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Hoy la Generalitat se ha comprometido con el Ayuntamiento de Barcelona a llevar a cabo una serie de medidas para poder ampliar el parque público de vivienda en nuestra ciudad. Queremos recordar que este compromiso ha sido gracias a las acciones y negociaciones que se han llevado a cabo con nosotras, a raíz de la acción que hicimos en las oficinas de vivienda en el mes de abril, frente a la falta de eficacia de la Mesa de emergencia, para exigir un plan de choque que garantizara el fin de la lista de espera de aquí a finales de año. El resultado de estas reuniones lo comunicamos el 13 de julio después de que la Generalitat se comprometiera a dar nuevas herramientas para garantizar el derecho a la vivienda de las familias desahuciadas y acabar con la lista de espera de 360 familias, de aquí a finales de año.

Celebramos que hoy ya se haya llevado a cabo este acuerdo, ampliado con una partida de 5 millones de euros a través del Plan Nacional de Vivienda, pero también somos críticas, puesto que se quedan cortos ante la gran emergencia habitacional que sufrimos. Este plan de choque no se puede llevar a cabo a 4 años vista y echamos de menos un calendario de implicación para cumplir con el compromiso de acabar con la lista de espera de la Mesa de emergencia en lo que queda de año.

Hablamos de 360 familias desahuciadas o con orden de desahucio, que tienen que esperar hasta un año y medio para acceder al piso de emergencia que les corresponde por ley. Hablamos de 2.500 desahucios anuales, de 2.000 familias viviendo en albergues y 1.000 personas en la calle, unos datos que dejan claro que el ritmo de la Administración no responde a las necesidades de las familias.

Nos falta concreción y por eso esperamos que en los próximos días se haga efectiva una reunión, donde nos expliquen de primera mano y más allá de los anuncios, cuándo este dinero se transformará en viviendas para dejar la lista de la mesa a cero.

Es imprescindible que ambas administraciones busquen más soluciones para que no se vuelva a saturar la mesa una vez resuelta la lista de espera, así como pasar a pensar cómo llegamos al 15% que marca la ley y demos respuesta a las 35.000 familias inscritas en el  registro de VPO.

Por todo esto: es básico recuperar la Ley 24/2015, así como aumentar el parque de vivienda asequible, objetivo que se conseguirá aplicando el 30% de forma inmediata y otras medidas, como multar u obligar a ceder las viviendas vacías de grandes tenedores.

¡La tercera es la buena!

Gracias a la acción que PAH Barcelona hicimos a principios de abril para denunciar la ineficacia de la Mesa de emergencia y presionar para arrancar soluciones para las 360 familias, que a estas alturas tienen un piso adjudicado pero están sufriendo un desahucio detrás de otro por culpa de la falta de vivienda pública.

La Mesa de emergencia está gestionada por la Comisión Permanente del Consorcio de Vivienda formado por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, es el único mecanismo que tienen las familias que sufren un desahucio, para garantizarles un alojamiento, pero a estas alturas no funciona, tiene una lista de espera de más de un año, y mientras, las familias se ven volcadas en un círculo vicioso de desahucios, con los graves efectos que este proceso tiene sobre la salud de todos los miembros de la unidad familiar.

A raíz de esta acción hemos mantenido, con la de hoy, tres reuniones para exigir un plan de choque que garantizara el fin de la lista de espera de aquí a finales de año. Han sido tres meses de excusas y declaraciones de intenciones sin concretar nada, mientras aumentaban los desahucios y el colapso de la Mesa de emergencia.

Hoy por fin han puesto sobre la mesa medidas concretas, en las que la Generalitat se ha comprometido a:

• Ceder 4 millones de euros al Ayuntamiento en los próximos 3 años, que servirán para conseguir 100 viviendas.
• Abrir una nueva línea de crédito para financiar la compra, con tanteo y retracto, de pisos de la banca, que garantizará 400 viviendas de aquí a finales de año para cubrir la lista de espera de la Mesa de emergencia.

Estas medidas son buenas noticias que dan nuevas herramientas para garantizar el derecho a la vivienda de las familias desahuciadas, a pesar de que desde la PAH no podemos ver con buenos ojos que se vuelvan a repagar los pisos vacíos de la banca, pero reconocemos que así también se frenará la venta frenética de estas viviendas a fondos de inversión.

Celebramos más, el compromiso arrancado por parte del Consorcio para defender la recuperación de la Ley 24/2015, una ley que fuerza a los bancos y fondos buitre a realojar y dar alquileres sociales en sus viviendas, para las familias en exclusión residencial.

Una vez más, hoy ha quedado demostrado que es la sociedad civil quien lidera la defensa de nuestros derechos cuando las administraciones miran hacia otro lado, con presión social y soluciones claras y concretas. Hoy ha estado la Mesa de emergencia frente a la carencia de vivienda. Recordemos que en este sentido también estamos trabajando junto con el Sindicato de inquilinas, la ABTS, la FAVB y el Observatorio DESC, para hacer efectiva lo antes posible la primera medida de la moción que presentamos en febrero, para obligar al sector privado a ceder el 30% de todos los edificios de nueva construcción y rehabilitaciones integrales, una medida que de hacerse efectiva también ampliará el parque público de vivienda de protección oficial en Barcelona.

¡Seguimos demostrando que sí se puede y que donde falta voluntad política está la voluntad de la PAH!

Ayer nos reunimos con la Comisión Permanente del Consorcio de Vivienda, organismo que gestiona la Mesa de emergencia, formada por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona

Gracias a la presión de la PAH, hemos conseguido que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona pongan medidas conjuntas para combatir la carencia de pisos para garantizar el derecho a la vivienda a las familias desahuciadas.

Ayer tuvimos una reunión conjunta, con representantes de las dos administraciones, fruto de la acción que hicimos el pasado miércoles 4 de abril a la Oficina de Vivienda de la calle Bolivia 105,  para exigir soluciones y explicaciones a la carencia de efectividad de la Mesa de emergencia, a la hora de garantizar el realojo de las familias desahuciadas sin ninguna alternativa habitacional.

Las familias que se ven obligadas a vivir un desahucio tras otro, mientras esperan que se los adjudique un piso de emergencia, no pueden esperar más. Por eso, avanzándonos una vez más a la Administración, teniendo claro que el problema base viene producido por la carencia de un parque público de vivienda a la altura de la emergencia, planteamos medidas para dar respuesta a los más de 300 casos que están a la espera de que se les asigne una vivienda, y exigir un plan concreto que ofrezca soluciones de aquí a la finalización del año.

La reunión acabó con los siguientes compromisos por parte de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona:

• La Generalitat aplicará en Barcelona el 60/40, una cofinanciación de ayuda al pago del alquiler. La Generalitat asume el 60% y el Ayuntamiento el 40%. Esta es una medida que solo se estaba aplicando en municipios que no dispusieran de Mesa de emergencia, y que desde ahora se vinculará también a la bolsa de alquiler, tanto por los pisos de particulares, como a los cedidos por Habitat 3. Esta medida es para garantizar el pago del alquiler y se prevé poder aumentar así la bolsa en 200/300 pisos más.
• Tanto la Generalitat como el Ayuntamiento pondrán más énfasis a la expropiación de usufructo, fruto de la modificación del Tribunal Constitucional, que ha levantado la suspensión de la Ley 4/2016, que les permitirá iniciar este proceso y aumentar el presupuesto para los realojos. Los costes de estas expropiaciones se financiarán conjuntamente entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat.
• Aplicación en Barcelona del tanteo y retracto, con cofinanciación por parte de las dos administraciones.
• Sobre los convenios de cesión de pisos en manos del BBVA con la Generalitat, de los 1.800 pactados, solo se han cedido 1.100, y de estos, 110 en Barcelona. La Generalitat se compromete a acelerar la entrega inmediata.
• Sobre el convenio de cesión de pisos vacíos del Ayuntamiento con La Sareb (200 pisos) y con Caixabank (50 pisos), en 2 años solo se han cedido 151.

Tanto la Generalitat como el Ayuntamiento dejaron claro las dificultades y trabas de los bancos a la hora de cumplir estos convenios. Nosotras les exigimos que aumenten la presión para hacer realidad estas cesiones, recordamos las sanciones marcadas por la ley catalana por el Derecho a la vivienda por la tenencia de pisos vacíos, y que hagan denuncia pública de esta actitud de las entidades bancarias.

Todos estos planes y compromisos han sido verbales, pero se ha levantado un acta donde queda todo recogido. Desde la PAH estaremos atentas y haremos seguimiento, para garantizar que de aquí a finales de año, se haya acabado la larga lista de espera de la Mesa de emergencia. De momento, a principios de mayo tendremos una nueva reunión para ver los avances realizados.

No daremos ningún paso atrás hasta garantizar que todas las familias vulnerables tengan garantizado el acceso a un hogar digno y asequible. Seguiremos poniendo encima de la mesa todas las medidas posibles para que los pisos de la banca pasen a incrementar el parque público de vivienda, y no sigan siendo vendidos a SOCIMIS y fondos buitre para hinchar la burbuja del alquiler, tratando el derecho a la vivienda como una mercancía.