Denunciamos la impugnación de la medida por parte del Gobierno estatal mientras nos reunimos con la nueva responsable de vivienda de la Generalitat para que acelere la aplicación de la Ley 24/2015
El pasado miércoles 7 de diciembre el Consejo de Ministros, presidido por Pedro Sánchez, interpuso un recurso contra el alquiler social obligatorio en situaciones de ocupación de pisos de bancos y buitres, en concreto, el artículo 12 de la Ley 1/2022 para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda, que añadió la disposición adicional primera apartado 1.c a la Ley 24/2015.
Aunque la Generalitat y el Estado llevan meses negociando para evitar un recurso, finalmente el Gobierno cuestiona ante el Tribunal Constitucional el alquiler social de personas y familias sin título, siguiendo el mismo camino que PP y VOX, que impugnaron toda la Ley 1/2022 antes del verano. Es un gran error comprar el discurso que culpabiliza a las familias que han tenido que ocupar una vivienda vacía de la banca/buitres para no vivir a la intemperie con sus hijos e hijas, cuando la Administración ha fallado a la hora de evitar su desahucio y realojarlas.
Es inaceptable que se debilite una medida que da una oportunidad a las familias con desahucios y que a los bancos y fondos buitre, que fueron rescatados con dinero de todas nosotras sin contraprestación social alguna. El alquiler social obligatorio en ocupaciones es una medida excepcional, que ofrecía soluciones realistas al acceso en precario y sin título de miles de familias que hace años viven en pisos vacíos a la espera de una mesa de emergencia que no realoja, mientras el gran tenedor especula para malvenderlos.
Una semana después, el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 se ha reunido con los nuevos máximos responsables de las políticas de Vivienda en Catalunya del Gobierno de ERC, para dejar clara la necesidad de defender más que nunca nuestros alquileres sociales. El 15 de diciembre trasladamos a la nueva secretaria de Vivienda de la Generalitat, Marina Berasategui, y a las nuevas responsables de la Agencia de Vivienda y la Agencia del Consumo, Silvia Grau y Albert Melià, que la Generalitat debe acelerar e intensificar la exigencia de los alquileres sociales antidesahucios, siendo valiente e implacable con los grandes tenedores que no los ofrecen.
Desde el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 queremos dejar claras 3 cuestiones importantes:
El alquiler social obligatorio en ocupaciones ha sido impugnado sin suspensión, por lo tanto, sigue vigente y debe aplicarse hasta que llegue una Sentencia del Tribunal Constitucional.
El alquiler social en desahucios de hipoteca e impagos de alquiler, incluidos en la Ley 24/2015 original, están libres de cualquier recurso y es necesario firmar miles de ellos, porque la presión social los salvó en 2018 consiguiendo que Pedro Sánchez retirara la impugnación de M.Rajoy.
El alquiler social obligatorio en casos de fin de contrato de alquiler y renovación de alquileres sociales anteriores, también incluidos en la 24/2015 a través de la ley 1/2022, se han salvado del recurso, gracias a la presión social.
Exigimos a la Generalitat una nueva ofensiva para garantizar que se firmen los miles de alquileres sociales que los grandes tenedores evitan, a la espera de que un Tribunal Constitucional controlado por las posiciones más conservadoras pueda anularlos.
Hacemos un llamamiento a todas las entidades sociales y al movimiento por la vivienda para presionar con más fuerza que nunca a quien la incumple o quiere tumbarla.
¡Despedimos un 2022 de lucha donde hemos recuperado la ampliación de la ley antidesahucios y arrancado cientos de alquileres sociales, anunciando públicamente que en 2023 aumentaremos la presión a los especuladores y las instituciones para ganar todos los alquileres sociales posibles!
Las activistas nos movilizamos después de reunirnos con el PSC y pedirles que rectifiquen la propuesta para evitar criminalizar la pobreza
Las PAHs Catalanas hemos organizado hoy una protesta sorpresa durante la celebración de un acto de campaña del Partido Socialista en Barcelona. Una sesentena de activistas hemos irrumpido pacíficamente en un acto preelectoral en el barrio de Sarrià de Jaume Collboni, miembro de la ejecutiva del Partido Socialista en Catalunya, para expresarle nuestra profunda decepción con su partido ante su falta de respuesta sobre la Ley Desokupa, es decir, la propuesta de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para habilitar a jueces para que desalojen en 48 horas a aquellas familias que ocupan una vivienda en precario, sin juicio. Jaume Collboni ha accedido a hablar con algunas de nosotras, pero se ha negado a establecer ningún canal de negociación o diálogo efectivos con el fin de discutir con los socialistas nuestras propuestas sobre cómo combatir las mafias y dar un hogar digno a miles de familias vulnerables.
Tal y como hemos dicho anteriormente, los socialistas proponen legislar en base a un relato promovido por la ultraderecha y que los datos demuestran como falso: las ocupaciones van a la baja. Según datos publicados por el Ayuntamiento de Barcelona,las ocupaciones han disminuido un 18% en la ciudad desde 2019; por otra parte, el Consejo General del Poder Judicial ha admitido, en una respuesta a declaraciones similares hechas por otros ayuntamientos del Área Metropolitana, que los delitos por usurpación de inmuebles han disminuido en Catalunya un 59% de 2015 a 2020.
Por otro lado, la ocupación no es un fenómeno que afecte, de forma habitual, a casas habitadas o a propietarios particulares, al contrario: la gran mayoría de las veces se da en viviendas de grandes tenedores y entidades financieras, que casualmente también son los actores que mantienen un mayor volumen de pisos vacíos, más de 30.000 en Catalunya, según datos de El Crític. En 2021 solo se detectaron ocupaciones en pisos vacíos, descartando de entrada esta pretendida alarma de ocupaciones en pisos normalmente habitados.
El 81% de los pisos ocupados en la capital catalana son de grandes propietarios como bancos y fondo buitre, según datos del Ayuntamiento de Barcelona; estos grandes tenedores son en buena parte responsables de la crisis de vivienda actual, y no víctimas de las consecuencias de esta misma crisis, por tanto, no deben ser protegidos de las ocupaciones a coste de la Administración. Entendemos que la propuesta que quieren aprobar los socialistas no se corresponde con la realidad sobre la que pretenden legislar, generando confusión en la ciudadanía.
Desde la PAH tenemos claro que la mejor manera de evitar que una familia se vea obligada a ocupar un inmueble es garantizándole una vivienda digna. El Partido Socialista tiene por delante muchas opciones para hacerlo posible:
Ley 24/2015 antidesahucios. Catalunya ha sido pionera a la hora de aprobar mecanismos legales para regularizar a las familias en situación de vulnerabilidad que se hayan visto obligadas a ocupar o no puedan pagar hipoteca o alquiler. Esta medida contempla la obligación, por parte de los grandes tenedores, de realizar alquiler social a las familias en situación de vulnerabilidad; por otra parte, también permite que la Generalitat obligue a los grandes tenedores a ceder aquellos pisos que estén vacíos desde hace más de 2 años.
Ley de Vivienda. Actualmente, el PSOE mantiene bloqueada la Ley de Vivienda en el Congreso porque se niega a incluir medidas de mínimos, como la de ofrecer alquiler social a familias en situación de vulnerabilidad, tal y como contempla la ley catalana. Si el gobierno español incluyera las medidas propuestas por los colectivos, tendría el apoyo de otros partidos como Podemos, ERC, BNG, Bildu, Más País y la CUP y podrían aprobarla de inmediato.
Sareb. Desde principios de año que el Estado es el accionista mayoritario de la Sareb, una entidad rescatada también con más de 60.000 millones de euros de fondos públicos que nunca devolverán. Este rescate debería devolverse, poniendo sus pisos a disposición de Comunidades y Ayuntamientos, a fin de ampliar un parque público de vivienda, que actualmente ronda un ínfimo 2%, uno de los más bajos de la Unión Europea.
Exigimos que el PSC/PSOE se deje de medidas populistas y aplique medidas de responsabilización directa a los grandes operadores inmobiliarios por los casos de ocupaciones de perfiles vulnerables. En Catalunya ya tienen un instrumento legal para ello: la Ley 24/2015. De ellos depende que se cumpla y que se extienda al resto de comunidades autónomas de la mano de la Ley de Vivienda. ¡Basta de criminalizar la pobreza, es hora de tomar medidas valientes para garantizar el derecho a la vivienda!
Barcelona publica hoy datos que demuestran la disminución de las denuncias por ocupación en un contexto de crisis económica por la pandemia y la inflación
La moratoria estatal, las prórrogas de los contratos de alquiler, la regulación de precios y las leyes catalanas antidesahucios funcionan para evitar que las familias tengan que ocupar
Sobre este tema, desde la PAH Barcelona queremos hacer una serie de consideraciones: en primer lugar, insistir en que el fenómeno de la ocupación, tanto en la ciudad como en el resto de Catalunya, está sobredimensionado: los datos del propio Ayuntamiento de Barcelona y los del Consejo General del Poder Judicial −quien ha admitido en una respuesta a declaraciones similares hechas por otros ayuntamientos del Área Metropolitana, que los delitos de usurpación de inmuebles han disminuido en Catalunya un 59% de 2015 a 2020− demuestran que la ocupación evoluciona a la baja. Es incomprensible que el Partido Socialista insista en legislar en un fenómeno minoritario, mientras ignora la realidad más desgarradora: que nos encontramos en medio de una emergencia habitacional grave, con unos precios de alquiler disparados y un euríbor que amenaza con encarecer la hipoteca de miles de familias ya suficientemente asfixiadas por un aumento abusivo de los precios de la comida y los suministros, entre otros bienes de primera necesidad. Los socialistas, lejos de ponerse manos a la obra para resolver este grave problema y desencallar la Ley de Vivienda en el Congreso, prefieren comprarle el discurso a la ultraderecha, a empresas privadas que se lucran con el miedo −como las instaladoras de alarmas− y también a aquellas que operan al margen de la legalidad, como Desokupa, proponiendo medidas que atentan contra los derechos fundamentales de las familias más vulnerables.
Sin duda, la disminución de las ocupaciones podemos atribuirla precisamente al efecto de medidas sociales que se han impulsado en los últimos años por parte de las entidades del movimiento por la vivienda, todas ellas orientadas a detener los desahucios: la Ley 24/2015 contra la exclusión residencial y la pobreza energética, la moratoria estatal que suspende los desahucios, las prórrogas automáticas del contrato de alquiler durante la covid, la regulación de precios de alquiler en Catalunya y la Ley 1/2022 antidesahucios. Si bien todas estas medidas son −algunas− temporales y/o han sido activamente boicoteadas por partidos que sirven a los intereses de los grandes tenedores, es evidente lo que hace años que repetimos: si garantizamos el acceso a la vivienda a la ciudadanía, las familias no tendrán la necesidad de ocupar inmuebles para tener el techo que el mercado y los poderes públicos les niegan.
Por otra parte, la ocupación no es un fenómeno que afecte, de manera habitual, a casas habitadas o a propietarios particulares, al contrario:la gran mayoría de las veces se da en viviendas de grandes tenedores y entidades financieras, que casualmente también son los actores que mantienen un mayor volumen de pisos vacíos, más de 30.000 según datos de El Crític. En 2021 solo se detectaron ocupaciones en pisos vacíos, descartando de entrada esta pretendida alarma de ocupaciones en pisos normalmente habitados. Además, 3 de cada 4 pisos ocupados son de grandes propietarios, la mayoría de entidades financieras. Estos grandes tenedores son, en gran parte, responsables de la crisis de vivienda actual y no víctimas de las consecuencias de esta misma crisis, no deben ser protegidos de las ocupaciones a costa de la Administración. Esta confusión intencionada entre tipos de propietarios por parte de los socialistas y el bloqueo que mantienen de la Ley de Vivienda en el Congreso −negándose a extender a todo el Estado la medida del alquiler social de grandes propietarios vigente en Catalunya−hace pensar que tanto PSOE como PSC tienen interés en evitar que las leyes que intentan garantizar el derecho a la vivienda no perjudiquen las inversiones de fondos buitre como Blackstone. Por lo tanto, exigimos que el PSC/PSOE se deje de medidas populistas y aplique medidas de responsabilización directa a los grandes operadores inmobiliarios para los casos de ocupaciones de perfiles vulnerables. En Catalunya ya tienen un instrumento legal para hacerlo: la Ley 24/2015. De ellos depende que se cumpla y que se extienda al resto de comunidades autónomas de la mano de la Ley de Vivienda. ¡Basta de criminalizar la pobreza, es hora de tomar medidas valientes para garantizar el derecho a la vivienda!
Hoy hemos estado en la comisión de justicia en la comparecencia en relación con la proposición de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 Enero, de enjuiciamiento civil, por la que se regula un procedimiento especifico para garantizar la posesión de viviendas titularidad de propietarios personas físicas y para asegurar a las entidades sociales y a las administraciones públicas la disponibilidad de las viviendas en su haber destinadas a alquiler social.
Os adjuntamos nuestra comparecencia en relación al rechazo de dicha propuesta de Ley:
En 2009 empezamos a organizarnos para hacer frente a las consecuencias de la estafa hipotecaria y la complicidad de los diferentes gobiernos y administraciones. Cientos de miles de familias eran condenadas al desahucio y a una deuda de por vida. La Administración Pública solo velaba por los privilegios de la Banca, así que no nos quedaba otra opción que organizarnos para proteger nuestros derechos.
Desde entonces, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha estado denunciando la estafa hipotecaria, la precarización de la LAU y las políticas públicas de los últimos 60 años que han despojada a la vivienda de su función social y han favorecido la especulación y la acumulación de vivienda vacía. Hemos tenido que actuar de urgencia desobedeciendo leyes injustas parando miles de desahucios y recuperando vivienda vacía en manos de la banca para garantizar el derecho a la vivienda. Por el camino hemos hecho propuestas de cambios legislativos que garanticen los derechos de todas, tanto a nivel estatal como autonómico y local. Además, en 2012 promovimos una ILP que obtuvo casi 1,5 millones de firmas, y que en 2013 fue admitida a trámite a regañadientes, y cuya tramitación devino en la nefasta ley 1/2013 que ha sido rechazada por el TJUE en las 8 ocasiones en que se ha pronunciado sobre ella.
Mientras tanto, el Estado, con todo su aparato, ha incumplido e incumple el artículo 47 de la Constitución española cada día, violando sistemáticamente el articulo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y las Observaciones Generales del Comité DESC de Naciones Unidas relativos a las obligaciones de los estados miembros, derecho a la vivienda y la prevención de los desahucios forzosos.
Hay una foto que deja claro la necesidad de abordar políticas públicas de vivienda urgentes para garantizar el derecho a la vivienda, lejos de la proposición que hoy se discute.
La foto de España como el país de la UE:
QueMás desahucia (2007 a 2016) más de medio millón de hogares desahuciados, a los que hay que añadir los que la estadística no contabiliza, los “desahucios silenciosos” (abandono prematuro de la vivienda por la presión del desahucio o por la subida de los alquileres), o los miles de familias desahuciadas por ocupación por necesidad. Familias que se han visto obligadas a ocupar porque no existen alternativas, hecho que es responsabilidad también de la administración que las ha abandonado a la hora de proteger su derecho a la vivienda
Con más vivienda vacía 3,5M de viviendas (el 31% de toda la vivienda vacía UE)
Con el parque público más pequeño: 1% vs 18% media UE.
A lo que hay que añadir: de los que menos presupuesto público destinan a políticas de vivienda. En los actuales PGE un 0,05% del PIB, lejos del 1,5% – 3% del PIB que destinan los países de nuestro entorno que mayor garantía de derechos ofrecen.
Frente a esta dramática situación, frente a los 166 hogares desahuciados al día en el estado español, sin ningún tipo de garantía, el PDECat pretende seguir apostando por medidas como las del PP, medidas que han agravado la situación y criminalizan la pobreza.
Antes de entrar a la medida concreta de la PL del PDECat, es importante ver que ha hecho el Gobierno del Partido Popular para evitar los desahucios, para evitar que familias en situación vulnerable se hayan visto obligadas a escoger entre vivir en la calle o ocupar una vivienda.
¿Que ha hecho el PP (leyes y resultados)?
Medidas todas que han interpelado a la buena voluntad de la banca y que han marcado requisitos tan restrictivos, que el 99% se ha quedado fuera.
Código de Buenas Prácticas: ha “solucionado” el 5% de los casos [total de 41.043 operaciones, de las cuales, 33.765 finalizaron con una reestructuración de la deuda pendiente, 7 con una quita y en 6.674 casos se acordó la dación en pago]
Falsa moratoria de los desahucios: han dado respuesta a 24.000 de las 515.000 familias desahuciadas, tan solo un 4,5%. Solo aborda hipoteca, no alquiler que es más de la mitad de los desahucios de hoy en día.
Fondo social de viviendas: ha dado respuesta al 1% del medio millón de desahuciadas [9.886 contratos de alquiler frente a 515.000 desahucios o 720.000 ejecuciones hipotecarias]
A estas reformas hay que añadir la Ley Mordaza: han ido un paso más allá, no solo no garantizan nuestros derechos, sino que quieren, a través del miedo y la represión, evitar que lo hagamos las demás.
A esto hay que sumar que el Gobierno del PP ha reducido en su mandato en un 61% el presupuesto que se destina a políticas de vivienda o que apuesta por un Plan Estatal de Vivienda que fomenta la burbuja especulativa sobre el alquiler que estamos viviendo en la actualidad y la tursificación, además de obviar reformas estructurales encaminadas a ampliar el parque público de vivienda o mecanismos reales para solventar el sobreendeudamiento.
Como decíamos al empezar, desde la PAH hemos hecho propuestas destinadas a garantizar el derecho a la vivienda del 100%:
ILP hipotecaria (2012-2013) con 1,5millones de firmas de apoyo a la dación en pago retroactiva, la moratoria de los desahucios y el alquiler social. La mayoría absoluta del PP bloqueo la solución e hizo las medidas de maquillaje que antes analizábamos. La ley 1/2013 que desvirtuaba la ILP, acumula 8 sentencias del TJUE diciendo que es contraria a la normativa UE.
ILPs autonómicas: en Cataluña, Murcia y Valencia, recurridas sistemáticamente al TC, así como leyes autonómicas que daban pasos hacia adelante en la protección del derecho a la vivienda en: Canarias, País Vasco, Andalucía y Navarra.
ILP vivienda Madrid: lo continuamos haciendo, en la actualidad las compañeras de Madrid acaban de recoger casi 80.000 firmas que avalan la propuesta de la PAH para garantizar el derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid.
Miles de mociones en los Ayuntamientos.
El PDECat presenta una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados que nos alarma y que queremos denunciar. La recuperación de la posesión del inmueble ya estaba regulado por ley, esta proposición de ley lo que incluye son medidas para replicar el desahucio exprés de los alquileres de la ministra Carme Chacón y de Rajoy, pero en este caso sobre las viviendas de administraciones, entidades sociales o de personas físicas, ocupadas. De aprobarse permitiría desahuciar automáticamente sin alternativa habitacional a una familia que esté ocupando el piso desde el mismo momento de la notificación de la demanda, sin mostrar la más mínima preocupación por las causas o por el hecho de arrojar a la calle a familias sin alternativa habitacional
En la exposición de motivos el PDECat disfraza de lucha contra “fenómenos mafiosos” la propuesta de ley. También dice proteger a los pequeños propietarios de supuestos “profesionales de la ocupación” a los que hay que frenar. Estas medidas no van a solucionar el problema que dicen querer resolver: ni para los propietarios de las viviendas, ni en relación a las mafias. El proyecto de ley no incluye ni una sola medida contra las mafias: para frenarlas hay que denunciarlas y erradicarlas a través de la actuación de los cuerpos de seguridad y de la justicia. No sirve poner el foco sobre las personas que, desesperadas y desprotegidas, caen en la estafa. De hecho, si se deja a alguien en la calle sin alternativa habitacional, no tendrá más remedio que ocupar de nuevo y estar inmerso en un circulo vicioso de ocupación-desahucio.
Por otro lado: la administración ya dispone de mecanismos administrativos efectivos para recuperar la vivienda pública y adjudicarla a quién toque. Y no creemos que las entidades sociales quieran estigmatizar aún más a quien sufre.
Por último, y lo más importante: esta propuesta elude la única solución real al problema: garantizar el derecho a la vivienda. O lo que es lo mismo: acabar con las deudas de por vida, detener los desahucios, dar vivienda de alquiler social a quién lo necesita, manteniendo a las familias en ellas en vez de desahuciarlas y cediendo el parque vacío para su uso social; obligando a la banca y a los grandes tenedores a asumir su responsabilidad, y asumiendo los Gobiernos y las Administraciones la suya de no dejar nadie en la cuneta.
Es conocida la campaña de la PAH de la Obra Social que defiende la recuperación ciudadana de aquellas viviendas vacías en manos de entidades financieras, de las que se ha desahuciado a miles de familias o permanecen vacías a la espera de hacer aún más negocio sin tan siquiera devolver nada a cambio de los rescates. También presentamos la campaña y el informe de “La vivienda no es delito” de Madrid, para dar luz a la situación de miles de familias que se han visto abocadas a ocupar viviendas sin ninguna alternativa habitacional
Aunque el Proyecto de Ley del PDECat no se refiere a las viviendas de la banca, todo el mundo sabe que nadie escoge acceder a una vivienda ocupando si tiene una alternativa real, legal y asequible. Por lo que, tratar burda e irresponsablemente de poner el foco en el eslabón más débil y desproteger judicialmente aún más a las familias que no tienen otra alternativa que ocupar una vivienda, es un grave error.
Cuando estalló la burbuja ya hubo intentos de culpabilizar a los deudores de las hipotecas para eludir las responsabilidades de las leyes criminales y de la estafa bancaria(“no pagan porque no quieren” o “nadie le puso una pistola en la cabeza para que firmara”). Parece que ahora les toca a las familias que, desesperadas, ocupan viviendas.
¿Por qué no presentan una proposición de ley este mismo martes para conseguir la soluciones reales, aprobando la dación en pago retroactiva, acabar con todos los desahucios de vivienda habitual y dar alquiler social para quién lo necesita? O hablando de vivienda pública: porque ni nombran el reducidísmo parque de vivienda protegida de Catalunya y de todo el estado, o la venta a fondos buitres en Madrid?
Lo que vemos, es una ofensiva generalizada hacia el eslabón más débil, hacia las personas que no tienen más alternativa que entrar en una vivienda vacía: en la televisión, en los Parlamentos a través de diferentes formaciones políticas, en la prensa.. En alguna reunión de estas donde hay banqueros y políticos con poder, se decidió que, la única manera de evitar reformas estructurales era creando un nuevo enemigo, el enemigo que vive en los barrios y que está entre la población con menos recursos, el “ocupa”. Además, este enemigo en el campo de de lo pobres se puede convertir en el problema, de manera que quién no ha hecho nada para frenar la emergencia, se saca responsabilidades y intenta conseguir dejar de ser el problema. Porqué con el “ocupa” el problema ya no son los bancos, ni el rescate, no la vivienda vacía, ni los gobiernos que no toman medidas, ni los ayuntamientos que no han hecho vivienda pública. El enemigo no es el poder, es tu vecino.
Jugar con la cohesión social y la estigmatización de los más pobres, de los empobrecidos, es muy irresponsable y solo nos conduce a la “guerra entre pobres”.
Cuando la realidad es que los pisos vacíos (no segundas residencias) están en su inmensa mayoría en manos de unos pocos grandes propietarios. Ésto se oculta para no levantar sospechas sobre las intenciones de un medida tan drástica, que pronto será replicada para favorecer los intereses de la banca, en vez de aprovechar la oportunidad para que haya un parque de alquiler social, el o viene de estas viviendas ya construídas o no llegará.
El PDECat, y aquellos grupos que han apoyado la medida como Ciudadanos, PNV y el Partido Popular, están enfocando la ocupación como el problema y no como la consecuencia de no haber hecho y no hacer políticas públicas que eviten que una familia al tener una orden de desahucio tenga que escoger entre la calle y la ocupación por necesidad.
Frente a esto, una vez más, la PAH ha presentado en el Congreso de los Diputados una propuesta de Ley que aborda reformas estructurales para garantizar el derecho a la vivienda de todas: dación en pago retroactiva, alquiler social, ampliación del parque público de viviendas, reforma de la LAU (estabilidad y asequibilidad), suministros básicos garantizados y el fin de las deudas hipotecarias.
Mientras tanto, seguiremos exigiendo soluciones a los bancos y a las administraciones, seguiremos parando desahucios, realojando a familias en vivienda vacía de la banca a través de la campaña Obra Social de la PAH.
La ocupación no es el problema, sino la consecuencia de no hacer políticas públicas para garantizar el derecho a la vivienda
Este martes el PDECat presenta una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados que nos alarma y que queremos denunciar, exigiendo una rectificación para que no tire adelante. La proposición de ley incluye medidas para replicar el desahucio exprés de los alquileres de la ministra Carme Chacón y de Rajoy, pero en este caso sobre las viviendas de administraciones, entidades sociales o de personas físicas, ocupadas. De aprobarse permitiría desahuciar automáticamente sin alternativa habitacional a una familia que esté ocupando el piso desde el mismo momento de la notificación de la demanda, sin mostrar la más mínima preocupación por las causas o por el hecho de arrojar a la pura calle a familias sin alternativa habitacional
Esta proposición de ley se votará pocos días después de publicarse los datos del Consejo General del Poder Judicial, unos datos que cerraban el año 2016 con más de 60.000 desahucios, una media de 166 desahucios diarios en España. Según estas cifras, el 22% de los desahucios se producen en Cataluña, ámbito de actuación principal del PDECat. Pero estos datos son incompletos, ya que no contabilizan los «desahucios silenciosos» (abandono prematuro de la vivienda por la presión del desahucio), o los miles de familias desahuciadas por ocupación en precario. Familias que se han visto obligadas a ocupar porque no existen alternativas, hecho que es responsabilidad también de la administración que las ha abandonado a la hora de proteger su derecho a la vivienda. España es el miembro de la UE con menos vivienda social (2%), con más vivienda vacía (3,44 millones) y con más desahucios. El 13,7% del parque de viviendas está vacío y tenemos el 31% del total de vivienda vacía en Europa (11 millones).
En la exposición de motivos el PDECat disfraza de lucha contra «fenómenos mafiosos» la propuesta de ley. También dice proteger a los pequeños propietarios de supuestos «profesionales de la ocupación» a los que hay que frenar, también en la vivienda pública o gestionada por entidades sociales. Estas medidas no van a solucionar el problema que dicen querer resolver: ni para los propietarios de las viviendas, ni en relación a las mafias. El proyecto de ley no incluye ni una sola medida contra las mafias: para frenarlas hay que denunciarlas y erradicarlas a través de la actuación de los cuerpos de seguridad y de la justicia. No sirve poner el foco sobre las personas que, desesperadas y desprotegidas, caen en la estafa. De hecho por muy rápido que las desahucies, si se ven de nuevo en la calle y sin alternativa, no tendrán más remedio que ocupar de nuevo.
Además la mayoría de ocupaciones actuales son en vivienda vacía proveniente de desahucios de la banca o en manos de grandes tenedores. Por otro lado: la administración ya dispone de mecanismos administrativos efectivos para recuperar la vivienda pública y adjudicarla a quién toque. Y no creemos que las entidades sociales quieran estigmatizar aún más a quien sufre.
Por último, y lo más importante: esta propuesta elude la única solución real al problema: garantizar el derecho a la vivienda. O lo que es lo mismo: acabar con las deudas de por vida, detener los desahucios, dar vivienda de alquiler social a quién lo necesita, manteniendo a las familias en ellas en vez de desahuciarlas y cediendo el parque vacío para su su uso social; obligando a la banca y a los grandes tenedores a asumir su responsabilidad, y asumiendo los Gobiernos y las Administraciones la suya de no dejar nadie en la cuneta.
Es conocida la campaña de la PAH de la Obra Social que defiende la recuperación ciudadana de aquellas viviendas vacías en manos de entidades financieras, de las que se ha desahuciado a miles de familias o permanecen vacías a la espera de hacer aún más negocio sin tan siquiera devolver nada a cambio de los rescates.
Aunque el Proyecto de Ley del PDECat no se refiere a las viviendas de la banca, todo el mundo sabe que nadie escoge acceder a una vivienda en precario si tiene una alternativa real, legal y asequible. Por lo que, tratar burda e irresponsablemente de poner el foco en el eslabón más débil y desproteger judicialmente aún más a las familias que no tienen otra alternativa que ocupar una vivienda, es un grave error.
Como aún no se atreven a criminalizar a quienes ocupan pisos de bancos porque la opinión pública lo defiende, atacan a las que, con la misma desesperación ocupan vivienda pública, de entidades sociales o de personas físicas. Primero esto y después puede venir la criminalización de las familias que recuperan pisos vacíos de la banca y de paso, se fomenta la «guerra entre pobres». Cuando estalló la burbuja ya hubo intentos de culpabilizar a los deudores de las hipotecas para eludir las responsabilidades de las leyes criminales y de la estafa bancaria («no pagan porque no quieren» o «nadie le puso una pistola en la cabeza para que firmara»). Parece que ahora les toca a las familias que, desesperadas, ocupan viviendas.
¿Por qué no presentan una proposición de ley este mismo martes para conseguir la soluciones reales, aprobando la dación en pago retroactiva, acabar con todos los desahucios de vivienda habitual y dar alquiler social para quién lo necesita?
Es obvio que son los bancos y los grandes tenedores los grandes responsables de la emergencia habitacional y que hay obligarlos a asumir las soluciones. Pero mientras esto no ocurra, son las administraciones las últimas garantes de los derechos fundamentales. Y más cuando durante años no se han hecho las leyes y las políticas de vivienda que ahora permitirían actuar como toca
Hay propuestas legislativas que, más que buscar solucionar a un problema real, parece que sirvan para gesticular y contentar ciertos sectores. Quizá lo que le pasa al PDEcat es que la dura realidad y la presión ciudadana no le ha dejado otra opción que apoyar medidas que siempre había rechazado; y ahora con este gesto quieren contentar a los de siempre, no sea que defendieran más de la cuenta los derechos de la mayoría. Jugar con la cohesión social y la estigmatización de los más pobres para ello es muy irresponsable. Veremos que hacen el resto de grupos del Congreso.
Mientras no se garantice el derecho a la vivienda de forma efectiva, y no se ataquen las causas reales del problema y sus responsables, existirá el caldo de cultivo para que las familias sufran, las pequeñas mafias ganen y algunos pequeños propietarios tengan problemas.
La solución real es proteger el derecho a la vivienda, en especial movilizando la vivienda vacía de la banca. Si se hace, nadie tendría que ocupar viviendas para no vivir en la calle.
