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Así están las cosas

La PAH arrancamos en Catalunya una campaña global de denuncia, señalización a la inacción política, la banca y los fondos buitre. Así están las cosas y queremos sensibilizar a la ciudadanía no consciente de que el problema de la vivienda nos afecta a todas. 

Hoy las PAHs de Catalunya iniciamos nueva campaña para alertar sobre la emergencia habitacional debido a la falta de voluntad política para revertir la situación y ante la desfachatez de los grandes especuladores que trafican con nuestras viviendas negándose, con impunidad, a aplicar las leyes catalanas que les obligan a ofrecer alquileres sociales para garantizar el derecho a la vivienda y dar respuesta a las familias desahuciadas.

Desde el estallido de la crisis de 2008, lejos de solucionarse, la problemática con la vivienda ha mutado y se ha encrudecido. Donde antes nos enfrentábamos a procesos de perdida de vivienda derivados de la estafa hipotecaria, de un tiempo a esta parte el grueso de la problemática lo encontramos en los precios desorbitados del alquiler. Donde antes nos enfrentábamos a la banca, ahora toca lidiar con todo un entramado formado por fondos buitre, socimis, inmobiliarias, patronales, bancos… que han encontrado en la especulación inmobiliaria la gallina de los huevos de oro, sin importar el coste humano que esto conlleva.

Lo que no ha cambiado es la irresponsabilidad política, cuya defensa de los intereses capitalistas por encima de la defensa del bienestar de la ciudadanía, ya ha destrozado la vida de millones de personas. Bien arrebatando sus sueños de toda la vida vía ejecución hipotecaria, bien desahuciándolas por no poder asumir el abusivo precio del alquiler, bien obligándolas a ocupar una vivienda tras quedarse en la calle para volver a ser desahuciadas, bien pagando el precio más alto al arrebatarles vida debido a la desesperación. Un punto de no retorno.

Si a esto les sumamos que el empobrecimiento de las familias es cada vez mayor y el coste de la vida más alto, la situación se vuelve insostenible. Lamentablemente, los culpables y responsables de la situación son poderosos. Controlan el Congreso, el Parlament, demasiados Ayuntamientos, los Tribunales, los medios de comunicación mayoritario y con todo ello, la opinión pública. Tanto repiten sus discurso autoritario, lleno de mentiras, desprecio y odio (sobretodo hacía quien menos tiene), que al final cala y nos empujan a una guerra entre vecinas, de la cual solo se benefician ellos. El que más tiene, contra el que menos, el que menos contra el que nada. Y así están las cosas.

Desde la PAH, llevamos más de una década empujando para lograr los cambios legislativos necesarios para revertir la situación y hacer efectivo el derecho a la vivienda, tal como recogen los dictámenes de Naciones Unidas, la Constitución española y los Estatutos de Autonomía. Hemos vivido como el PP negaba la segunda oportunidad a las personas hipotecadas que perdían su casa, al tiempo que rescataba a la banca. Hemos vivido como se ponía la alfombra roja a los fondos buitre para que especularan a su antojo con el alquiler. Hemos vivido como la banca amasaba millones de vivienda vacía que después vendió a los fondos, mientras la vivienda pública se recalificaba y pasaba a manos del sector privado. Nos dejaron sin un parque público de vivienda social y asequible para dar respuesta a la emergencia habitacional, a las familias desahuciadas y a las familias que no pueden permitirse los precios de la corrupción.

Así están las cosas con los últimos datos del Poder Judicial cerrando el año 2022: 38.266 desahucios (177 al día),  27.533 desahucios derivados del alquiler, 8.509 derivados de hipoteca y 24,935 nuevas ejecuciones hipotecarias registradas.

A pesar de todo, el PSOE lleva todos sus años de gobierno bloqueando la Ley vivienda al no querer incluir las medidas sociales necesarias y promoviendo la represión a la reivindicación endureciendo la Ley Mordaza. Medidas tan de sentido común como las que tenemos en Catalunya, gracias al esfuerzo de la PAH y otros colectivos. La ley catalana contra los desahucios y la pobreza energética, así como el articulado para ampliarla, efectivo desde marzo del año pasado, está pensada, sobre todo, para acabar con los desahucios obligando a grandes especuladores a ofrecer un alquiler social. Cosa que no están haciendo.

No solo eso, también obliga a la renovación de dichos alquileres sociales, a ofrecerlos al finalizar un contrato si no se puede asumir la subida abusiva habitual y a ofrecerlos a esas personas vulnerables que están ocupando, un piso vacío de banco o fondo de inversión, para no acabar en la calle. Remarcar que esta última medida es solo para ocupaciones previas al 31 de junio 2021, no posteriores, un dato que el relato de los defensores de la especulación omite cuando arremeten contra esta ley afirmando, falsamente y con alevosía, que es una ley que fomenta la ocupación. La realidad es todo lo contrario, no hay mejor ley antiocupación que una ley que garantice el derecho a la vivienda a todos los bolsillos.

En esta nueva campaña que iniciamos hoy, con una concentración en la sede central de Serbihabitat en Cornellá, denunciamos que en Catalunya:

  • Los fondos buitre y su entramado de socimis e intermediarios están incumpliendo la ley negándose descaradamente a ejercer su obligación de ofrecer alquileres sociales a las familias que no pueden pagar los precios abusivos del mercado.
  • Los bancos, accionistas de las socimis, se lavan las manos alegando que ya no tienen la propiedad, al tiempo que venden los pisos a los fondos con inquilinas e inquilinas dentro a las que se les niega la renovación al finalizar él y contrato.
  • El Gobierno de la Generalitat está siendo participe de los desahucios al no actuar con mano dura contra los grandes especuladores interponiendo las sanciones millonarias que dicta la ley.
  • La ley está siendo vulnerada por las administraciones al no obligar a bancos, fondos buitre y a la Sareb a movilizar su vivienda vacía para fomentar el parque público de vivienda social o a reducir urgentemente la lista de espera para acceder a un piso de la mesa de emergencia.

Con 34.856 pisos vacíos en Catalunya, en manos de grandes tenedores y la Sareb, decimos:

¡Basta de vivir en un estado de gente sin casa y casas sin gente!

¡Basta de ser el territorio líder en desahucios!

Las leyes y los derechos están para cumplirlos. No podemos seguir viviendo en la angustia que compartimos semana tras semana en nuestras asambleas. No podemos ver como nuestros mayores pierden su hogar y a la juventud se les niega un futuro al no podérselo permitir, mientras al resto nos sobra mucho mes al final del sueldo que gastamos en pan y techo.

Exigimos se cumplan las leyes sociales que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir.

Seguiremos movilizandonos y denunciando hasta conseguir que los fondos buitre cumplan con nuestra ley, hasta romper con la persecución política a la pobreza. Así están las cosas y no bajaremos los brazos, ni en Catalunya en defensa de nuestras ley, ni en España hasta logra la ley vivienda que la ciudadanía se merece.

El gobierno español ataca el alquiler social antidesahucios en ocupaciones e insiste en criminalizar la pobreza

Denunciamos la impugnación de la medida por parte del Gobierno estatal mientras nos reunimos con la nueva responsable de vivienda de la Generalitat para que acelere la aplicación de la Ley 24/2015

El pasado miércoles 7 de diciembre el Consejo de Ministros, presidido por Pedro Sánchez, interpuso un recurso contra el alquiler social obligatorio en situaciones de ocupación de pisos de bancos y buitres, en concreto, el artículo 12 de la Ley 1/2022 para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda, que añadió la disposición adicional primera apartado 1.c a la Ley 24/2015.

Aunque la Generalitat y el Estado llevan meses negociando para evitar un recurso, finalmente el Gobierno cuestiona ante el Tribunal Constitucional el alquiler social de personas y familias sin título, siguiendo el mismo camino que PP y VOX, que impugnaron toda la Ley 1/2022 antes del verano. Es un gran error comprar el discurso que culpabiliza a las familias que han tenido que ocupar una vivienda vacía de la banca/buitres para no vivir a la intemperie con sus hijos e hijas, cuando la Administración ha fallado a la hora de evitar su desahucio y realojarlas.

Es inaceptable que se debilite una medida que da una oportunidad a las familias con desahucios y que a los bancos y fondos buitre, que fueron rescatados con dinero de todas nosotras sin contraprestación social alguna. El alquiler social obligatorio en ocupaciones es una medida excepcional, que ofrecía soluciones realistas al acceso en  precario y sin título de miles de familias que hace años viven en pisos vacíos a la espera de una mesa de emergencia que no realoja, mientras el gran tenedor especula para malvenderlos.

Una semana después, el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 se ha reunido con los nuevos máximos responsables de las políticas de Vivienda en Catalunya del Gobierno de ERC, para dejar clara la necesidad de defender más que nunca nuestros alquileres sociales. El 15 de diciembre trasladamos a la nueva secretaria de Vivienda de la Generalitat, Marina Berasategui, y a las nuevas responsables de la Agencia de Vivienda y la Agencia del Consumo, Silvia Grau y Albert Melià, que la Generalitat debe acelerar e intensificar la exigencia de los alquileres sociales antidesahucios, siendo valiente e implacable con los grandes tenedores que no los ofrecen.

Desde el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 queremos dejar claras 3 cuestiones importantes:

  1. El alquiler social obligatorio en ocupaciones ha sido impugnado sin suspensión, por lo tanto, sigue vigente y debe aplicarse hasta que llegue una Sentencia del Tribunal Constitucional.
  2. El alquiler social en desahucios de hipoteca e impagos de alquiler, incluidos en la Ley 24/2015 original, están libres de cualquier recurso y es necesario firmar miles de ellos, porque  la presión social los salvó en 2018 consiguiendo que Pedro Sánchez retirara la impugnación de M.Rajoy.
  3. El alquiler social obligatorio en casos de fin de contrato de alquiler y renovación de alquileres sociales anteriores, también incluidos en la 24/2015 a través de la ley 1/2022, se han salvado del recurso, gracias a la presión social.

Queremos dejar claro que el PSOE no es de fiar, ya que ha hecho lo mismo que PP y VOX, mientras que sus socios de gobierno de coalición de Unidas Podemos no se han opuesto públicamente y, por lo tanto, son cómplices. No permitiremos que la ofensiva pro-desalojos -en la que participan partidos como el PSOE y los partidos de derechas como Junts, y que promueve una “ley Desokupa” a través de una modificación exprés de la LECrim que criminaliza a las familias vulnerables– quede impune y sin respuesta. Lo demostramos la semana pasada en un acto en Barcelona del PSC y seguiremos las movilizaciones hasta que los socialistas rectifiquen su postura.

Exigimos a la Generalitat una nueva ofensiva para garantizar que se firmen los miles de alquileres sociales que los grandes tenedores evitan, a la espera de que un Tribunal Constitucional controlado por las posiciones más conservadoras pueda anularlos.

Hacemos un llamamiento a todas las entidades sociales y al movimiento por la vivienda para presionar con más fuerza que nunca a quien la incumple o quiere tumbarla.

¡Despedimos un 2022 de lucha donde hemos recuperado la ampliación de la ley antidesahucios y arrancado cientos de alquileres sociales, anunciando públicamente que en 2023 aumentaremos la presión a los especuladores y las instituciones para ganar todos los alquileres sociales posibles!