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La PAH organiza una acción de protesta en Barcelona para el final de la campaña electoral

Desde el movimiento por la vivienda animamos a salir a votar este 23 de julio a aquellos partidos que han mostrado compromiso con el derecho a la vivienda

La PAH de Barcelona hemos salido a la calle este viernes, coincidiendo con el final de la campaña electoral, para concienciar a la población sobre la importancia de salir a votar este domingo, teniendo en mente el derecho a la vivienda. Una treintena de activistas nos hemos concentrado en la Avenida María Cristina, donde hemos convocado a medios y hemos desplegado una pancarta y unos paraguas verdes con el mensaje “Este 23 de julio #YoVotoVivienda” y el lema “Stop Desahucios”. Posteriormente, hemos repartido unas octavillas para dejar claro que partidos como el PP, VOX, Junts per Catalunya y PNV votaron en contra de la Ley estatal de Vivienda y se dedican a generar bulos que afirman que “No hay vivienda y por eso los alquileres son caros” –cuando un informe del INE avala que hay cerca de 4 millones de viviendas vacías. Asimismo, afirman que algunos partidos fomentan la ocupación o que te vas a ir a comprar el pan y te van a ocupar la vivienda, cuando la ocupación es el resultado de no tener leyes garantistas y considerar la vivienda como un mero bien para especular. Los pocos estudios que hay sobre la materia revelan que la ocupación apenas afecta al 0,07% de viviendas y en el 98% de los casos se ocupa vivienda vacía de bancos y fondos de inversión, es decir, que no se ocupa primera vivienda y menos de particulares.

Por experiencia, sabemos que estos bulos -creados por sectores y partidos de derecha y ultraderecha como PP y VOX- sirven de cortina de humo para esconder la voluntad de seguir manteniendo la vivienda como un bien de mercado con el que especular -con todo lo que ello implica- y no como lo que es: un derecho básico que debe ser garantizado. Lejos de implicarse para dar respuesta a la emergencia habitacional, se dedican a generar miedo, inseguridad y odio hacia las que menos tienen. Se trata de la lucha del último contra el penúltimo, logrando así que en vez de unirnos e ir juntas a conquistar nuevos derechos, tengamos que gastar tiempo y energías para evitar perder los que ya tenemos.

El 23 de julio iremos a votar sin miedo y con las ideas claras. Este 23J #YoVotoVivienda

Porimpahrable

Desde la PAH hacemos un llamamiento a todas las personas que estén sufriendo una situación de desahucio: no estáis solas

Comunicado sobre el suicidio de una mujer antes de ser desahuciada en Barcelona

Queremos expresar nuestra profunda tristeza y enviar nuestro pésame a la familia y entorno de la víctima

De nuevo, la muerte de Melanie es fruto del fracaso de las Administraciones a la hora de proteger el derecho a la vivienda

Lunes, 15 de mayo de 2023

Hoy lunes empezamos la semana de la peor manera posible: lamentando la muerte de una mujer que se ha quitado la vida en Barcelona antes de ser desahuciada. Según los medios que han cubierto la noticia, se llamaba Melanie y llevaba unos 3 o 4 años viviendo en el piso, pagando religiosamente su alquiler y desde hace unos meses que no podía pagar porque se había quedado sin trabajo y estaba pasando por un mal momento personal. A partir de entonces, la fundación propietaria del piso interpuso una demanda para desalojarla y el día del desahucio los miembros de la comitiva entraron en el piso y encontraron su cuerpo sin vida. Melanie no era usuaria de los servicios sociales, aunque desde el Ayuntamiento se activó el SIPHO para acompañarla y ella rechazó su ayuda.

Desde la PAH, en primer lugar, queremos expresar nuestro dolor al conocer otro caso en el que una afectada por el problema de la vivienda acaba por no encontrar ninguna salida y pierde la vida. Nos imaginamos la vergüenza, la angustia, la tristeza y la soledad que Melanie debía haber sentido y que le impedía buscar –o incluso aceptar– ayuda. Lo sabemos muy bien porque en la PAH, en el día a día, debemos luchar no sólo con los desahucios en sí, sino en sus efectos sobre la vida de las personas, concretamente sobre la salud mental; de hecho, hemos publicado hasta dos informes −uno en 2020 y otro en 2022− junto con otras entidades y la Agencia de Salud Pública de Barcelona, alertando del problema. Asimismo, no podemos dejar de imaginarnos qué hubiese pasado si Melanie hubiera llegado a alguna de las asambleas de las diferentes organizaciones del movimiento por la vivienda: quizás hubiera visto que ella no estaba sola. De esta situación también es posible salir de la misma forma en que lo han hecho tantas otras personas, que han encontrado en el movimiento un espacio donde desterrar la vergüenza que acompaña al −supuesto− fracaso de perder el trabajo y el hogar, coger valor y confianza para explicarse y, sobre todo, sin sentirse juzgada, condenada y privada de ayuda por no poder seguir los protocolos que marcan las instituciones.   

Las entidades sociales que trabajamos por la defensa de los derechos humanos como la vivienda, hemos reiterado una y otra vez a las diferentes administraciones, que los diferentes protocolos que se aprueban fallan a la hora de dar respuesta a aquellas casuísticas más complejas y que es precisamente en estos casos más difíciles que la ayuda mutua y la solidaridad tienen un efecto multiplicador en el bienestar de las personas. Lo vemos cada lunes en nuestras asambleas desde hace más de 14 años. ¿Qué es lo que ocurre cuando esta persona, por desconocimiento o por incapacidad no puede seguir los mecanismos que se imponen desde los servicios sociales? Pues la indefensión absoluta.

De nuevo, que Melanie haya decidido quitarse la vida, demuestra que los poderes públicos han fracasado a la hora de garantizar la vivienda, ya que ésta es el último refugio que tenemos las personas cuando todo lo demás va mal. ¿Por qué seguimos considerando este refugio como un bien de mercado? ¿Cómo es posible que exista tan sólo la noción de quitarle la vivienda a alguien y dejarla en la calle en esta situación? La Administración lleva años teniendo nuestras propuestas sobre la mesa: prohibir los desahucios sin alternativa, aumentar el parque público de vivienda, invertir recursos en los servicios sociales y en la atención proactiva, integral y personalizada de las afectadas, entre otros. Es cuestión de voluntad política. Se ha aprobado una ley de vivienda estatal sin hacer caso a la ONU ni a la PAH, prohibir los desahucios sin alternativa habitacional. Mientras no sea así, los movimientos sociales trataremos de llegar a aquellas personas que no tienen ni voz ni fuerza para seguir los protocolos y continuaremos luchando, en nombre de aquellas personas a las que no llegamos a ayudar a tiempo, como Melanie, Jordi y Alicia, entre otros. ¡No son suicidios, son asesinatos! 

Desde la PAH hacemos un llamamiento a todas las personas que están sufriendo y que corren el riesgo de perder el hogar: no estáis solas. No dudéis en venir a nuestras asambleas para buscar ayuda y acompañamiento; os encontrareis con muchas de nosotras, que también hemos pasado por aquí, y sabemos que existe una salida. ¡Lucharemos juntas para defender nuestras casas y cambiar las leyes injustas!

Porimpahrable

Las medidas antidesahucios demuestran su efectividad a la hora de disminuir las ocupaciones en Barcelona y Catalunya

Barcelona publica hoy datos que demuestran la disminución de las denuncias por ocupación en un contexto de crisis económica por la pandemia y la inflación

La moratoria estatal, las prórrogas de los contratos de alquiler, la regulación de precios y las leyes catalanas antidesahucios funcionan para evitar que las familias tengan que ocupar

Hoy el Ayuntamiento de Barcelona ha publicado una actualización de los datos que publicó el pasado mes de junio sobre las ocupaciones en la ciudad, en respuesta a una propuesta del PSC de aprobar una declaración institucional que exige la agilización de los procesos de desahucio, en línea con el anuncio del PSOE de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y facultar a los jueces para desalojar a personas que hayan ocupado una vivienda en precario en 48 horas como máximo. Tras haber consultado a los Mossos d’Esquadra sobre las denuncias por ocupación hasta el 3r trimestre, Barcelona ha anunciado una disminución del 17% de las ocupaciones en la ciudad respecto a 2019.

Sobre este tema, desde la PAH Barcelona queremos hacer una serie de consideraciones: en primer lugar, insistir en que el fenómeno de la ocupación, tanto en la ciudad como en el resto de Catalunya, está sobredimensionado: los datos del propio Ayuntamiento de Barcelona y los del Consejo General del Poder Judicial −quien ha admitido en una respuesta a declaraciones similares hechas por otros ayuntamientos del Área Metropolitana, que los delitos de usurpación de inmuebles han disminuido en Catalunya un 59% de 2015 a 2020− demuestran que la ocupación evoluciona a la baja. Es incomprensible que el Partido Socialista insista en legislar en un fenómeno minoritario, mientras ignora la realidad más desgarradora: que nos encontramos en medio de una emergencia habitacional grave, con unos precios de alquiler disparados y un euríbor que amenaza con encarecer la hipoteca de miles de familias ya suficientemente asfixiadas por un aumento abusivo de los precios de la comida y los suministros, entre otros bienes de primera necesidad. Los socialistas, lejos de ponerse manos a la obra para resolver este grave problema y desencallar la Ley de Vivienda en el Congreso, prefieren comprarle el discurso a la ultraderecha, a empresas privadas que se lucran con el miedo −como las instaladoras de alarmas− y también a aquellas que operan al margen de la legalidad, como Desokupa, proponiendo medidas que atentan contra los derechos fundamentales de las familias más vulnerables.

Sin duda, la disminución de las ocupaciones podemos atribuirla precisamente al efecto de medidas sociales que se han impulsado en los últimos años por parte de las entidades del movimiento por la vivienda, todas ellas orientadas a detener los desahucios: la Ley 24/2015 contra la exclusión residencial y la pobreza energética, la moratoria estatal que suspende los desahucios, las prórrogas automáticas del contrato de alquiler durante la covid, la regulación de precios de alquiler en Catalunya y la Ley 1/2022 antidesahucios. Si bien todas estas medidas son −algunas− temporales y/o han sido activamente boicoteadas por partidos que sirven a los intereses de los grandes tenedores, es evidente lo que hace años que repetimos: si garantizamos el acceso a la vivienda a la ciudadanía, las familias no tendrán la necesidad de ocupar inmuebles para tener el techo que el mercado y los poderes públicos les niegan.

Por otra parte, la ocupación no es un fenómeno que afecte, de manera habitual, a casas habitadas o a propietarios particulares, al contrario: la gran mayoría de las veces se da en viviendas de grandes tenedores y entidades financieras, que casualmente también son los actores que mantienen un mayor volumen de pisos vacíos, más de 30.000 según datos de El Crític. En 2021 solo se detectaron ocupaciones en pisos vacíos, descartando de entrada esta pretendida alarma de ocupaciones en pisos normalmente habitados. Además, 3 de cada 4 pisos ocupados son de grandes propietarios, la mayoría de entidades financieras. Estos grandes tenedores son, en gran parte, responsables de la crisis de vivienda actual y no víctimas de las consecuencias de esta misma crisis, no deben ser protegidos de las ocupaciones a costa de la Administración. Esta confusión intencionada entre tipos de propietarios por parte de los socialistas y el bloqueo que mantienen de la Ley de Vivienda en el Congreso −negándose a extender a todo el Estado la medida del alquiler social de grandes propietarios vigente en Catalunya −hace pensar que tanto PSOE como PSC tienen interés en evitar que las leyes que intentan garantizar el derecho a la vivienda no perjudiquen las inversiones de fondos buitre como Blackstone. Por lo tanto, exigimos que el PSC/PSOE se deje de medidas populistas y aplique medidas de responsabilización directa a los grandes operadores inmobiliarios para los casos de ocupaciones de perfiles vulnerables. En Catalunya ya tienen un instrumento legal para hacerlo: la Ley 24/2015. De ellos depende que se cumpla y que se extienda al resto de comunidades autónomas de la mano de la Ley de Vivienda. ¡Basta de criminalizar la pobreza, es hora de tomar medidas valientes para garantizar el derecho a la vivienda!