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Datos del 2º Trimestre del CGPJ: los desahucios que no cesan

Los desahucios que no cesan: mientras el PSOE bloquea la denominada Ley por el Derecho a la Vivienda, las cifras de desahucios se mantienen. Según datos del CGPJ hechos públicos el 5 de octubre, en el 2º trimestre del presente año, se han ejecutado 10.816 nuevos desahucios, de los cuales 2.377 han sido consecuencia de impagos de hipoteca7.871 por impagos de alquiler y 568 por otras causas; y esto, a pesar del escudo social vigente desde enero de 2021.

Esto último nos confirma tres importantes aspectos:

  1. España continúa incumpliendo su obligación con Europa de no desahuciar a gente vulnerable sin alternativa habitacional
  2. Que dicho escudo social, como venimos denunciando, es manifiestamente insuficiente, y
  3. Que cuando ese insuficiente escudo desaparezca, las cifras de desahucios pueden superar ampliamente las de los años 2011, 2012, 2013, 2014, los peores de la crisis anterior.

Mientras se producen más de 117 desahucios/día, seguimos con la Ley por el Derecho a la Vivienda bloqueada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por la negativa del PSOE a aceptar 3 aspectos imprescindibles para que la ley tenga utilidad para el ejercicio de este Derecho, amparado por el art. 47 de la Constitución. Estos son:

  1. Que se establezca a grandes propietarios de vivienda (más de 10) la obligación de ofrecer alquiler social, antes de interponer demanda por desahucio. Esta medida, vigente en Catalunya, ha evitado más de 1.000 desahucios/año desde que está en vigor.
  2. Que incluya mecanismos de control de los precios del alquiler que afecten a todos los propietarios, para que, como manda el art. 47 de la Constitución, se evite la especulación.
  3. Que se transfiera de inmediato todo el patrimonio de la Sareb a los Parques Públicos de Vivienda de las CCAA como inicio de la generación de dichos Parques.

En paralelo, el PSOE compra el discurso de las derechas y presenta iniciativas legales para desalojos exprés en casos de usurpación, a pesar de que bastantes jueces de distintas posiciones ideológicas han manifestado que disponen de suficientes instrumentos legales para proteger la propiedad. Con estas medidas, el PSOE busca sobreproteger a fondos y bancos, principales “perjudicados” por esas situaciones, a las que se ven abocadas personas vulnerables, a quienes los poderes públicos niegan cualquier alternativa habitacional.

En la actual situación de inflación y de subida de tipos de interés, desde la PAH exigimos que se limite el efecto de la subida del euríbor en las renovaciones de las hipotecas a tipo variable, así como que se limiten las subidas de los alquileres en sus renovaciones. La PAH y demás organizaciones del movimiento por el Derecho a la Vivienda, llevamos en movilización desde que el 30/9/21 registramos nuestra ley, que el Congreso rechazó el 14/12/21. Nos hemos movilizado en Valencia el pasado 29/9, en Madrid el 3 del presente mes; y nos vamos a seguir movilizando en cada territorio, señalando a los culpables del bloqueo de una ley, que el propio Gobierno denominó con el nombre de Ley por el Derecho a la Vivienda.

Pedimos, por ello, a los partidos que nos han venido apoyando, que no voten la aprobación de los Presupuestos hasta que no se desbloquee esta ley, y se garantice que va a servir para el ejercicio de este Derecho.

Organizaciones sociales y partidos políticos acorralan al PSOE en las negociaciones de la Ley Vivienda

Las consecuencias de la inflación y el encarecimiento de los precios están llevando al límite a millones de hogares españoles que ya no llegan a final de mes. En este contexto de emergencia, en el que el precio del alquiler continúa subiendo y los desahucios continúan ejecutándose, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos sigue enrocado en las negociaciones del proyecto de Ley de Vivienda estatal y se mantiene inamovible frente a la petición de los grupos políticos y las organizaciones por el derecho a la vivienda de incorporar dos enmiendas claves: la obligación de ofrecer alquiler social a las familias vulnerables antes del desahucio y la regulación efectiva de los precios del alquiler.

Frente a este panorama, esta mañana varias organizaciones, entre las que destacan los Sindicatos de Inquilinos, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, los sindicatos laborales (CCOO, UGT y Confederación Intersindical), Amnistía Internacional, Observatorio DESC y la Mesa del Tercer Sector (entre muchos otros), se han reunido en representación de la plataforma Iniciativa Ley Vivienda con los portavoces de los partidos del bloque de investidura. En la reunión se les ha pedido que presionen al Gobierno para que se desencallen las negociaciones cuanto antes, de forma positiva; esto es, incluyendo en la ley medidas que justifiquen el nombre de Ley por el Derecho a la Vivienda, que desde el Gobierno se le otorgó.

Al finalizar la reunión, los portavoces de ERC, EH Bildu, Unidas Podemos, BNG, Más País y CUP, han hecho declaraciones junto a las portavoces de la Iniciativa Ley Vivienda, comprometiéndose públicamente a no dar el sí a la ley si esta no sirve efectivamente para garantizar el derecho a la vivienda y proteger a la mayoría de la población frente a la especulación inmobiliaria.

El secretario de Vivienda se niega a aprobar medidas de emergencia para proteger de la inflación a los hogares

El pasado jueves David Lucas, secretario General de Vivienda, se reunió tanto con los Sindicatos de Inquilinos como con la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, quienes, en sendas reuniones exigieron a Lucas que el Gobierno tome medidas de emergencia en materia de vivienda para frenar las consecuencias de la inflación sobre las economías domésticas.

Para proteger a los hogares inquilinos frente a subidas de alquiler y revertir la asfixia económica agravada por la inflación, los sindicatos han propuesto a Lucas un conjunto de medidas coyunturales y temporales que deberían aprobarse urgentemente en el marco de las medidas anticrisis en el próximo paquete. En primer lugar, exigen la congelación de los alquileres a través de prórrogas obligatorias de contratos para evitar subidas o expulsiones en las finalizaciones de contrato, como ya se están viviendo. En segundo lugar, las actualizaciones interanuales de los precios del alquiler, antes vinculadas con el IPC y ahora limitadas al 2%, deben eliminarse, es decir, pasar al 0%. Por último, exigen revertir las actualizaciones de alquiler realizadas desde el 31 de octubre del 2021 hasta marzo de 2022.

Por otra parte, las medidas de protección frente a los desahucios vigentes son claramente insuficientes, como demuestran los 52.161 ejecutados a pesar de esas medidas entre enero de 2021 y marzo de 2022. Son necesarias medidas de urgencia, como congelar el incremento de las cuotas hipotecarias (aquellas que les toque revisión en los próximos meses) y de los alquileres, y aumentar el alcance de las medidas antidesahucios, prohibiendo expresamente todos los que afecten a familias vulnerables sin alternativa habitacional digna. Medidas similares se han aprobado ya en Escocia y van camino de aprobarse en Alemania.

Pero estas medidas de carácter temporal no serán suficientes, por lo que son imprescindibles medidas estructurales que deben incluirse en la próxima Ley por el Derecho a la Vivienda, como las que hemos aportado en forma de enmiendas al proyecto de ley del Gobierno y que llegan avaladas por 9 formaciones políticas del Congreso.

Una Ley Vivienda efectiva: la única forma de proteger a los hogares

Frente a la negativa de Lucas de implementar medidas urgentes para hacer frente a la situación de inflación y asfixia económica de los hogares, la única vía posible es la aprobación de la Ley Vivienda. El único consenso posible, tal y como han manifestado hoy los grupos políticos, es la incorporación de medidas que hagan de la Ley un texto realmente efectivo que acabe con las subidas de los alquileres, proteja a los hogares frente a los desahucios e incorpore las viviendas de la Sareb al parque público de vivienda. Cada día que pasa sin que se apruebe la Ley Vivienda, el Gobierno está escogiendo defender los intereses de la patronal inmobiliaria frente a la protección que precisan miles de hogares.

PAH BARCELONA valora positivamente congelar hipotecas y alquileres, pero exige medidas estructurales en la futura Ley Vivienda

Criticamos al PSOE por su bloqueo de la medida que beneficia a la banca y a los fondos buitre

Esta semana hemos conocido las propuestas de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 Ione Belarra de limitar el aumento de las cuotas hipotecarias variables de familias vulnerables al 0,1% y la de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de topar el precio de los alquileres y vetar los desahucios, al menos de forma temporal, imitando las medidas anunciadas por el ejecutivo escocés hace unos días. Estas medidas se anuncian en un contexto de una nueva recesión económica en el horizonte y una población aún castigada por la crisis financiera y los estragos de la covid-19.

Desde la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Barcelona valoramos positivamente la propuesta de estas medidas, si bien estamos a la espera de más información al respecto, puesto que hasta ahora el anuncio se ha hecho a través de las redes sociales y la prensa y no por los contactos habituales entre la Administración y los movimientos sociales. Como los movimientos de defensa de la vivienda llevamos años indicando, limitar el gasto en vivienda -ahora disparado por la burbuja del alquiler- para las familias es clave para evitar una nueva ola de desahucios, que ya se adivina cruda porque hemos observado que, a pesar de la moratoria decretada por la pandemia, siguen produciéndose lanzamientos y la tendencia es que aumenten en 2022.

Por otra parte, desde PAH Barcelona vemos que, en el caso de que estas medidas se hagan efectivas, estas solo serán provisionales, ya que las relacionadas con las cuotas hipotecarias solo beneficiarán a las familias más vulnerables -y no a aquellas que, por culpa de la crisis actual, pueden llegar a serlo- y no solucionan el problema principal: que la vivienda (o más bien la falta de acceso a ella) es un problema endémico en España. Es por ello que sabemos que la mejor manera de solucionarlo y garantizar este derecho (¡básico!) es con medidas estructurales. Si bien la Constitución Española señala en su artículo 47 que “Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”, jamás en España se ha promovido una ley sobre vivienda integral. Pero esto podría cambiar: a día de hoy existe el proyecto de la Ley por el Derecho a la Vivienda, que se aprobó en el Consejo de Ministros el pasado mes de febrero, pero que se ha quedado atascada en el camino por la reticencia del PSOE a limitar los alquileres, entre otras cosas. 

Y eso no es lo único: desde los movimientos sociales ya concluimos que el proyecto de ley es a todas luces insuficiente, e instamos al resto de partidos en el Congreso a no aprobar la ley en caso de que esta no incluya una serie de enmiendas propuestas por los movimientos sociales: garantizar el derecho a la vivienda; suspender los desahucios sin alternativa habitacional; ampliar el parque público de alquiler social; regulación de alquileres; garantizar los suministros básicos y telecomunicaciones; la aprobación de una Ley de Segunda Oportunidad y medidas contra el sobreendeudamiento

Por todo ello instamos al ejecutivo, y en especial al PSOE, para que deje de actuar en beneficio de los poderosos como la banca y los fondos buitre y apruebe una ley que beneficie al 99% de la población; por otra parte, queremos recordar al resto de partidos -ERC, PNV, Compromís, EH-Bildu, BNG y Más País- su compromiso para con el movimiento por la vivienda e incorporen nuestras enmiendas y, en última instancia, voten en contra de la actual propuesta si esta sigue adelante tal y como está.

Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa