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El derecho humano a una vivienda digna no está garantizado: la PAH advertimos que a partir de enero habrá más desahucios

La caída de la moratoria que mantiene paralizados aproximadamente 9.000 desahucios en Catalunya podría provocar un récord de lanzamientos en el 2024

La PAH de Barcelona entregamos a la Delegación de Gobierno una petición al nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez para que mantenga las medidas del escudo social y las haga estructurales y les dirigimos a tener una reunión con la PAH

El 10 de diciembre se cumplieron 75 años de la Declaración de Derechos Humanos. Desde la PAH salimos a las calles a defender y reivindicar el derecho a la vivienda que recoge el artículo 25 de la Declaración y el 47 de nuestra Constitución, que en España son sistemáticamente vulnerados.

A partir del 31 de diciembre la situación se volverá aún más insostenible: si nada cambia, las medidas antidesahucios y contra los cortes de suministros de familias vulnerables del escudo social, que se implementaron por la pandemia, desaparecerán. Según nuestros cálculos, en Catalunya hay 9.000 familias que tienen suspendidos sus procesos de lanzamiento por esta medida y que podrían verse expulsadas de su casa durante los próximos meses. Por ello, desde la sociedad civil exigimos al Gobierno que prolongue el escudo de protección social existente, y que adopte estas medidas de forma estructural. La emergencia habitacional en la que se encuentran decenas de miles de familias, la angustia y el sufrimiento que conllevan, no pueden alargarse más. Por tanto, solicitamos al Gobierno una reunión urgente antes de que acabe el año, para hacerles llegar la voz de las afectadas, para promover medidas en 2024 para garantizar el derecho a la vivienda y exigir responsabilidades a la banca rescatada que acumula miles de pisos vacíos y a los fondos buitre que se lucran, con la complicidad fiscal de la Administración −las SOCIMI, el vehículo inmobiliario de estos fondos, pagan menos impuestos que una empresa tradicional.

Recordemos, una vez más, los compromisos en materia del derecho a la vivienda a los que España está obligada:

Artículo 25. de la Declaración Universal:

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a la familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; también tendrá derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los infantes, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a la misma protección social.

Artículo 47 de la Constitución española:

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Hoy queremos poner de manifiesto que somos miles de personas parando desahucios cada día y autotutelándonos nuestros derechos. Que nos han hecho creer que no se puede y que estamos solas, pero la realidad es que en estos más de 14 años de existencia hemos demostrado que ¡sí se puede! Porque hemos hecho posible lo que parecía imposible, miles de veces, consiguiendo daciones en pago, cambiando leyes y recuperándolas, conquistando el 30% de nuevas promociones para que se destinen a vivienda asequible, consiguiendo alquileres sociales, recuperando viviendas en manos de fondo buitre y cientos de victorias más.

Y sobre todo, hemos sido capaces de generar un movimiento ciudadano de cuidados, de solidaridad y de defensa de derechos humanos, que por más que algunos partidos políticos y banksters hayan querido eliminarnos, aquí estamos, vivas y guerreras, para hacer cumplir el art. 47 de la Constitución española y el art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ello, hoy aprovechamos esta acción para celebrar el Día Mundial de los DDHH, porque ante cualquier vulneración de este derecho nos levantamos y organizamos para que nuestros derechos en materia de vivienda estén garantizados.

Sabemos que la situación ha mutado y que nuestras demandas y consignas, aunque tengan el apoyo de la mayoría de la sociedad, los gobiernos de turno no han sido valientes a la hora de hacer efectivas las demandas. Ahora, con un nuevo gobierno −y una ministra nueva−, desde la PAH insistimos en las propuestas que durante años hemos hecho para solucionar esta crisis de vivienda y que desgraciadamente no hemos visto reflejadas en la Ley de Vivienda aprobada el pasado mes de abril, ya que sigue sin abordarse la cuestión de fondo: considerar la vivienda un activo de mercado en vez del derecho básico que realmente es.

Por ello, desde la PAH nos hemos organizado para levantar la voz y hacer saber a toda la ciudadanía que España es la primera en desahucios y en falta de políticas valientes que pongan freno a los fondos buitre sin escrúpulos. Que estamos revirtiendo esta situación, pero que nos necesitamos a todas para meter nuestras demandas en el Congreso de los Diputados en esta legislatura.

 

[Comunicado] Las entidades sociales publican datos sobre la efectividad de las moratorias de desahucios y de cortes de suministros a nivel estatal

  • Los colectivos ven con preocupación la posibilidad de que las medidas decaigan a partir del 31 de diciembre y exigen que se prorroguen y se consoliden 

  • Las leyes y medidas impulsadas por los movimientos sociales habrían evitado como mínimo 1.000 desahucios en el año y  200.000 cortes de suministros en Cataluña desde el 2015

  • El perfil mayoritario de personas en riesgo de exclusión residencial y/o pobreza energética es el mismo: mujeres con menores a cargo

Las entidades sociales presentamos por primera vez en castellano un informe con datos sobre la efectividad de la moratoria estatal de desahucios y cortes de suministros de familias vulnerables que se aprobó a raíz de la crisis del coronavirus en 2020, las cuales se prevé que decaigan a partir del 31 de diciembre -a menos que el gobierno decida aprobar una nueva prórroga. Por ejemplo, tan solo en 2021 se emitieron 15.311 informes sociales emitidos a efectos de aplicar la moratoria de desahucios en todo el Estado. A nivel catalán, estas medidas hasta ahora han evitado un 42,8% de los 9.398 desalojos que se notificaron aquel mismo año. Es por eso que, si bien estas moratorias han demostrado ser insuficientes, las entidades están sumamente preocupadas por las consecuencias que puede tener el levantamiento del veto en 2024 -desahucios y cortes generalizados- para aquellas familias que aún no han podido resolver su situación.

Estos datos han sido obtenidos a través de la Administración Pública y de 650 encuestas realizadas a personas afectadas por emergencia habitacional y pobreza energética, y forman parte del informe Estado de la Exclusión residencial: impactos de la Ley 24/2015 y otras medidas de respuesta elaborado por el Observatorio DESC -ahora DESCA-, Asociación internacional de Ingeniería Sin Fronteras, la PAH de Barcelona, la Alianza Contra la Pobreza Energética (APE)  y la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Si bien el foco se sitúa en la Ley 24/2015, (una norma impulsada por la PAH, la APE y el Observatorio DESCA), también se hace un repaso de los diferentes cambios legislativos y las políticas tanto a nivel local, autonómico y estatal -incluyendo las moratorias- que se han ido consiguiendo hasta 2022, y el impacto de éstas en las personas en riesgo de exclusión residencial. Este informe se publicó en catalán en 2022 y desde ahora ya está disponible en castellano

Aunque las entidades se reafirman en la -aún limitada- eficacia de estas leyes y medidas, admiten grandes dificultades a la hora de medir su impacto: en el caso de la moratoria estatal de desahucios y cortes de suministro todavía es difícil medir el impacto real por la falta de datos, ya que algunas Comunidades Autónomas no los han facilitado, y también el hecho de que muchas familias ignoraban sus derechos y no han podido acogerse a ella. Aun así, los testimonios de las afectadas y los hitos conseguidos por parte de las organizaciones indican que las medidas están funcionando.

Mujeres y niños, los colectivos más susceptibles de sufrir exclusión residencial y pobreza energética -y sus consecuencias en la salud

Siguiendo con el testimonio de las familias, uno de los apartados del informe se centra en el impacto en las personas afectadas, poniendo énfasis en la salud mental -siguiendo la línea de trabajo del anterior informe- y la infancia. Respecto al perfil de las personas afectadas, los datos muestran una clara diferencia de género: casi el 69% son mujeres mientras que los hombres apenas logran el 30%. Y si se mira con más detalle la composición de los hogares, el 32% están formadas por una pareja con hijos y el 26% corresponde a familias monomarentales, de las cuales el 90,53% son mujeres con hijos a cargo suyo. Así mismo, si bien hay un porcentaje elevado de personas en situación de paro, el 30% de las encuestadas afirma tener un contrato de trabajo, hecho que refuerza todavía más la existencia del fenómeno del trabajo precario.

En en cuanto a la relación entre la pobreza energética y la exclusión residencial y su impacto en la salud mental, el informe calcula que borde el 15% de niños y adolescentes de 0-17 años en Barcelona viven a hogares que no pueden permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada los meses de invierno y un 13,4% sufren atrasos en las facturas. Así mismo, de entre las familias que declaran haber tenido dificultades para pagar agua, luz o gas, el 60,5% tienen hijos a cargo, y el 27% están formadas por niños con un solo adulto, en este caso siempre una mujer. Así mismo, el informe mide el estado de salud de las personas afectadas. Según el informe, 3 de cada 4 personas presentaron malestar psicológico y la mitad presentaron depresión, con cifras similares en hombres y mujeres. Estos valores son mucho más elevados que los que se observan en población general (16,4% de malestar psicológico y 4,7% de depresión media en población española). En relación a los niños, el informe destaca que un 14,3% de los niños y un 15,4% de las niñas presentaron un estado de salud regular o malo, una proporción mucho más elevada que los niños de la población general de la ciudad de Barcelona (2,8% y 2%, respectivamente).

Por último, el informe apunta algunas conclusiones y recomendaciones sobre políticas para abordar la crisis habitacional. Por un lado, se propone no sólo prorrogar, sinó también consolidar las moratorias de desahucios y de cortes de suministros a las familias en situación de vulnerabilidad que a día de hoy son temporales -por la crisis de la covid y posteriormente mantenidas por la crisis de precios de la energía. Por la otra, se insta a las diferentes Administraciones a aprobar nuevas leyes e impulsar nuevos servicios que consoliden y amplíen el derecho a una vivienda digna -como la instalación de contadores sociales a los hogares vulnerables o ampliar el servicio de intervención de desahucios en otros municipios fuera de Barcelona- y, sobre todo, a hacer cumplir y contabilizar el impacto de las medidas que ya están en vigor a través de la implementación de mecanismos de control y sanciones contra quienes se nieguen a cumplirlas.