como CaixaBank, Banco Sabadell o BBVA vuelven a dilatar los procesos para no realizar alquileres sociales a las familias, mientras que fondo buitre como Blackstone, Cerberus-Divarian, etc. no dan señales de vida… ¡ahora que deben cumplir con la ley! Es por esto que hoy salimos todas las PAHs de Catalunya a señalar a las entidades financieras y sus amigos buitres. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que se dirija a las oficinas bancarias de toda Catalunya exigiendo el cumplimiento de la ley; y avisamos de que continuaremos yendo a sus oficinas o donde sea necesario hasta conseguir nuestros alquileres sociales. Denunciaremos públicamente esta actitud antisocial y contraria a la Ley por parte de estos tenedores (más propia de la mafia), al tiempo que informaremos a toda la ciudadanía de sus derechos.

No dejaremos tranquilos ni a los fondos ni a las entidades financieras, hasta que cumplan la ley. ¡Esto solo acaba de empezar!