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[Comunicado] Basta de criminalización de la protesta

Posicionamiento de organizaciones y movimientos sociales sobre la propuesta de reforma del delito de desórdenes públicos: genera graves afectaciones al derecho a la protesta

Ante la proposición de ley orgánica de reforma del Código Penal presentada en el Congreso de los Diputados, las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestro desacuerdo con la propuesta relativa a la modificación del delito de desórdenes públicos del Código Penal.

La derogación del delito de sedición debe celebrarse. A pesar de ser un delito en desuso, fue utilizado para condenar a los presos políticos en 2019. Si bien celebramos la propuesta de derogación del delito de sedición, valoramos que la actual propuesta de reforma genera graves afectaciones y limitaciones al libre ejercicio del derecho a la protesta y que si sigue adelante constituye una nueva agresión a los derechos fundamentales de la ciudadanía y un retroceso en términos de democracia.

  1. La proposición de ley comporta aspectos negativos que pueden vulnerar el ejercicio del derecho a la protesta. Se deroga la sedición, pero se incorpora un tipo agravado de desórdenes públicos que, con una nueva terminología, persigue algunas de las actuaciones que perseguía la sedición.
  2. Este tipo agravado de desórdenes públicos incorpora varios conceptos genéricos, subjetivos e indeterminados que permiten criminalizar un gran número de acciones, adscritas dentro del derecho a la protesta, lo que puede acarrear penas elevadas e incluso cárcel.
  3. En el Código Penal actual, para que una conducta pueda ser considerada desorden público exige un acto de violencia contra las personas o las cosas, o bien una amenaza de violencia. La propuesta de reforma plantea que los desórdenes públicos también pueden cometerse por “intimidación”, concepto que conllevaría más arbitrariedad, subjetividad y previsiblemente una mayor incriminación, ya que esta redacción permite criminalizar muchas actuaciones del derecho a la protesta, frecuentes en nuestra sociedad y que son necesarias para visualizar el rechazo o malestar social.
  4. Asimismo, se introduce como delito la invasión u ocupación de locales o espacios públicos o privados explícitamente sin violencia ni intimidación con penas de hasta 6 años de cárcel o 12 meses de multa. Una vez más, se criminaliza de forma clara una expresión del derecho a la protesta pacífica.
  5. La propuesta agrava el tipo básico si los hechos (incluyendo, por tanto, una protesta con intimidación, pero no violencia) son llevados a cabo por una “multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar el orden público”; como resultado, se abre el abanico para criminalizar actuaciones de organizaciones que podrían haber puesto en peligro el orden público sin necesidad de que haya pasado efectivamente.
  6. El derecho a la protesta es el derecho de los derechos, un mecanismo efectivo de participación ciudadana en asuntos públicos, que permite impulsar transformaciones sociales y políticas significativas, así como establecer un diálogo entre la ciudadanía y el poder representativo. Si bien el derecho a la protesta no está codificado como tal en la normativa internacional, es un concepto que integra un grupo de derechos fundamentales: el derecho a la reunión pacífica, la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de información. En el Estado español, la normativa estatal reconoce el derecho de reunión y manifestación como derechos fundamentales (artículo 21 de la Constitución Española); ambos permiten la protección armónica y conjunta del derecho a la protesta social. De la misma manera, la normativa europea −a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos− reafirma el «derecho a la reunión y manifestación como un derecho fundamental de cualquier sociedad democrática» y destaca que no se pueden interpretar de forma restrictiva. De acuerdo con lo anterior, recordemos que estos derechos son individuales (no colectivos) y que cada una de las participantes se reconoce de forma individual, por el simple hecho de ser personas.

Desde 2015, la reforma del Código Penal (Ley Orgánica 2/2015, 30 de marzo) y la aprobación y vigencia de la Ley de Seguridad Ciudadana −popularmente conocida como Ley Mordaza (actualmente en trámite de reforma)−, se han consolidado como una respuesta represiva frente al auge de la movilización social en nuestras calles, también como respuesta contra el derecho a la autodeterminación. Hace años que la acción colectiva y organizada se ha visto repetidamente perseguida, reprimida y criminalizada.

Ante la actual tramitación de la proposición, exigimos que el Código Penal se adecue a los estándares internacionales de derechos humanos.

Pedimos que durante el trámite parlamentario se modifique el delito de desórdenes públicos para garantizar que los elementos que supongan una clara vulneración de derechos se corrijan con el objetivo de proteger el libre ejercicio del derecho a la protesta, un derecho fundamental de la ciudadanía.

Organizaciones impulsoras:

  1. Alerta Solidària
  2. Aliança de Marees i Moviments Socials
  3. Arran
  4. Calala – Fondo de Mujeres
  5. CGT Catalunya
  6. CONFAVC
  7. Contracorrent i Corrent Revolucionària de Treballadors (CRT)
  8. Coordinadora Movimientos Sociales y Sindicales de Cataluña
  9. Coordinadora Obrera Sindical
  10. Ecologistes en Acció Catalunya
  11. Elite Taxi
  12. End Fossil Barcelona
  13. Endavant-OSAN
  14. Front Comú Contra la Repressió
  15. Intersindical Alternativa de Catalunya – IAC
  16. Irídia – Centre per la defensa dels drets humans
  17. La Intersindical (CSC)
  18. Lluita Internacionalista
  19. Marea Blanca Catalunya
  20. Marea Pensionista
  21. Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
  22. Novact
  23. Òmnium Cultural
  24. Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH)
  25. PAH Barcelona
  26. Pirates de Catalunya
  27. Plataforma 3 d’octubre
  28. Plataforma Antirepressiva de Barcelona
  29. Plataforma per la Pau – OTAN NO
  30. Procés Constituent
  31. Constituents per la República
  32. Rebel·lió o Extinció
  33. Sectorial de Persones Represaliades de l’ANC
  34. Sindicat de Llogateres
  35. Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC)
  36. Tanquem els CIES
  37. Unió de Pagesos de Catalunya
  38. Xarxa Antirepressió de Familiars de Detingudes
  39. Xarxa d’Habitatge de l’Esquerra de l’Eixampe (XHEE)
  40. Xarxa per la Justícia Climàtica

El Gobierno de coalición repite el código de buenas prácticas con la banca que aprobó el PP

A falta de conocer el texto definitivo que salga del Consejo de Ministros, desde la PAH consideramos que el acuerdo anunciado no implica ninguna obligación real para la banca

Hoy hemos conocido el anuncio del Gobierno de un “principio de acuerdo” con la banca para, supuestamente, paliar la situación de miles de familias que ahora tienen problemas para pagar su hipoteca debido a la subida del euríbor en los últimos meses y por la situación de inflación generalizada. El acuerdo, anunciado por la ministra Nadia Calviño esta mañana, incluye medidas para rentas inferiores a 29.400€, que implican reestructuraciones, daciones en pago, carencias y traspasos a hipotecas de tipo fijo, etc.

Nuestra valoración -inicial- es la siguiente: en primer lugar, nos parece un fraude que el gobierno anuncie estas medidas a bombo y platillo cuando ni tan siquiera ha conseguido que la banca lo suscriba completamente. Esto nos recuerda al Código de Buenas Prácticas que el gobierno del Partido Popular firmó con la banca en 2012 para, supuestamente, «parar los desahucios» pero, como es bien sabido, los desahucios continúan hoy en día en un año 2022 que, a pesar del llamado «escudo social» del gobierno en vigor, se encamina a superar al 2021 con 10.816 nuevos desahucios registrados en el 2º trimestre. Por mucho que la ministra Calviño dé ultimátums a la banca para que lo suscriban, los bancos tienen total libertad para aplicar el acuerdo, por lo que entendemos que la ministra realmente no ha sido capaz de obligar a la banca a absolutamente nada, igual que el Partido Popular en su momento.

A falta de conocer el texto definitivo del acuerdo –que en cuanto lo tengamos haremos la valoración correspondiente-, todas las medidas que vemos recogidas en el anuncio son medidas ya conocidas por quienes llevamos años luchando contra los desahucios. Entramos al detalle partiendo de lo que conocemos:

Por un lado, hablemos de los supuestos de las familias beneficias: aquellas consideradas vulnerables, es decir, aquellas que ingresan menos de 25.200€ anuales (unos 1.500€ mensuales), y que dediquen más del 50% de sus ingresos a pagar la hipoteca. En este caso partimos de un supuesto que es irreal, puesto que difícilmente una familia podrá mantenerse con tan solo 750€ al mes para pagar suministros, alimentos y otros bienes básicos cuyo precio ahora está disparado por la inflación. Por otra parte, ¿qué pasa con aquellas familias que dedican un 45%? Que quedan totalmente desprotegidas a pesar de sufrir una sobrecarga en sus ingresos -recordemos que la ONU recomienda que el gasto en vivienda y suministros no debe superar el 30% de los ingresos. Respecto al segundo tramo, el de aquellos hogares con unos ingresos de 29.400€ anuales, con hipotecas que se hayan firmado hasta el 31 de diciembre de 2022 y cuya carga hipotecaria sea superior al 30% de su renta y, además, hayan tenido un aumento del 20% su gasto en la hipoteca. Si bien este tramo puede ser más realista que el anterior, las medidas propuestas para este colectivo se resumen principalmente en aumentar su deuda; no implica ningún alivio real para sus economías.

En general, nada ha cambiado: todo se resume en refinanciar la vivienda (con carencias, alargamiento de plazos, reestructuración de deuda, una dación en pago sin especificar, etc.) y endeudar todavía más a las familias, que en un futuro puede que se encuentren en la misma o peor situación que la actual. De la banca no podemos esperar ningún tipo de compasión ni buena voluntad: su negocio consiste en lucrarse a costa de nuestras necesidades básicas, como la vivienda. Es por ello que no confiamos en que la banca renegocie estas medidas sin ninguna contraprestación; no puede ser que el gobierno se dedique a anunciar paquetes de medidas presuntamente «beneficiosas» pero consensuadas solo con una de las partes interesadas.

No podemos dejar de recordar, además, que los gobiernos desde 2011 impusieron recortes a pensiones, salarios y servicios públicos, así como a los derechos sociales. Estos recortes no se han revertido y todos se siguen arrastrando. En agradecimiento, la banca continuó desahuciando desaforadamente, vendiendo lotes de casas embargadas a precios irrisorios a fondos buitre, y librándose de otras (los llamados «activos tóxicos») mediante el invento que nos «iba a salir gratis»: la Sareb. Por cierto, que el Gobierno sigue sin querer recuperar el préstamo de más de 66.000 millones de euros que costó el rescate bancario y que salió de nuestros bolsillos.

Por último, desde la PAH tenemos claro que las medidas anunciadas hoy por el Partido Socialista son un brindis al sol: si el gobierno no quiere dejar a nadie atrás tiene que impulsar medidas estructurales para abordar el problema del acceso a la vivienda. La oportunidad está ahí: la Ley de Derecho a la Vivienda sigue atascada en el trámite parlamentario porque precisamente el PSOE se niega a aprobar medidas de gran impacto en favor de la ciudadanía, como el alquiler social obligatorio para banca y fondos buitre, la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional y el control efectivo de los alquileres. Por todo ello, instamos a todas las familias que tengan problemas para pagar su hipoteca que se acerquen a nuestras asambleas, puesto que somos la única garantía que tienen de conseguir solucionar sus problemas sin tener que endeudarse -todavía más- en el futuro.

Organizaciones sociales y partidos políticos acorralan al PSOE en las negociaciones de la Ley Vivienda

Las consecuencias de la inflación y el encarecimiento de los precios están llevando al límite a millones de hogares españoles que ya no llegan a final de mes. En este contexto de emergencia, en el que el precio del alquiler continúa subiendo y los desahucios continúan ejecutándose, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos sigue enrocado en las negociaciones del proyecto de Ley de Vivienda estatal y se mantiene inamovible frente a la petición de los grupos políticos y las organizaciones por el derecho a la vivienda de incorporar dos enmiendas claves: la obligación de ofrecer alquiler social a las familias vulnerables antes del desahucio y la regulación efectiva de los precios del alquiler.

Frente a este panorama, esta mañana varias organizaciones, entre las que destacan los Sindicatos de Inquilinos, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, los sindicatos laborales (CCOO, UGT y Confederación Intersindical), Amnistía Internacional, Observatorio DESC y la Mesa del Tercer Sector (entre muchos otros), se han reunido en representación de la plataforma Iniciativa Ley Vivienda con los portavoces de los partidos del bloque de investidura. En la reunión se les ha pedido que presionen al Gobierno para que se desencallen las negociaciones cuanto antes, de forma positiva; esto es, incluyendo en la ley medidas que justifiquen el nombre de Ley por el Derecho a la Vivienda, que desde el Gobierno se le otorgó.

Al finalizar la reunión, los portavoces de ERC, EH Bildu, Unidas Podemos, BNG, Más País y CUP, han hecho declaraciones junto a las portavoces de la Iniciativa Ley Vivienda, comprometiéndose públicamente a no dar el sí a la ley si esta no sirve efectivamente para garantizar el derecho a la vivienda y proteger a la mayoría de la población frente a la especulación inmobiliaria.

El secretario de Vivienda se niega a aprobar medidas de emergencia para proteger de la inflación a los hogares

El pasado jueves David Lucas, secretario General de Vivienda, se reunió tanto con los Sindicatos de Inquilinos como con la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, quienes, en sendas reuniones exigieron a Lucas que el Gobierno tome medidas de emergencia en materia de vivienda para frenar las consecuencias de la inflación sobre las economías domésticas.

Para proteger a los hogares inquilinos frente a subidas de alquiler y revertir la asfixia económica agravada por la inflación, los sindicatos han propuesto a Lucas un conjunto de medidas coyunturales y temporales que deberían aprobarse urgentemente en el marco de las medidas anticrisis en el próximo paquete. En primer lugar, exigen la congelación de los alquileres a través de prórrogas obligatorias de contratos para evitar subidas o expulsiones en las finalizaciones de contrato, como ya se están viviendo. En segundo lugar, las actualizaciones interanuales de los precios del alquiler, antes vinculadas con el IPC y ahora limitadas al 2%, deben eliminarse, es decir, pasar al 0%. Por último, exigen revertir las actualizaciones de alquiler realizadas desde el 31 de octubre del 2021 hasta marzo de 2022.

Por otra parte, las medidas de protección frente a los desahucios vigentes son claramente insuficientes, como demuestran los 52.161 ejecutados a pesar de esas medidas entre enero de 2021 y marzo de 2022. Son necesarias medidas de urgencia, como congelar el incremento de las cuotas hipotecarias (aquellas que les toque revisión en los próximos meses) y de los alquileres, y aumentar el alcance de las medidas antidesahucios, prohibiendo expresamente todos los que afecten a familias vulnerables sin alternativa habitacional digna. Medidas similares se han aprobado ya en Escocia y van camino de aprobarse en Alemania.

Pero estas medidas de carácter temporal no serán suficientes, por lo que son imprescindibles medidas estructurales que deben incluirse en la próxima Ley por el Derecho a la Vivienda, como las que hemos aportado en forma de enmiendas al proyecto de ley del Gobierno y que llegan avaladas por 9 formaciones políticas del Congreso.

Una Ley Vivienda efectiva: la única forma de proteger a los hogares

Frente a la negativa de Lucas de implementar medidas urgentes para hacer frente a la situación de inflación y asfixia económica de los hogares, la única vía posible es la aprobación de la Ley Vivienda. El único consenso posible, tal y como han manifestado hoy los grupos políticos, es la incorporación de medidas que hagan de la Ley un texto realmente efectivo que acabe con las subidas de los alquileres, proteja a los hogares frente a los desahucios e incorpore las viviendas de la Sareb al parque público de vivienda. Cada día que pasa sin que se apruebe la Ley Vivienda, el Gobierno está escogiendo defender los intereses de la patronal inmobiliaria frente a la protección que precisan miles de hogares.

Victorias PAH: De estar ocupando una vivienda en precario a un alquiler social con la Administración

¡Otra nueva victoria de la asamblea de PAH BCN esta semana! ¡Después de 5 años de lucha, Wendy ha pasado de estar ocupando una vivienda en precario a conseguir un alquiler social de 7 años seguro y estable! Os explicamos su historia.

Wendy llegó a la PAH de Barcelona porque había sido expulsada de su hogar −donde vivía de alquiler− y tuvo que ocupar una vivienda porque estando sola, sin empleo y con tres hijos a cargo le era imposible acceder a un alquiler a precio de mercado. Wendy, al ser consciente de la precariedad y la criminalización que implica estar en esta situación se acercó a la PAH para conocer qué es lo que querían decir las activistas cuando gritaban, en desahucios y manifestaciones, que “la vivienda es un derecho”. Al poco de llegar a la asamblea le llegó la carta del banco Abanca −una de las muchas entidades que acapararon viviendas en este país y que se benfició del rescate pagado con dinero público−, le puso una denuncia por lo penal por usurpación y una demanda de desahucio. 

Wendy no estaba dispuesta a volver a vivir la pesadilla de 2017, así que se empoderó y luchó: participó en manifestaciones, empapeló oficinas, ocupó sedes, envió cientos y cientos de correos y burofax… parecía que no tenía alternativa, así que desde la PAH probaron con otra estrategia: que la Administración, en concreto la Generalitat de Catalunya, ejerciera el derecho de tanteo y retracto reconocido por la Ley 18/2007, del derecho a la vivienda y comprara la vivienda de Wendy antes de que Abanca se la vendiera a un fondo buitre, como han hecho todos los bancos estos últimos años. 

¡Y funcionó! Aunque ello no estuviera exento de problemas, como la maratón burocrática a la que la sometieron antes de concederle un alquiler social y que se agravó especialmente durante la pandemia. A pesar de todo, la perseverancia de Wendy al quedarse en su casa y el apoyo de la asamblea de PAH Barcelona han triunfado: este viernes, con la sonrisa en la cara, firmó los papeles y ahora tiene por delante 7 años de contrato y pagando una renta de acuerdo a sus ingresos. 

Esta nueva victoria nos demuestra que la perseverancia de las afectadas y la sabiduría colectiva son herramientas útiles para luchar por nuestro derecho a la vivienda. Como dice la propia Wendy: “Estoy muy agradecida a la PAH por todo lo que me ha enseñado, que ha sido mucho, que básicamente es que soy una ciudadana con derechos y me ha empoderado para luchar por ellos. No nos cansaremos de repetirlo: ¡sí se puede!

Si tienes problemas con tu hipoteca o tu alquiler, ¡ven a la PAH! En Barcelona nos reunimos todos los lunes a las 17:30h en nuestro local (C/Leiva, 44 bis). Si vives fuera de Barcelona, busca en la lista de PAH Catalanas tu asamblea más próxima. ¡Te ayudamos a empoderarte y a garantizar tu derecho a una vivienda digna!

El próximo 21 de mayo salimos a la calle por el derecho a la vivienda

MANIFIESTO – ¡La vivienda es un derecho, no un negocio! #AixíNoPodemViure

La vivienda es un derecho, no un negocio. ¡Con estos precios no podemos vivir!

La vivienda se ha convertido en un lujo. Tener trabajo ya no es garantía de vivir dignamente. Desde hace décadas, el precio de la vida se ha ido encareciendo para beneficiar a unos pocos. La causa principal la encontramos en la sucesión de crisis económicas y sociales provocadas por el sistema capitalista, y en las leyes que benefician a los especuladores. La burbuja hipotecaria y la posterior burbuja del alquiler han inflado los precios de la vivienda como nunca antes había pasado, asfixiando cada vez más a la gente y elevando la vergonzosa cifra de desahucios a los 2 millones. Más recientemente, la crisis derivada de la covid-19 ha bajado aún más nuestros ingresos, mientras la crisis energética se ha instalado de forma permanente. Actualmente estamos inmersas en una crisis de encarecimiento generalizado del coste de la vida sin precedentes.

El aumento del coste de la energía, de otros muchos productos básicos o la repercusión que la inflación (IPC) está teniendo sobre las rentas inmobiliarias está empeorando aún más las condiciones de vida.

¡Ya está bien! Ante el encarecimiento insoportable del coste de la vida, hacemos un llamamiento a organizarnos y luchar contra esta estafa generalizada. Debemos organizarnos y avanzar hacia la desmercantilización de la vivienda y la energía. Si acabamos con el rentismo de unos pocos, lograremos una vida digna para todas.

Exigimos a los gobiernos y nos comprometemos a luchar por:

  • ACABAR CON LOS DESAHUCIOS y EXPROPIAR LOS PISOS DE BANCOS Y FONDOS BUITRE:
    Después de casi 2 millones de desahucios en los últimos 10 años, no podemos
    permitir ni uno más: no puede haber gente sin casa, mientras hay casas sin gente.
    Es necesario recuperar la función social de la vivienda, hoy secuestrada por bancos,
    fondos buitre y grandes propietarios, que se han beneficiado durante décadas de una
    política fiscal favorable y del rescate bancario. Es necesario garantizar un parque de vivienda
    de alquiler público y social. No hay falta de oferta de vivienda: nos quieren vender el discurso
    de la escasez para seguir subiendo los precios y destruyendo el territorio a base de pelotazos.

 

  • PINCHAR LA BURBUJA DEL ALQUILER: Reclamamos la reinstauración de la ley de regulación
    de precios de alquiler, que prohibía las subidas de precios del alquiler y obligaba a las bajadas.
    Reclamamos que el nuevo Proyecto de Ley de Vivienda Estatal plantee una bajada de alquiler
    con aplicación inmediata. Queremos la misma estabilidad en el alquiler que en el puesto de trabajo:
    unos contratos indefinidos y estables, que se renueven de forma automática.

 

  • DEMOCRATIZAR LA ENERGÍA y GARANTIZAR EL PAN: Ya basta de enriquecer a los oligopolios
    energéticos mientras las personas trabajadoras vivimos cada vez más asfixiadas. Es necesario prohibir
    los cortes de suministros a quien no puede pagar la factura, pero también hay que nacionalizar las
    empresas energéticas y elaborar un plan de transición energética democrática que suponga una
    solución permanente al agotamiento de recursos y la dependencia de oligopolios nacionales e
    internacionales. Democratizar la energía es imprescindible para bajar los precios de los bienes de
    primera necesidad.

 

  • GARANTIZAR LOS SALARIOS: No podemos permitir ningún retroceso más de los salarios de nadie: tanto
    de las que trabajan, como de las que no pueden. Es necesario garantizar los salarios mínimos en consonancia
    con el coste de la vida y proteger los derechos de todas las trabajadoras.

 

  • ACABAR CON LA REPRESIÓN: Hay que acabar con la judicialización y persecución de la
    disidencia política, y derogar la ley mordaza. Actualmente, solo el movimiento por la vivienda
    ya acumula más de 400.000€ en multas durante los últimos tres años, por parar desahucios,
    por ejercer una obligación moral: defender los hogares de la gente y el derecho a una vida digna. Por todo ello,
    hacemos un llamamiento a salir a la calle el próximo SÁBADO 21 DE MAYO A LAS 18H EN PLAÇA UNIVERSITAT.