Barcelona publica hoy datos que demuestran la disminución de las denuncias por ocupación en un contexto de crisis económica por la pandemia y la inflación
La moratoria estatal, las prórrogas de los contratos de alquiler, la regulación de precios y las leyes catalanas antidesahucios funcionan para evitar que las familias tengan que ocupar
Hoy el Ayuntamiento de Barcelona ha publicado una actualización de los datos que publicó el pasado mes de junio sobre las ocupaciones en la ciudad, en respuesta a una propuesta del PSC de aprobar una declaración institucional que exige la agilización de los procesos de desahucio, en línea con el anuncio del PSOE de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y facultar a los jueces para desalojar a personas que hayan ocupado una vivienda en precario en 48 horas como máximo. Tras haber consultado a los Mossos d’Esquadra sobre las denuncias por ocupación hasta el 3r trimestre, Barcelona ha anunciado una disminución del 17% de las ocupaciones en la ciudad respecto a 2019.
Sobre este tema, desde la PAH Barcelona queremos hacer una serie de consideraciones: en primer lugar, insistir en que el fenómeno de la ocupación, tanto en la ciudad como en el resto de Catalunya, está sobredimensionado: los datos del propio Ayuntamiento de Barcelona y los del Consejo General del Poder Judicial −quien ha admitido en una respuesta a declaraciones similares hechas por otros ayuntamientos del Área Metropolitana, que los delitos de usurpación de inmuebles han disminuido en Catalunya un 59% de 2015 a 2020− demuestran que la ocupación evoluciona a la baja. Es incomprensible que el Partido Socialista insista en legislar en un fenómeno minoritario, mientras ignora la realidad más desgarradora: que nos encontramos en medio de una emergencia habitacional grave, con unos precios de alquiler disparados y un euríbor que amenaza con encarecer la hipoteca de miles de familias ya suficientemente asfixiadas por un aumento abusivo de los precios de la comida y los suministros, entre otros bienes de primera necesidad. Los socialistas, lejos de ponerse manos a la obra para resolver este grave problema y desencallar la Ley de Vivienda en el Congreso, prefieren comprarle el discurso a la ultraderecha, a empresas privadas que se lucran con el miedo −como las instaladoras de alarmas− y también a aquellas que operan al margen de la legalidad, como Desokupa, proponiendo medidas que atentan contra los derechos fundamentales de las familias más vulnerables.
Sin duda, la disminución de las ocupaciones podemos atribuirla precisamente al efecto de medidas sociales que se han impulsado en los últimos años por parte de las entidades del movimiento por la vivienda, todas ellas orientadas a detener los desahucios: la Ley 24/2015 contra la exclusión residencial y la pobreza energética, la moratoria estatal que suspende los desahucios, las prórrogas automáticas del contrato de alquiler durante la covid, la regulación de precios de alquiler en Catalunya y la Ley 1/2022 antidesahucios. Si bien todas estas medidas son −algunas− temporales y/o han sido activamente boicoteadas por partidos que sirven a los intereses de los grandes tenedores, es evidente lo que hace años que repetimos: si garantizamos el acceso a la vivienda a la ciudadanía, las familias no tendrán la necesidad de ocupar inmuebles para tener el techo que el mercado y los poderes públicos les niegan.
Por otra parte, la ocupación no es un fenómeno que afecte, de manera habitual, a casas habitadas o a propietarios particulares, al contrario: la gran mayoría de las veces se da en viviendas de grandes tenedores y entidades financieras, que casualmente también son los actores que mantienen un mayor volumen de pisos vacíos, más de 30.000 según datos de El Crític. En 2021 solo se detectaron ocupaciones en pisos vacíos, descartando de entrada esta pretendida alarma de ocupaciones en pisos normalmente habitados. Además, 3 de cada 4 pisos ocupados son de grandes propietarios, la mayoría de entidades financieras. Estos grandes tenedores son, en gran parte, responsables de la crisis de vivienda actual y no víctimas de las consecuencias de esta misma crisis, no deben ser protegidos de las ocupaciones a costa de la Administración. Esta confusión intencionada entre tipos de propietarios por parte de los socialistas y el bloqueo que mantienen de la Ley de Vivienda en el Congreso −negándose a extender a todo el Estado la medida del alquiler social de grandes propietarios vigente en Catalunya −hace pensar que tanto PSOE como PSC tienen interés en evitar que las leyes que intentan garantizar el derecho a la vivienda no perjudiquen las inversiones de fondos buitre como Blackstone. Por lo tanto, exigimos que el PSC/PSOE se deje de medidas populistas y aplique medidas de responsabilización directa a los grandes operadores inmobiliarios para los casos de ocupaciones de perfiles vulnerables. En Catalunya ya tienen un instrumento legal para hacerlo: la Ley 24/2015. De ellos depende que se cumpla y que se extienda al resto de comunidades autónomas de la mano de la Ley de Vivienda. ¡Basta de criminalizar la pobreza, es hora de tomar medidas valientes para garantizar el derecho a la vivienda!
