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Desde la PAH hacemos un llamamiento a todas las personas que estén sufriendo una situación de desahucio: no estáis solas

Comunicado sobre el suicidio de una mujer antes de ser desahuciada en Barcelona

Queremos expresar nuestra profunda tristeza y enviar nuestro pésame a la familia y entorno de la víctima

De nuevo, la muerte de Melanie es fruto del fracaso de las Administraciones a la hora de proteger el derecho a la vivienda

Lunes, 15 de mayo de 2023

Hoy lunes empezamos la semana de la peor manera posible: lamentando la muerte de una mujer que se ha quitado la vida en Barcelona antes de ser desahuciada. Según los medios que han cubierto la noticia, se llamaba Melanie y llevaba unos 3 o 4 años viviendo en el piso, pagando religiosamente su alquiler y desde hace unos meses que no podía pagar porque se había quedado sin trabajo y estaba pasando por un mal momento personal. A partir de entonces, la fundación propietaria del piso interpuso una demanda para desalojarla y el día del desahucio los miembros de la comitiva entraron en el piso y encontraron su cuerpo sin vida. Melanie no era usuaria de los servicios sociales, aunque desde el Ayuntamiento se activó el SIPHO para acompañarla y ella rechazó su ayuda.

Desde la PAH, en primer lugar, queremos expresar nuestro dolor al conocer otro caso en el que una afectada por el problema de la vivienda acaba por no encontrar ninguna salida y pierde la vida. Nos imaginamos la vergüenza, la angustia, la tristeza y la soledad que Melanie debía haber sentido y que le impedía buscar –o incluso aceptar– ayuda. Lo sabemos muy bien porque en la PAH, en el día a día, debemos luchar no sólo con los desahucios en sí, sino en sus efectos sobre la vida de las personas, concretamente sobre la salud mental; de hecho, hemos publicado hasta dos informes −uno en 2020 y otro en 2022− junto con otras entidades y la Agencia de Salud Pública de Barcelona, alertando del problema. Asimismo, no podemos dejar de imaginarnos qué hubiese pasado si Melanie hubiera llegado a alguna de las asambleas de las diferentes organizaciones del movimiento por la vivienda: quizás hubiera visto que ella no estaba sola. De esta situación también es posible salir de la misma forma en que lo han hecho tantas otras personas, que han encontrado en el movimiento un espacio donde desterrar la vergüenza que acompaña al −supuesto− fracaso de perder el trabajo y el hogar, coger valor y confianza para explicarse y, sobre todo, sin sentirse juzgada, condenada y privada de ayuda por no poder seguir los protocolos que marcan las instituciones.   

Las entidades sociales que trabajamos por la defensa de los derechos humanos como la vivienda, hemos reiterado una y otra vez a las diferentes administraciones, que los diferentes protocolos que se aprueban fallan a la hora de dar respuesta a aquellas casuísticas más complejas y que es precisamente en estos casos más difíciles que la ayuda mutua y la solidaridad tienen un efecto multiplicador en el bienestar de las personas. Lo vemos cada lunes en nuestras asambleas desde hace más de 14 años. ¿Qué es lo que ocurre cuando esta persona, por desconocimiento o por incapacidad no puede seguir los mecanismos que se imponen desde los servicios sociales? Pues la indefensión absoluta.

De nuevo, que Melanie haya decidido quitarse la vida, demuestra que los poderes públicos han fracasado a la hora de garantizar la vivienda, ya que ésta es el último refugio que tenemos las personas cuando todo lo demás va mal. ¿Por qué seguimos considerando este refugio como un bien de mercado? ¿Cómo es posible que exista tan sólo la noción de quitarle la vivienda a alguien y dejarla en la calle en esta situación? La Administración lleva años teniendo nuestras propuestas sobre la mesa: prohibir los desahucios sin alternativa, aumentar el parque público de vivienda, invertir recursos en los servicios sociales y en la atención proactiva, integral y personalizada de las afectadas, entre otros. Es cuestión de voluntad política. Se ha aprobado una ley de vivienda estatal sin hacer caso a la ONU ni a la PAH, prohibir los desahucios sin alternativa habitacional. Mientras no sea así, los movimientos sociales trataremos de llegar a aquellas personas que no tienen ni voz ni fuerza para seguir los protocolos y continuaremos luchando, en nombre de aquellas personas a las que no llegamos a ayudar a tiempo, como Melanie, Jordi y Alicia, entre otros. ¡No son suicidios, son asesinatos! 

Desde la PAH hacemos un llamamiento a todas las personas que están sufriendo y que corren el riesgo de perder el hogar: no estáis solas. No dudéis en venir a nuestras asambleas para buscar ayuda y acompañamiento; os encontrareis con muchas de nosotras, que también hemos pasado por aquí, y sabemos que existe una salida. ¡Lucharemos juntas para defender nuestras casas y cambiar las leyes injustas!

La PAH de Barcelona publicamos nuestras propuestas en materia de vivienda para las elecciones municipales

La semana pasada enviamos el dossier con las 8 propuestas a los principales partidos que optan a la alcaldía de la ciudad

El 18 de mayo diversas entidades organizamos un debate electoral sobre vivienda con la participación confirmada de candidatos y candidatas de BeC, ERC, Junts y la CUP

La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) de Barcelona publicamos hoy nuestras propuestas en materia de vivienda para la próxima legislatura que se iniciará después de las elecciones del 28 de mayo. Desde la entidad queremos compartir con los medios el fruto de varias semanas de trabajo que se han condensado en un total de 8 propuestas de ámbito municipal que creemos que pueden mejorar sensiblemente la realidad de las personas que viven en situación de inseguredad residencial en la ciudad, algo que todavía está pendiente de solucionar por parte de las diversas administraciones. La semana pasada ya hicimos llegar este mismo dossier a las principales candidaturas a la alcaldía de la ciudad para que nos trasladaran sus comentarios al respecto. Asimismo, también esperamos conocer el punto de vista de los candidatos y candidatas durante el debate que organizamos diversas entidades sobre políticas de vivienda en Barcelona el próximo 18 de mayo a las 18:30h en el Centro Cívico Can Felipa (Pl. Josep Claveria, 1 – Barcelona) y el próximo 23 de mayo haremos públicas las respuestas de los partidos sobre estas medidas.

8 medidas para hacer buenas políticas de vivienda

A continuación os enumeramos, de forma resumida (en el dossier las encontrareis ampliadas), las 8 propuestas que creemos que son cruciales a la hora de poder hacer unas buenas políticas de vivienda pensadas para −y con− la gente que se encuentra en situaciones de inseguridad residencial:

  1. Plan de choque: poner la Mesa de Emergencia a CERO
  2. Servicios sociales más justos y de calidad
  3. Mantener y potenciar el SIPHO
  4. Creación de una unidad especializada en casos de ocupación
  5. Reuniones de análisis y evaluación en políticas de vivienda con los movimientos sociales
  6. Aumento del parque de vivienda pública
  7. Realojos dignos
  8. Pisos vacíos y sanciones de la Ley 24/2015.

Desde la PAH de Barcelona esperamos que los distintos partidos adopten estas medidas en su programa de gobierno para la próxima legislatura. Por nuestra parte, seguiremos trabajando para paliar la crisis habitacional en la ciudad y velaremos por el cumplimiento de aquellas leyes que garantizan derechos y han sido impulsadas por la sociedad civil, que no puede esperar ni un minuto más para dar respuesta al derecho −fundamental− a tener una vivienda digna.

DESCÁRGATE EL DOSSIER AQUÍ

Promontoria Coliseum (Cerberus) quiere echar de casa a una familia hipotecada en vez de ofrecerle el alquiler social que le corresponde por ley

El próximo viernes 21 de abril está previsto el 4º intento de desahucio de Nancy en manos de Promontoria Coliseum, una inmobiliaria controlada al 100% por el fondo buitre Cerberus. El pasado lunes la PAH de Barcelona logró parar el desahucio in extremis, a pesar de la insistencia de la comitiva y los Mossos d’Esquadra que «no quieren discutir leyes». Nancy tiene derecho a un alquiler social gracias a la normativa antidesahucios catalana (Leyes 24/2015 y 1/2022), que obliga a los grandes tenedores de vivienda −como bancos y fondos buitre− a ofrecer un alquiler social a las familias que demuestran situación de vulnerabilidad antes de desahuciarlas, tanto en casos de impago de alquiler como de hipoteca o finalización de contrato de arrendamiento.

 

Una familia hipotecada víctima de la crisis

 

Nancy lleva más de 15 años viviendo en este piso, situado en la calle Bac de Roda, 79, en el barrio de Sant Martí en Barcelona. De hecho, era de su propiedad: como tantas otras familias en este país, se hipotecó para tener un techo, con la CAM en el 2007, que posteriormente cedió el crédito al Banco Sabadell. En 2013, por culpa de la crisis económica, dejó de pagar, y el banco subastó la vivienda y a ella le quedó una deuda de 139.000€. Durante todo este tiempo Nancy, acompañada por la PAH de Barcelona, intentó negociar una dación en pago, pero la única respuesta del banco fue proponerle un realojo, aunque la entidad nunca llegó a enseñarle ninguno ni a hacerle una propuesta formal.

 

Con el tiempo, Banco Sabadell creó con Cerberus la sociedad Promontoria Coliseum, a la que le transmitió la propiedad de miles de pisos, entre ellos el de Nancy. Desde entonces, el fondo se ha negado a ofrecerle ninguna alternativa alguna más allá del desahucio. Asimismo, la afectada ha denunciado la situación ante el Ayuntamiento de Barcelona para que éste sancione a Promontoria de acuerdo con la Ley 24/2015; por su parte, el magistrado del Juzgado de Primera Instancia Nº 9, Antonio Lechón Hernández, se niega a suspender el lanzamiento porque entiende que “[…]el derecho a la vivienda no tiene protección constitucional directa e inmediata del artículo 53.2 CE, es decir, no es directa o inmediatamente ejercitable como verdadero derecho subjetivo o no ofrece a los ciudadanos la posibilidad de reclamar a los Tribunales su efectiva satisfacción […]», obviando la normativa catalana y tildándola de «administrativa». 

 

Un exdirectivo del Banco Popular involucrado

Según las investigaciones realizadas por la PAH de Barcelona, la denunciante, Promontoria Coliseum Residential, es una Sociedad Limitada ubicada en Madrid −en una oficina fantasma−, creada en 2019 con la participación inicial del fondo de inversión Cerberus en un 80% y por el Banco Sabadell en un 20%. A finales del año pasado Banco Sabadell anunció que vendía su participación y ahora Cerberus posee el 100% de la empresa. Forma parte de un conglomerado de empresas creadas ad hoc para conducir las inversiones de Cerberus en toda España, todas ellas con el prefijo “Promontoria”- (Coliseum, Challenger, Marina, Manzana, Yosemite, Jaguar, Bahia, Poseidon, Macc, etc.) y regularmente auditadas por la firma PricewaterhouseCoopers (PwC).

 

Si bien en los consejos administrativos de éstas constan varios nombres de directivos de Cerberus, hay dos que destacan por ser los más concurrentes: Gerardus Johannes Schipper y Francisco Juan Sancha Bermejo. Este último fue directivo del desaparecido Banco Popular, como director general del banco y responsable del Área de Negocio Inmobiliario y Transformación de Activos (NITA). De hecho, fue de los directivos que, pese a tener la quiebra a la vuelta de la esquina, todavía estuvieron cobrando beneficios de la entidad mientras las más de 300.000 familias afectadas por el Popular se asomaban a la ruina económica

 

Este caso demuestra que la actual crisis habitacional protagonizada ahora por la burbuja de alquiler, ha sido provocada por los mismos que provocaron la anterior crisis hipotecaria, que siguen sin haber pagado por su nefasta gestión y que ahora pretenden seguir enriqueciéndose a costa de familias como la de Nancy. Por ello, ¡convocamos a todas las activistas de Barcelona y a los medios para denunciar estas prácticas especulativas, detener el desahucio y exigir que Cerberus cumpla con la ley!

 

Hasta ahora Promontoria no ha accedido a dar ninguna solución a las familias de la PAH, ni a Nancy. En la convocatoria habrá más familias afectadas por este fondo  buitre.



Se suspenden los desahucios de familias vulnerables en pisos de la Sareb en Barcelona gracias a la ley catalana antidesahucios

El Ayuntamiento de Barcelona ha acordado con la Sareb firmar 67 alquileres sociales para familias en riesgo de exclusión social. ¡Es necesario extenderlo a todos los casos amparados por la Ley 24/2015!

Las organizaciones impulsoras de la ley reclamamos que todos los pisos de Sareb pasen al parque público de alquiler de las comunidades autónomas y ayuntamientos

La ampliación de la ley catalana antidesahucios aprobada por el Parlament el pasado mes de marzo e impulsada desde las entidades sociales comienza a dar resultados poco más de medio año después de su entrada en vigor. Gracias a la Ley 24/2015 y a la obligación de ofrecer alquileres sociales, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado hoy un acuerdo con la Sareb, en el que la entidad se compromete a no desahuciar a aquellas familias vulnerables que cumplan los requisitos de vulnerabilidad establecidos por la norma.

Asimismo, el acuerdo anunciado hoy también incluye regularizar la situación de 67 familias que se encuentran en procesos de desahucio en diferentes estados de ejecución a través de contratos de alquiler social acogiéndose a la Ley 24/2015, por lo que deberían pagar una renta equivalente al 10%, el 12% o el 18% de sus ingresos. Además, el Ayuntamiento asegura que están estudiando la posibilidad de regularizar la situación de otras doscientas familias en las próximas semanas.

El acuerdo anunciado hoy en Barcelona sigue el de otros ayuntamientos que en los últimos meses han firmado alquileres sociales en base a la norma catalana. Exigimos que la Sareb extienda de forma inmediata los alquileres sociales a todos los casos amparados por la Ley 24/2015 en Catalunya. Es una anomalía inadmisible que una entidad pública que depende del Ministerio de Economía del Gobierno del Estado incumpla la ley catalana amenazando con desahucios, al igual que pretenden hacer los fondos buitre cada día. ¡Hacemos un llamamiento a redoblar la presión sobre la Sareb para ganarle el pulso definitivamente!

 

La Sareb debe pasar a ser el parque de alquiler público que no tenemos

Está claro que todavía queda mucho por hacer: seguimos reclamando que la Sareb, que desde principios de año cuenta con la participación mayoritaria del Estado, ceda su patrimonio inmobiliario a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para ampliar el parque público de vivienda, que ahora mismo se mantiene en torno al 2%, uno de los más bajos de la Unión Europea. Asimismo, hoy día siguen bloqueadas las negociaciones para sacar adelante la Ley de Vivienda, ya que el PSOE no acepta incluir medidas de mínimos, como devolver el rescate a los bancos en forma de vivienda pública de la Sareb o extender el alquiler social obligatorio a todo el Estado.

Las entidades impulsoras de la ley catalana antidesahucios tenemos claro que medidas como las anunciadas hoy son el resultado de varios años de presión sobre instituciones y partidos políticos para que estos cumplan y garanticen el derecho a la vivienda a la ciudadanía, especialmente a quien se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad. El esfuerzo de estas organizaciones y tantas otras del movimiento por una vivienda digna ha resultado en diversas medidas como la ya citada ley, la regulación de precios del alquiler en Catalunya (ahora derogada por el Tribunal Constitucional) o la moratoria que suspende parte de los desahucios y permite prorrogar los contratos de alquiler durante la pandemia por COVID-19. La Sareb ha recibido también una presión social continuada con campañas como “La Sareb es nuestra”, “Plan Sareb” y los cientos de personas desahuciadas que han sido realojadas en pisos o edificios vacíos, por la Obra Social de la PAH y el movimiento por el derecho a la vivienda.

Celebramos cada paso adelante logrado, porque son victorias para las personas y familias en riesgo de ser desahuciadas y resultado de años de lucha y presión a todos los niveles. Al mismo tiempo, ¡seguimos exigiendo soluciones inmediatas y generalizadas para detener todos los desahucios y firmar miles de alquileres sociales, a la Sareb y a todos los grandes propietarios!

PAH BARCELONA valora positivamente congelar hipotecas y alquileres, pero exige medidas estructurales en la futura Ley Vivienda

Criticamos al PSOE por su bloqueo de la medida que beneficia a la banca y a los fondos buitre

Esta semana hemos conocido las propuestas de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 Ione Belarra de limitar el aumento de las cuotas hipotecarias variables de familias vulnerables al 0,1% y la de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de topar el precio de los alquileres y vetar los desahucios, al menos de forma temporal, imitando las medidas anunciadas por el ejecutivo escocés hace unos días. Estas medidas se anuncian en un contexto de una nueva recesión económica en el horizonte y una población aún castigada por la crisis financiera y los estragos de la covid-19.

Desde la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Barcelona valoramos positivamente la propuesta de estas medidas, si bien estamos a la espera de más información al respecto, puesto que hasta ahora el anuncio se ha hecho a través de las redes sociales y la prensa y no por los contactos habituales entre la Administración y los movimientos sociales. Como los movimientos de defensa de la vivienda llevamos años indicando, limitar el gasto en vivienda -ahora disparado por la burbuja del alquiler- para las familias es clave para evitar una nueva ola de desahucios, que ya se adivina cruda porque hemos observado que, a pesar de la moratoria decretada por la pandemia, siguen produciéndose lanzamientos y la tendencia es que aumenten en 2022.

Por otra parte, desde PAH Barcelona vemos que, en el caso de que estas medidas se hagan efectivas, estas solo serán provisionales, ya que las relacionadas con las cuotas hipotecarias solo beneficiarán a las familias más vulnerables -y no a aquellas que, por culpa de la crisis actual, pueden llegar a serlo- y no solucionan el problema principal: que la vivienda (o más bien la falta de acceso a ella) es un problema endémico en España. Es por ello que sabemos que la mejor manera de solucionarlo y garantizar este derecho (¡básico!) es con medidas estructurales. Si bien la Constitución Española señala en su artículo 47 que “Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”, jamás en España se ha promovido una ley sobre vivienda integral. Pero esto podría cambiar: a día de hoy existe el proyecto de la Ley por el Derecho a la Vivienda, que se aprobó en el Consejo de Ministros el pasado mes de febrero, pero que se ha quedado atascada en el camino por la reticencia del PSOE a limitar los alquileres, entre otras cosas. 

Y eso no es lo único: desde los movimientos sociales ya concluimos que el proyecto de ley es a todas luces insuficiente, e instamos al resto de partidos en el Congreso a no aprobar la ley en caso de que esta no incluya una serie de enmiendas propuestas por los movimientos sociales: garantizar el derecho a la vivienda; suspender los desahucios sin alternativa habitacional; ampliar el parque público de alquiler social; regulación de alquileres; garantizar los suministros básicos y telecomunicaciones; la aprobación de una Ley de Segunda Oportunidad y medidas contra el sobreendeudamiento

Por todo ello instamos al ejecutivo, y en especial al PSOE, para que deje de actuar en beneficio de los poderosos como la banca y los fondos buitre y apruebe una ley que beneficie al 99% de la población; por otra parte, queremos recordar al resto de partidos -ERC, PNV, Compromís, EH-Bildu, BNG y Más País- su compromiso para con el movimiento por la vivienda e incorporen nuestras enmiendas y, en última instancia, voten en contra de la actual propuesta si esta sigue adelante tal y como está.

Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa