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Debemos utilizar todas las herramientas para conseguir que los bancos asuman responsabilidades en la estafa hipotecaria

11 de abril de 2018

La semana pasada se levantó la suspensión del Tribunal Constitucional a tres artículos concretos de la Ley 4/2016, entre ellos el artículo 15, que permite la expropiación del uso temporal de la vivienda por un periodo de cuatro años como mínimo y de diez años como máximo, siempre que los inmuebles estén situados en áreas con una demanda residencial fuerte y acreditada.

Hoy se ha hecho público que en el área de Barcelona el BBVA tiene más de 871 pisos, según datos oficiales del consistorio, y que se retomarán 5 procesos de expropiación de viviendas vacías que están incumpliendo su función social.

Desde la PAH de Barcelona celebramos, por un lado, que el TC haya levantado la suspensión de este artículo. Por otro lado, exigimos a las instituciones, Generalitat y Ayuntamiento, que den todos los pasos posibles para conseguir que las entidades financieras, responsables de la estafa hipotecaria, se responsabilicen y cedan sus viviendas, en este caso los 2.021 pisos que se han detectado en Barcelona en manos de las entidades financieras, y pasen a estar dentro del listado de pisos de la Generalitat. Ayer, en una reunión conjunta con las dos administraciones, conseguida gracias a la presión social, ya arrancamos compromisos para avanzar en este tema y poder ampliar el parque público de vivienda para combatir con agilidad la emergencia habitacional que sufren miles de familias.

Queremos poner énfasis en los 871 pisos del BBVA. Entidad que recordamos ha sido rescatada y ha estafado, engañado y desahuciado a miles de personas y, por tanto, quien más vivienda ha acumulado en este periodo. En las asambleas de la PAH de Barcelona tenemos constancia del trato denigrante y de los abusos de esta entidad a las familias. Es por ello que exigimos que estos pisos detectados pasen inmediatamente a la lista de pisos de la Mesa de emergencia que se gestiona desde el Consorcio de vivienda, con colaboración de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. No podemos permitir que los bancos sigan vendiendo su cartera inmobiliaria a fondos buitre y SOCIMIS, priorizando la especulación por encima de las necesidades sociales.

En los últimos años hemos acumulado en la ciudad de Barcelona más de 14.841 desahucios, y en Cataluña 74.548. Ante la carencia de políticas valientes que garanticen el derecho a la vivienda en el ámbito estatal, y la sobreprotección de los intereses inmobiliarios, desde la PAH de Barcelona queremos señalar a los culpables y exigir las cesiones de los pisos de la banca, especialmente de la SAREB. Hacen falta sanciones a los pisos que no están cumpliendo su función social y presionar para que los cedan, así como esperamos que la suspensión de los artículos de la Ley 24/2015 sobre la cesión de uso, suspendidos por el TC, también acabe siendo levantada para recuperar una herramienta que garantiza un proceso más ágil y a menos coste, para movilizar los pisos vacíos.

Demostremos que #SiSePuede

PAH Barcelona exigimos que se modifique el reglamento de acceso a la Mesa de Emergencia

Hoy, el Ayuntamiento de Barcelona ha hecho público un nuevo censo sobre locales comerciales en la ciudad, dando a conocer las cifras de 78.033 locales comerciales de planta baja, de los cuales el 77,2% (60.265) están en activo. De los 17.768 que están cerrados o que ya no están en servicio, al menos 3.106 se destinan a uso residencial. A pesar de estos números, el Ayuntamiento no sabe cuántas de estas antiguas tiendas se están utilizando como vivienda y cuántas a otras funciones, como garajes o instalaciones, que también estarían catalogadas como uso residencial.

De todas es conocida la emergencia habitacional que sufrimos en Barcelona, agravada por la actual burbuja del precio del alquiler y la carencia de un parque público de vivienda con capacidad para garantizar un techo a las familias más vulnerables.

Desde hace tiempo, en nuestras Asambleas, nos encontramos cada vez más con casos de familias que vienen con orden de desahucio y sin ningún tipo de solución por parte de la administración. Son familias que ante la carencia de alquileres asequibles, han alquilado locales comerciales adecuados como vivienda, muchos de ellos sin cédula de habitabilidad. Familias que ante la imposibilidad de seguir pagando el alquiler y verse con una orden de desahucio, tienen el problema añadido de no entrar en la mesa de emergencia, que les garantizaría un realojo, porque oficialmente no han perdido su hogar, han perdido un local comercial.

Desde la PAH no hablamos de cifras, hablamos de familias como la de la Karima y Antonio, que vivían con sus hijos en lo que había sido una frutería y una oficina respectivamente. Familias desahuciadas que ante esta problemática, que los ha dejado fuera del sistema, están viviendo en pisos recuperados por nuestra Obra Social, a la espera de poder regularizar su situación. Por historias como estas y tantas otras exigimos que se modifique el reglamento de acceso a la Mesa de Emergencia para que no deje a nadie en la calle y que se lleve a cabo el censo de vivienda vacía de la ciudad pues hace más de 2 años que lo estamos reclamando para poder conocer la situación de Barcelona y poner en marcha toda maquinaria para ampliar el parque público de alquiler.

La Administración no puede mirar hacía otro lado ante esta realidad que nosotros tenemos tanto presente, por eso uno de nuestros retos es cambiar las normas establecidas para garantizar un realojo digno y adecuado para todas las familias vulnerables y en riesgo de exclusión residencial.

LAS MENTIRAS DE BBVA NO NOS HARÁN DAR UN SOLO PASO ATRÁS

Las PAHs catalanas ocupamos oficinas de BBVA por toda la región, hartas de mentiras, para seguir exigiendo soluciones reales e inmediatas a las familias afectadas.

 

Ante la falta de voluntad por parte del BBVA, de dar soluciones a las familias afectadas, esas mismas familias  con las que no tuvieron ningún tipo de remordimiento en estafar en su momento, ante la desfachatez de la entidad que no duda en disfrazar de buenas intenciones y palabras bonitas, sus cada vez más numerosas mentiras y ante la única realidad existente: los casos cada vez más numerosos que se niegan a cerrar con soluciones reales, las PAHs catalanas decimos basta y salimos en todas las poblaciones a decir bien fuerte ¡No más mentiras! No nos creemos ni una más, hasta que no veamos resultados.

Nuestras demandas son de mínimos y de sentido común, no nos cansaremos de repetirlas hasta que se hagan realidad:

  • Responsabilidad total de todos los casos de Anticipa, que gestiona las hipotecas de Catalunya Caixa, actualmente propiedad de BBVA
  • Interlocutores válidos y reuniones con los afectados en sus localidades
  • Dación a 0 y alquiler social en base a los ingresos, como dicta la ley
  • Anulación del IRPH sin diferencial, como marca la sentencia europea que lo declara nulo y sin  potestad jurídica para dar sustitutivo
  • Solución habitacional para los casos de recuperación
  • Ceder a las administraciones públicas viviendas para alquilar a las familias vulnerables.

BBVA se hizo, por 1.165 millones de euros, con  el 98% del capital social de Catalunya Caixa: banco que recibió 12.052 millones de euros públicos para su posterior rescate, pero sin ningún tipo de contraprestación social para las familias, que solo ven cómo Anticipa, actual gestora de las antiguas hipotecas de CX y filial española de uno de los mayores fondos buitre americanos Blackstone, no da soluciones aceptables a las afectadas, que no dejan de sentir en sus carnes el constante acoso y las tácticas de mafioso que utilizan para lograr adueñarse de las viviendas sin pensar en las personas. En la PAH, vemos cómo aumenta el número de denuncias y ejecuciones hipotecarias, de las familias en manos de Anticipa. Unas denuncias que llegan  en nombre de BBVA. Ante esto ¿debemos creernos la teoria y la palabreria jurídica de BBVA, pretendiendo convencernos de que ellos no tienen nada que ver, ni nada que hacer, con las antiguas hipotecas de Catalunya Caixa?

Viendo el maltrato,  que algunos directores de oficina dan a parte de las familias afectadas cuando intentan negociar una solución digna ¿debemos creernos que esos son los interlocutores válidos que pedimos?

¿Debemos permitir que BBVA no se acoja a la ley catalana para firmar los alquileres? No acatan una ley, por existir gracias a la PAH y a la ciudadanía o por que exige menos capital. Lo que es lo mismo, mejor para las familias vulnerables, menos ingresos para la entidad.

BBVA está decidido a seguir sin  reconocer el IRPH como ilegal y por consecuencia negarse a su nulidad ¿debemos tolerar semejante vulneración de las sentencias europeas que así lo reflejan?

¿Nos valen las migajas que ofrecieron a la Generalitat, enmascaradas de cesión de vivienda para parque público, sabiendo que es la entidad financiera que más pisos vacíos acumula mientras vemos cada día a cientos de familias en la calle, criminalizadas por verse obligadas a recuperar viviendas ante la falta de soluciones?

Hasta que no logremos el bienestar de las familias victimas de una estafa bancaria que ya dura años, ante la emergencia habitacional que sufrimos y ante la falta de responsabilidad de la entidad hacía las familias. desde la PAH seguiremos denunciando la situación y realizando las acciones necesarias, movilizándonos sin miedo y con contundencia. Sigue habiendo vidas en juego a causa del sufrimiento, producido por la situación de vulnerabilidad e indefensión, que no podemos permitir más. No daremos ni un sólo paso atrás y sí todos los que hagan falta hacía delante. Hoy, más que nunca, gritamos con la fuerza colectiva que nos caracteriza:

 ¡¡ #NoMásMentiras !!

 

La pressió de la PAH aconsegueix que l’Ajuntament decideixi aplicar la Llei 18/2014, sancionant amb 315.000 a la SAREB, BBVA i el Santander.

L’any 2007 el Parlament aprovava la Llei del Dret a l’Habitatge de Catalunya (llei 18/2007). La llei d’habitatge més avançada de l’estat espanyol, una llei que dóna eines i marca objectius, com arribar a l’any 2027 a tenir un parc públic de lloguer social del 15%. Tot i la greu amputació que va patir la llei l’any 2011 amb la llei OMNIBUS del president Mas, encara queden algunes eines que permeten mobilitzar l’habitatge buit.

Ahir celebràvem l’anunci de l’Ajuntament de Barcelona que imposarà quatre sancions de 315.000€ cada una a la SAREB, BBVA i el Santander pels quatre habitatges que estan incomplint la funció social establerta a la llei 18/2007. És certament estrany que la PAH hagi de felicitar o dir que en aquesta ocasió el govern ha fet un pas valent i necessari, ja que el que estan fent és complir amb la seva obligació: aplicar les lleis vigents en matèria d’habitatge. Però ho hem de dir perquè des de 2007, a Barcelona cap govern ho havia aplicat, tot i la seva obligació de complir amb la seva responsabilitat vers a la ciutadania. Les sancions arriben 10 anys tard, i gairebé 3 anys després de la moció de la PAH aprovada al Ple de l’Ajuntament com a Declaració Institucional al gener del 2014.

És important també l’anunci de què el procediment sancionador s’accelera per guanyar temps en un procés que és excessivament lent. La llei permet imposar fins a tres multes coercitives que busquen el compliment de la funció social de l’habitage; a la vegada, l’administració és la competent per imposar sancions que poden ser de fins a 500.000€ per habitatge buit injustificadament durant dos anys. La mesura valenta que l’ Ajuntament diu proposar és que des de l’inici de la primera multa, paral·lelament s’iniciarà l’expedient sancionador, apel·lant al fet que tenir un immoble buit per dos anys, ja és una infracció susceptible de sanció. Esperem i estarem vigilants que aquestes sancions arribin ara amb freqüència i amb la mateixa contundència que les que ahir es van anunciar, d’un mínim de 315.000€.

Aplicar aquesta llei no és només una obligació dels Ajuntaments i de la Generalitat, sinó que és un missatge clar a la Banca i a la societat sobre la funció social de l’habitatge, i que el dret a l’habitatge s’ha de garantir als ciutadans. Per això, considerem de gravetat que La Generalitat, en comptes d’aplicar-la, va fer un impost als pisos buits en mans d’entitats financeres. És a dir, en comptes d’aplicar la sanció de fins a 900.000€ que li obliga la llei 18/2007, en comptes d’enfrontar-se a la Banca, va decidir que millor, pel mateix incompliment, li posarien un impost d’entre 10 i 30€ per metre quadrat. Això si, un impost només als pisos que provenen d’execució hipotecària. En definitiva, pessigolles a la Banca.

Si ahir l’Ajuntament de Barcelona anunciava aquestes sancions, és gràcies a la PAH que l’any 2013 va iniciar una campanya a tot el territori de mocions per obligar als municipis a aplicar la llei 18/2007 i sancionar els pisos buits en mans de grans tenidors. Van començar les companyes de la PAH Terrassa, forçant al seu Ajuntament a iniciar les multes, van seguir Granollers, Girona i Santa Coloma de Gramanet. L’Ajuntament de Terrassa es el municipi que més expedients de multes ha iniciat, i per trencar les pors de molts altres, ha demostrat davant els jutjats que tenim la raó en exigir l’aplicació d’aquesta llei, ja que dels 22 contenciosos interposats per la banca, ja n’ha guanyat 16. La pressió de la PAH a 2013, a part d’obtenir que alguns Ajuntaments comencessin a iniciar les multes, va aconseguir que es parles de la llei i de la manca d’aplicació.

Si bé és cert que l’Ajuntament de Barcelona ha fet un pas valent i necessari aplicant sancions elevades, el primer Ajuntament, fins on tenim constància, en aplicar-les, no és suficient. Exigim i vigilarem que aquestes sancions s’apliquin a tots els habitatges buits en mans de grans tenidors d’habitatge a la nostra ciutat. No només això, sinó que s’apliqui tot l’articulat vigent de la llei 18/2007 i altres lleis vigents com la 1/2015 que permet expropiació per mal estat de conservació. Fa pocs dies presentàvem l’informe: «Exclusió residencial al món local: crisi hipotecària a Barcelona 2013-2016» on recollim les recomanacions i reptes urgents segons la legislació vigent i als problemes d’habitatge que patim a la nostra ciutat.

Barcelona ha d’arribar al 2027 a tenir, obligada per llei, un parc públic de lloguer del 15%, es a dir, ha d’ampliar en 120.000 habitatges el parc actual. La PAH Estarem vigilants i pressionàrem perquè l’anunci d’ahir no es quedi en el simbolisme, assegurant-nos, d’una vegada per sempre, que es compleix amb el Dret a l’habitatge. Des de el carrer, amb la legitimitat a la mà, seguim demostrant que ¡Sí Se Puede!

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La presión de la PAH consigue que el Ayuntamiento decida aplicar la Ley 18/2014, sancionando con 315.000 a la Sareb, BBVA y el Santander.

El año 2007 el Parlamento aprobaba la Ley del Derecho a la Vivienda de Cataluña (ley 18/2007). La ley de vivienda más completa del estado español, una ley que ofrece herramientas y marca objetivos, como llegar a tener un parque público de alquiler social del 15%. en el año 2027. Todo y la grave amputación que sufrió la ley en 2011 con la ley OMNIBUS del presidente Mas, todavía quedan algunas herramientas que permiten movilizar la vivienda vacía.

Ayer celebrábamos el anuncio del Ayuntamiento de Barcelona que impondrá cuatro sanciones de 315.000€ cada una a la SAREB, BBVA y el Santander para cuatro viviendas que están incumpliendo la función social establecida en la ley 18/2007. Es extraño que la PAH tenga que felicitar o decir que en esta ocasión el gobierno ha dado un paso valiente y necesario, pues lo que están haciendo es cumplir con su obligación: aplicar las leyes vigentes en materia de vivienda. Pero lo tenemos que decir porque desde 2007, en Barcelona ningún gobierno lo había aplicado, todo y su obligación de cumplir con su responsabilidad hacia a la ciudadanía. Las sanciones llegan 10 años tarde, y casi 3 años después de la moción de la PAH aprobada al Pleno del Ayuntamiento como Declaración Institucional en enero del 2014.

También es importante el anuncio de que el procedimiento sancionador se acelera para ganar tiempo en un proceso excesivamente lento. La ley permite imponer hasta tres multas coercitivas que buscan el cumplimiento de la función social de la vivienda. A su vez, la administración tiene la competencia para imponer sanciones que pueden ser de hasta 500.000€ por vivienda vacía. La medida valiente que el Ayuntamiento dice proponer, consiste en que desde el inicio de la primera multa, paralelamente, se iniciará el expediente sancionador, apelando al hecho de que tener un inmoble vacío por dos años, ya es una infracción susceptible de sanción. Esperamos y estaremos vigilantes de que estas sanciones lleguen ahora con frecuencia y con la misma contundencia que las anunciadas ayer, de un mínimo de 315.000€.

Aplicar esta ley no es sólo una obligación de los Ayuntamientos y de la Generalitat, sino que es un mensaje claro a la Banca y a la sociedad sobre la función social de la vivienda, y que el derecho a la vivienda se tiene que garantizar a los ciudadanos. Por eso, consideramos de gravedad que La Generalitat, en lugar de aplicarla, hizo un impuesto a los pisos vacíos en manos de entidades financieras. Es decir, en lugar de aplicar la sanción de hasta 900.000€ que le obliga la ley 18/2007, para no enfrentarse a la Banca, decidió que mejor, por el mismo incumplimiento, le pondrían un impuesto de entre 10 y 30€ por metro cuadrado. Esto sí, un impuesto sólo a los pisos que provienen de ejecución hipotecaria. En definitiva, cosquillas a la Banca.

Si ayer el Ayuntamiento de Barcelona anunciaba estas sanciones, es gracias a la PAH que en 2013 inició una campaña, en todo el territorio, de mociones para obligar a los municipios a aplicar la ley 18/2007 y sancionar los pisos vacíos en manos de grandes tenedores. Empezaron las compañeras de la PAH Terrassa, forzando en su Ayuntamiento a iniciar las multas, siguieron Granollers, Girona y Santa Paloma de Gramanet. El Ayuntamiento de Terrassa es el municipio que más expedientes de multas ha iniciado, y para romper los miedos de otros muchos, ha demostrado ante los juzgados que tenemos la razón al exigir la aplicación de esta ley, puesto que de los 22 contenciosos interpuestos por la banca, ya ha ganado 16. La presión de la PAH en 2013, aparte de obtener que algunos Ayuntamientos empezaran a iniciar las multas, consiguó que se hablase de la ley y de la carencia de su aplicación.

Si bien es cierto que el Ayuntamiento de Barcelona ha dado un paso valiente y necesario aplicando sanciones elevadas, el primer Ayuntamiento, hasta donde tenemos constancia, el aplicarlas, no es suficiente. Exigimos y vigilaremos que estas sanciones se apliquen a todas las viviendas vacías en manos de grandes tenedores de vivienda a nuestra ciudad. No sólo esto, sino que se aplique todo el articulado vigente de la ley 18/2007 y otras leyes vigentes como la 1/2015 que permite expropiación por mal estado de conservación. Hace pocos días presentábamos el informe: “Exclusión residencial en el mundo local: crisis hipotecaria en Barcelona 2013-2016” donde recogemos las recomendaciones y retos urgentes en base a la legislación vigente y a los problemas de vivienda que sufrimos en nuestra ciudad.

Barcelona tiene que llegar al 2027 teniendo, obligada por ley, un parque público de alquiler del 15%, es decir, tiene que ampliar en 120.000 viviendas el parque actual. La PAH estaremos vigilantes y presionaremos porque el anuncio de ayer no se quede en el simbolismo, asegurándonos, de una vez por todas, que se cumple con el Derecho a la vivienda. Desde la calle, con la legitimidad en la mano, seguimos demostrando que ¡Sí Se Puede!

Damos la bienvenida a La Jahnela, nuestro nuevo bloque recuperado en Gràcia.

La falta de soluciones administrativas ante la emergencia habitacional que vivimos, obliga de nuevo a PAH Barcelona a recuperar un bloque para lograr el realojo de tres familias en exclusión residencial.

Hoy presentamos un nuevo bloque recuperado por PAH Barcelona, el #BlocJahnela situado en la Vila de Gracia. Este es actualmente el segundo bloque de Obra Social PAH en la ciudad y el 48 en todo el Estado. El número 156 de Travesera de Gracia estaría vacío y esperando su derrumbe si no fuese por la recuperación de su función social por parte de la PAH. Los planes de la propiedad: un solar vacío o un proyecto de construcción de viviendas nuevas que se puedan vender o alquilar a los precios más altos posibles aprovechando el proceso de revalorización y gentrificación que está sufriendo el barrio. La consecuencia de este proceso es la expulsión de sus clases populares residentes, concretamente, más de 2.000 vecinas de la Vila de Gracia en los últimos años.

El #BlocJahnela fue recuperado en septiembre cuando fuimos a parar el desahucio de una familia y vimos que era la única habitante que quedaba en el bloque. Actualmente viven 5 personas, incluyendo una menor, que forman 3 unidades familiares. «Jahnela» significa ventana en portugués, y así lo han bautizado sus habitantes al ser para ellos una ventana abierta a la regularización de su situación de exclusión residencial. Este edificio, a pesar de lo que diga la propiedad, se encuentra en perfectas condiciones estructurales, lo que ha sido confirmado por Arquitectos sin Fronteras y es el único lugar que tienen para vivir estas 3 familias tras agotar todas las vías administrativas.

El edificio pertenece a Promociones Lladero SA, una sociedad anónima cuyo único socio es Picton Investments SL. A cargo de ambas está Ana Estrada López, un alto cargo de Goldman Sachs, el fondo buitre americano que compró buena parte del parque de vivienda publica de la Comunidad de Madrid que el gobierno del PP malvendió en 2013 y que ha adquirido, total o parcialmente, Promociones Lladero, perteneciente a la gran empresa promotora-constructora catalana La Llave de Oro. La única finalidad de Goldman Sachs, es aterrizar en Barcelona, para seguir especulando con las viviendas y en lugar de un parque social, crear uno de apartamentos de lujo con fines turísticos, alimentando así la nueva burbuja inmobiliaria generada por el elevado aumento del precio de los alquilers provocado por la creciente gentrificación.

Inversores inmobiliarios han comprado 4 de cada 10 pisos en venta en Barcelona este año y 5 de cada 10 en el distrito de Gracia (2). Los informes de Incasol muestran como desde 2013 al segundo trimestre de 2016, el precio medio del alquiler en Barcelona ha subido un 14% y concretamente en el barrio de Gracia un 16%, llegando a un máximo histórico en la ciudad y siendo el precio más alto del Estado. Estos datos, junto a la falta de un parque de vivienda social para poder atender la emergencia habitacional de la ciudad, son los que obligan a la autogestión ciudadana frente a la necesidad de las familias que no consiguen una solución administrativa.
Tres familas que hoy están aquí para legalizar su situación y exigir un alquiler social en base a sus ingresos y conquistar sus derechos a una vivienda diga.

Desde la PAH llevamos años denunciando esta situación, haciendo propuestas de leyes y exigiendo la aplicación de las leyes vigentes, para solucionar la emergencia habitacional. Leyes como la ley catalana del derecho a la vivienda (18/2007) que establece la definición de la función social de la vivienda, tipifica el incumplimiento de ésta y da herramientas tanto para movilizar la vivienda vacía como para obligar al estado de conservación de ésta. La falta de políticas públicas en esta dirección nos ha llevado a la foto actual de un parque público de viviendas del 1,26% lejos del 18% de la media europea o del 15% que establece la ley catalana del derecho a la vivienda. Para alcanzar estas cifras en base a la ley y su principio de solidaridad,, en los próximos 10 años, Barcelona debería ampliar el parque en 120.000 viviendas.Según el IDESCAT, actualmente Barcelona cuenta con un 10,8% de vivienda vacía sobre el total de la ciudad.

Mientras no se movilicen los pisos vacios en manos de la banca, rescatada con miles de millones de dinero, la PAH seguirá haciendo lo que mejor sabe hacer, defender el Derecho a una vivienda digna, con desobediencia civil y organizadas para lograr el realojo de las familias más vulnerables, tanto por la via administrativa o la recuperación, como demostramos hoy con la presentación del Bloc La Jahnela.

Frente a la falta de vivienda pública, la creciente gentrificación de los barrios y especulación inmobiliaria, la PAH, junto a la Oficina d’Habitatge de Gràcia y los movimientos sociales del barrio y la ciudad, va a luchar para que los habitantes del bloque puedan regularizar su situación y residir en sus hogares actuales con un alquiler social. Nacimos para conquistar el Derecho a la vivienda enfrentándonos a quien haga falta, porque ya no sólo nos estan expulsando de nuestras casas, sino que también nos están expulsando de nuestra ciudad.

¡SÍ SE PUEDE!!!

#BlocJahnela

2-cartel-la-janhela-20-de-noviembre

Donem la benvinguda a La Jahnela, el nostre nou bloc recuperat a Gràcia.

La manca de solucions per part de l’administració davant l’emergència habitacional que vivim, ens obliga de nou a recuperar un bloc per aconseguir el reallotjament de tres famílies en exclusió residencial.

Avui presentem un nou bloc recuperat per PAH Barcelona, el #BlocJahnela situat a la Vila de Gràcia. Aquest és actualment el segon bloc de l’Obra Social PAH a la ciutat i el 48 en tot l’Estat. El número 156 de Travessera de Gràcia estaria buit esperant el seu enderrocament si no fos per la recuperació que ha fet la PAH de la seva funció social. Els plans de la propietat: un solar buit o un projecte de construcció d’habitatges nous que es poden vendre o llogar als preus més alts possibles aprofitant el procés de revalorització i gentrificació que està patint el barri. La conseqüència d’aquest procés és l’expulsió de les seves classes populars residents, concretament, més de 2.000 veïnes de la Vila de Gràcia en els últims anys.

El #BlocJahnela va ser recuperat el setembre quan vam anar a parar el desnonament d’una família i vam veure que era l’única habitant que quedava al bloc. Actualment hi viuen 5 persones, de les quals una menor, que formen 3 unitats familiars. “Janhela” significa finestra en portuguès, i així l’han batejat les seves habitants al ser per elles una finestra oberta a la regularització de la seva situació d’exclusió residencial. Aquest edifici, a pesar del que digui la propietat, es troba en perfectes condicions estructurals, ha estat confirmat per Arquitectes sense Fronteres i és l’únic lloc que tenen per viure aquestes 3 famílies un cop esgotades totes les vies.

Tres famílies que avui estan aquí per legalitzar la seva situació i exigir un lloguer social sobre la base dels seus ingressos i conquistar els seus drets a un habitatge digui.

L’edifici pertany a Promociones Lladero SA, una societat anònima amb un únic soci que és Picton Investments SL. A càrrec d’ambdues està Ana Estrada López, una alt càrrec de Goldman Sachs, el fons voltor americà que va comprar bona part del paquet d’habitatge públic de la Comunitat de Madrid que el govern del PP va malvendre el 2013 i ha adquirit, total o parcialment, Promociones Lladero de la gran empresa promotora-constructora catalana La Llave de Oro. La única finalitat de Goldman Sachs, és aterrar a Barcelona per seguir especulant amb l’habitatge i en lloc d’un parc social, crear-ne un d’apartaments de luxe alimentat així la nova bombolla immobiliària generada per l’augment dels preu dels lloguers provocat per la creixent gentrificació.

Inversors inmobiliaris han comprat 4 de cada 10 pisos en venta a Barcelona aquest any i 5 de cada 10 al districte de Gràcia. Els informes de Incasol mostren com des del 2013 al segon trimestre del 2016, el preu mitjà del lloguer a Barcelona ha pujat un 14% i concretament al barri de Gràcia un 16%, arribant a un màxim històric a la ciutat i el preu més alt de l’Estat. Aquestes dades i la falta d’un parc d’habitatge social per poder atendre l’emergència habitacional de la ciutat són el que obliga a l’autogestió ciutadana davant la necessitat de la famílies que no aconsegueixen una solució administrativa.

Des de la PAH fa anys que denunciem aquesta situació, fent proposades de lleis i exigint l’aplicació de les lleis vigents, per solucionar l’emergència habitacional. Lleis com la llei catalana del dret a l’habitatge (18/2007) que estableix la definició de la funció social de l’habitatge, tipifica l’incompliment d’aquesta i dóna eines tant per mobilitzar l’habitatge buit com per obligar a l’estat de conservació d’aquesta. La falta de polítiques públiques en aquesta adreça ens ha portat a la foto actual d’un parc públic d’habitatges de l’1,26% lluny del 18% de la mitjana europea o del 15% que estableix la llei catalana del dret a l’habitatge, Per aconseguir aquestes xifres sobre la base de la llei i el seu principi de solidaritat, en els pròxims 10 anys, Barcelona hauria d’ampliar el parc en 120.000 habitatges. Segons el IDESCAT, actualment Barcelona compta amb un 10,8% d’habitatge buit sobre el total de la ciutat.

Mentre no es mobilitzin el pisos buits en mans dels bancs, rescatats amb milers de milions de diners públics, la PAH seguirà fent el que millor sap fer, defensar el dret a un habitatge digna, amb desobediència civil i organitzades per aconseguir el reallotjament de les famílies més vulnerables, ja sigui per la via administrativa o la recuperació, tal i com demostrem avui amb la presentació del Bloc La Jahnela.

Davant d’aquesta falta d’habitatge públic, la creixent gentrificació dels barris i l’especulació immobiliària, la PAH, de la mà de l’Oficina d’Habitatge de Gràcia i els moviments socials del barri i la ciutat, lluitarà perquè els habitants del bloc puguin regularitzar las seva situació i residir en les seves llars actuals amb un lloguer social. Vam nàixer per conquerir el dret a l’habitatge enfrontant-nos a qui calgui, perquè ja no només ens estan expulsant de les nostres cases sinó que també ens estan expulsant de la nostra ciutat.

¡SÍ SE PUEDE!!!

#BlocJahnela