Archivo de etiquetas ocupación

El movimiento por la vivienda consigue que la medida para habilitar a las comunidades de vecinos quede fuera de la “Ley Desokupa” de Junts

Sin embargo, la nueva ley habilitará a los ayuntamientos a instar desahucios en casos de grandes tenedores

Estudiamos emprender acciones contra aquellos ayuntamientos que la utilicen para hacer electoralismo y perjudicar a familias vulnerables

Hoy el Parlament de Catalunya ha aprobado la Proposición de Ley de Junts per Catalunya sobre ocupaciones pero con enmiendas aprobadas -y gracias sobre todo a la presión social- que han derribado la medida que habilitaba a las comunidades de vecinos a instar un desahucio. Tal y como advertimos ayer, medidas como esta solo hacían que estigmatizar -aún más- a las familias en situación de vulnerabilidad y, además, abonaba el terreno para el racismo y la aporofobia. Si bien la medida para habilitar a los ayuntamientos ha salido aprobada, esta lo ha hecho con limitaciones: si la Administración quiere promover una expulsión, deberá hacerlo con procedimientos e informes previos que ni siquiera se mencionaban en el texto original.

Sin embargo, insistimos en que esta propuesta de Junts es un total despropósito: se trata de una medida electoralista, sesgada, inadecuada, desproporcionada, ineficaz, estigmatizadora y nos indigna que venga de parte de quien ha sido responsable de las políticas de vivienda catalanas hasta hace tan solo 4 meses. No entendemos que Junts y sus aliados hayan rechazado incluir una enmienda de mínimos que excluya de la aplicación de la ley a las familias en exclusión residencial, que les hicimos llegar ya redactada y que consistía en un solo párrafo. ¿Cuáles son los intereses reales que mueven el voto de ese partido?

Anunciamos además, que denunciaremos cualquier consecuencia lesiva para los derechos humanos que esta ley pueda tener y estudiaremos todas las vías -incluida la judicial- para evitar que ayuntamientos que opten por la vía “desokupa” la utilicen para hacer populismo y la apliquen a personas y familias vulnerables en lugar de realojarlas y expropiar los pisos de grandes tenedores, tal y como les obliga la Ley 24/2015 antidesahucios catalana.

¡Nos opondremos a cada desalojo injusto que permita esta ley y plantaremos cara a todos aquellos responsables de permitir que en este país haya gente sin casa y casas sin gente!

 

Os dejampos la rueda de prensa del dia anterior al pleno

Publicamos nuevas guías para interponer demandas en los Juzgados que reconozcan nuestros alquileres sociales

El Grupo Promotor y las abogadas que ganaron el caso pionero de Badalona seguiremos trabajando para extender este nuevo frente de lucha

Antes del verano publicamos y celebramos la sentencia pionera de Badalona, que obligaba a un gran tenedor a hacer una oferta de alquiler social a Ginés y Manoli, dos inquilinas de un piso con amenaza de desahucio en Badalona.

Ante este precedente importantísimo para reclamar a los Juzgados con fuerza el cumplimiento de la ley catalana 24/2015 para parar los desahucios, también anunciamos que nos poníamos a trabajar con las abogadas que han impulsado esta nueva vía para fomentar que se extienda.

Hoy presentamos los primeros resultados: dos guías, una para afectadas y la otra para abogadas, que explican qué es y cómo interponer la demanda declarativa del derecho a reclamar el alquiler social.

Las podéis consultar en los siguientes enlaces, en catalán y castellano:

Guía para abogadas:

Guía para afectadas:

Recordamos que con esta nueva demanda, somos nosotras quienes planteamos a los Juzgados, en la mayoría de los casos a través de abogados/das de oficio, que se nos reconozca el derecho a obtener el alquiler social y se obligue al propietario a hacerlo.

Hagamos un llamamiento a todas las profesionales para que usen la guía y que acompañen a las personas o familias que quieran reclamar el alquiler social a los Juzgados. También es importante que las propias personas afectadas conozcan esta nueva forma jurídica de luchar su caso.

A la vez, pedimos que el Consell de la Abogacía Catalana (CICAC), el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y a la Generalitat que organicen formaciones en los colegios profesionales para informar a los abogados y abogadas de esta nueva vía para defender el derecho a la vivienda.

¡Advertimos a los bancos y los buitres que haremos todo lo que esté en nuestras manos para conseguir firmar miles de alquileres sociales! Pronto vendrán más pasos para conseguirlos.

#StopDesahucios #AlquilerSocialYa

El nuevo protocolo de desahucios de Mossos es papel mojado

El protocolo prevé que los Mossos decidan si actúan con antidisturbios dependiendo del «riesgo»

Estos días atrás, en medio del ruido criminalizador “anti-ocupa o pro-desahucios”y la proximidad de las elecciones de fondo, la Conselleria de Interior ha presentado el nuevo protocolo de los Mossos para marcar su actuación en los desahucios. El protocolo, que fue una condición del acuerdo de investidura del nuevo Govern, llega tarde y mal. Y un día después de ser presentado, ya se ha demostrado que está muy lejos de ser una herramienta que limite los abusos de fuerza y las actuaciones irracionales de los Mossos d’Esquadra ante una violación de derechos humanos como son los desahucios, además de un intento de la Conselleria de Interior de desresponsabilizarse de las políticas de protección del derecho a la vivienda digna, que también le atañen, como parte del Gobierno de la Generalitat..

Debemos valorar y situar el nuevo protocolo en su contexto: con Catalunya siendo el territorio líder en desahucios (30% de los lanzamientos practicados todo el Estado), y en el marco de un ataque abierto y constante, por parte de la “coalición pro-bancos-buitres y anti-ocupas” (formada por VOX-PP, JuntsXCat y con el apoyo reciente de PSC-PSOE) a las personas vulnerables que ven su acceso al derecho a la vivienda una utopía cada día más lejana y no se les deja otra alternativa que entrar a vivir en pisos vacíos que las entidades financieras han dejado en desuso después de desahuciar a otras familias antes, para mal venderlo luego a fondos de inversión o a grandes propietarios.

En este contexto, de crisis habitacional grave y “demagogia política aporofóbica” en defensa del negocio de los grandes propietarios y los beneficios de las empresas de seguridad y “alarmas”, de entrada, este nuevo protocolo no modifica lo que desde las PAH catalanas y los movimientos por la vivienda llevamos mucho tiempo denunciando: la actuación sinsentido y mala praxis de aquellos que deberían velar por nosotras como ciudadanas. En lugar de protección, nos encontramos con arbitrariedad, abusos de autoridad, violencia física e incluso detenciones de activistas, como la semana pasada en Sabadell, en una acción stop desahucios de desobediencia civil pacífica (como lo son todas), ya con el nuevo protocolo en marcha.

Sobre el papel, el gran cambio pasa por que deja bien claro por escrito, lo que en la práctica ya pasaba. Lo ordene explícitamente un juez o no, las fuerzas del ‘’orden’’ pueden intervenir siempre que el jefe del dispositivo, o mandos superiores del cuerpo, valoren que existen “riesgos graves para la seguridad de las personas y los bienes”, “acciones que puedan comprometer el orden público” “acciones que dificulten o impidan la ejecución de la orden judicial”. En resumen: siempre que haya una convocatoria del movimiento por el derecho a la vivienda, allí estarán Brimo y ARRO para desactivar la defensa de los derechos fundamentales y facilitar que los grandes especuladores nos echen a la calle y sigan haciendo el agosto.

Además, nos produce una gran indignación que el Consejero de Interior afirmara en la rueda de prensa de su presentación que “el cuerpo de los Mossos d’Esquadra no desahucia, quién desahucia una persona vulnerable de su vivienda es una sociedad injusta”. Que el máximo responsable de la Policía y miembro del Gobierno catalán afirme eso, cuando la Generalitat es una de las máximas responsable en políticas de vivienda y está “fallando” en cada desahucio sin un realojo digno que ejecutan los Mossos, es sencillamente inadmisible.

Después de analizar leer el nuevo protocolo, reivindicamos:

  1. Antes de realizar un desalojo se debería informar a Servicios Sociales pero no quedarse sólo en este paso, que ahora se “protocoliza” pero que en la realidad no funcionará porque no hay pisos de emergencia; sinó hasta y para garantizar un realojo digno y adecuado a la familia.
  2. Suspensión de las actuaciones en los desahucios hasta que los grandes propietarios ofrezcan el alquiler social obligatorio. En casos de pequeños propietarios, es la administración la que debe garantizar el realojo antes del desahucio. Aunque algunos jueces tachen la Ley 24/2015 de administrativa, existen sentencias que dicen lo contrario. Aun así la Generalitat como responsable y administración pública -incluyendo los Mossos- debería de cumplirla a rajatabla.
  3. La presencia del movimiento social de vecinos o de personas solidarias pro derecho a la vivienda no debería de ser una causa para que venga la BRIMO para facilitar que la familia sea desahuciada. En todo caso su papel, en caso de que un juez ordene su presencia, debe ser levantar el acta pertinente sin entrar en la vivienda, controlar a la comitiva para su informe y trasladar a la Administración que se cuide del realojo cuando lo tengan.
  4. En ningún caso es necesario que se presente directamente la BRIMO a los desalojos como están haciendo todavía, ya que el movimiento de vivienda siempre actúa en situaciones donde hay riesgo, no para la comitiva judicial, sinó para personas o familias que son vulnerables. Nace con baja credibilidad un supuesto “protocolo social” que estando ya en vigor, no se respeta.
  5. Activar inmediatamente un “Plan de Choque” para poner la mesa de emergencia de Catalunya y las municipales a cero a través del aumento urgente del parque de vivienda social. Es responsabilidad de la Generalitat realojar, no desalojar, a las 1.600 personas con resolución favorable de la mesa a nivel catalán, además de las que se enfrenten a nuevos desahucios y estén en exclusión residencial.

Si la labor de los Mossos es hacer cumplir la ley, ante un desahucio quien la incumple es la propiedad o la administración, en ningún caso el derecho a protesta de las personas solidarias con quienes menos tienen y han sido abandonadas por la administración. Por qué la Consejería argumenta que no se  pueden incumplir las leyes y mandatos judiciales pero ejecuta desahucios de grandes tenedores que incumplen de forma flagrante la ley antidesahucios catalana? La ley catalana 24/2015 es clara y está dotada de mecanismos para evitar cualquier desahucio. ¡Cúmplanla y háganla cumplir!

Aunque nos alarma el reconocimiento de la inexistencia de actuaciones policiales de desahucio no protocolizadas, que explica el desbarajuste de las actuaciones policiales precedentes, y aspiramos a acabar definitivamente con los desahucios; exigimos que la Consellería de Interior dé un paso real para dejar de considerarlos como una “frívola” cuestión de orden público o ejecución judicial, integrando de forma valiente la visión y actuación social en el centro. Somos conscientes que puede haber resistencias, pero es una demanda de mínimos que lo que la sociedad reclama.

Para nosotras, las personas son lo primero. Porque no escogemos dejar de pagar, no escogemos vivir en precario (ocupar). La situación es muy difícil para todas las personas que por una razón u otra vivimos en el umbral de la pobreza. No somos culpables, somos víctimas de un capitalismo depredador y salvaje, así como de los poderes públicos que no garantizan ni los derechos  fundamentales.

Los últimos años, con una nueva recesión debido a la pandemia y a la guerra, hemos visto como la vivienda sigue subiendo de precio mientras se consuman retrocesos en políticas sociales. Necesitamos más leyes, políticas, viviendas sociales y presupuesto público para evitar que nadie se quede en la calle, no herramientas para facilitar los desahucios.

No escogimos vivir así. 

Por eso desde las PAH Catalanas manifestamos nuestro rechazo a este protocolo y exigimos su corrección inmediata con criterios sociales y de derechos, en el marco de unas políticas urgentes, reales e integrales por el derecho a la vivienda.

Organizaciones sociales y partidos políticos acorralan al PSOE en las negociaciones de la Ley Vivienda

Las consecuencias de la inflación y el encarecimiento de los precios están llevando al límite a millones de hogares españoles que ya no llegan a final de mes. En este contexto de emergencia, en el que el precio del alquiler continúa subiendo y los desahucios continúan ejecutándose, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos sigue enrocado en las negociaciones del proyecto de Ley de Vivienda estatal y se mantiene inamovible frente a la petición de los grupos políticos y las organizaciones por el derecho a la vivienda de incorporar dos enmiendas claves: la obligación de ofrecer alquiler social a las familias vulnerables antes del desahucio y la regulación efectiva de los precios del alquiler.

Frente a este panorama, esta mañana varias organizaciones, entre las que destacan los Sindicatos de Inquilinos, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, los sindicatos laborales (CCOO, UGT y Confederación Intersindical), Amnistía Internacional, Observatorio DESC y la Mesa del Tercer Sector (entre muchos otros), se han reunido en representación de la plataforma Iniciativa Ley Vivienda con los portavoces de los partidos del bloque de investidura. En la reunión se les ha pedido que presionen al Gobierno para que se desencallen las negociaciones cuanto antes, de forma positiva; esto es, incluyendo en la ley medidas que justifiquen el nombre de Ley por el Derecho a la Vivienda, que desde el Gobierno se le otorgó.

Al finalizar la reunión, los portavoces de ERC, EH Bildu, Unidas Podemos, BNG, Más País y CUP, han hecho declaraciones junto a las portavoces de la Iniciativa Ley Vivienda, comprometiéndose públicamente a no dar el sí a la ley si esta no sirve efectivamente para garantizar el derecho a la vivienda y proteger a la mayoría de la población frente a la especulación inmobiliaria.

El secretario de Vivienda se niega a aprobar medidas de emergencia para proteger de la inflación a los hogares

El pasado jueves David Lucas, secretario General de Vivienda, se reunió tanto con los Sindicatos de Inquilinos como con la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, quienes, en sendas reuniones exigieron a Lucas que el Gobierno tome medidas de emergencia en materia de vivienda para frenar las consecuencias de la inflación sobre las economías domésticas.

Para proteger a los hogares inquilinos frente a subidas de alquiler y revertir la asfixia económica agravada por la inflación, los sindicatos han propuesto a Lucas un conjunto de medidas coyunturales y temporales que deberían aprobarse urgentemente en el marco de las medidas anticrisis en el próximo paquete. En primer lugar, exigen la congelación de los alquileres a través de prórrogas obligatorias de contratos para evitar subidas o expulsiones en las finalizaciones de contrato, como ya se están viviendo. En segundo lugar, las actualizaciones interanuales de los precios del alquiler, antes vinculadas con el IPC y ahora limitadas al 2%, deben eliminarse, es decir, pasar al 0%. Por último, exigen revertir las actualizaciones de alquiler realizadas desde el 31 de octubre del 2021 hasta marzo de 2022.

Por otra parte, las medidas de protección frente a los desahucios vigentes son claramente insuficientes, como demuestran los 52.161 ejecutados a pesar de esas medidas entre enero de 2021 y marzo de 2022. Son necesarias medidas de urgencia, como congelar el incremento de las cuotas hipotecarias (aquellas que les toque revisión en los próximos meses) y de los alquileres, y aumentar el alcance de las medidas antidesahucios, prohibiendo expresamente todos los que afecten a familias vulnerables sin alternativa habitacional digna. Medidas similares se han aprobado ya en Escocia y van camino de aprobarse en Alemania.

Pero estas medidas de carácter temporal no serán suficientes, por lo que son imprescindibles medidas estructurales que deben incluirse en la próxima Ley por el Derecho a la Vivienda, como las que hemos aportado en forma de enmiendas al proyecto de ley del Gobierno y que llegan avaladas por 9 formaciones políticas del Congreso.

Una Ley Vivienda efectiva: la única forma de proteger a los hogares

Frente a la negativa de Lucas de implementar medidas urgentes para hacer frente a la situación de inflación y asfixia económica de los hogares, la única vía posible es la aprobación de la Ley Vivienda. El único consenso posible, tal y como han manifestado hoy los grupos políticos, es la incorporación de medidas que hagan de la Ley un texto realmente efectivo que acabe con las subidas de los alquileres, proteja a los hogares frente a los desahucios e incorpore las viviendas de la Sareb al parque público de vivienda. Cada día que pasa sin que se apruebe la Ley Vivienda, el Gobierno está escogiendo defender los intereses de la patronal inmobiliaria frente a la protección que precisan miles de hogares.

PAH BCN continúa la ofensiva a los grandes tenedores que incumplen la Ley Antidesahucios catalana

Un grupo de activistas de la PAH visitan una de las oficinas del Banco Sabadell para entregar la documentación de familias afectadas que están en riesgo de desahucio y tienen derecho a un alquiler social

Hoy un grupo de activistas de la PAH de Barcelona ha convocado una acción sorpresa ante una de las oficinas del Banco Sabadell en la Zona Franca, en el marco de la campaña #enComPAHñía, para exigir el cumplimiento de la Ley Antidesahucios catalana. El objetivo de esta campaña es empoderar a las familias que tienen derecho a un alquiler social y que hasta ahora no han podido conseguirlo, porque bancos y fondos buitre se niegan a aceptar la documentación o dilatan los procesos eternamente, exasperándolas. Con el acompañamiento de la PAH, estas familias hacen entrega de los documentos requeridos por la Ley 1/2022 antidesahucios y hacen seguimiento conjunto para velar por que las entidades den respuesta a las solicitudes en el plazo establecido. El pasado 6 de abril las activistas dieron el pistoletazo de salida a la campaña con la ocupación de una oficina de CaixaBank.

Muchas de estas familias firmaron hipotecas y alquileres sociales con Banco Sabadell o su sociedad inmobiliaria, Solvia. Posteriormente, la entidad vendió muchos de estos inmuebles a Promontoria Coliseum, una sociedad de inversión, el propietario del cual es el fondo buitre Cerberus (80%), si bien Banco Sabadell conserva parte de las acciones (20%), por lo que desde la PAH entendemos que la entidad tiene la responsabilidad, como gran tenedor y propietaria, de obligar a Promontoria Coliseum a otorgar el alquiler social a estas familias. Desde la recuperación de la ley catalana que obliga a hacer alquileres sociales a grandes tenedores como el Sabadell, este se ha lavado las manos asegurando que muchas de las viviendas ya no son de su propiedad, pero la realidad es que han dejado desamparadas a muchas familias con quienes firmaron acuerdos en su momento. Es el caso de Xesca, Alicia y José, quienes firmaron una dación en pago con alquiler social y ahora Promontoria Coliseum se niega a renovarles el alquiler. Otros casos son los de Tomislav y Carmen, quienes exigen su alquiler social por su situación de ocupación en precario.

Hoy no nos marcharemos hasta que tengamos respuesta para dos casos concretos: los de Alicia y Carmen. Son dos casos que el Banco Sabadell conoce bien y que han estado esperando la oferta de alquiler social desde el 2021, cuando el Tribunal Constitucional suspendió el DL 17/2019 al cual se acogían para pedirlo.

Hoy estamos acompañando a estas luchadoras para hacer cumplir la Ley 24/2015, que pone fin a la vulneración del derecho fundamental a la vivienda digna en Catalunya. El Banco Sabadell y Promontoria Coliseum, como otros bancos y fondos buitre, creen que están por encima de la ley y de los derechos de la gente. ¡Por eso hoy nos plantamos en su oficina para dejarles claro que se equivocan!

La Generalitat, por su parte, también está dilatando la aplicación de la norma y parece que al presidente Pere Aragonès le tiembla el pulso a la hora de sancionar a Banco Sabadell.

Por nuestra parte, queremos anunciar a todas las familias de Catalunya que no las dejaremos solas, y las animamos a acercarse a nuestras asambleas para empoderarlas y ayudarlas a encontrar una solución para su caso.

Y exigiremos a los fondos de inversión, a las entidades financieras y al mismo Gobierno que hagan cumplir la ley. ¡Esto solo acaba de empezar! ¡Tenemos mucho a ganar y poco que perder!