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[Comunicado] Carta dirigida al Presidente de la Generalitat, el Sr. Quim Torra y a la alcaldesa de Barcelona, la Sra. Ada Colau

Hoy queremos hacer llegar la siguiente carta al Presidente de la Generalitat, el Sr. Quim Torra y a la alcaldesa de Barcelona, la Sra. Ada Colau. Las familias no tienen que sufrir la ineficiencia de las dos administraciones a ponerse a trabajar conjuntamente. Desde la PAH lo tenemos claro, somos personas y no números a poner o quitar en unas estadísticas. Exigimos soluciones, solo hace falta voluntad política.


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Presentamos un nuevo documento útil para denunciar ante el Síndic de Greuges el colapso de la Mesa de emergencia

Desde la PAH de Barcelona, recordamos la realidad  citada por el  Síndic de Greuges de Catalunya en su informe ‘’El Derecho a la vivienda: cuestiones urgentes’’, publicado en febrero de 2018, en el cual puso de manifiesto que:

El artículo 26 del vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña determina que las personas que no disponen de los recursos suficientes tienen derecho a acceder a una vivienda digna, por lo que los poderes públicos deben establecer por ley un sistema de medidas que garantice este derecho, con las condiciones que determinan las leyes.

A criterio de esta institución, las principales causas que condicionan actualmente el derecho de todas las personas a acceder a una vivienda digna y asequible son las siguientes:

  1. La falta de un parque de viviendas suficientes destinado a alquiler social.
  2. La escasa oferta de viviendas de alquiler privado a un precio asequible y el creciente incremento de las rentas de alquiler.
  3. La falta de una actuación pública suficiente en cuanto al gran número de viviendas de titularidad privada que están desocupadas de forma permanente e injustificada y que, por tanto, incumplen la función social del derecho de propiedad.- (p.8)

Formalizamos con una queja principal:

Desde que se publicó el informe y basándonos en la cita de la página 19 del mismo: […es necesario reiterar que la valoración de una situación de emergencia residencial y el realojamiento de las personas afectadas no debería superar el plazo máximo de un mes…], nos consta que, actualmente, las llamadas listas de espera se han ido prolongando hasta alcanzar un tiempo de espera de entre 1 año hasta más de 2 años, y que dichas listas (que según el propio Síndic de Greuges,  no deberían existir) se han duplicado a lo largo del 2018.

Solo en Barcelona hay más de 500 familias en la lista de espera (el doble que hace un año), familias que acabarán con problemas de salud totalmente prevenibles, siendo desahuciadas, sin posibilidades de poder acceder a una vivienda, de mantener una vida estable y en el peor de los casos quitándose la vida ante la presión de no ver solución a su emergencia habitacional.

El acceso a la lista de espera es otra queja relacionada, ya que nos consta que muchas familias no reciben el trato procesal debido, ni una correcta atención por parte de Servicios Sociales o las Oficinas de Vivienda, ante la gravedad del problema de perder su vivienda, de no poder acceder a otra o en el caso de haber conseguido un realojo y un alquiler social, se ven sometidas a unos contratos públicos con falta de transparencia y sin cumplir los baremos estipulados por la Ley 24/2015.

La situación es dramática y requiere cambios drásticos, contundentes y urgentes.

Por eso pedimos con urgencia que desde el Síndic de Greuges se vuelva a investigar y a publicar la falta de respuesta continuada de las administraciones a solucionar la problemática que no para de afectar cada vez a más personas.

DESCARGA EL DOCUMENTO DE DENUNCIA AQUI

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Una vez más queda patente que los ritmos de la Administración no están a la altura de las necesidades de las familias desahuciadas

Es alarmante tener una mesa de emergencia con una lista de espera de 489 familias, con tiempos de espera que ya superan el año y medio y la Administración solo reaccione a paso lento ante la presión de la PAH

Hoy, martes 13 de noviembre de 2018, PAH Barcelona nos hemos vuelto a reunir con los responsables de la Mesa de emergencia, en la calle de la Diputació, 92,  para que nos informaran de los avances que habían realizado, ante el creciente colapso de la lista de espera de la Mesa de emergencia desde que nos reunimos por última vez  y logramos que pusieran sobre la mesa medidas concretas, en las que la Generalitat se comprometió a:

  • Ceder 4 millones de euros al Ayuntamiento en los próximos 3 años, que servirían para conseguir 100 viviendas a través de convenios con Habitat 3
  • Abrir una nueva línea de crédito para financiar la compra, con tanteo y retracto, de pisos de la banca, que garantizara 400 viviendas de aquí a finales de año para cubrir la lista de espera de la Mesa de emergencia

Han pasado cuatro meses de ese encuentro y dos desde que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona hicieron público su plan de choque, pero seguimos con una Mesa de emergencia más colapsada que nunca y sin ver avances en cómo hacer efectivo dicho plan mientras las familias siguen  siendo desahuciadas sin realojo garantizado, en una demostración de que los tiempos de la Administración no están a la altura y totalmente alejados de la realidad.

Hablamos de casi 500 familias desahuciadas o con orden de desahucio, que tienen que esperar hasta un año y medio para acceder al piso de emergencia que les corresponde por ley. Hablamos de familias obligadas a sufrir una orden de desahucio tras otra hasta ser expulsadas definitivamente de sus hogares sin más alternativa que una pensión, un albergue o una habitación de hotel, en el mejor de los casos un piso puente, pero siguen esperando ese piso que nunca llega, mientras son sometidas a unas estrictas normas de convivencia que tampoco les permiten llevar una vida digna y normal.

A pesar del anuncio de ese plan de choque para lograr los pisos que las familias necesitan, en su momento ya fuimos críticas y denunciamos la falta de un calendario claro y conciso de ejecución  y exigimos una reunión para que nos contaran en profundidad cómo iban a llevarlo a cabo. Así como el hecho urgente e imprescindible, de que Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona busquen más soluciones para que no se vuelva a saturar la mesa una vez resuelta la lista de espera, y también pasar a pensar cómo llegamos al 15% que marca la ley y demos respuesta a las 35.000 familias inscritas en  registro de VPO. Una reunión que ha tenido lugar hoy con unos resultados bastante insatisfactorios.

Cuatro meses después de comprometerse a movilizar 100 pisos con Habitat 3 aún no se han firmado los acuerdos para hacer esto efectivo. 100 pisos  que podrían estar ya dando solución a 100 familias.

Sobre el tanteo y retracto, parece que algo se está avanzando y ya se tiene intención de comprar. De 700 pisos, han podido visitar 100 y parece ser que entre Generalitat y Ayuntamiento han confirmado la compre de 60, estamos a la espera de qué sucede con los 600 restantes. Al mismo tiempo el BBVA, que firmó un convenio con la Generalitat para entregar 1.800 pisos, no ha entregado la partida de julio con 300 pisos más, y nada parece indicar que tengan intención de hacerlo. Una muestra más de la actitud de la banca que no solo hace las cosas de cara a la galería, sino que se dedica a poner trabas para evitar cualquier avance en derechos sociales. Exigimos a la Generalitat que denuncie públicamente al BBVA y que no nos utilice a nosotras para ello. Igualmente exigimos al Ayuntamiento de Barcelona que haga lo mismo con Caixabank, entidad con la que firmaron en febrero de 2016 un acuerdo para entregar 50 pisos y casi tres años después solo ha entregado 30. Nosotras denunciamos la inacción de la Administración permitiendo que los bancos sean capaces de reírse de ellos de esta manera, y forzarles al cumplimiento de los convenios firmados.

Cerberus ya está afilándose las garras para comprar los pisos del BBVA y empezar a desahuciar masivamente cuando los tenga en su poder, ya que el 80% están ocupados. Antes de que esto ocurra, exigimos a Generalitat y Ayuntamiento para que hagan la mayor compra posible.

Desde la PAH seguiremos atentas y presionando, como hemos hecho hasta ahora, para que esta situación se solucione lo antes posible, ya que si algo ha quedado demostrado es que sin presión la Administración no solo no se mueve, sino que Generalitat y Ayuntamiento son incapaces de sentarse para trabajar con un objetivo común: dar una respuesta rápida y eficaz a la emergencia habitacional que sufrimos. No podemos seguir permitiendo que los tiempos administrativos estén tan alejados de la realidad y de la urgencia que viven las familias que no pueden esperar más.

Teniendo confirmada una partida de 40 millones de euros para la compra de pisos vía tanteo y retracto, esperamos que esta sea efectiva antes de fin de año y se amplíe considerablemente el parque de vivienda social para cubrir la emergencia.

 

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La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona llegan a acuerdos para ampliar el parque público de vivienda gracias a la presión de la PAH

Hoy la Generalitat se ha comprometido con el Ayuntamiento de Barcelona a llevar a cabo una serie de medidas para poder ampliar el parque público de vivienda en nuestra ciudad. Queremos recordar que este compromiso ha sido gracias a las acciones y negociaciones que se han llevado a cabo con nosotras, a raíz de la acción que hicimos en las oficinas de vivienda en el mes de abril, frente a la falta de eficacia de la Mesa de emergencia, para exigir un plan de choque que garantizara el fin de la lista de espera de aquí a finales de año. El resultado de estas reuniones lo comunicamos el 13 de julio después de que la Generalitat se comprometiera a dar nuevas herramientas para garantizar el derecho a la vivienda de las familias desahuciadas y acabar con la lista de espera de 360 familias, de aquí a finales de año.

Celebramos que hoy ya se haya llevado a cabo este acuerdo, ampliado con una partida de 5 millones de euros a través del Plan Nacional de Vivienda, pero también somos críticas, puesto que se quedan cortos ante la gran emergencia habitacional que sufrimos. Este plan de choque no se puede llevar a cabo a 4 años vista y echamos de menos un calendario de implicación para cumplir con el compromiso de acabar con la lista de espera de la Mesa de emergencia en lo que queda de año.

Hablamos de 360 familias desahuciadas o con orden de desahucio, que tienen que esperar hasta un año y medio para acceder al piso de emergencia que les corresponde por ley. Hablamos de 2.500 desahucios anuales, de 2.000 familias viviendo en albergues y 1.000 personas en la calle, unos datos que dejan claro que el ritmo de la Administración no responde a las necesidades de las familias.

Nos falta concreción y por eso esperamos que en los próximos días se haga efectiva una reunión, donde nos expliquen de primera mano y más allá de los anuncios, cuándo este dinero se transformará en viviendas para dejar la lista de la mesa a cero.

Es imprescindible que ambas administraciones busquen más soluciones para que no se vuelva a saturar la mesa una vez resuelta la lista de espera, así como pasar a pensar cómo llegamos al 15% que marca la ley y demos respuesta a las 35.000 familias inscritas en el  registro de VPO.

Por todo esto: es básico recuperar la Ley 24/2015, así como aumentar el parque de vivienda asequible, objetivo que se conseguirá aplicando el 30% de forma inmediata y otras medidas, como multar u obligar a ceder las viviendas vacías de grandes tenedores.

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La presión de la PAH ha conseguido arrancar al Consorcio de vivienda medidas claras para solucionar el problema de la Mesa de emergencia

¡La tercera es la buena!

Gracias a la acción que PAH Barcelona hicimos a principios de abril para denunciar la ineficacia de la Mesa de emergencia y presionar para arrancar soluciones para las 360 familias, que a estas alturas tienen un piso adjudicado pero están sufriendo un desahucio detrás de otro por culpa de la falta de vivienda pública.

La Mesa de emergencia está gestionada por la Comisión Permanente del Consorcio de Vivienda formado por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, es el único mecanismo que tienen las familias que sufren un desahucio, para garantizarles un alojamiento, pero a estas alturas no funciona, tiene una lista de espera de más de un año, y mientras, las familias se ven volcadas en un círculo vicioso de desahucios, con los graves efectos que este proceso tiene sobre la salud de todos los miembros de la unidad familiar.

A raíz de esta acción hemos mantenido, con la de hoy, tres reuniones para exigir un plan de choque que garantizara el fin de la lista de espera de aquí a finales de año. Han sido tres meses de excusas y declaraciones de intenciones sin concretar nada, mientras aumentaban los desahucios y el colapso de la Mesa de emergencia.

Hoy por fin han puesto sobre la mesa medidas concretas, en las que la Generalitat se ha comprometido a:

  • Ceder 4 millones de euros al Ayuntamiento en los próximos 3 años, que servirán para conseguir 100 viviendas.
  • Abrir una nueva línea de crédito para financiar la compra, con tanteo y retracto, de pisos de la banca, que garantizará 400 viviendas de aquí a finales de año para cubrir la lista de espera de la Mesa de emergencia.

Estas medidas son buenas noticias que dan nuevas herramientas para garantizar el derecho a la vivienda de las familias desahuciadas, a pesar de que desde la PAH no podemos ver con buenos ojos que se vuelvan a repagar los pisos vacíos de la banca, pero reconocemos que así también se frenará la venta frenética de estas viviendas a fondos de inversión.

Celebramos más, el compromiso arrancado por parte del Consorcio para defender la recuperación de la Ley 24/2015, una ley que fuerza a los bancos y fondos buitre a realojar y dar alquileres sociales en sus viviendas, para las familias en exclusión residencial.

Una vez más, hoy ha quedado demostrado que es la sociedad civil quien lidera la defensa de nuestros derechos cuando las administraciones miran hacia otro lado, con presión social y soluciones claras y concretas. Hoy ha estado la Mesa de emergencia frente a la carencia de vivienda. Recordemos que en este sentido también estamos trabajando junto con el Sindicato de inquilinas, la ABTS, la FAVB y el Observatorio DESC, para hacer efectiva lo antes posible la primera medida de la moción que presentamos en febrero, para obligar al sector privado a ceder el 30% de todos los edificios de nueva construcción y rehabilitaciones integrales, una medida que de hacerse efectiva también ampliará el parque público de vivienda de protección oficial en Barcelona.

¡Seguimos demostrando que sí se puede y que donde falta voluntad política está la voluntad de la PAH!