PSC - PAH Barcelona

Ya podemos actuar para limitar los usos turísticos de la vivienda en Barcelona

Acuerdo general de las candidaturas a la alcaldía de Barcelona en la centralidad de la vivienda en los problemas de la ciudadanía y en el impacto en el modelo de ciudad. En las recetas para afrontar este gran reto es donde han surgido las tensiones entre los partidos, priorizando unos y otros la vivienda como una casa o como una inversión.

El vídeo del debate se puede recuperar aquí

El Centro Cívico Can Felipa de Poblenou, casi lleno, presenció ayer el debate sobre vivienda de las candidaturas a la alcaldía de Barcelona. El debate, que se organizaba por una representación casi completa de entidades y organizaciones defendiendo el derecho a la vivienda en la ciudad, como la Sectorial d’Habitatge Cooperatiu de la XES, la PAH Barcelona, el Observatorio DESC, el Cercle de Transició Ecosocial de Coòpolis y con la colaboración del Sindicat de Llogateres, la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya y la Càtedra Barcelona Estudis d’Habitatge, contó con la participación de Eva Baró de ERC, Damià Calvet de Trias per Barcelona, Thaïs Cloquell de la CUP, Lucía Martín de Barcelona en Comú y Jordi Mas del PSC y la moderación de Irene Escorihuela, directora del Observatorio DESC.

Organizado en torno a dos grandes bloques o problemáticas, la emergencia habitacional y el incremento del parque de vivienda social, se pudo entrar en el fondo de las muchas medidas que deberían seguir desplegándose y profundizando y de nuevas políticas para responder. En los detalles de cómo actuar desde el Gobierno es donde han surgido las tensiones entre los partidos a la hora de entender la vivienda como una casa o como una inversión.

El debate se ha abierto con los problemas para hacer cumplir la Ley 24/2015, que obliga a grandes tenedores a firmar alquileres sociales para evitar desahucios, donde todos los partidos han estado de acuerdo en que es inaceptable el fraude de ley y que es necesario hacer servir todos los instrumentos disponibles, como son las sanciones, la articulación judicial, etc. Barcelona en Comú ha prometido una nueva Unidad Antiespeculación, ampliando trabajo ya hecho, y la CUP que el Ayuntamiento se personará, si gobiernan, en las demandas a grandes tenedores. El debate ha continuado con la intervención en primera persona de Dulce, miembro de PAH Barcelona y madre de dos criaturas, que está ocupando un piso de un gran tenedor, quien ha preguntado sobre las medidas de los partidos para reducir la lista de espera de la mesa de emergencia. Tanto la candidatura del PSC como Trias por Barcelona han puesto énfasis en la necesidad de ampliar la vivienda pública y crear más puestos de trabajo para prevenir estas situaciones. Por su parte, ERC y CUP han prometidos cambiar la normativa de la mesa de emergencia para no excluir a personas en situación irregular de la mesa, tal y como han hecho otros municipios como Sant Cugat. Así como dejar de pagar alojamientos privados a la empresa BCN Travel, que forma parte de fondos buitre, y extendiendo alojamientos como el CATAF en cada distrito.

Vivienda protegida con calificación permanente

El segundo bloque se abrió con las medidas para evitar la acción especulativa de grandes tenedores y fondo buitre, donde todos los grupos han estado de acuerdo en seguir aumentando la coordinación entre administraciones para que la Generalitat dicte zonas de alta tensión y se pueda actuar. Barcelona en Comú prometió un nuevo Servicio para Inquilinas para reforzar la garantía de derechos a las vecinas en situación de alquiler, así como la CUP ha prometido que propondrán la celebración de un referéndum de expropiación a grandes tenedores, tal y como ocurrió en Berlín. Trias por Barcelona y PSC propusieron la creación de un impuesto que dificulte las compraventas especulativas. Una de las apuestas del debate era un formato de preguntas como dilemas entre casa o inversión. En el caso de los dilemas relacionados con el alquiler turístico, Trias por Barcelona se posicionó en abrir nuevas zonas para alojamiento turístico y el resto en suspender las licencias de vivienda turística, Barcelona en Comú y CUP se han posicionado en prohibir el alquiler de temporada y ERC, Trias por Barcelona y PSC en desarrollar un marco legal de alquiler de temporada. Por último, Trias por Barcelona se ha posicionado en mantener el libre mercado en el alquiler y el resto en limitar los precios. En el espacio para matizar o profundizar, ERC y CUP prometieron y recordaron que ya se puede actuar para limitar los usos turísticos de la vivienda en Barcelona, de acuerdo con la Ley de Turismo.

Preguntados por la ampliación del parque de vivienda protegida, el sentir general es que es necesaria la colaboración con agentes privados y/o comunitarios, y que todas las viviendas deben mantener una calificación indefinida. Tanto Trias por Barcelona como PSC prometieron reforzar Vivienda Metrópolis Barcelona, colaboración del Ayuntamiento con privados con lucro para alquiler. La CUP, por otra parte, ha prometido excluir a los operadores lucrativos de la colaboración pública, echando a los buitres tanto de la vivienda como de los cuidados u otros sectores. Todas las candidaturas han estado de acuerdo en reforzar la generación de mayor vivienda social y asequible con operadores sin ánimo de lucro. En la responsabilización del privado en el aumento de la vivienda digna, tanto ERC y Barcelona en Comú como la CUP han apostado por mantener o profundizar las reservas del 30% de vivienda en nueva construcción, y Trias por Barcelona y PSC en repensar la medida, flexibilizándola.

Por último, se ha hablado de cooperativismo de vivienda a través de tres dilemas que hacían posicionar a los partidos a favor o en contra de medidas que ayudan a fomentar este modelo comunitario, como el Convenio ESAL, entre promotores sociales de vivienda y el Ayuntamiento de Barcelona, para hacer vivienda cooperativa y social calificada de VPO en suelo público. O el tanteo y retracto que moviliza suelo privado a entidades sin ánimo de lucro para hacer vivienda asequible. CUP y Barcelona en Comú se han posicionado a favor de todas estas medidas, mientras que ERC, PSC y Trias por Barcelona se han decantado más por facilitar la movilización de suelo privado a entidades sin ánimo de lucro. ERC ha sido el único partido que ha votado en contra de evolucionar el actual Convenio ESAL a una forma más estable.

El PSC pretende recortar el 30% de vivienda protegida en Barcelona plegándose a los intereses de las promotoras inmobiliarias

Los socialistas pretenden aprobar una moción en el Pleno de este viernes para modificar la medida, afirmando que ahora «no funciona», sin aportar datos, con prisas y sin siquiera hablar con las entidades impulsoras

Jaume Collboni, líder del Partido Socialista, ha anunciado esta semana que quiere derogar el 30% de vivienda protegida en Barcelona, una medida que obliga a los promotores de vivienda a destinar el 30% de las nuevas construcciones o grandes rehabilitaciones para hacer vivienda protegida −tanto de compra como de alquiler. Y el primer paso de los socialistas es llevar a votación este viernes en el Pleno del Ayuntamiento una moción que propone modificar la normativa del 30% y permitir a los promotores evitar reservar esta vivienda protegida.

Según los socialistas, esta medida «no funciona», si bien no han sido capaces de aportar ningún estudio o datos concretos que lo demuestren. Así, pretenden aprobar esta propuesta por la puerta trasera −sin consultarlo con ninguna de las entidades impulsoras− y con prisas, como movimiento claramente electoralista, y hurtándole este debate a la ciudadanía.

Denunciamos que el PSC pretende desvirtuar el contenido del 30%, permitiendo que las promotoras inmobiliarias puedan evitar realizar la reserva de vivienda de protección oficial a cambio de “compensar económicamente” al Ayuntamiento y que éste adquiera promociones por su cuenta; además, la modificación afectaría a las grandes rehabilitaciones de viviendas preexistentes, que quedarían excluidas de la medida. Para empezar, la eficacia de esta propuesta es cuestionable, ya que si esta compensación es a precio de VPO, resultaría en la adquisición de muchas menos viviendas en el mercado libre (lo que, además, beneficiaría precisamente a los promotores que piden derogar el 30%). Por otra parte, la propuesta del PSC supondría segregar aún más a la ciudadanía según su renta, ya que los pocos suelos o edificios disponibles se encuentran en los barrios más periféricos −y las rehabilitaciones que se podrían hacer en los barrios del centro quedarían excluidas. De hecho, esto equivale a eliminar una de las grandes transformaciones que aporta el 30%: distribuir la vivienda protegida en toda la ciudad.

No se puede evaluar y cambiar una política de vivienda innovadora y estructural sin perspectiva y basándose en tacticismos electorales, como guiño a los poderes económicos de la ciudad. Es falso que el 30% no funcione, ya que ha aportado vivienda protegida y lo seguirá haciendo, siendo una medida de calado y estructural, que hará crecer el parque asequible paulatinamente a través de aportaciones de los privados, que deben sumarse necesariamente a las públicas.

Resulta, además, indignante que el PSC cuestione el impacto de la medida cuando, en el 2018, condicionó su voto favorable a no suspender la concesión de licencias hasta que entró en vigor, por lo que muchas promociones han quedado exentas inicialmente. Esta excepción, que respondía a presiones de parte del sector inmobiliario, ha sido utilizada después como argumento para afirmar que «no funciona como se esperaba», a modo de “profecía autocumplida”, sumado a que los propios promotores han recibido multas por haberse saltado directamente la obligación del 30%. Para más falsedades, afirman que ha detenido el sector, obviando los efectos de parálisis durante la pandemia y cuando son los propios constructores quienes paralizan las promociones mientras intentan derribar la medida.

En definitiva, la propuesta de Collboni es inaceptable, ineficaz y clasista. Exigimos al Partido Socialista que sea riguroso y mantenga su compromiso con aquellas políticas que ellos mismos aprobaron y, en consecuencia, que retire la proposición del orden del día en el Pleno del Ayuntamiento de este viernes. Asimismo, exigimos a los partidos y a sus cabezas de lista que se comprometan a debatir lo que proponen sobre vivienda con las organizaciones sociales que promovimos el 30% en 2018 y con todos los colectivos y vecinas que defendemos ese derecho día a día en los barrios de la ciudad. Por último, exigimos al próximo gobierno municipal que mantenga el 30% de vivienda protegida, una medida clave y de largo recorrido: justo ahora se está empezando a implementar en otros municipios como Mataró, Montcada i Reixac y Ripollet. La medida del 30% tiene como objetivo principal que Catalunya aumente su parque de vivienda asequible hasta los niveles de los países más avanzados y deje de ser la comunidad autónoma con más desahucios de todo el Estado, 8.574 en 2022.

No permitiremos que Barcelona retroceda en políticas de vivienda recortando el 30% y vaciándolo de contenido, en un contexto en el que los alquileres se han incrementado tres veces más que los ingresos de las familias, las vecinas son expulsadas de sus barrios por la turistización y tras saber que en los próximos 7 años perderá un 50% del parque de vivienda protegida. ¡Ya tenemos el 30% y queremos vivir en una Barcelona con derecho a la vivienda!

El movimiento por la vivienda consigue que la medida para habilitar a las comunidades de vecinos quede fuera de la “Ley Desokupa” de Junts

Sin embargo, la nueva ley habilitará a los ayuntamientos a instar desahucios en casos de grandes tenedores

Estudiamos emprender acciones contra aquellos ayuntamientos que la utilicen para hacer electoralismo y perjudicar a familias vulnerables

Hoy el Parlament de Catalunya ha aprobado la Proposición de Ley de Junts per Catalunya sobre ocupaciones pero con enmiendas aprobadas -y gracias sobre todo a la presión social- que han derribado la medida que habilitaba a las comunidades de vecinos a instar un desahucio. Tal y como advertimos ayer, medidas como esta solo hacían que estigmatizar -aún más- a las familias en situación de vulnerabilidad y, además, abonaba el terreno para el racismo y la aporofobia. Si bien la medida para habilitar a los ayuntamientos ha salido aprobada, esta lo ha hecho con limitaciones: si la Administración quiere promover una expulsión, deberá hacerlo con procedimientos e informes previos que ni siquiera se mencionaban en el texto original.

Sin embargo, insistimos en que esta propuesta de Junts es un total despropósito: se trata de una medida electoralista, sesgada, inadecuada, desproporcionada, ineficaz, estigmatizadora y nos indigna que venga de parte de quien ha sido responsable de las políticas de vivienda catalanas hasta hace tan solo 4 meses. No entendemos que Junts y sus aliados hayan rechazado incluir una enmienda de mínimos que excluya de la aplicación de la ley a las familias en exclusión residencial, que les hicimos llegar ya redactada y que consistía en un solo párrafo. ¿Cuáles son los intereses reales que mueven el voto de ese partido?

Anunciamos además, que denunciaremos cualquier consecuencia lesiva para los derechos humanos que esta ley pueda tener y estudiaremos todas las vías -incluida la judicial- para evitar que ayuntamientos que opten por la vía “desokupa” la utilicen para hacer populismo y la apliquen a personas y familias vulnerables en lugar de realojarlas y expropiar los pisos de grandes tenedores, tal y como les obliga la Ley 24/2015 antidesahucios catalana.

¡Nos opondremos a cada desalojo injusto que permita esta ley y plantaremos cara a todos aquellos responsables de permitir que en este país haya gente sin casa y casas sin gente!

Os dejampos la rueda de prensa del dia anterior al pleno

Las PAHs Catalanas organizamos una protesta sorpresa en un acto del Partido Socialista en Barcelona por la “Ley Desokupa” que pretende echar de casa a familias vulnerables en 48 horas

Las activistas nos movilizamos después de reunirnos con el PSC y pedirles que rectifiquen la propuesta para evitar criminalizar la pobreza

Las PAHs Catalanas hemos organizado hoy una protesta sorpresa durante la celebración de un acto de campaña del Partido Socialista en Barcelona. Una sesentena de activistas hemos irrumpido pacíficamente en un acto preelectoral en el barrio de Sarrià de Jaume Collboni, miembro de la ejecutiva del Partido Socialista en Catalunya, para expresarle nuestra profunda decepción con su partido ante su falta de respuesta sobre la Ley Desokupa, es decir, la propuesta de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para habilitar a jueces para que desalojen en 48 horas a aquellas familias que ocupan una vivienda en precario, sin juicio. Jaume Collboni ha accedido a hablar con algunas de nosotras, pero se ha negado a establecer ningún canal de negociación o diálogo efectivos con el fin de discutir con los socialistas nuestras propuestas sobre cómo combatir las mafias y dar un hogar digno a miles de familias vulnerables.

El mes pasado iniciamos negociaciones con los Socialistas en el Parlament, para que rectificaran esta propuesta que, lejos de abordar las “ocupaciones conflictivas”, lo único que hace es abrir la puerta para que bancos y fondos buitre expulsen a familias vulnerables, en vez de ofrecerles un alquiler social, tal y como obliga la ampliación de la Ley 24/2015 antidesahucios −que, recordemos, se aprobó hace 9 meses gracias a los votos del propio PSC, entre otros partidos. Sin embargo, el PSC ha continuado con su intención de criminalizar la pobreza y el pasado mes de octubre logró aprobar una moción en el Ayuntamiento de Barcelona para pedir al Estado que apruebe medidas para, entre otras cosas, “empezar una reforma urgente de la normativa procesal para garantizar y dar cobertura a la actuación policial para las desocupaciones en el momento en que se tenga constancia de la comisión de estos delitos”.

El PSC compra el relato de la ultraderecha

Tal y como hemos dicho anteriormente, los socialistas proponen legislar en base a un relato promovido por la ultraderecha y que los datos demuestran como falso: las ocupaciones van a la baja. Según datos publicados por el Ayuntamiento de Barcelona, las ocupaciones han disminuido un 18% en la ciudad desde 2019; por otra parte, el Consejo General del Poder Judicial ha admitido, en una respuesta a declaraciones similares hechas por otros ayuntamientos del Área Metropolitana, que los delitos por usurpación de inmuebles han disminuido en Catalunya un 59% de 2015 a 2020.

Por otro lado, la ocupación no es un fenómeno que afecte, de forma habitual, a casas habitadas o a propietarios particulares, al contrario: la gran mayoría de las veces se da en viviendas de grandes tenedores y entidades financieras, que casualmente también son los actores que mantienen un mayor volumen de pisos vacíos, más de 30.000 en Catalunya, según datos de El Crític. En 2021 solo se detectaron ocupaciones en pisos vacíos, descartando de entrada esta pretendida alarma de ocupaciones en pisos normalmente habitados.

El 81% de los pisos ocupados en la capital catalana son de grandes propietarios como bancos y fondo buitre, según datos del Ayuntamiento de Barcelona; estos grandes tenedores son en buena parte responsables de la crisis de vivienda actual, y no víctimas de las consecuencias de esta misma crisis, por tanto, no deben ser protegidos de las ocupaciones a coste de la Administración. Entendemos que la propuesta que quieren aprobar los socialistas no se corresponde con la realidad sobre la que pretenden legislar, generando confusión en la ciudadanía.

Desde la PAH tenemos claro que la mejor manera de evitar que una familia se vea obligada a ocupar un inmueble es garantizándole una vivienda digna. El Partido Socialista tiene por delante muchas opciones para hacerlo posible:

Ley 24/2015 antidesahucios. Catalunya ha sido pionera a la hora de aprobar mecanismos legales para regularizar a las familias en situación de vulnerabilidad que se hayan visto obligadas a ocupar o no puedan pagar hipoteca o alquiler. Esta medida contempla la obligación, por parte de los grandes tenedores, de realizar alquiler social a las familias en situación de vulnerabilidad; por otra parte, también permite que la Generalitat obligue a los grandes tenedores a ceder aquellos pisos que estén vacíos desde hace más de 2 años.
Ley de Vivienda. Actualmente, el PSOE mantiene bloqueada la Ley de Vivienda en el Congreso porque se niega a incluir medidas de mínimos, como la de ofrecer alquiler social a familias en situación de vulnerabilidad, tal y como contempla la ley catalana. Si el gobierno español incluyera las medidas propuestas por los colectivos, tendría el apoyo de otros partidos como Podemos, ERC, BNG, Bildu, Más País y la CUP y podrían aprobarla de inmediato.
Sareb. Desde principios de año que el Estado es el accionista mayoritario de la Sareb, una entidad rescatada también con más de 60.000 millones de euros de fondos públicos que nunca devolverán. Este rescate debería devolverse, poniendo sus pisos a disposición de Comunidades y Ayuntamientos, a fin de ampliar un parque público de vivienda, que actualmente ronda un ínfimo 2%, uno de los más bajos de la Unión Europea.

Exigimos que el PSC/PSOE se deje de medidas populistas y aplique medidas de responsabilización directa a los grandes operadores inmobiliarios por los casos de ocupaciones de perfiles vulnerables. En Catalunya ya tienen un instrumento legal para ello: la Ley 24/2015. De ellos depende que se cumpla y que se extienda al resto de comunidades autónomas de la mano de la Ley de Vivienda. ¡Basta de criminalizar la pobreza, es hora de tomar medidas valientes para garantizar el derecho a la vivienda!

Membres de la PAH al Parlament durant la votació de la Llei 1/2022. 3 de març de 2022.

Las medidas antidesahucios demuestran su efectividad a la hora de disminuir las ocupaciones en Barcelona y Catalunya

Barcelona publica hoy datos que demuestran la disminución de las denuncias por ocupación en un contexto de crisis económica por la pandemia y la inflación

La moratoria estatal, las prórrogas de los contratos de alquiler, la regulación de precios y las leyes catalanas antidesahucios funcionan para evitar que las familias tengan que ocupar

Hoy el Ayuntamiento de Barcelona ha publicado una actualización de los datos que publicó el pasado mes de junio sobre las ocupaciones en la ciudad, en respuesta a una propuesta del PSC de aprobar una declaración institucional que exige la agilización de los procesos de desahucio, en línea con el anuncio del PSOE de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y facultar a los jueces para desalojar a personas que hayan ocupado una vivienda en precario en 48 horas como máximo. Tras haber consultado a los Mossos d’Esquadra sobre las denuncias por ocupación hasta el 3r trimestre, Barcelona ha anunciado una disminución del 17% de las ocupaciones en la ciudad respecto a 2019.

Sobre este tema, desde la PAH Barcelona queremos hacer una serie de consideraciones: en primer lugar, insistir en que el fenómeno de la ocupación, tanto en la ciudad como en el resto de Catalunya, está sobredimensionado: los datos del propio Ayuntamiento de Barcelona y los del Consejo General del Poder Judicial −quien ha admitido en una respuesta a declaraciones similares hechas por otros ayuntamientos del Área Metropolitana, que los delitos de usurpación de inmuebles han disminuido en Catalunya un 59% de 2015 a 2020− demuestran que la ocupación evoluciona a la baja. Es incomprensible que el Partido Socialista insista en legislar en un fenómeno minoritario, mientras ignora la realidad más desgarradora: que nos encontramos en medio de una emergencia habitacional grave, con unos precios de alquiler disparados y un euríbor que amenaza con encarecer la hipoteca de miles de familias ya suficientemente asfixiadas por un aumento abusivo de los precios de la comida y los suministros, entre otros bienes de primera necesidad. Los socialistas, lejos de ponerse manos a la obra para resolver este grave problema y desencallar la Ley de Vivienda en el Congreso, prefieren comprarle el discurso a la ultraderecha, a empresas privadas que se lucran con el miedo −como las instaladoras de alarmas− y también a aquellas que operan al margen de la legalidad, como Desokupa, proponiendo medidas que atentan contra los derechos fundamentales de las familias más vulnerables.

Sin duda, la disminución de las ocupaciones podemos atribuirla precisamente al efecto de medidas sociales que se han impulsado en los últimos años por parte de las entidades del movimiento por la vivienda, todas ellas orientadas a detener los desahucios: la Ley 24/2015 contra la exclusión residencial y la pobreza energética, la moratoria estatal que suspende los desahucios, las prórrogas automáticas del contrato de alquiler durante la covid, la regulación de precios de alquiler en Catalunya y la Ley 1/2022 antidesahucios. Si bien todas estas medidas son −algunas− temporales y/o han sido activamente boicoteadas por partidos que sirven a los intereses de los grandes tenedores, es evidente lo que hace años que repetimos: si garantizamos el acceso a la vivienda a la ciudadanía, las familias no tendrán la necesidad de ocupar inmuebles para tener el techo que el mercado y los poderes públicos les niegan.

Por otra parte, la ocupación no es un fenómeno que afecte, de manera habitual, a casas habitadas o a propietarios particulares, al contrario: la gran mayoría de las veces se da en viviendas de grandes tenedores y entidades financieras, que casualmente también son los actores que mantienen un mayor volumen de pisos vacíos, más de 30.000 según datos de El Crític. En 2021 solo se detectaron ocupaciones en pisos vacíos, descartando de entrada esta pretendida alarma de ocupaciones en pisos normalmente habitados. Además, 3 de cada 4 pisos ocupados son de grandes propietarios, la mayoría de entidades financieras. Estos grandes tenedores son, en gran parte, responsables de la crisis de vivienda actual y no víctimas de las consecuencias de esta misma crisis, no deben ser protegidos de las ocupaciones a costa de la Administración. Esta confusión intencionada entre tipos de propietarios por parte de los socialistas y el bloqueo que mantienen de la Ley de Vivienda en el Congreso −negándose a extender a todo el Estado la medida del alquiler social de grandes propietarios vigente en Catalunya −hace pensar que tanto PSOE como PSC tienen interés en evitar que las leyes que intentan garantizar el derecho a la vivienda no perjudiquen las inversiones de fondos buitre como Blackstone. Por lo tanto, exigimos que el PSC/PSOE se deje de medidas populistas y aplique medidas de responsabilización directa a los grandes operadores inmobiliarios para los casos de ocupaciones de perfiles vulnerables. En Catalunya ya tienen un instrumento legal para hacerlo: la Ley 24/2015. De ellos depende que se cumpla y que se extienda al resto de comunidades autónomas de la mano de la Ley de Vivienda. ¡Basta de criminalizar la pobreza, es hora de tomar medidas valientes para garantizar el derecho a la vivienda!

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