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La PAH de Barcelona nos colamos en el Hotel Palace para entregarle una carta a Raquel Sánchez sobre la nueva Ley de Vivienda

Una decena de activistas nos hemos colado en el lujoso hotel de la capital catalana de forma pacífica para hablar con la ministra

«Esta ley no parará desahucios ni mucho menos va a bajar los alquileres. Se han olvidado de las hipotecadas»

Barcelona, 28 de abril

Foto: EUROPA PRESS

Esta mañana una decena de activistas de la PAH hemos entrado en el Hotel Palace de Barcelona aprovechando la visita de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a la capital catalana un día después de haber aprobado en el Congreso la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda.

Tras unos minutos y después de aclarar que nuestra intención era totalmente pacífica, hemos procedido a leer una carta en voz alta dirigida a la ministra, al gobierno y al Partido Socialista en general:

«Carta a la ministra Raquel Sánchez y al PSOE:

Ayer se aprobó en el Congreso de los Diputados la primera ley que habla explícitamente del Derecho a la Vivienda en el Estado español. A pesar de que la Constitución y su artículo 47 -el que reconoce el derecho a la vivienda como tal- se aprobaron hace casi 45 años, en este vacío de más de cuatro décadas hemos visto las consecuencias de considerar la vivienda como un bien de mercado en lugar de como un derecho: casi un millón de desahucios producidos por sendas burbujas de hipoteca y alquiler que han empobrecido -y empobrecen- a la mayor parte de la ciudadanía. A raíz de esta insostenible situación, hace 14 años algunas de nosotras dijimos “basta” y así se fundó la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca precisamente aquí, en la ciudad de Barcelona. 

Los movimientos sociales hemos luchado con uñas y dientes por una Ley de Vivienda y siempre nos hemos topado con la oposición de un partido -el Socialista- que no ha querido oír ni hablar de alquileres sociales, de ponerle topes a los alquileres, de incorporar las viviendas de la Sareb para aumentar el parque público, ni mucho menos limitar los beneficios de la banca. Que nadie se equivoque: esta ley no va a evitar los desahucios ni va a bajar los alquileres. Todas las que estamos aquí -muchas de ellas pendientes de un desalojo-, por desgracia lo sabemos muy bien.

La nueva ley deja aún muchos temas sin resolver. Por enumerar algunos: no prohíbe los desahucios sin alternativa habitacional, ni garantiza realojos dignos; el “tope” del alquiler incluido en la ley no va a impedir que de facto se sigan incrementando las rentas; no pone coto a los alquileres turísticos y de temporada; y tampoco prevé ninguna medida de emergencia para aquellas familias que necesitan un hogar, renunciando expresamente a la posibilidad de implementar el llamado alquiler social, que evitaría que Cerberus o Blackstone pudieran desahuciar a familias vulnerables y que además les obligaría a movilizar los miles de pisos vacíos que tienen por todo el territorio. Y otra cosa más que la ley no aborda: el problema de la hipoteca. En la nueva ley no hay ni una sola medida dirigida a aquellas familias que han hipotecado varios años de su sueldo para pagar el techo bajo el que viven y que ahora ven dispararse su cuota en hasta 300 euros mensuales por culpa de la subida de los tipos de interés, todo ello a la vez que la banca anuncia beneficios millonarios.

A la ministra y al gobierno queremos decirle que ésta no es nuestra Ley. Que ustedes, al contrario de lo que llevan días afirmando, no han escuchado a la ciudadanía; en los más de dos años que ha durado la tramitación de esta ley, el presidente Sánchez no se ha reunido con las entidades que tratamos el problema de la vivienda cada día -sin embargo, eso sí, sí que ha tenido tiempo para numerosos encuentros con los jefes de BlackRock y Blackstone, los fondos buitre más grandes del mundo. Otro ejemplo: precisamente usted, ministra,  hace un par de días dijo en televisión “Que nadie se preocupe por las rentabilidades del sector inmobiliario, que las tendrá”. ¿Cómo es posible que usted o el PSOE puedan pensar que es compatible tratar la vivienda como un derecho básico y a la vez sacarle rentabilidad? ¿Cómo es posible que los socialistas hablen de garantizar el derecho a la vivienda mientras tienen a Joan Clos presidiendo ASVAL? La vivienda no puede ser un bien de mercado: los alquileres disparados y las más de 700.000 familias desahuciadas desde 2008 lo demuestran. Ustedes lo saben, lo que pasa es que han preferido defender los intereses de los de siempre.

Por último: a pesar de los avances que el movimiento ha conseguido con esta ley, el problema de la vivienda ni de lejos se ha solucionado. Necesitamos vivienda ahora, no tenerla nos enferma, y no podemos esperar 20 años hasta alcanzar un parque público medianamente decente. Por todo, ello seguiremos luchando: paralizaremos desahucios; aprovecharemos cualquier ventaja en la nueva ley, por pequeña que sea, para proponer nuevas medidas y, por supuesto, seguiremos reclamando aquellos pisos que permanecen vacíos esperando una nueva burbuja. Mientras se siga desahuciando, nosotras no descansaremos ni ustedes tampoco. Porque incluso un infante entiende que las casas son para vivir, no para especular«.

Posteriormente, las activistas hemos salido del hotel recordando que «la vivienda es un derecho y no un privilegio«. Asimismo hemos entregado la carta, a pesar de que la ministra no ha querido atendernos. 

Menos estudiar y más aprobar. Valoración de la PAH sobre lo recogido por el PSOE en materia de vivienda en su documento “Propuesta abierta para un gobierno común progresista”

Se resume en un mero documento de buenas intenciones que abruma por su falta de concreción y las cero menciones a medidas para evitar o dar solución a los casi 200 desahucios diarios, y por la falta de propuestas para enfrentarse a la banca, fondos buitre y oligopolio energético.

En las últimas semanas Pedro Sánchez se ha reunido con distintos actores de muchos campos que necesitan mejoras y acción política para hacer frente a muchos de los problemas que están ahogando a la sociedad española. El viernes 30 de agosto, la PAH estuvimos presentes en la última de ellas para afrontar el problema de la vivienda. En dicha reunión les entregamos nuestro plan de choque con ‘Propuestas de la PAH para abordar urgentemente la grave crisis de emergencia habitacional’.

Somos conscientes del carácter electoral de estas reuniones, del juego de tronos que prevalece en el Congreso por encima de las necesidades de la gente. No nos sorprende, pero no por ello podemos dejar de considerar alarmante, tras leer el documento ‘Propuesta abierta para un gobierno común progresista’ presentado ayer por el PSOE, su falta de concreción, destacando la falta de medidas resolutivas para enfrentar la raiz del problema. Tras 10 años de crisis y emergencia habitacional crónica, de una legislación pensada solo para proteger a la banca, fondos buitre y sus intereses económicos, ahora es momento de contundencia y hechos claros, no de palabras. Por justicia a las 700.000 familias que han perdido su hogar desde 2008, por las casi 200 que diariamente se enfrentan a una nueva orden de desahucio, no es tiempo de que las grandes medidas del Gobierno sean «se estudiará…», «se fomentará…».

Tras 10 años de políticas antisociales, los mismos que la PAH llevamos denunciando y luchando contra esta situación, al tiempo que trabajamos en esas medidas reales que los distintos gobiernos no han sido capaces de desarrollar y que se han limitado a bloquear.

Es el momento de políticas valientes y de dejar de discursear sobre visiones de cambio. Es el momento de hacerlas realidad. Nuestra valoración a las propuestas del gobierno en funciones es:

1º) No contiene ni una sola mención a los desahucios, ni ninguna medida concreta de las que la PAH propuso al PSOE para garantizar la disminución y suspensión de los 172 desahucios diarios que, según el CGPJ, se ejecutaron en el primer trimestre de 2019. Hemos pedido a Pedro Sanchez que se mojara con cambios legales acordes a las exigencias de la ONU; respondernos que se «favorecerá» el realojo es tan vacuo que no repara tantas lágrimas vertidas. Ninguna mención al vencimiento de las moratorias, que puede provocar un sangrante aumento de los desahucios por impago de hipoteca. Si realmente el PSOE quiere «fomentar» el alquiler social debe impedir que las entidades financieras puedan desahuciar a quienes han sufrido la estafa hipotecaria.

2º) En relación con el Parque Público de Vivienda, tampoco contiene medidas para recuperar las viviendas que ya están en poder de la banca en general, ni de Bankia en particular. Habla de convenios de la SAREB, cuando ya existen y se podían estar aplicando, en lugar de la venta actual de vivienda y suelo procedente de la burbuja inmobilaria. Más allá de que definiera qué es una vivienda vacía, no detalla medidas para movilizar esta vivienda desocupada hacia el alquiler asequible. Promete un plan de rehabilitación, sin garantizar que esas ayudas no puedan a continuación incrementar la renta de los alquileres. Se mantiene en la irrisoria cifra de 20.000 viviendas para todo el Estado, en absoluto insuficientes para influir en los precios de zonas tensionadas en las que se concentran fondos de inversión como Blackstone.

3º) No incluye ninguna medida fiscal positiva en relación con la vivienda, que no solo pueda servir para movilizar la vivienda desocupada sino también para la financiación del parque público. Ni mayor tributación a buitres y SOCIMI, ni sanciones a la banca. No concreta incrementos del PIB en vivienda, cuando estamos muy por debajo de Europa.

4º) Se acepta intervenir los precios del alquiler, aunque no se especifica cómo, sino que reincide en la vaguedad de un índice estatal de referencia frente a índices locales más vinculantes. Habla de profundizar en las medidas ya adoptadas en marzo, cuando al no aplicar a los contratos anteriores a esa fecha dejan fuera de alcance al 99% de las renovaciones al alza. Las ayudas al alquiler, mal planteadas, pueden ser una línea directa al bolsillo de los grandes tenedores y echar más gasolina al fuego.
Ya en 2013 la PAH requería reforzar un Observatorio de la Vivienda; la situación de emergencia habitacional y de alza de precios requiere más que observar.

5º) Sí reconoce algunos postulados de mínimos de la PAH:

  • La necesidad de aprobar una Ley estatal de vivienda que proteja su función social, para la cual la PAH ya presentamos un texto base que fue admitido a trámite por una mayoría parlamentaria y que sin embargo el PSOE sigue sin llamarnos para su discusión y trámite de urgencia.
    Impedir normativamente que las viviendas con algún tipo de protección pública puedan ser gestionadas o vendidas a fondos buitre. Esto es consecuencia directa de la lucha sin descanso de miles de afectadas en la PAH, pero necesita que el Gobierno se implique en recuperar las promociones de vivienda ya afectadas.
  • La prohibición de cortes de suministros básicos (agua, luz, gas) en primera vivienda, algo ya denunciado ante Europa y que siempre ha estado presente en nuestras iniciativas locales, autonómicas y estatales. Sin embargo faltan medidas firmes para disminuir la tarifa del tramo vital de estos suministros.

Y algunas premisas más, como nuevas medidas de protección al consumidor ‒ante la insuficiencia de la actual Ley de Créditos Inmobiliarios‒, el control de los pisos turísticos ‒que forman parte de la burbuja de alquiler‒, o modificar la «Ley Mordaza», que sin embargo y pese a los recursos de alzada interpuestos, siguen aplicando férreamente los delegados de gobierno del PSOE.

En definitiva, es una declaración de voluntad, pero carente de concreción y escasa de plan de choque urgente sobre el mayor y más dramático de los problemas: los desahucios.

Visto el resultado, ahora exigimos que el programa de gobierno en materia de vivienda se mejore con la inclusión de nuestras propuestas contra los desahucios y para la generación del Parque Público de Vivienda y la concreción de las medidas de alquiler. Mientras esto no suceda, el PSOE sequirá siendo cómplice de cada uno de los 172 desahucios diarios, de la banca y de los fondos de inversión que se están apropiando de nuestras viviendas. A la PAH solo nos quedará seguir en las calles, parando esta sangría con nuestros cuerpos y denunciando la situación de emergencia de un país que poco tiene que ver con los de nuestro entorno en el desarrollo de políticas de vivienda.

La PAH nos hemos reunido con Pedro Sánchez

Tras 10 años de lucha y legitimidad, esta mañana la PAH nos hemos sentado por primera vez cara a cara con un presidente del Gobierno, al que le hemos exigido un plan de choque urgente frente a la emergencia en vivienda. La reunión terminó sin ningún compromiso firme, más allá de una declaración de buenas intenciones y el anuncio de recoger nuestras aportaciones en un documento que presentarán el próximo martes, cosa que está por ver.

30 de agosto de 2019

Corren tiempos convulsos para las familias desde el inicio de la estafa, mal llamada crisis, iniciada en 2008. Por el camino han quedado más de 600.000 desahucios, el crimen de dejar a las familias en la estacada mientras se rescata a la banca con 77.000 millones de dinero público sin retorno ni contraprestación social, una ley hipotecaria al servicio de la banca, venta de pisos públicos a fondos buitre, falta de parque público de vivienda, negativa a alquileres sociales en plena burbuja de los precios del alquiler… La emergencia está muy lejos de solucionarse ante la pasividad crónica de los distintos gobiernos, que han mirado hacia otro lado y legislado solo a favor de la especulación, el sistema financiero y los desahucios

Desde la PAH llevamos 10 años denunciando la situación, protegiendo a las familias que se acercan por todo el Estado a nuestras asambleas y presentando los cambios legislativos necesarios para revertir esta situación de vulneración y mercantilización del Derecho a la vivienda. Hemos logrado leyes autonómicas y llevado una Ley de Vivienda estatal al Congreso, que no logró llegar a la fase de enmiendas para hacerse realidad a causa del bloqueo sistemático del PP y Ciudadanos, semana tras semana, mientras criminalizaban a las familias en precario. Una ley y una reforma legislativa más que urgente en el marco actual, en el que cada año la cifra de los desahucios roza los 60.000, la banca está vendiendo su cartera de pisos vacíos de forma masiva a los fondos buitre, los precios del alquiler ya desbordan los sueldos medios, los presupuestos del Estado para vivienda son irrisorios y seguimos sin vivienda pública y social. Un cúmulo de situaciones que convierten a nuestro país en un indiscutible error democrático y una absoluta anomalía en toda Europa.

Está mañana, por primera en la historia, nos hemos sentado cara a cara frente a un presidente del Gobierno. Pedro Sánchez, el ministro de vivienda José Luis Ábalos y la secretaria de Estado de vivienda Beatriz Corredor nos han atendido en una reunión en la que también estaban convocados otros actores como la Patronal de la construcción o la AEB (patronal bancaria), para hablar de vivienda. 

Nosotras lo tenemos claro y no estamos dispuestas a que esta reunión se limite a un encuentro de cara a la galería para un uso puramente electoral por parte del PSOE, a costa de las lágrimas y lucha de tantas afectadas. Queremos compromisos y soluciones ya, sin excusas ni dilaciones, cada retraso es un favor a la banca. Por eso, más allá de argumentar la realidad de la situación y poner la cara colorada a más de uno de los presentes, hemos entregado un documento con nuestro Plan de choque para frenar la emergencia habitacional hasta lograr esa reforma legislativa necesaria para empezar a gobernar pensando en las familias, no en el sistema financiero, haciendo realidad el artículo 47 de esa Constitución que tanto se llenan la boca en defender.

Nuestro plan de choque, a grandes rasgos consta de:

  • La suspensión temporal de todo desahucio que afecte a personas con bajos ingresos que carezcan de alternativa habitacional adecuada, hasta que la Administración Pública que corresponda pueda garantizar genuinamente el acceso a una vivienda adecuada.
  • El cumplimiento del mandato constitucional acerca de los Tratados Internacionales, y su prevalencia sobre la legislación nacional. Se deben aprobar urgentemente medidas que obliguen al acatamiento judicial/estatal de las peticiones de suspensión de desahucios emitidas por el Comité DESC de Naciones Unidas.
  • La anulación del procedimiento conocido como desahucio abierto, que genera un sufrimiento añadido, por la incertidumbre al ignorar cuándo se va a producir el desahucio. Algunos jueces siguen reinterpretando la ley, haciendo necesaria una nueva revisión de la LEC que evite estas reinterpretaciones.
  • Ampliación de la moratoria de desahucios, que finaliza en mayo del 2020, así como ampliar su radio de alcance.
  • Renovación obligatoria de los contratos de alquiler social, que ahora se están negando para que las familias firmen alquileres de mercado, a pesar de estar en situación de vulnerabilidad económica.
  • Regulación y limitación de los precios del alquiler, en consonancia con los salarios y prestaciones existentes en nuestro país, otorgando a los ayuntamientos la capacidad de establecer precios vinculantes.
  • Incremento creciente en los Presupuestos Generales del Estado para vivienda, hasta alcanzar el 3,5% del PIB, en inversiones que garanticen su función social de forma permanente.
  • Impedir la enajenación de vivienda pública por norma legal.
  • Medidas legales que otorguen a la Administración pública pertinente el derecho de tanteo y retracto sobre las ventas de lotes de vivienda que realicen los bancos, y que normalmente acaban en manos de fondos buitre.
  • Cesión obligatoria de las viviendas que posea la banca rescatada, con prohibición expresa a Bankia y a la SAREB de seguir vendiendo suelo o viviendas, cediendo de forma inmediata aquéllas de las que dispongan en zonas tensionadas. Y que a todos los grandes tenedores de vivienda que hayan obtenido fondos públicos, bien por rescate, bien por ayudas o exenciones fiscales, se les reclame su deuda en vivienda.
  • Reforma de la fiscalidad de la vivienda, para que las SOCIMIS y fondos buitre paguen su correspondiente impuesto de sociedades. Así como penalizaciones a vivienda vacía en manos de grandes tenedores.
  • Incorporar plenamente la Directiva 93/13/CE y toda la jurisprudencia del TJUE en relación a las cláusulas abusivas.
  • La limitación de la responsabilidad al bien hipotecado, y la dación en pago como fórmula natural de resolución de impagos por causas sobrevenidas y ajenas a la voluntad del deudor, superando el sobreendeudamiento de miles de familias y conseguir así una auténtica segunda oportunidad. Además, para carteras hipotecarias transferidas con importantes descuentos a fondos buitre, la aplicación del derecho de retracto, actualmente muy limitado.
  • Una Ley Estatal de Vivienda basada en la Ley Vivienda PAH, la Ley 24/2015 catalana ‒fruto de una ILP impulsada por la PAH y con amplio consenso político de extenderla‒, más la incorporación de los aspectos más progresistas y avalados por el Tribunal Constitucional, como la movilización de vivienda deshabitada hacia el alquiler social estable, o la consideración del Derecho a la vivienda como Derecho Subjetivo para las familias vulnerables.

Gracias al trabajo diario y a las miles de pequeñas victorias alcanzadas a lo largo de los años, con desobediencia civil pacífica, hemos llegado hasta aquí. La mayoría de los partidos han apoyado nuestra Ley Vivienda ‒incluido el PSOE‒, nos han escuchado, han recogido nuestras propuestas… Ahora solo queda lo más evidente: dejar la cobardía política atrás y tener la altura necesaria para hacerlas realidad.

Nosotras seguiremos estando ahí, valientes y empoderadas, luchando contra la vulneración del Derecho a la vivienda. No valen excusas ante vidas en juego, y el martes estaremos muy vigilantes a las novedades que presente el PSOE.

 

 

Carta a Pedro Sánchez

Interpelamos al Presidente Pedro Sánchez con una carta para que retire el recurso, interpuesto por el PP, que tiene suspendidos algunos artículos de la Ley 24/2015

Julio de 2015, siendo aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña, nace la Ley 24/2015, fruto de una Iniciativa Legislativa Popular de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, que recibió un gran apoyo social ‒cerca de 150.000 firmas‒, impulsada por la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y el Observatorio DESC (ODESC).

Mayo de 2016, el Partido Popular no ve constitucional que la banca y grandes propietarios de vivienda se corresponsabilicen en garantizar los derechos de las familias y opta, una vez más, por secuestrar los derechos más fundamentales presentando el recurso de inconstitucionalidad núm. 2501-2016, provocando la suspensión de las medidas urgentes de vivienda que implicaban a las entidades financieras y a los grandes tenedores.

Esta suspensión nos privó de herramientas que garantizaban una segunda oportunidad a las familias. Durante los meses que la Ley 24/2015 estuvo plenamente vigente paró miles de desahucios, corresponsabilizó a los grandes propietarios asegurando realojos adecuados cediendo su vivienda vacía; y la parte de pobreza energética, que no se tocó, continúa en estos momentos parando miles de cortes de suministro. La efectividad de esta ley está avalada por los ayuntamientos catalanes, las profesionales de los servicios sociales, las entidades del tercer sector y el resto de territorios que siguieron su estela aprobando leyes autonómicas similares.

Desde la suspensión de la Ley 24/2015, la emergencia habitacional, lejos de reducirse, no ha hecho más que aumentar. En Cataluña continúa habiendo diariamente 43 desahucios, el 65% de los cuales son de alquiler, siguen los de hipoteca y aumentan los de familias que acceden precariamente a viviendas vacías. Los bancos y grandes tenedores de vivienda no garantizan realojo ni ofrecen alquileres sociales, mientras sufrimos una grave carencia de parque público de vivienda para combatir la emergencia, como demuestra la ineficacia de las Mesas de Emergencia, que no cumplen su función y acumulan casos con esperas de más de 6 meses, ante la carencia de vivienda con un parque público que no llega al 2%. Tan solo en Barcelona hay 360 familias esperando una vivienda adjudicada hace más de 9 meses

En relación con la pobreza energética, a pesar de la vigencia de esta parte de la Ley 24/2015, se continúan produciendo cortes, a la vez que las suministradoras asedian a las familias vulnerables para cobrar la deuda acumulada y se resisten a asumir su responsabilidad negándose a hacerse cargo de la deuda acumulada de las familias más vulnerables.

Debido a la suspensión de herramientas legislativas para hacer frente a la realidad que sufrimos, continúan habiendo vidas en juego, como demuestran la muerte de Rosa de Reus, después de que Gas Natural le cortara la luz, contraviniendo la Ley 24/2015; o recientemente la muerte de Jordi en Cornellà, que no podía hacer frente a su alquiler y se suicidó cuando la comitiva judicial iba a desahuciarlo a petición del fondo de inversión Blackstone, estando en situación de exclusión residencial. Dos muertes que se podrían haber evitado.

El nuevo gobierno de Pedro Sánchez puede retirar el recurso del PP contra nuestra Ley 24/2015. Por eso, hoy hacemos pública una carta dirigida al actual presidente del Estado español, para que la recupere con carácter de urgencia, tal como se comprometió el PSOE en el documento que firmaron el 20 de abril de 2016, cuando la amenaza de recurso planeaba sobre nuestra ley y fuimos al Congreso a presionar a todos los partidos. Un documento firmado de puño y letra por la responsable de vivienda Mar Rominguera, cuando Pedro Sánchez era líder del grupo parlamentario socialista, donde se comprometían a:

  • Defender públicamente la Ley 24/2015 y la necesidad de esta para hacer frente a la emergencia habitacional y contra la pobreza energética.
  • Desistir y retirar el recurso ante el Tribunal Constitucional en el caso de formar Gobierno y a no poner impedimentos para su total desarrollo.
  • Ampliar los derechos que la Ley 24/2015 otorga al resto del Estado, con la aprobación de la Ley de Vivienda de la PAH y retirando todos los recursos contra leyes de emergencia habitacional.

La 24/2015 es una de las leyes catalanas más importantes en materia social que impugnó el Partido Popular y Mariano Rajoy, por lo cual es imprescindible recuperarla. Existen numerosos precedentes en los cuales un cambio de Gobierno ha significado la retirada de recursos interpuestos contra leyes socialmente destacadas.

El mismo PSOE, bajo la Presidencia del Sr. Zapatero, desistió de como mínimo 21 recursos contra leyes de Andalucía, Aragón, Cataluña, Asturias, Castilla-La Mancha, País Vasco y Extremadura, impulsados por el Partido Popular, la mayoría de estas de materias sociales, como la educación, la sanidad exterior y su ordenación, el derecho civil y la regulación de la adopción por parte de parejas de hecho.

Frente a la emergencia habitacional, desde el Grupo Promotor de la Ley 24/2015, estamos convencidas de que ha llegado la hora, aprovechando los últimos cambios de Gobierno, de retirar el recurso a la única ley que garantiza el derecho a una vivienda digna a día de hoy.

El pasado viernes interpelamos al Presidente Quim Torra con una carta para que pusiera prioritariamente en su agenda recuperar nuestra ley, puesto que parece que su intención y la del Gobierno catalán es enterrar nuestra ley y quedarse con la 4/2016, creada para cubrir el vacío dejado con la suspensión de la 24/2015, pero mucho menos garantista y que también está suspendida.

Hoy es el turno de hacer lo mismo con Pedro Sánchez, que es quien realmente tiene la capacidad de recuperar la Ley 24/2015, demostrando su altura política y dando un paso adelante en la conquista del derecho a la vivienda, pasando de las palabras a los hechos.

¡Recuperemos la Ley 24/2015! Hoy es posible y solo hace falta voluntad política. 

#CartaASanchez #RecuperemLa24