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El gobierno aprueba prorrogar 6 meses una moratoria antidesahucios que ha demostrado ser insuficiente

PSOE y Unidas Podemos optan por recuperar las prórrogas obligatorias del alquiler y mantienen el mismo escudo social que ha permitido que más de 70.000 familias hayan sido desahuciadas desde 2021

El gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos ha aprobado hoy en el último Consejo de Ministros prorrogar las actuales medidas en materia de vivienda para paliar la crisis económica y social desatada después de la pandemia. Entre ellas se encuentran la moratoria antidesahucios decretada justo hace un año que, a pesar de estar en vigor, no ha conseguido detener 70.000 desalojos -en 2021 se practicaron un total de 41.359 y 29.285 en los 9 primeros meses de 2022- en España.

El gobierno no ha accedido –pese a que se lo hemos pedido al presidente Sánchez– a congelar las renovaciones de hipoteca variable, a pesar de que el euríbor ya amenaza con llegar al 4% en enero. Tampoco ha accedido a ampliar los supuestos cubiertos por el actual escudo social -que, insistimos, han dejado a miles de familias fuera- a pesar de que a principios de este mes la PAH nos reunimos con la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, quien se comprometió a estudiar y a negociar las propuestas de ampliación del escudo social. Así pues, el gobierno ha optado por seguir con el parche actual y prefiere tomar medidas con la complicidad de la banca, como la reedición del código de buenas prácticas del PP anunciado por la vicepresidenta Nadia Calviño hace unas semanas.

Respecto a los alquileres, el gobierno ha decidido recuperar las prórrogas obligatorias de los contratos que vencen desde ahora hasta junio de 2023, una medida muy parecida a la que ya se aplicó durante la crisis de covid-19, cuando la inquilina podía solicitar al arrendador una prórroga de 6 meses del contrato al mismo precio. Asimismo, las actualizaciones de la renta por el IPC se mantienen al 2% como hasta ahora -es decir, que el arrendador solo podrá incrementar un 2% el precio del alquiler en cada anualidad del contrato. Si bien celebramos este pequeño respiro para las miles de familias inquilinas, desde la PAH entendemos esta medida como insuficiente, puesto que pasados esos 6 meses las familias siguen en riesgo de tener que soportar subidas desproporcionadas de la renta o se verán obligadas a irse de su casa, en lo que conocemos como desahucios invisibles.

En definitiva, desde la PAH creemos que esta es otra oportunidad perdida del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos para impulsar medidas efectivas de protección a las familias. Una y otra vez se nos insiste en que todo eso estará cubierto por la nueva Ley de Vivienda; sin embargo, esa ley ya lleva 2 años de retraso -y no parece que vaya a llegar pronto debido al bloqueo de los socialistas- y además, como hemos comentado anteriormente, la actual propuesta es papel mojado. Así, el Gobierno mantiene una política de vivienda basada en grandes anuncios de medidas temporales de corta duración, que si bien pueden aliviar algunas situaciones, siguen sin dar cumplimiento a los compromisos internacionales de España en materia de Derechos Humanos, sin impulsar medidas estructurales y duraderas en el tiempo, condiciones imprescindibles para que el Derecho a la Vivienda sea efectivo en este país. Este gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias, y es por ello que le exigimos que sean valientes y aprueben una Ley de Vivienda ambiciosa que de verdad se ponga del lado de las familias y no mantenga los privilegios de bancos y fondos buitre, e incluya la prohibición de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, un control efectivo de alquileres y el establecimiento del alquiler social obligatorio, entre otras. Por todo esto, seguiremos luchando y movilizándonos. ¡Sí, se puede!

[NUEVO] Nuevo documento útil para acogerse a la nueva moratoria antidesahucios hasta junio 2023

Desde la PAH ya hemos actualizado nuestro apartado de «Documentos Útiles» tanto en alquiler como en ocupación para que puedas descargarte el documento para solicitar la suspensión de desahucio en base a la nueva prórroga de la moratoria antidesahucios hasta junio de 2023. Recuerda que si necesitas ayuda ven a nuestras asambleas: en Barcelona nos reunimos todos los lunes de 17:30h a 20h en la C/Leiva, 44 bis. Y si no vives en Barcelona puedes consultar la web de PAHs Catalanes para localizar tu asamblea más cercana ¡Sí, se puede!

El gobierno se compromete a aprobar medidas de protección urgentes para evitar desahucios sin alternativa habitacional

La PAH y el Sindicato de Inquilinas nos hemos reunido con la vicepresidenta Yolanda Díaz para exigir ampliaciones en el escudo social para detener desahucios de forma efectiva, así como congelar hipotecas y alquileres

Esta mañana la PAH y los Sindicatos de Inquilinas de Catalunya y Madrid nos hemos reunido con la vicepresidenta segunda del gobierno Yolanda Díaz, para trasladar la urgencia de aprobar nuevas medidas que garanticen el derecho a la vivienda, entre ellas, la suspensión de todos los desahucios sin alternativa habitacional, la congelación de hipotecas y alquileres.

La vicepresidenta Díaz ha compartido la mayoría de consideraciones que le hemos hecho y comparte nuestras premisas de no transferir dinero a bancos y fondos buitre mediante “acuerdos de buenas prácticas” −como el pactado por la ministra Calviño la semana pasada− o ayudas como el bono joven al alquiler. Asimismo, la vicepresidenta ha entendido que las medidas a aplicar deben ser universales y no centrarse exclusivamente en las personas vulnerables; hay que proteger a aquellas familias que, aunque no se encuentran en riesgo de exclusión, progresivamente están precarizándose.

Desde la PAH hemos propuesto dos medidas muy concretas para atajar la emergencia habitacional vía decreto de urgencia mientras no se apruebe una Ley de Vivienda efectiva: por un lado, la mejora del actual redactado del escudo social para que se suspendan todos los desahucios sin alternativa habitacional −sin interpretaciones “holgadas” de la moratoria por parte de jueces que beneficien a grandes tenedores de vivienda− y la congelación de las renovaciones de hipoteca para evitar encarecimientos de hasta 300 euros en la cuota debido a la subida del euríbor que ya roza el 3%. Asimismo apoyamos otras medidas de urgencia, como la congelación de los precios del alquiler para los nuevos contratos mientras se mantienen las subidas por IPC al 2% en los que están todavía en vigor.

Por su parte, Yolanda Díaz se ha comprometido a batallar por estas medidas en el seno del Consejo de Ministros a mediados de diciembre y a mantener un contacto estrecho con las entidades del movimiento por la vivienda para informar del curso de las negociaciones.

Se amplía la moratoria estatal para algunos desahucios de alquiler y ocupación hasta el 31 de diciembre de 2022 

El pasado sábado se anunciaba desde el Gobierno de España el nuevo Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma.

En materia de vivienda, se detalla que se prorrogan las medidas del Decreto-ley 11/2020 que el Gobierno aprobó, el 31 de marzo 2020, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19. En un primer momento, la moratoria de desahucios solo cubría lanzamientos de alquiler y exclusivamente para familias afectadas directamente desde un punto de vista económico por la crisis del coronavirus.

No obstante, a finales de diciembre de 2020 se aprobó una ampliación para cubrir algunos casos de ocupación/recuperación de vivienda y extenderlo a familias en situación de precariedad antes de la pandemia.

La moratoria antidesahucios ha ido ampliándose en el tiempo y actualmente mantiene las medidas vigentes hasta el 31 de diciembre de 2022. 

A continuación, algunas informaciones y documentos útiles para acogerte a estas medidas y evitar quedarte en la calle en los próximos meses.

Desde la PAH celebramos que las medidas que han ayudado a suspender algunos desahucios de alquiler y ocupación de familias vulnerables se prolonguen en el tiempo. Esta moratoria ha servido para ganar tiempo a algunas familias a exigir una solución definitiva para sus casos, ya que suspender un desahucio es un parche y esta medida debe de venir acompañada de una alternativa habitacional. Y por otro lado, como hemos mencionado en repetidas ocasiones, la moratoria antidesahucios es insuficiente, ya que muchas familias vulnerables sin hijos a cargo, por ejemplo, o de personas mayores, aun teniendo un informe de servicios sociales que avala su vulnerabilidad, no pueden acogerse a la medida y son desahuciadas de sus casas sin tener ningún sitio donde ir. Solo hay que recordar los más de 41.359 desahucios ejecutados en España en 2021 o las más de 1.755 familias de Barcelona que perdieron su casa en el mismo año con la moratoria en vigencia.

Está claro que se sigue vulnerando el derecho a la vivienda de miles de familias y que ha llegado la hora de afrontar la situación desde el gobierno español, no se puede ir alargando la moratoria sin tomar otro tipo de medidas. Desde la PAH exigimos que se incluyan en la Ley de vivienda las siguiente medidas:

  • Garantizar el derecho subjetivo a una vivienda. La ley debe reconocer el derecho subjetivo de toda la ciudadanía y residentes en el Estado a una vivienda.
  • Regular el precio del alquiler y que este sea una opción segura y estable. Hay que bajar los precios de todos los alquileres por debajo de las medias actuales, modificando los criterios de declaración de «zona tensionada«, y que esta declaración sea de aplicación inmediata y con sanciones para los arrendadores que se lo salten.
  • Stop desahucios y alquiler social obligatorio. Es necesario paralizar todos los desahucios de familias vulnerables. También hay que incluir la obligación de ofrecer alquiler social en el caso de bancos y grandes propietarios y realojo por parte de la Administración en casos de pequeño propietario, con el régimen sancionador correspondiente.
  • Ampliación del parque público. Es necesario un compromiso para ampliar hasta el 20% el parque público de vivienda en 20 años, a través de la regulación de la cesión obligatoria de vivienda vacía de bancos y fondos de inversión; de más mecanismos para prohibir la venta de vivienda pública y del fomento de su inmediato aumento. Es necesario que todos los pisos en manos de la Sareb se pongan a disposición de la ciudadanía a través de las diferentes administraciones, en vez de transferirse a manos privadas, tal y como está pasando actualmente.
  • Responsabilidad limitada, medidas contra el sobreendeudamiento y segunda oportunidad. Es necesario que la responsabilidad quede limitada exclusivamente al bien hipotecado. Hay que regular la dación en pago y el mecanismo de segunda oportunidad real para evitar la pérdida de la vivienda habitual.
  • Suministros. Es imprescindible prohibir los cortes de agua, luz y gas a familias en situación de vulnerabilidad y establecer una tarifa social progresiva en función de sus ingresos.

Incluir estas seis medidas en la futura Ley Estatal de Vivienda permitiría sentar las bases del quinto pilar del estado del bienestar del que habla tanto el presidente Pedro Sánchez. Sin ellas, este pilar no existirá y continuaremos en la espiral de aumento de la pobreza y la precariedad. Y es que estas medidas son fruto de la experiencia de 13 años de lucha, de ponerlas en práctica a través de la desobediencia civil pacífica y de los cambios legales logrados en CCAA que demuestran su eficacia. Ahora queremos extenderlas a todo el territorio español. No podemos perder esta oportunidad, la ciudadanía no lo entendería: necesitamos una ley que garantice el derecho a la vivienda.