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Presentamos un nuevo documento útil para denunciar ante el Síndic de Greuges el colapso de la Mesa de emergencia

Desde la PAH de Barcelona, recordamos la realidad  citada por el  Síndic de Greuges de Catalunya en su informe ‘’El Derecho a la vivienda: cuestiones urgentes’’, publicado en febrero de 2018, en el cual puso de manifiesto que:

El artículo 26 del vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña determina que las personas que no disponen de los recursos suficientes tienen derecho a acceder a una vivienda digna, por lo que los poderes públicos deben establecer por ley un sistema de medidas que garantice este derecho, con las condiciones que determinan las leyes.

A criterio de esta institución, las principales causas que condicionan actualmente el derecho de todas las personas a acceder a una vivienda digna y asequible son las siguientes:

  1. La falta de un parque de viviendas suficientes destinado a alquiler social.
  2. La escasa oferta de viviendas de alquiler privado a un precio asequible y el creciente incremento de las rentas de alquiler.
  3. La falta de una actuación pública suficiente en cuanto al gran número de viviendas de titularidad privada que están desocupadas de forma permanente e injustificada y que, por tanto, incumplen la función social del derecho de propiedad.- (p.8)

Formalizamos con una queja principal:

Desde que se publicó el informe y basándonos en la cita de la página 19 del mismo: […es necesario reiterar que la valoración de una situación de emergencia residencial y el realojamiento de las personas afectadas no debería superar el plazo máximo de un mes…], nos consta que, actualmente, las llamadas listas de espera se han ido prolongando hasta alcanzar un tiempo de espera de entre 1 año hasta más de 2 años, y que dichas listas (que según el propio Síndic de Greuges,  no deberían existir) se han duplicado a lo largo del 2018.

Solo en Barcelona hay más de 500 familias en la lista de espera (el doble que hace un año), familias que acabarán con problemas de salud totalmente prevenibles, siendo desahuciadas, sin posibilidades de poder acceder a una vivienda, de mantener una vida estable y en el peor de los casos quitándose la vida ante la presión de no ver solución a su emergencia habitacional.

El acceso a la lista de espera es otra queja relacionada, ya que nos consta que muchas familias no reciben el trato procesal debido, ni una correcta atención por parte de Servicios Sociales o las Oficinas de Vivienda, ante la gravedad del problema de perder su vivienda, de no poder acceder a otra o en el caso de haber conseguido un realojo y un alquiler social, se ven sometidas a unos contratos públicos con falta de transparencia y sin cumplir los baremos estipulados por la Ley 24/2015.

La situación es dramática y requiere cambios drásticos, contundentes y urgentes.

Por eso pedimos con urgencia que desde el Síndic de Greuges se vuelva a investigar y a publicar la falta de respuesta continuada de las administraciones a solucionar la problemática que no para de afectar cada vez a más personas.

DESCARGA EL DOCUMENTO DE DENUNCIA AQUI

Sigue la lucha por la retirada del IRPH

Hace  un año (septiembre 2015) la PAH se reunió con el Síndic de Greuges solicitando la retirada del índice de referencia para préstamos hipotecarios, IRPH, por ser desfavorable para las familias. Siendo Cataluña la comunidad más afectada con un tercio de las hipotecas firmadas con este interés, de todo el Estado. A partir de ésta reunión el Sindic de Greuges emitió un informe respecto al  IRPH, en el cual consideraba insuficiente la actuación de  l’Agència Catalana de Consum, hecho que la PAH ya venía manteniendo en las anteriores reuniones.

Ante esta problemática sugería a  la Agencia a  que asesorara directamente a las personas interesadas, aceptara y tramitara sus reclamaciones, mediara ante las entidades para negociar índices más ajustados a los actuales del mercado, inspeccionara  la actuación de las entidades y, si la consideraba constitutiva de una infracción administrativa, impusiera las sanciones correspondientes.

A día de hoy, septiembre 2016, l’Agència Catalana de Consum ha obviado totalmente estas sugerencias y si bien es cierto que ha aceptado las reclamaciones que se han presentado, su actuación ha sido la perfecta inoperancia, la pasividad, y el total desinterés por los reclamantes en tanto en cuanto ni una sola de las reclamaciones ha llegado siquiera a ser objeto de negociación o arbitrio y se han limitado a enviar las respuestas de las entidades bancarias, las cuales, lógicamente defendían su postura usurera y estafadora.

Doce meses más tarde las familias afectadas siguen sin solución,  desprotegidas y recurriendo a los tribunales para reclamar su dinero y sus derechos, como es el caso de Carmen, que pagó mes a mes durante 17 años mensualidades cargadas con el IRPH, para quedarse con un fijo al dejarse de publicar éste. Con problemas económicos Caixabank le ofrece una moratoria que ha de aceptar sin llegar a mejorar su situación. Después de reiterados intentos de negociar un interés más acorde con la economía actual,  sin recibir propuesta que solucionen su caso, hoy acompañada por la PAH y su abogado de oficio sienta en el banquillo a Caixabank por la nulidad del IRPH y la retroactividad.

Donde no llegan los tribunales ni las administraciones, llega la PAH y por eso estamos convencidas de la victoria en  #CarmenVsIRPH

Imagenes de 2015  en la oficina Consum