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PorPAH_Bcn

Promontoria Coliseum (Cerberus) quiere echar de casa a una familia hipotecada en vez de ofrecerle el alquiler social que le corresponde por ley

El próximo viernes 21 de abril está previsto el 4º intento de desahucio de Nancy en manos de Promontoria Coliseum, una inmobiliaria controlada al 100% por el fondo buitre Cerberus. El pasado lunes la PAH de Barcelona logró parar el desahucio in extremis, a pesar de la insistencia de la comitiva y los Mossos d’Esquadra que «no quieren discutir leyes». Nancy tiene derecho a un alquiler social gracias a la normativa antidesahucios catalana (Leyes 24/2015 y 1/2022), que obliga a los grandes tenedores de vivienda −como bancos y fondos buitre− a ofrecer un alquiler social a las familias que demuestran situación de vulnerabilidad antes de desahuciarlas, tanto en casos de impago de alquiler como de hipoteca o finalización de contrato de arrendamiento.

 

Una familia hipotecada víctima de la crisis

 

Nancy lleva más de 15 años viviendo en este piso, situado en la calle Bac de Roda, 79, en el barrio de Sant Martí en Barcelona. De hecho, era de su propiedad: como tantas otras familias en este país, se hipotecó para tener un techo, con la CAM en el 2007, que posteriormente cedió el crédito al Banco Sabadell. En 2013, por culpa de la crisis económica, dejó de pagar, y el banco subastó la vivienda y a ella le quedó una deuda de 139.000€. Durante todo este tiempo Nancy, acompañada por la PAH de Barcelona, intentó negociar una dación en pago, pero la única respuesta del banco fue proponerle un realojo, aunque la entidad nunca llegó a enseñarle ninguno ni a hacerle una propuesta formal.

 

Con el tiempo, Banco Sabadell creó con Cerberus la sociedad Promontoria Coliseum, a la que le transmitió la propiedad de miles de pisos, entre ellos el de Nancy. Desde entonces, el fondo se ha negado a ofrecerle ninguna alternativa alguna más allá del desahucio. Asimismo, la afectada ha denunciado la situación ante el Ayuntamiento de Barcelona para que éste sancione a Promontoria de acuerdo con la Ley 24/2015; por su parte, el magistrado del Juzgado de Primera Instancia Nº 9, Antonio Lechón Hernández, se niega a suspender el lanzamiento porque entiende que “[…]el derecho a la vivienda no tiene protección constitucional directa e inmediata del artículo 53.2 CE, es decir, no es directa o inmediatamente ejercitable como verdadero derecho subjetivo o no ofrece a los ciudadanos la posibilidad de reclamar a los Tribunales su efectiva satisfacción […]», obviando la normativa catalana y tildándola de «administrativa». 

 

Un exdirectivo del Banco Popular involucrado

Según las investigaciones realizadas por la PAH de Barcelona, la denunciante, Promontoria Coliseum Residential, es una Sociedad Limitada ubicada en Madrid −en una oficina fantasma−, creada en 2019 con la participación inicial del fondo de inversión Cerberus en un 80% y por el Banco Sabadell en un 20%. A finales del año pasado Banco Sabadell anunció que vendía su participación y ahora Cerberus posee el 100% de la empresa. Forma parte de un conglomerado de empresas creadas ad hoc para conducir las inversiones de Cerberus en toda España, todas ellas con el prefijo “Promontoria”- (Coliseum, Challenger, Marina, Manzana, Yosemite, Jaguar, Bahia, Poseidon, Macc, etc.) y regularmente auditadas por la firma PricewaterhouseCoopers (PwC).

 

Si bien en los consejos administrativos de éstas constan varios nombres de directivos de Cerberus, hay dos que destacan por ser los más concurrentes: Gerardus Johannes Schipper y Francisco Juan Sancha Bermejo. Este último fue directivo del desaparecido Banco Popular, como director general del banco y responsable del Área de Negocio Inmobiliario y Transformación de Activos (NITA). De hecho, fue de los directivos que, pese a tener la quiebra a la vuelta de la esquina, todavía estuvieron cobrando beneficios de la entidad mientras las más de 300.000 familias afectadas por el Popular se asomaban a la ruina económica

 

Este caso demuestra que la actual crisis habitacional protagonizada ahora por la burbuja de alquiler, ha sido provocada por los mismos que provocaron la anterior crisis hipotecaria, que siguen sin haber pagado por su nefasta gestión y que ahora pretenden seguir enriqueciéndose a costa de familias como la de Nancy. Por ello, ¡convocamos a todas las activistas de Barcelona y a los medios para denunciar estas prácticas especulativas, detener el desahucio y exigir que Cerberus cumpla con la ley!

 

Hasta ahora Promontoria no ha accedido a dar ninguna solución a las familias de la PAH, ni a Nancy. En la convocatoria habrá más familias afectadas por este fondo  buitre.



PorPAH_Bcn

Publicamos nuevas guías para interponer demandas en los Juzgados que reconozcan nuestros alquileres sociales

El Grupo Promotor y las abogadas que ganaron el caso pionero de Badalona seguiremos trabajando para extender este nuevo frente de lucha

Antes del verano publicamos y celebramos la sentencia pionera de Badalona, que obligaba a un gran tenedor a hacer una oferta de alquiler social a Ginés y Manoli, dos inquilinas de un piso con amenaza de desahucio en Badalona.

Ante este precedente importantísimo para reclamar a los Juzgados con fuerza el cumplimiento de la ley catalana 24/2015 para parar los desahucios, también anunciamos que nos poníamos a trabajar con las abogadas que han impulsado esta nueva vía para fomentar que se extienda.

Hoy presentamos los primeros resultados: dos guías, una para afectadas y la otra para abogadas, que explican qué es y cómo interponer la demanda declarativa del derecho a reclamar el alquiler social.

Las podéis consultar en los siguientes enlaces, en catalán y castellano:

Guía para abogadas:

Guía para afectadas:

Recordamos que con esta nueva demanda, somos nosotras quienes planteamos a los Juzgados, en la mayoría de los casos a través de abogados/das de oficio, que se nos reconozca el derecho a obtener el alquiler social y se obligue al propietario a hacerlo.

Hagamos un llamamiento a todas las profesionales para que usen la guía y que acompañen a las personas o familias que quieran reclamar el alquiler social a los Juzgados. También es importante que las propias personas afectadas conozcan esta nueva forma jurídica de luchar su caso.

A la vez, pedimos que el Consell de la Abogacía Catalana (CICAC), el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y a la Generalitat que organicen formaciones en los colegios profesionales para informar a los abogados y abogadas de esta nueva vía para defender el derecho a la vivienda.

¡Advertimos a los bancos y los buitres que haremos todo lo que esté en nuestras manos para conseguir firmar miles de alquileres sociales! Pronto vendrán más pasos para conseguirlos.

#StopDesahucios #AlquilerSocialYa

Porimpahrable

Se suspenden los desahucios de familias vulnerables en pisos de la Sareb en Barcelona gracias a la ley catalana antidesahucios

El Ayuntamiento de Barcelona ha acordado con la Sareb firmar 67 alquileres sociales para familias en riesgo de exclusión social. ¡Es necesario extenderlo a todos los casos amparados por la Ley 24/2015!

Las organizaciones impulsoras de la ley reclamamos que todos los pisos de Sareb pasen al parque público de alquiler de las comunidades autónomas y ayuntamientos

La ampliación de la ley catalana antidesahucios aprobada por el Parlament el pasado mes de marzo e impulsada desde las entidades sociales comienza a dar resultados poco más de medio año después de su entrada en vigor. Gracias a la Ley 24/2015 y a la obligación de ofrecer alquileres sociales, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado hoy un acuerdo con la Sareb, en el que la entidad se compromete a no desahuciar a aquellas familias vulnerables que cumplan los requisitos de vulnerabilidad establecidos por la norma.

Asimismo, el acuerdo anunciado hoy también incluye regularizar la situación de 67 familias que se encuentran en procesos de desahucio en diferentes estados de ejecución a través de contratos de alquiler social acogiéndose a la Ley 24/2015, por lo que deberían pagar una renta equivalente al 10%, el 12% o el 18% de sus ingresos. Además, el Ayuntamiento asegura que están estudiando la posibilidad de regularizar la situación de otras doscientas familias en las próximas semanas.

El acuerdo anunciado hoy en Barcelona sigue el de otros ayuntamientos que en los últimos meses han firmado alquileres sociales en base a la norma catalana. Exigimos que la Sareb extienda de forma inmediata los alquileres sociales a todos los casos amparados por la Ley 24/2015 en Catalunya. Es una anomalía inadmisible que una entidad pública que depende del Ministerio de Economía del Gobierno del Estado incumpla la ley catalana amenazando con desahucios, al igual que pretenden hacer los fondos buitre cada día. ¡Hacemos un llamamiento a redoblar la presión sobre la Sareb para ganarle el pulso definitivamente!

 

La Sareb debe pasar a ser el parque de alquiler público que no tenemos

Está claro que todavía queda mucho por hacer: seguimos reclamando que la Sareb, que desde principios de año cuenta con la participación mayoritaria del Estado, ceda su patrimonio inmobiliario a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para ampliar el parque público de vivienda, que ahora mismo se mantiene en torno al 2%, uno de los más bajos de la Unión Europea. Asimismo, hoy día siguen bloqueadas las negociaciones para sacar adelante la Ley de Vivienda, ya que el PSOE no acepta incluir medidas de mínimos, como devolver el rescate a los bancos en forma de vivienda pública de la Sareb o extender el alquiler social obligatorio a todo el Estado.

Las entidades impulsoras de la ley catalana antidesahucios tenemos claro que medidas como las anunciadas hoy son el resultado de varios años de presión sobre instituciones y partidos políticos para que estos cumplan y garanticen el derecho a la vivienda a la ciudadanía, especialmente a quien se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad. El esfuerzo de estas organizaciones y tantas otras del movimiento por una vivienda digna ha resultado en diversas medidas como la ya citada ley, la regulación de precios del alquiler en Catalunya (ahora derogada por el Tribunal Constitucional) o la moratoria que suspende parte de los desahucios y permite prorrogar los contratos de alquiler durante la pandemia por COVID-19. La Sareb ha recibido también una presión social continuada con campañas como “La Sareb es nuestra”, “Plan Sareb” y los cientos de personas desahuciadas que han sido realojadas en pisos o edificios vacíos, por la Obra Social de la PAH y el movimiento por el derecho a la vivienda.

Celebramos cada paso adelante logrado, porque son victorias para las personas y familias en riesgo de ser desahuciadas y resultado de años de lucha y presión a todos los niveles. Al mismo tiempo, ¡seguimos exigiendo soluciones inmediatas y generalizadas para detener todos los desahucios y firmar miles de alquileres sociales, a la Sareb y a todos los grandes propietarios!

Porimpahrable

Las medidas antidesahucios demuestran su efectividad a la hora de disminuir las ocupaciones en Barcelona y Catalunya

Barcelona publica hoy datos que demuestran la disminución de las denuncias por ocupación en un contexto de crisis económica por la pandemia y la inflación

La moratoria estatal, las prórrogas de los contratos de alquiler, la regulación de precios y las leyes catalanas antidesahucios funcionan para evitar que las familias tengan que ocupar

Hoy el Ayuntamiento de Barcelona ha publicado una actualización de los datos que publicó el pasado mes de junio sobre las ocupaciones en la ciudad, en respuesta a una propuesta del PSC de aprobar una declaración institucional que exige la agilización de los procesos de desahucio, en línea con el anuncio del PSOE de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y facultar a los jueces para desalojar a personas que hayan ocupado una vivienda en precario en 48 horas como máximo. Tras haber consultado a los Mossos d’Esquadra sobre las denuncias por ocupación hasta el 3r trimestre, Barcelona ha anunciado una disminución del 17% de las ocupaciones en la ciudad respecto a 2019.

Sobre este tema, desde la PAH Barcelona queremos hacer una serie de consideraciones: en primer lugar, insistir en que el fenómeno de la ocupación, tanto en la ciudad como en el resto de Catalunya, está sobredimensionado: los datos del propio Ayuntamiento de Barcelona y los del Consejo General del Poder Judicial −quien ha admitido en una respuesta a declaraciones similares hechas por otros ayuntamientos del Área Metropolitana, que los delitos de usurpación de inmuebles han disminuido en Catalunya un 59% de 2015 a 2020− demuestran que la ocupación evoluciona a la baja. Es incomprensible que el Partido Socialista insista en legislar en un fenómeno minoritario, mientras ignora la realidad más desgarradora: que nos encontramos en medio de una emergencia habitacional grave, con unos precios de alquiler disparados y un euríbor que amenaza con encarecer la hipoteca de miles de familias ya suficientemente asfixiadas por un aumento abusivo de los precios de la comida y los suministros, entre otros bienes de primera necesidad. Los socialistas, lejos de ponerse manos a la obra para resolver este grave problema y desencallar la Ley de Vivienda en el Congreso, prefieren comprarle el discurso a la ultraderecha, a empresas privadas que se lucran con el miedo −como las instaladoras de alarmas− y también a aquellas que operan al margen de la legalidad, como Desokupa, proponiendo medidas que atentan contra los derechos fundamentales de las familias más vulnerables.

Sin duda, la disminución de las ocupaciones podemos atribuirla precisamente al efecto de medidas sociales que se han impulsado en los últimos años por parte de las entidades del movimiento por la vivienda, todas ellas orientadas a detener los desahucios: la Ley 24/2015 contra la exclusión residencial y la pobreza energética, la moratoria estatal que suspende los desahucios, las prórrogas automáticas del contrato de alquiler durante la covid, la regulación de precios de alquiler en Catalunya y la Ley 1/2022 antidesahucios. Si bien todas estas medidas son −algunas− temporales y/o han sido activamente boicoteadas por partidos que sirven a los intereses de los grandes tenedores, es evidente lo que hace años que repetimos: si garantizamos el acceso a la vivienda a la ciudadanía, las familias no tendrán la necesidad de ocupar inmuebles para tener el techo que el mercado y los poderes públicos les niegan.

Por otra parte, la ocupación no es un fenómeno que afecte, de manera habitual, a casas habitadas o a propietarios particulares, al contrario: la gran mayoría de las veces se da en viviendas de grandes tenedores y entidades financieras, que casualmente también son los actores que mantienen un mayor volumen de pisos vacíos, más de 30.000 según datos de El Crític. En 2021 solo se detectaron ocupaciones en pisos vacíos, descartando de entrada esta pretendida alarma de ocupaciones en pisos normalmente habitados. Además, 3 de cada 4 pisos ocupados son de grandes propietarios, la mayoría de entidades financieras. Estos grandes tenedores son, en gran parte, responsables de la crisis de vivienda actual y no víctimas de las consecuencias de esta misma crisis, no deben ser protegidos de las ocupaciones a costa de la Administración. Esta confusión intencionada entre tipos de propietarios por parte de los socialistas y el bloqueo que mantienen de la Ley de Vivienda en el Congreso −negándose a extender a todo el Estado la medida del alquiler social de grandes propietarios vigente en Catalunya −hace pensar que tanto PSOE como PSC tienen interés en evitar que las leyes que intentan garantizar el derecho a la vivienda no perjudiquen las inversiones de fondos buitre como Blackstone. Por lo tanto, exigimos que el PSC/PSOE se deje de medidas populistas y aplique medidas de responsabilización directa a los grandes operadores inmobiliarios para los casos de ocupaciones de perfiles vulnerables. En Catalunya ya tienen un instrumento legal para hacerlo: la Ley 24/2015. De ellos depende que se cumpla y que se extienda al resto de comunidades autónomas de la mano de la Ley de Vivienda. ¡Basta de criminalizar la pobreza, es hora de tomar medidas valientes para garantizar el derecho a la vivienda!

PorPAH_Bcn

VICTORIAS PAH | María Jesús consigue un nuevo piso de la Mesa de Emergencia

Esta semana celebramos una nueva victoria en PAH Barcelona: ¡María Jesús ha conseguido un piso de la Mesa de Emergencia para vivir! Os contamos su historia:

María Jesús llegó a la PAH hace unos dos años porque estaba en riesgo de desahucio por impago de su alquiler: llevaba 20 años viviendo en la casa, pero las circunstancias económicas y el encarecimiento del alquiler le impidieron seguir pagando la renta. Tuvo orden de desahucio y no tenía dónde ir con tan solo 480€ de pensión contributiva. Desde la PAH se le informó sobre la Ley 24/2015 y las medidas con las que cuenta para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad y gracias a ello se pararon dos intentos de desahucio.

Con el tiempo, su situación se volvió insostenible y, cuando llegó la tercera orden de desahucio, se tuvo que ir de su casa y vivir en una habitación subarrendada de forma temporal. Sin embargo, al poco tiempo consiguió que la Generalitat le diera un piso de emergencia a finales de este mes de julio, ¡y hace una semanas finalmente firmó un contrato de 7 años con un alquiler acorde con sus ingresos! Por fin se había acabado la angustia: a pesar de todo, ¡sí, se puede!

Si tienes problemas con tu hipoteca o tu alquiler, ¡ven a la PAH! En Barcelona nos reunimos todos los lunes a las 17:30h en nuestro local (c/Leiva, 44 bis). Si vives fuera de Barcelona, busca en la lista de PAH Catalanas tu asamblea más próxima. ¡Te ayudamos a empoderarte y a garantizar tu derecho a una vivienda digna!