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PorPAH_Bcn

Menos estudiar y más aprobar. Valoración de la PAH sobre lo recogido por el PSOE en materia de vivienda en su documento “Propuesta abierta para un gobierno común progresista”

Se resume en un mero documento de buenas intenciones que abruma por su falta de concreción y las cero menciones a medidas para evitar o dar solución a los casi 200 desahucios diarios, y por la falta de propuestas para enfrentarse a la banca, fondos buitre y oligopolio energético.

En las últimas semanas Pedro Sánchez se ha reunido con distintos actores de muchos campos que necesitan mejoras y acción política para hacer frente a muchos de los problemas que están ahogando a la sociedad española. El viernes 30 de agosto, la PAH estuvimos presentes en la última de ellas para afrontar el problema de la vivienda. En dicha reunión les entregamos nuestro plan de choque con ‘Propuestas de la PAH para abordar urgentemente la grave crisis de emergencia habitacional’.

Somos conscientes del carácter electoral de estas reuniones, del juego de tronos que prevalece en el Congreso por encima de las necesidades de la gente. No nos sorprende, pero no por ello podemos dejar de considerar alarmante, tras leer el documento ‘Propuesta abierta para un gobierno común progresista’ presentado ayer por el PSOE, su falta de concreción, destacando la falta de medidas resolutivas para enfrentar la raiz del problema. Tras 10 años de crisis y emergencia habitacional crónica, de una legislación pensada solo para proteger a la banca, fondos buitre y sus intereses económicos, ahora es momento de contundencia y hechos claros, no de palabras. Por justicia a las 700.000 familias que han perdido su hogar desde 2008, por las casi 200 que diariamente se enfrentan a una nueva orden de desahucio, no es tiempo de que las grandes medidas del Gobierno sean «se estudiará…», «se fomentará…».

Tras 10 años de políticas antisociales, los mismos que la PAH llevamos denunciando y luchando contra esta situación, al tiempo que trabajamos en esas medidas reales que los distintos gobiernos no han sido capaces de desarrollar y que se han limitado a bloquear.

Es el momento de políticas valientes y de dejar de discursear sobre visiones de cambio. Es el momento de hacerlas realidad. Nuestra valoración a las propuestas del gobierno en funciones es:

1º) No contiene ni una sola mención a los desahucios, ni ninguna medida concreta de las que la PAH propuso al PSOE para garantizar la disminución y suspensión de los 172 desahucios diarios que, según el CGPJ, se ejecutaron en el primer trimestre de 2019. Hemos pedido a Pedro Sanchez que se mojara con cambios legales acordes a las exigencias de la ONU; respondernos que se «favorecerá» el realojo es tan vacuo que no repara tantas lágrimas vertidas. Ninguna mención al vencimiento de las moratorias, que puede provocar un sangrante aumento de los desahucios por impago de hipoteca. Si realmente el PSOE quiere «fomentar» el alquiler social debe impedir que las entidades financieras puedan desahuciar a quienes han sufrido la estafa hipotecaria.

2º) En relación con el Parque Público de Vivienda, tampoco contiene medidas para recuperar las viviendas que ya están en poder de la banca en general, ni de Bankia en particular. Habla de convenios de la SAREB, cuando ya existen y se podían estar aplicando, en lugar de la venta actual de vivienda y suelo procedente de la burbuja inmobilaria. Más allá de que definiera qué es una vivienda vacía, no detalla medidas para movilizar esta vivienda desocupada hacia el alquiler asequible. Promete un plan de rehabilitación, sin garantizar que esas ayudas no puedan a continuación incrementar la renta de los alquileres. Se mantiene en la irrisoria cifra de 20.000 viviendas para todo el Estado, en absoluto insuficientes para influir en los precios de zonas tensionadas en las que se concentran fondos de inversión como Blackstone.

3º) No incluye ninguna medida fiscal positiva en relación con la vivienda, que no solo pueda servir para movilizar la vivienda desocupada sino también para la financiación del parque público. Ni mayor tributación a buitres y SOCIMI, ni sanciones a la banca. No concreta incrementos del PIB en vivienda, cuando estamos muy por debajo de Europa.

4º) Se acepta intervenir los precios del alquiler, aunque no se especifica cómo, sino que reincide en la vaguedad de un índice estatal de referencia frente a índices locales más vinculantes. Habla de profundizar en las medidas ya adoptadas en marzo, cuando al no aplicar a los contratos anteriores a esa fecha dejan fuera de alcance al 99% de las renovaciones al alza. Las ayudas al alquiler, mal planteadas, pueden ser una línea directa al bolsillo de los grandes tenedores y echar más gasolina al fuego.
Ya en 2013 la PAH requería reforzar un Observatorio de la Vivienda; la situación de emergencia habitacional y de alza de precios requiere más que observar.

5º) Sí reconoce algunos postulados de mínimos de la PAH:

  • La necesidad de aprobar una Ley estatal de vivienda que proteja su función social, para la cual la PAH ya presentamos un texto base que fue admitido a trámite por una mayoría parlamentaria y que sin embargo el PSOE sigue sin llamarnos para su discusión y trámite de urgencia.
    Impedir normativamente que las viviendas con algún tipo de protección pública puedan ser gestionadas o vendidas a fondos buitre. Esto es consecuencia directa de la lucha sin descanso de miles de afectadas en la PAH, pero necesita que el Gobierno se implique en recuperar las promociones de vivienda ya afectadas.
  • La prohibición de cortes de suministros básicos (agua, luz, gas) en primera vivienda, algo ya denunciado ante Europa y que siempre ha estado presente en nuestras iniciativas locales, autonómicas y estatales. Sin embargo faltan medidas firmes para disminuir la tarifa del tramo vital de estos suministros.

Y algunas premisas más, como nuevas medidas de protección al consumidor ‒ante la insuficiencia de la actual Ley de Créditos Inmobiliarios‒, el control de los pisos turísticos ‒que forman parte de la burbuja de alquiler‒, o modificar la «Ley Mordaza», que sin embargo y pese a los recursos de alzada interpuestos, siguen aplicando férreamente los delegados de gobierno del PSOE.

En definitiva, es una declaración de voluntad, pero carente de concreción y escasa de plan de choque urgente sobre el mayor y más dramático de los problemas: los desahucios.

Visto el resultado, ahora exigimos que el programa de gobierno en materia de vivienda se mejore con la inclusión de nuestras propuestas contra los desahucios y para la generación del Parque Público de Vivienda y la concreción de las medidas de alquiler. Mientras esto no suceda, el PSOE sequirá siendo cómplice de cada uno de los 172 desahucios diarios, de la banca y de los fondos de inversión que se están apropiando de nuestras viviendas. A la PAH solo nos quedará seguir en las calles, parando esta sangría con nuestros cuerpos y denunciando la situación de emergencia de un país que poco tiene que ver con los de nuestro entorno en el desarrollo de políticas de vivienda.

PorPAH_Bcn

La PAH nos hemos reunido con Pedro Sánchez

Tras 10 años de lucha y legitimidad, esta mañana la PAH nos hemos sentado por primera vez cara a cara con un presidente del Gobierno, al que le hemos exigido un plan de choque urgente frente a la emergencia en vivienda. La reunión terminó sin ningún compromiso firme, más allá de una declaración de buenas intenciones y el anuncio de recoger nuestras aportaciones en un documento que presentarán el próximo martes, cosa que está por ver.

30 de agosto de 2019

Corren tiempos convulsos para las familias desde el inicio de la estafa, mal llamada crisis, iniciada en 2008. Por el camino han quedado más de 600.000 desahucios, el crimen de dejar a las familias en la estacada mientras se rescata a la banca con 77.000 millones de dinero público sin retorno ni contraprestación social, una ley hipotecaria al servicio de la banca, venta de pisos públicos a fondos buitre, falta de parque público de vivienda, negativa a alquileres sociales en plena burbuja de los precios del alquiler… La emergencia está muy lejos de solucionarse ante la pasividad crónica de los distintos gobiernos, que han mirado hacia otro lado y legislado solo a favor de la especulación, el sistema financiero y los desahucios

Desde la PAH llevamos 10 años denunciando la situación, protegiendo a las familias que se acercan por todo el Estado a nuestras asambleas y presentando los cambios legislativos necesarios para revertir esta situación de vulneración y mercantilización del Derecho a la vivienda. Hemos logrado leyes autonómicas y llevado una Ley de Vivienda estatal al Congreso, que no logró llegar a la fase de enmiendas para hacerse realidad a causa del bloqueo sistemático del PP y Ciudadanos, semana tras semana, mientras criminalizaban a las familias en precario. Una ley y una reforma legislativa más que urgente en el marco actual, en el que cada año la cifra de los desahucios roza los 60.000, la banca está vendiendo su cartera de pisos vacíos de forma masiva a los fondos buitre, los precios del alquiler ya desbordan los sueldos medios, los presupuestos del Estado para vivienda son irrisorios y seguimos sin vivienda pública y social. Un cúmulo de situaciones que convierten a nuestro país en un indiscutible error democrático y una absoluta anomalía en toda Europa.

Está mañana, por primera en la historia, nos hemos sentado cara a cara frente a un presidente del Gobierno. Pedro Sánchez, el ministro de vivienda José Luis Ábalos y la secretaria de Estado de vivienda Beatriz Corredor nos han atendido en una reunión en la que también estaban convocados otros actores como la Patronal de la construcción o la AEB (patronal bancaria), para hablar de vivienda. 

Nosotras lo tenemos claro y no estamos dispuestas a que esta reunión se limite a un encuentro de cara a la galería para un uso puramente electoral por parte del PSOE, a costa de las lágrimas y lucha de tantas afectadas. Queremos compromisos y soluciones ya, sin excusas ni dilaciones, cada retraso es un favor a la banca. Por eso, más allá de argumentar la realidad de la situación y poner la cara colorada a más de uno de los presentes, hemos entregado un documento con nuestro Plan de choque para frenar la emergencia habitacional hasta lograr esa reforma legislativa necesaria para empezar a gobernar pensando en las familias, no en el sistema financiero, haciendo realidad el artículo 47 de esa Constitución que tanto se llenan la boca en defender.

Nuestro plan de choque, a grandes rasgos consta de:

  • La suspensión temporal de todo desahucio que afecte a personas con bajos ingresos que carezcan de alternativa habitacional adecuada, hasta que la Administración Pública que corresponda pueda garantizar genuinamente el acceso a una vivienda adecuada.
  • El cumplimiento del mandato constitucional acerca de los Tratados Internacionales, y su prevalencia sobre la legislación nacional. Se deben aprobar urgentemente medidas que obliguen al acatamiento judicial/estatal de las peticiones de suspensión de desahucios emitidas por el Comité DESC de Naciones Unidas.
  • La anulación del procedimiento conocido como desahucio abierto, que genera un sufrimiento añadido, por la incertidumbre al ignorar cuándo se va a producir el desahucio. Algunos jueces siguen reinterpretando la ley, haciendo necesaria una nueva revisión de la LEC que evite estas reinterpretaciones.
  • Ampliación de la moratoria de desahucios, que finaliza en mayo del 2020, así como ampliar su radio de alcance.
  • Renovación obligatoria de los contratos de alquiler social, que ahora se están negando para que las familias firmen alquileres de mercado, a pesar de estar en situación de vulnerabilidad económica.
  • Regulación y limitación de los precios del alquiler, en consonancia con los salarios y prestaciones existentes en nuestro país, otorgando a los ayuntamientos la capacidad de establecer precios vinculantes.
  • Incremento creciente en los Presupuestos Generales del Estado para vivienda, hasta alcanzar el 3,5% del PIB, en inversiones que garanticen su función social de forma permanente.
  • Impedir la enajenación de vivienda pública por norma legal.
  • Medidas legales que otorguen a la Administración pública pertinente el derecho de tanteo y retracto sobre las ventas de lotes de vivienda que realicen los bancos, y que normalmente acaban en manos de fondos buitre.
  • Cesión obligatoria de las viviendas que posea la banca rescatada, con prohibición expresa a Bankia y a la SAREB de seguir vendiendo suelo o viviendas, cediendo de forma inmediata aquéllas de las que dispongan en zonas tensionadas. Y que a todos los grandes tenedores de vivienda que hayan obtenido fondos públicos, bien por rescate, bien por ayudas o exenciones fiscales, se les reclame su deuda en vivienda.
  • Reforma de la fiscalidad de la vivienda, para que las SOCIMIS y fondos buitre paguen su correspondiente impuesto de sociedades. Así como penalizaciones a vivienda vacía en manos de grandes tenedores.
  • Incorporar plenamente la Directiva 93/13/CE y toda la jurisprudencia del TJUE en relación a las cláusulas abusivas.
  • La limitación de la responsabilidad al bien hipotecado, y la dación en pago como fórmula natural de resolución de impagos por causas sobrevenidas y ajenas a la voluntad del deudor, superando el sobreendeudamiento de miles de familias y conseguir así una auténtica segunda oportunidad. Además, para carteras hipotecarias transferidas con importantes descuentos a fondos buitre, la aplicación del derecho de retracto, actualmente muy limitado.
  • Una Ley Estatal de Vivienda basada en la Ley Vivienda PAH, la Ley 24/2015 catalana ‒fruto de una ILP impulsada por la PAH y con amplio consenso político de extenderla‒, más la incorporación de los aspectos más progresistas y avalados por el Tribunal Constitucional, como la movilización de vivienda deshabitada hacia el alquiler social estable, o la consideración del Derecho a la vivienda como Derecho Subjetivo para las familias vulnerables.

Gracias al trabajo diario y a las miles de pequeñas victorias alcanzadas a lo largo de los años, con desobediencia civil pacífica, hemos llegado hasta aquí. La mayoría de los partidos han apoyado nuestra Ley Vivienda ‒incluido el PSOE‒, nos han escuchado, han recogido nuestras propuestas… Ahora solo queda lo más evidente: dejar la cobardía política atrás y tener la altura necesaria para hacerlas realidad.

Nosotras seguiremos estando ahí, valientes y empoderadas, luchando contra la vulneración del Derecho a la vivienda. No valen excusas ante vidas en juego, y el martes estaremos muy vigilantes a las novedades que presente el PSOE.

 

 

PorPAH_Bcn

El PP: Partido de la corrupción, los desahucios y la cárcel

La PAH lleva años planteando soluciones para realojar a las familias desahuciadas, el PP ha encontrado la más eficaz: una celda caliente durante 3 años y no nos quejemos que encima nos dan de comer y suministros garantizados.

El partido de la corrupción y los desahucios, el PP,  vuelve a la carga contra la gente, proponiendo una reforma de la ley de desahucio exprés del PDeCAT, para que también los estafadores de la banca, los especuladores de los fondos buitre y las Socimis puedan utilizar este mecanismo, pero además, incluyendo penas de hasta 3 años de cárcel. Elimina la garantía constitucional de la inviolabilidad del domicilio, para que la policía  pueda de inmediato desalojar, sin necesidad de orden judicial, a pesar de que ya la ley del PDeCAT está recurrida ante el TC, entre otros, por este motivo. El PP no solo rescató a la banca con 77.000 M € de nuestros impuestos sin exigirles ni una sola contrapartida, sino que 10 años después de estallar la crisis económica, continúa legislando contra las familias vulnerables, cebándose en el más débil. En el resto de países como Holanda y Estados Unidos la banca ha devuelto, con beneficios, todo lo que se les prestó. El PP en cambio quiere que España continúe premiándolos por sus abusos e ilegalidades. 

Como siempre, utilizan como excusa las supuestas mafias de la ocupación para justificar una propuesta, que únicamente va en beneficio de los fondos buitre, las Socimis y la banca, que como sabemos, son socios preferentes del PP. El PP, que liberó a las Socimis de pagar el impuesto de sociedades, que puso las bases de la actual burbuja del alquiler con su reforma de 2013, que ha vendido vivienda pública a fondos buitre, que vetó la Ley de Vivienda de la PAH cuando era gobierno, que la ha estado bloqueando desde septiembre, que le ha presentado ahora una enmienda a la totalidad para mantener la actual situación de los alquileres.

¿Dónde piensa el PP de Casado que irán las familias desahuciadas? ¿Desaparecerán? En cualquier país de nuestro entorno las familias vulnerables estarían en una vivienda pública. En España, con un vergonzoso 1,5% de vivienda pública, versus el 15% de media Europea, se ven obligadas a ocupar. ¿Es la cárcel lo que entiende el partido más corrupto de Europa como realojo garantizado para las familias más vulnerables? 

En un país en el que solo durante los 3 primeros trimestres de 2018 se han ejecutado más de 184 desahucios de media al día, según los datos del CGPJ, donde el parque público de vivienda apenas supera el 1% imposibilitando el realojo de familias desahuciadas, con unos precios de alquiler y de compra de vivienda desbocados y unos salarios devaluados, donde se permiten los desalojos forzosos a familias vulnerables sin alternativa habitacional, las 184 familias desahuciadas cada día solo pueden quedarse en la calle, u ocupar alguna de las más de 3,4 millones de casas vacías que según el INE hay en España.

El PP considera que tiene que prevalecer el derecho a la propiedad sobre el derecho a la vivienda, es decir, se olvida del artículo 33.2 de la CE, donde establece que el derecho a la propiedad debe delimitarse a la función social de la misma. Y, con toda la cara, propone encarcelar a la gente que, sin ninguna otra alternativa habitacional ocupe  o recupere las casas cerradas de sus socios.

Este ataque al derecho a la vivienda consigue remacharlo con la actual Ley de crédito Inmobiliario, cuyo texto original de De Guindos blanquea cláusulas abusivas y que ha sido asumido vergonzosamente con retoques por el PSOE ‒votado por PSOE, PP, C’s, PdCat y PNV‒, ahora pendiente de debate en el Senado.

Pero la Ley de Vivienda la PAH propone alargar la duración de los contratos de alquiler hasta 10 años, cuando el propietario sea una empresa. Obligar a los grandes tenedores de vivienda (banca, Socimis, fondos buitre…) que hayan recibido dinero público por vía de subvenciones, desgravaciones fiscales o rescates, a ceder a las Administraciones Públicas el uso de sus casas, injustificadamente desocupadas, para que sean utilizadas como Parque Público de Vivienda, para abaratar los alquileres y disponer de vivienda social que hemos financiado.

Pedimos apoyo a las movilizaciones para exigir la tramitación y aprobación inmediata de la Ley de Vivienda de la PAH, para que la vivienda deje de ser un simple bien de consumo más, y se garantice el acceso a toda la ciudadanía.

¡Sí se puede! Porque ellos defienden los intereses del 1% pero nosotras somos el 99% restante que puede revertir la situación.

PorPAH_Bcn

¡Ya era hora! El Congreso aprueba la toma en consideración de la Ley Vivienda PAH

Tras una década de lucha social, llegó la hora de hacer justicia con las familias afectadas por la usura de la banca y las leyes criminales    

El 18 de septiembre de 2018, pasará a la historia en la lucha de los derechos civiles de nuestro país como el día en que el Congreso tomó en consideración la Ley de emergencia habitacional para familias vulnerables en el ámbito habitacional y de la pobreza energética, más conocida como la Ley de Vivienda de la PAH.  
  
Justo cuanto se producen 10 años del estallido de la crisis financiera y la burbuja inmobiliaria, más de 700.000 desahucios después, otros tantos centenares de miles de familias que han estado o están al borde del desahucio, una incierta cifra de suicidios pero que supera seguro varios miles, después de toneladas de sufrimiento injusto, injustificable, inhumano e irracional, por fin la representación de la ciudadanía ha decidido estudiar las propuestas de la PAH, elaboradas con la auténticas conocedoras de los devastadores efectos de la crisis, la estafa hipotecaria o la actual burbuja del alquiler: las familias afectadas. 
  
En una situación de absoluta emergencia habitacional, con cerca de 16.000 desahucios solo en el primer trimestre de este año, con unos precios y una regulación del alquiler que está expulsando a la gente, no solo de sus casas sino también de sus barrios y ciudades, precarizando aún más las condiciones de vida, con unos precios de compra subiendo al ritmo de los años de la burbuja, y sin un parque público de vivienda social en regimen de alquiler que frene las subidas, con unos fondos buitre que no paran de acaparar vivienda a precios de saldo, pero que no sacan al mercado para especular con ellas; y un oligoplio energético que inpunemente no duda en cortar los suministros básicos de agua, luz y gas, condenando a una vida de frío y oscuridad. Este es el contexto en el que ¡ya era hora! Se escuchan nuestras propuestas.  
  
La Ley de Vivienda de la PAH es una propuesta de Justicia Social que nace del sufrimiento, pero que constituye la única esperanza para conseguir que el acceso a la vivienda en este país pueda dejar de depender exclusivamente del nivel de renta de las familias, y llegue algún día a ser considerado como un Derecho exigible por la ciudadanía. 
  
Vamos a estar muy pendientes del trámite de la ley, no vamos a consentir que, vía enmiendas, puedan desnaturalizar el espíritu, los contenidos o el alcance de nuestra ley. Ni tampoco que con argucias retrasen su aprobación definitiva, que esperamos no más allá de la próxima primavera, porque la situación es dramática. 
  
Vamos también en paralelo, a pelear por otras medidas también imprescindibles, pero que por razones jurídicas no cabían en la ley, como la retirada inmediata de los recursos de inconstitucionalidad contra todas las leyes autonómicas que interpuso el gobierno del PP, vamos a exigir el cumplimiento inmediato del dictamen del Comité DESC de la ONU, a pelear por una reforma fiscal de la vivienda que saque al alquiler los 3,5 millones de casas vacías que hay según el INE… 
  
Y aunque somos fuertes, este camino no lo vamos a hacer solas, sino de la mano de la Alianza contra la Pobreza Energética, que ya colaboró en el redactado de la Ley, y del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos. Colectivos sociales, que junto a la PAH, luchan por el Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada en este país; así como un gran número de movimientos sociales que nos han acompañado en este proceso y continúan estando a nuestro lado. 

Largo ha sido el camino desde que la PAH nació en febrero de 2009, dispuesta a cambiar las cosas, a revertir los sentimientos de culpa, vergüenza y miedo de las familias afectadas, hacia el empoderamiento, y hacer entender que no somos culpables, sino víctimas de un sistema dominado por la banca y unas leyes de vivienda totalmente criminales.

El objetivo principal estaba claro, lograr un nueva legislación.

Nos decían que era imposible, que las cosas eran así, que no las podríamos cambiar, pero nosotras sabíamos que lo imposible solo tarda un poco más. Alzamos la voz y con paso firme llegamos al Congreso.

Hoy arranca una etapa de esperanza, una oportunidad para reparar una injusticia histórica y evitar que se repitan los devastadores hechos que nos han traído hasta aquí.

¡Sí se puede! #YaEraHora

PorPAH_Bcn

Gracias a la presión social la Ley Vivienda PAH llega al Congreso

Decían que no cabían pero tras nueve años de lucha, este mes de septiembre, las demandas de la PAH serán llevadas al pleno del Congreso. Un paso de gigante para hacer realidad el Derecho a la Vivienda en España

Por fin la Ley de Vivienda de la PAH será sometida a la consideración del Congreso en el próximo Pleno del martes 18 de septiembreHan pasado nueve meses desde que fue registrada el 13 de enero, avalada por los grupos parlamentarios de Unidas Podemos, ERC, EH-Bildu y Compromís. Después de haber sido vetada por el anterior gobierno del PP, la ley volvió a la carga tras la sentencia del TC sobre el veto a la LOMCE; y no habiendo sido vetada por el Gobierno actual, el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos (Podemos, En ComúPodem, IU, En Marea y Equo) la llevará al Pleno.     

Tras la ILP que llevamos al Congreso en 2013 avalada por 1,5 millones de firmas, y que el PP transmutó en Ley 1/2013, denostada por el TJUE en varias ocasiones, volvemos con una ley elaborada por las familias afectadas, que aborda globalmente los problemas actuales del acceso a la vivienda en España: los desahucios, el endeudamiento de por vida, la carencia de parque público de vivienda, los alquileres y la pobreza energética. La Ley debe superar el trámite de la toma en consideración si PSOE, PNV y PDeCAT cumplen sus compromisos adquiridos con la PAH y votan junto a los grupos que ya avalaron su registro.  

Desde 2013 hasta hoy, se han producido en España más de 700.000 desahucios por impago de hipoteca y, en los últimos años, esta cifra se ha visto aumentada por los desahucios de alquiler. Los precios de compra de vivienda están volviendo a subir a ritmos cercanos a los de la época de la burbuja, los alquileres suben a un ritmo muy superior, los fondos buitre no cesan de acaparar vivienda mientras seguimos sin parque público, generando que miles de familias vivan en precario, y cada año mueren  cerca de 7.000 personas en accidentes derivados de la pobreza energética, y ello sin contar además los suicidios provocados por la angustia ante la pérdida del hogar. 

Con este panorama, esperamos que los representantes de la ciudadanía  estén a la altura y sean capaces de ir más lejos que la simple toma en consideración, y la tramiten con la rapidez y fidelidad al texto que la situación de emergencia habitacional que sufrimos exige. Aprovechamos para volver a recordar a José Luis Ábalos, secretario de Estado de Vivienda, su compromiso de reunirse con la PAH para abordar de manera integral cuestiones relacionadas con la política de vivienda del Gobierno, sin que de momento tengamos fecha para dicha reunión.     

Largo ha sido el camino, pero con paso firme, la sociedad civil organizada no se ha rendido ante los abusos de poder y la vulneración sistemática de un derecho tan básico como es la vivienda. Pronto se cumplirán 10 años desde que la PAH arrancamos con convicción y la clara determinación de acabar con las leyes criminales e injustas que tenemos en este país.

El objetivo estaba claro: garantizar el derecho a techo para todo el mundo, como dicta nuestra Constitución. 

Hoy es un paso histórico más, fruto del trabajo de miles de familias, que desde la calle combatieron la política del miedo y el sentimiento de culpa, levantando la cabeza y avanzando, sin dar un paso atrás, para defender y ganar los derechos de todas.

¡Sí se puede!