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El nuevo protocolo de desahucios de Mossos es papel mojado

El protocolo prevé que los Mossos decidan si actúan con antidisturbios dependiendo del «riesgo»

Estos días atrás, en medio del ruido criminalizador “anti-ocupa o pro-desahucios”y la proximidad de las elecciones de fondo, la Conselleria de Interior ha presentado el nuevo protocolo de los Mossos para marcar su actuación en los desahucios. El protocolo, que fue una condición del acuerdo de investidura del nuevo Govern, llega tarde y mal. Y un día después de ser presentado, ya se ha demostrado que está muy lejos de ser una herramienta que limite los abusos de fuerza y las actuaciones irracionales de los Mossos d’Esquadra ante una violación de derechos humanos como son los desahucios, además de un intento de la Conselleria de Interior de desresponsabilizarse de las políticas de protección del derecho a la vivienda digna, que también le atañen, como parte del Gobierno de la Generalitat..

Debemos valorar y situar el nuevo protocolo en su contexto: con Catalunya siendo el territorio líder en desahucios (30% de los lanzamientos practicados todo el Estado), y en el marco de un ataque abierto y constante, por parte de la “coalición pro-bancos-buitres y anti-ocupas” (formada por VOX-PP, JuntsXCat y con el apoyo reciente de PSC-PSOE) a las personas vulnerables que ven su acceso al derecho a la vivienda una utopía cada día más lejana y no se les deja otra alternativa que entrar a vivir en pisos vacíos que las entidades financieras han dejado en desuso después de desahuciar a otras familias antes, para mal venderlo luego a fondos de inversión o a grandes propietarios.

En este contexto, de crisis habitacional grave y “demagogia política aporofóbica” en defensa del negocio de los grandes propietarios y los beneficios de las empresas de seguridad y “alarmas”, de entrada, este nuevo protocolo no modifica lo que desde las PAH catalanas y los movimientos por la vivienda llevamos mucho tiempo denunciando: la actuación sinsentido y mala praxis de aquellos que deberían velar por nosotras como ciudadanas. En lugar de protección, nos encontramos con arbitrariedad, abusos de autoridad, violencia física e incluso detenciones de activistas, como la semana pasada en Sabadell, en una acción stop desahucios de desobediencia civil pacífica (como lo son todas), ya con el nuevo protocolo en marcha.

Sobre el papel, el gran cambio pasa por que deja bien claro por escrito, lo que en la práctica ya pasaba. Lo ordene explícitamente un juez o no, las fuerzas del ‘’orden’’ pueden intervenir siempre que el jefe del dispositivo, o mandos superiores del cuerpo, valoren que existen “riesgos graves para la seguridad de las personas y los bienes”, “acciones que puedan comprometer el orden público” “acciones que dificulten o impidan la ejecución de la orden judicial”. En resumen: siempre que haya una convocatoria del movimiento por el derecho a la vivienda, allí estarán Brimo y ARRO para desactivar la defensa de los derechos fundamentales y facilitar que los grandes especuladores nos echen a la calle y sigan haciendo el agosto.

Además, nos produce una gran indignación que el Consejero de Interior afirmara en la rueda de prensa de su presentación que “el cuerpo de los Mossos d’Esquadra no desahucia, quién desahucia una persona vulnerable de su vivienda es una sociedad injusta”. Que el máximo responsable de la Policía y miembro del Gobierno catalán afirme eso, cuando la Generalitat es una de las máximas responsable en políticas de vivienda y está “fallando” en cada desahucio sin un realojo digno que ejecutan los Mossos, es sencillamente inadmisible.

Después de analizar leer el nuevo protocolo, reivindicamos:

  1. Antes de realizar un desalojo se debería informar a Servicios Sociales pero no quedarse sólo en este paso, que ahora se “protocoliza” pero que en la realidad no funcionará porque no hay pisos de emergencia; sinó hasta y para garantizar un realojo digno y adecuado a la familia.
  2. Suspensión de las actuaciones en los desahucios hasta que los grandes propietarios ofrezcan el alquiler social obligatorio. En casos de pequeños propietarios, es la administración la que debe garantizar el realojo antes del desahucio. Aunque algunos jueces tachen la Ley 24/2015 de administrativa, existen sentencias que dicen lo contrario. Aun así la Generalitat como responsable y administración pública -incluyendo los Mossos- debería de cumplirla a rajatabla.
  3. La presencia del movimiento social de vecinos o de personas solidarias pro derecho a la vivienda no debería de ser una causa para que venga la BRIMO para facilitar que la familia sea desahuciada. En todo caso su papel, en caso de que un juez ordene su presencia, debe ser levantar el acta pertinente sin entrar en la vivienda, controlar a la comitiva para su informe y trasladar a la Administración que se cuide del realojo cuando lo tengan.
  4. En ningún caso es necesario que se presente directamente la BRIMO a los desalojos como están haciendo todavía, ya que el movimiento de vivienda siempre actúa en situaciones donde hay riesgo, no para la comitiva judicial, sinó para personas o familias que son vulnerables. Nace con baja credibilidad un supuesto “protocolo social” que estando ya en vigor, no se respeta.
  5. Activar inmediatamente un “Plan de Choque” para poner la mesa de emergencia de Catalunya y las municipales a cero a través del aumento urgente del parque de vivienda social. Es responsabilidad de la Generalitat realojar, no desalojar, a las 1.600 personas con resolución favorable de la mesa a nivel catalán, además de las que se enfrenten a nuevos desahucios y estén en exclusión residencial.

Si la labor de los Mossos es hacer cumplir la ley, ante un desahucio quien la incumple es la propiedad o la administración, en ningún caso el derecho a protesta de las personas solidarias con quienes menos tienen y han sido abandonadas por la administración. Por qué la Consejería argumenta que no se  pueden incumplir las leyes y mandatos judiciales pero ejecuta desahucios de grandes tenedores que incumplen de forma flagrante la ley antidesahucios catalana? La ley catalana 24/2015 es clara y está dotada de mecanismos para evitar cualquier desahucio. ¡Cúmplanla y háganla cumplir!

Aunque nos alarma el reconocimiento de la inexistencia de actuaciones policiales de desahucio no protocolizadas, que explica el desbarajuste de las actuaciones policiales precedentes, y aspiramos a acabar definitivamente con los desahucios; exigimos que la Consellería de Interior dé un paso real para dejar de considerarlos como una “frívola” cuestión de orden público o ejecución judicial, integrando de forma valiente la visión y actuación social en el centro. Somos conscientes que puede haber resistencias, pero es una demanda de mínimos que lo que la sociedad reclama.

Para nosotras, las personas son lo primero. Porque no escogemos dejar de pagar, no escogemos vivir en precario (ocupar). La situación es muy difícil para todas las personas que por una razón u otra vivimos en el umbral de la pobreza. No somos culpables, somos víctimas de un capitalismo depredador y salvaje, así como de los poderes públicos que no garantizan ni los derechos  fundamentales.

Los últimos años, con una nueva recesión debido a la pandemia y a la guerra, hemos visto como la vivienda sigue subiendo de precio mientras se consuman retrocesos en políticas sociales. Necesitamos más leyes, políticas, viviendas sociales y presupuesto público para evitar que nadie se quede en la calle, no herramientas para facilitar los desahucios.

No escogimos vivir así. 

Por eso desde las PAH Catalanas manifestamos nuestro rechazo a este protocolo y exigimos su corrección inmediata con criterios sociales y de derechos, en el marco de unas políticas urgentes, reales e integrales por el derecho a la vivienda.

Asistimos a la rueda de prensa en apoyo a la campaña Stop Desokupa

Esta mañana hemos asistido a la rueda de prensa organizada por Stop Desokupa, para dar nuestro apoyo a la campaña de denuncia contra el grupo Desokupa, formado por matones sicarios de la especulación.

Queremos que se deje de estigmatizar a las familias que a falta de una solución habitacional, una vez agotadas las vías administrativas, no han tenido más opción que recuperar una vivienda vacia.

Hacemos un llamamiento vecinal, a las administraciones, al gobierno de la Generalitat, a la autoridad policial y a los poderes judiciales, para tomar medidas de presión contra este ataque a los DDHH, por que sabemos que juntas con la voluntad necesaria podemos terminar con estas prácticas mafiosas.

Directe des de la roda de premsa, (conjunta amb Stop Desokupa, Observatori DESC, Asamblea del Raval i la FAVB, Federació d' Asociaciones de veïns i veïnes de Barcelona) per denunciar l'especulació immobiliària, les pràctiques mafioses del grup Desokupa i fer una crida veïnal, a l'administració, als poders judicial i a les forces policials, per aturar totes juntes aquests atacs al dret a l'habitatge.#StopDesokupa

Posted by PAH Barcelona on Dienstag, 25. Oktober 2016

Aprovechamos la rueda de prensa de hoy, para recordar el comunicado que lanzamos en el mes de septiembre desde la web estatal de la PAH sobre estas prácticas ilegales.

Que en el estado español no se garantiza el derecho a la vivienda no es ninguna novedad. Algunas cifras apuntan el tamaño del desastre, 500.000 desahucios desde 2007 más de 3,5 millones de viviendas vacías y casi 4 millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza, mientras el parque publico de vivienda a penas llega al 1% frente al 24% de media europea. Es sólamente una parte de la triste historia de hacer de la vivienda un producto más de mercado, y con ello mercadear con nuestas vidas. Casas vacías y la gente sin casas, el valor de cambio imponiéndose al valor de uso.

En esta situación, muchas personas no pueden acceder a una vivienda y se ven abocadas a ocupar en precario alguna de los millones de viviendas vacías que hay en nuestras ciudades, en la mayoría de los casos vivendas de familias que como ellos también han sido desahuciadas a causa del estallido de la burbuja inmobiliaria, la austeridad y la precariedad.

Tras 7 años luchando para que esta realidad cambie, para que paren los desahucios, por cambiar las injustísimas leyes que lo permiten y por hacer realidad que la vivienda sea un derecho nos encontramos con que empiezan a surgir empresas que se dedican, esquivando los límites de la legalidad, a desalojar a estas familias sin ningún tipo de miramiento, sin respetar los Derechos Humanos, sin pensar en la situción en que se encuentran, sus necesidades o si tienen un lugar donde vivir.

Los últimos meses hemos ido recibiendo noticias e incluso La Directa ha sacado una pieza de investigación donde cuenta y demuestra que empresas immobiliarias contratan a Desokupa (aunque también hay otras empresas similares), para extorsionar a personas y echarlas de sus viviendas. Seguramente no es el primer caso ni será el último, Intersidincal y denunció practicas similires del BBVA utilizando a guardias de seguridad.

No podemos permitir que nos impongan el miedo y la indefensión cuando estamos hablando de respetar los Derechos Humanos, de algo tan básico como tener un techo. Por eso insistimos, si tienes problemas para pagar o acceder a una vivienda digna, o ya estás ocupando en precario y quieres regularizar tu situación, asiste a la asamblea más cercana de la PAH. Nunca nos hemos rendido ni lo haremos ahora, es increible que las leyes permitan la existencia de empresas que anuncian y ejecutan desalojos sin ordenes judiales, pero juntas sin duda les haremos frente, igual que a todas las artimañas que llevan años usando. El apoyo mutuo es y seguirá siendo la mejor defensa que tenemos las invisibles.

En la PAH no estás sola, nadie se queda en la calle y como llevamos años demostrando, juntas, somos invencibles!

La PAH, Iridia y el Observatorio DESC interponen una querella a los Mossos d’Esquadra por coacción y violación de domicilio.

La ciudadanía responde ante la vulneración de Derechos Humanos

La PAH Barcelona, el Centro por la Defensa de Derechos Humanos Irídia y el Observatorio DESC interponemos una querella por violación de domicilio, coacciones y detención ilegal, ante los hechos del pasado 8 de octubre donde la actuación de los Mossos d’Esquadra terminó dejando a una familia con dos menores en la calle y a dos personas detenidas.

 

En primer lugar, la querella se presenta por un delito de allanamiento de morada porque los Mossos entraron por la fuerza a la vivienda a pesar de que esta, ya constituía el domicilio de la familia. Cabe destacar, además, que la causa por una eventual usurpación ya estaba en conocimiento y por tanto, bajo competencia del Juzgado de Instrucción de Hospitalet. Es evidente que la actuación fue desproporcionada y sin las debidas garantías procesales, plazo suficiente y razonable de notificación con antelación a la fecha del desahucio para las personas afectadas y garantía de asistencia jurídica.

 

En segundo lugar, entendemos que hay un delito de coacciones porque los agentes utilizaron el aviso primero, y la detención efectiva después, para conseguir que la familia saliera de la casa a través de la intimidación.

 

En tercer lugar, consideramos que se produjo un delito de detención ilegal porque la misma se produjo mediante intimidación y castigo sin que hubiera habilitación legal clara para ello.

 

Vivimos una situación de emergencia alarmante en Cataluña con 46 desahucios diarios según los datos del CGPJ. No obstante, lamentablemente, desde la Generalitat  que debería garantizar el bienestar de las familias aplicando los protocolos legales que garantizan el derecho a la vivienda, como es la Ley 24/2015, que regula la obligación de la Administración a un realojo adecuado a las personas que estén en proceso de desahucio, no vemos la voluntad ni la contundencia para ello. Por el contrario, las personas que defendemos el derecho a la vivienda afrontando los desahucios cada dá en la calle, constatamos que hay un cambio de directrices por parte de los Mossos d’Esquadra y en sus intervenciones ante estas situaciones.

 

Creemos que la actuación de los cuerpos de seguridad debe respetar la legalidad vigente, los protocolos y deben enfocarse en la protección de las familias más vulnerables. La intervención de las fuerzas policiales debe ser la última opción, priorizando el trabajo de los servicios sociales o de otras unidades de la Administración. Lejos de ello, se ha contravenido la forma como se efectuaban los desahucios últimamente. Las últimas intervenciones policiales, como la del sábado 8 de octubre, en lugar de defenderlos, suponen una vulneración de derechos humanos, muy especialmente de los derechos de la infancia. Esta actuación nos hace cuestionarnos si desde los responsables del departamento de la Generalitat competente, ha habido un cambio de directrices en las actuaciones policiales, teniendo en cuenta que los desalojos forzosos son la injerencia más grave en el derecho a la vivienda adecuada y que solo puede darse en casos excepcionales y respetando los principios del derecho internacional, como ha establecido el Comité DESC de Naciones Unidas.

 

Si no se trata de un cambio de directrices y nos encontramos ante situaciones de mala praxis por parte de los Mossos d’Esquadra, instamos al gobierno de la Generalitat a abrir una investigación para depurar responsabilidades y evitar que estos hechos se repitan.

 

Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, miles de familias se encuentran en situación de emergencia habitacional, no solo por no poder pagar su cuota hipotecaria, sino también por no poder pagar un alquiler. En la ciudad de Barcelona más del 65% de los desahucios son por no poder pagar la mensualidad del alquiler. Desde la PAH defendemos el derecho a una vivienda digna y trabajamos cada día por que este derecho sea efectivo, hemos tendido la mano a administraciones, entidades y a todos los partidos políticos para trabajar conjuntamente para erradicar esta situación. Hoy no será diferente. Interpelamos a las administraciones, tanto autonómica como locales, a tener una actuación coordinada para la movilización de viviendas vacías en manos de los bancos rescatados con dinero público, como este caso en concreto propiedad de la SAREB, con el objetivo de aumentar el parque público para evitar desalojos de niños y sus familias sin alternativa habitacional.

 

 

Nuestros derechos no se negocian, seguiremos exigiendo y defendiendo el derecho a la vivienda. Los desalojos no pueden resultar en la constitución de personas sin vivienda o vulnerables a la violación de otros derechos humanos.

PAH Barcelona denuncia la vulneración de Derechos Humanos por parte de los Mossos d’Esquadra.

El sábado 8 de octubre una familia con menores sufrió un desahucio ilegal debido a un abuso de autoridad policial.

PAH Barcelona queremos hacer pública la vulneración de Derechos Humanos llevada a cabo el sábado 8 de octubre a las 19:00h por parte de los Mossos de Esquadra. Su mala praxis acabaría dejando a una familia con dos menores en la calle y dos personas detenidas. Este cambio de actitud frente a la problemática de los desahucios, cada vez más agresivo, ya lo advertimos y avisamos hace unas semanas.

Maribel es una afectada por el alquiler, que se acerca a la PAH en busca de apoyo y asesoramiento ante un desahucio inminente, el pasado mes de julio; una vez informada y con el acompañamiento de la PAH, logramos paralizarlo y evitar que tanto ella como el resto de la familia se quede en la calle. Posteriormente, ya en septiembre, el juzgado avisa a Servicios Sociales que vuelve a emitir orden de lanzamiento  durante la primera quincena de octubre (con fecha abierta); éstos avisan a Maribel y al no tener confirmada la concesión de un piso de la mesa de emergencia, que podría tardar hasta 3 meses, la única solución viable es que la familia (8 miembros) y con 432 euros como únicos ingresos, se buscara una habitación de la que Servicios Sociales pagaría la mitad del importe. Así hacen, y el 6 de octubre entregan las llaves y se mudan a dos habitaciones, al no poder asumir los precios cada vez más inaccesibles del mercado de pisos.

Sin embargo, debido a la falta considerable de espacio, se ven abocados a buscar otra vivienda que encuentran al poco en Hospitalet: el viernes 7, la persona que la alquila les facilitó las llaves, previo pago de 500€, para firmar un contrato de alquiler por tres meses al lunes siguiente. Cuando al fin, parte de la familia se instala en el piso (el yerno de Maribel, su mujer Anays e hijos) y parece que puede respirar tranquila, los vecinos, al enterarse de que  hay alguien viviendo en el piso, llaman a la Guardia Urbana, que se presenta sobre  las 13:00h y, viendo que hay dos menores, llaman a Servicios Sociales, levantan acta e informan que volverán el lunes y pasarán la denuncia a los juzgados. Mientras todo esto sucede, Sandra (amiga de la familia y miembro de la PAH) se acerca de visita al inmueble para ver como están instalados y echarles una mano.

No contentos con la actuación de la Guardia Urbana, los vecinos, se presentan por la tarde al Juzgado de Guardia a hacer denuncia, pero el juez no dicta ninguna medida cautelar, por lo que deciden llamar a los Mossos d’Esquadra, que se presentan en la vivienda sobre las 19:00h vestidos de paisano e informan que al haber un atestado de la Guardia Urbana no pueden hacer nada, pero el ambiente empieza a calentarse ante la insistencia de la comunidad de vecinos exigiendo una pronta resolución.

Anays permanece dentro de la vivienda con sus dos hijos y Sandra, mientras WM coloca en la puerta el cartel de inviolabilidad de domicilio, que es retirado por los Mossos con insultos y de malas maneras, tras lo cual piden documentación y, a gritos, exigen el abandono de la vivienda bajo la amenaza de llevárselos detenidos. Esta actuación es totalmente desproporcionada a la requerida por la situación y la actitud pacífica de la familia. Además,  puntualizamos que no se puede detener a nadie por delito leve de usurpación, delito que igualmente es inexistente ya que la familia no ocupó, sino que pagó por las llaves y una promesa apalabrada de contrato.

La familia no opone resistencia a la identificación pero sí a que los Mossos entren en la vivienda, lo que provoca que las fuerzas del orden, con desmedida actitud intimidatoria, les amenacen con echarles y quitarles a los niños. Seguidamente, ante la resistencia de Sandra, los Mossos echan la puerta abajo a patadas y se llevan detenidos a Sandra y al padre de familia de forma violenta y ejerciendo un abuso de poder que vulnera todos los derechos fundamentales de la familia.

Una vez en comisaría y  acompañados por familiares y miembros de la PAH, que acuden para dar apoyo  a las detenidas, se contacta con una abogada colaboradora y su llegada también es objeto de increpaciones y malas formas por parte de Mossos. Finalmente, sobre las tres de la madrugada, Sandra queda en libertad pero el yerno de Maribel termina la noche en el calabozo de la comisaría de Hospitalet, pasando a declarar a la mañana siguiente.

A día de hoy, aún en estado de shock, los 8 miembros de la familia han vuelto a las 2 habitaciones que alquilaban a la espera del piso de emergencia.

Si ante una situación de precariedad generalizada y vulnerabilidad de las familias la respuesta que obtenemos por parte del cuerpo policial se basa, o piensa basarse a partir de ahora, en la desprotección y penalización de las familias vulnerables, la PAH no dudaremos en denunciar esta mala praxis llevada a cabo. Consecuentemente manifestamos nuestra máxima repulsa ante los hechos acontecidos por ser una clara vulneración de los Derechos Humanos, y muy especialmente del derecho a la vivienda.

La PAH llevamos 7 años defendiendo el derecho a la vivienda digna, y no habrá palos que nos paren en nuestro camino en busca de la dignidad de las familias.

 

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Foto de La Directa

PAH Barcelona denuncia la vulneració de Drets Humans per part dels Mossos d’Esquadra.

El dissabte 8 d’octubre una família amb menors va patir un desnonament  il·legal a causa d’un abús d’autoritat policial.

PAH Barcelona volem fer pública la vulneració de Drets Humans duta a terme el dissabte 8 d’octubre a les 19:00 h  per part dels Mossos d’Esquadra. La seva mala praxi acabaria deixant a  una família amb dos menors al carrer i dues persones detingudes. Aquest  canvi d’actitud enfront de la problemàtica dels desnonaments, cada  vegada més agressiu, ja ho advertim i avisem fa unes setmanes.

Maribel és una afectada pel lloguer, que s’acosta a la PAH  a la recerca de suport i assessorament davant un desnonament imminent,  el passat mes de juliol; una vegada informada i amb l’acompanyament de  la PAH,  aconseguim paralitzar-ho i evitar que tant ella com la resta de la  família es quedi al carrer. Posteriorment, ja al setembre, el jutjat  avisa a Serveis Socials que torna a emetre ordre de llançament durant la  primera quinzena d’octubre (amb data oberta) i aquests avisen a Maribel que al no tenir  confirmada la concessió d’un pis de la taula d’emergència, que podria  trigar fins a 3 mesos, l’única solució viable és que la família (8  membres) i amb 432 euros com a únics ingressos, es busqués una habitació  de la qual Serveis Socials pagaria la meitat de l’import. Així fan, i  el 6 d’octubre lliuren les claus i es muden a dues habitacions, al no poder assumir els preus cada vegada més inaccessibles del mercat de pisos.

Makgrat això, a causa de la falta considerable d’espai, es veuen  abocats a buscar un altre habitatge que troben al poc a Hospitalet: el  divendres 7, la persona que la lloga els va facilitar les claus, previ  pagament de 500 €, per signar un contracte de lloguer per tres mesos al  dilluns següent. Quan per fi, part de la família s’instal·la en el pis  (el gendre de Maribel, la seva dona Anays  i fills) i sembla que pot respirar tranquil·la, els veïns, en  assabentar-se que hi ha algú vivint en el pis, criden a la Guàrdia  Urbana, que es presenta cap a les 13:00 h  i, veient que hi ha dos menors, criden a Serveis Socials, estenen acta i  informen que tornaran el dilluns i passaran la denúncia als jutjats.  Mentre tot això succeeix, Sandra (amiga de la família i membre de la PAH) es presenta de visita a l’immoble per veure com estan instal·lats i donar un cop mà.

No contents amb l’actuació de la Guàrdia Urbana, els veïns, es presenten  a la tarda al Jutjat de Guàrdia a fer denúncia, però el jutge no dicta  cap mesura cautelar, per la qual cosa decideixen cridar als Mossos  d’Esquadra, que es presenten en l’habitatge cap a les 19.00 h vestits de  paisà i informen que en haver-hi un atestat de la Guàrdia Urbana no  poden fer gens, però l’ambient comença a escalfar-se davant la  insistència de la comunitat de veïns exigint una ràpida resolució.

Anays roman dins de l’habitatge amb els seus dos fills i Sandra, mentre WM  col·loca en la porta el cartell d’inviolabilitat de domicili, que és  retirat pels Mossos amb insults i de males maneres, després de la qual  cosa demanen documentació i, a crits, exigeixen l’abandó de l’habitatge  sota l’amenaça de portar-los-hi detinguts. Aquesta actuació és totalment  desproporcionada a la requerida per la situació i l’actitud pacífica de  la família. A més, puntualitzem que no es pot detenir a ningú per  delicte lleu d’usurpació, delicte que igualment és inexistent, ja que la família no va ocupar, sinó que va pagar per les claus i una promesa aparaulada de contracte.

La família no oposa resistència a la identificació però sí al fet que  els Mossos entrin en l’habitatge, la qual cosa provoca que les forces de  l’ordre, amb desmesurada actitud intimidatòria, els amenacin de fer-los  fora i treure’ls als nens. Seguidament, davant la resistència de  Sandra, els Mossos tiren la porta a baix a palades i es porten detinguts  a Sandra i al pare de família de forma violenta i exercint un abús de  poder que vulnera tots els drets fonamentals de la família.

Un cop en comissaria i acompanyats per familiars i membres de la PAH,  que acudeixen per donar suport a les detingudes, es contacta amb una  advocada col·laboradora i la seva arribada també és objecte de increpacions i males formes per part de Mossos. Finalment, al voltant de les tres de la matinada, Sandra queda en llibertat però el gendre de Maribel acaba la nit en el calabós de la comissaria d’Hospitalet, passant a declarar l’endemà al matí.

Ara com ara,  encara en estat de xoc, els 8 membres de la família han tornat a les 2  habitacions que llogaven a l’espera del pis d’emergència.

Si davant una situació de precarietat generalitzada i vulnerabilitat de  les famílies la resposta que obtenim per part del cos policial es basa, o  pensa basar-se a partir d’ara, en la desprotecció i penalització de les  famílies vulnerables, la PAH  no dubtarem a denunciar aquesta mala praxi duta a terme. Per consegüent  manifestem la nostra màxima repulsa davant els fets esdevinguts per ser  una clara vulneració dels Drets Humans, i molt especialment del dret a  l’habitatge.

La PAH fa 7 anys que defensem el dret a l’habitatge digne, i no hi haurà pals que ens parin en el nostre camí a la recerca de la dignitat de les famílies.

Solución para Hiba

La mañana de hoy ha abierto con un nuevo Stop Desahucios, y ahí estábamos PAH Barcelona para evitarlo. El caso de Hiba (mujer separada que vive con tres hijos menores) se remite a abril, cuando la propietaria del inmueble donde viven desde hace año y medio comenzó a no aceptarle el pago del alquiler. Un caso claro de mobbing inmobiliario que acabó con orden de desahucio a esta familia.

Ya habíamos evitado los intentos de desahucio anteriores y hoy se enfrentaban a su tercer lanzamiento, a pesar de ser clara candidata para entrar en las mesas de emergencia del Ayutamiento. El problema ha venido a raíz de que no le adjudicaban piso hasta dentro de dos meses, por tanto si hoy se ejecutaba el desahucio, Hiba y sus hijos se quedaban en la calle. Ante tal irresponsabilidad de la administración, la PAH hemos actuado de forma contundente.

Tras tensas negociaciones con la cominitiva judicial (que en ningún momento se ha mostrado predispuesta a evitar el desalojo), con la propiedad (que no ha querido aceptar la oferta del Ayuntamiento de mantener a Hiba en su casa hasta la adjudicación de su vivienda, aun asumiendo la administración el pago del alquiler) y la excesiva presencia de los Mossos d’Esquadra (que tras acordonar la calle no han tenido ningún rubor en echarnos con actitud violenta para facilitar la salida de Hiba y sus cosas), el desahucio ha acabado ejecutándose dejando a la familia en la calle. Nos preguntamos si esta va a ser a partir de ahora la actitud de las fuerzas del orden en los desahucios, ¿deberemos enfrentarnos a los mossos cada día para defender los derechos de las familias más vulnerables?

Lo decimos siempre y nos son palabras vacías: ¡con la PAH nadie se queda en la calle! Tras calmar y dar ánimos a Hiba, nos hemos dirigido a las oficinas de Servicios Sociales para exigir vivienda digna hoy sin falta. Y lo logramos.
Una vez más, gracias a la presión social y a la ciudadanía organizada, hemos conseguido que el Ayuntamiento le conceda el piso de la mesa de emergencia en un plazo de 3/4 días, durante los cuales Hiba ha decidido ir a casa de una amiga mientras hace la mudanza.
Esta historia no hace más que reafirmar la poca voluntad política de empezar a actuar como se le exige a la administración, cumpliendo la Ley 24/2015, que a pesar de su suspensión, sigue teniendo una parte muy vigente: como el artículo 6 que obliga a un realojo adecuado ante el riego de desahucio. Queremos denunciar la poca movilización de pisos vacios que han de usarse para cubrir la emergencia habitacional, por parte de la Generalitat y el Ayuntamiento.
Según nos informan las vecinas del bloque donde residía Hiba, de los 36 pisos que consta la finca, todos del mismo propietario, sólo hay habitados 10. Un pequeño ejemplo del estado de la vivienda en Barcelona, así que basta de excusas: ¡ni gente sin casa ni casas sin gente! La PAH seguiremos arrancando soluciones y dando visibilidad a la verdadera realidad social de la ciudad. ¡Empoderadas, seguimos defendiendo el Derecho a la Vivienda!

¡SÍ SE PUEDE!