El martes 24 de abril, el Congreso de los diputados protagoniza un recorte de derechos fundamentales de las familias más vulnerables que se han visto forzadas a ocupar por necesidad. En relación con la proposición de modificación de la Ley 1/2000, propuesta por el PDeCAT, y que está prevista su aprobación a lo largo de la mañana en el Congreso, desde la PAH consideramos:
1) Que esta modificación que tiene como presunto objetivo facilitar los desahucios por ocupación, a velocidades de vértigo, no ofrece ninguna solución a las familias que se ven obligadas a ocupar para no quedarse en la calle. Este drama se está dando en nuestras ciudades y barrios ante la incapacidad de las familias de acceder a una vivienda. La compra no es una opción. El alquiler, con un aumento anual del 9% de los precios, tampoco es una alternativa. Y el parque público de vivienda no supera ni un 2%. Estos datos muestran una realidad a la que se enfrentan miles de familias: o vivir en la calle con sus hijos, u ocupar por necesidad.
2) El problema son los desahucios y la falta de políticas públicas que garanticen el Derecho a la Vivienda. El PDeCAT no ofrece ninguna solución, tan solo alienta a la persecución y criminalización de las familias. El mayor ejemplo es que esta modificación, eleva la anécdota a categoría, ya que siendo muy escasas las situaciones descritas en su preámbulo, se da a las mismas un tratamiento propio de situaciones multi-reiteradas. Permitiendo, además, la posibilidad de entrada por parte de la policía para la identificación de los ocupantes de una vivienda: lo que nos recuerda a la patada en la puerta que forzó la dimisión del exministro Corcuera, siendo esta práctica radicalmente contraria a la inviolabilidad del domicilio, recogida en la Constitución Española como derecho fundamental. Y que choca directamente con el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que España suscribió en 1976. Por lo que, desde la PAH, ya anunciamos que acudiremos al Comité DESC de la ONU para impedir su aplicación. Y recordemos que hablamos del mismo comité de la ONU que recientemente sentenció que los desahucios sin alternativa habitacional suponen una violación directa de los Derechos Humanos.
3) La PAH, en cambio, sí ofrece soluciones a las familias en emergencia. Durante 9 años, las familias que se han visto forzadas a ocupar se han encontrado desatendidas por los ayuntamientos e ignoradas por los gobiernos de todo color político. En ese contexto de aislamiento, han encontrado refugio en los movimientos sociales de vivienda. Es cada vez más corriente encontrarnos en la PAH a familias que acuden, explicando que la Administración Pública les ha cerrado las puertas e incluso incitado a ocupar viviendas, cuando las personas afectadas lo que buscan es regularizar su situación. En la PAH, mediante acciones de protesta, hemos forzado a los ayuntamientos y gobiernos autonómicos a conceder alquileres sociales a las familias en pisos públicos. Lo que hemos aprendido todos estos años es que, para conseguir respuesta por parte de las instituciones, debemos movilizarnos en las calles.
4) La autotutela de derechos que realizamos ha demostrado, además, que se puede dar uso a los millones de pisos vacíos que acumula la banca. A través de nuestra campaña Obra Social La PAH, hemos recuperado viviendas vacías de entidades financieras rescatadas con dinero público. Realojando así a familias vulnerables que conseguían regularizar su situación mediante alquileres sociales. Con esta campaña, hemos conseguido realojar a más de 4.000 personas. Hogares que quedan protegidos, desde la ciudadanía y para la ciudadanía. Una cifra récord en realojos que demuestra que es solo cuestión de voluntad política encontrar soluciones.
Nos resulta alarmante que PP, PSOE, Ciudadanos y PNV hagan frente común con el PDeCAT para perseguir policial y judicialmente a familias que necesitan soluciones. Estos partidos juegan a silenciar a las víctimas de un modelo de vivienda que ha resultado fallido a todas luces, tratando de ocultar que son responsables de la emergencia actual, y su falta de valentía para solventar la situación. Si estos partidos tuvieran altura democrática, irían a exigir a los bancos y a los grandes propietarios que cedan sus viviendas vacías y marquen alquileres asequibles. En vez de cumplir su papel, piden cuentas a las familias más vulnerables, incitando a una guerra entre pobres por los escasos recursos que se derivan a vivienda. Estos partidos, no tienen el valor necesario para gobernar. Son los cobardes que exigen «desahucio» para las vidas que hay en juego, mientras no tocan ni uno solo de los privilegios de la banca y los fondos buitre. Son los partidos que criminalizan los hogares.
En cambio, la PAH no solo ha demostrado desde abajo y sin recursos que es posible conseguir soluciones para las familias. Soluciones que las rescaten del ciclo de ocupación y desahucio en el que se ven involuntariamente inmersas. También hemos presentado en el Congreso una propuesta de ley, llamada la Ley Vivienda PAH, que en primer lugar regularía los precios del alquiler, permitiendo que muchas familias pudieran acceder de manera regular a una vivienda, pagando un precio asequible. Y en segundo lugar, obligaría a bancos, fondos buitre y grandes propietarios de vivienda a ceder sus pisos vacíos a las Administraciones Públicas, aumentando así los recursos necesarios para realojar a las familias más vulnerables que se encuentran sin ingresos. El debate democrático de esta ley tan necesaria fue vetado por el PP y Ciudadanos. Sin embargo, nosotras no nos rendiremos. Forzaremos con un recurso a que la Ley Vivienda PAH vuelva a ser considerada por el Congreso para su debate democrático. Porque nosotras somos las familias que protegen los hogares.
Existen soluciones para salvar a las familias que PDeCAT pretende perseguir, criminalizar y encarcelar. Existen soluciones para hacer valer la democracia y los Derechos Humanos. Existen soluciones para que las familias no se vean obligadas a ocupar por necesidad. Existen soluciones para que nuestros hogares estén protegidos. Estas soluciones las tienen las familias organizadas en la PAH. Las conseguimos cada día en las calles y están recogidas en la Ley Vivienda PAH. Y lucharemos por hacerlas realidad.
¡Sí Se Puede!
#HogaresCriminalizados
Avui, dijous 27 de Juliol la Sirley i els seus 3 fills han sigut desnonats a Esplugues del Llobregat.
La Sirley i els seus 3 fills menors d’edat (11, 7 i 2 anys) tenen adjudicat un pis de la taula de emergencia de la Generalitat des del 13 de Juny.
Sirley per causes sobrevingudes no va poder continuar pagant el seu lloguer, des del primer moment es va dirigir als serveis socials i habitatge. En l’actualitat cobra una prestació de 426 € i el lloguer és de 525 €.
Avui l’han desnonat i no ha tingut el suport de l’Ajuntament d’Esplugues, gràcies a la PAH s’ha aconseguit uns dies una habitació en un hotel però no l’han activat cap servei per guardar les seves pertinences i les dels seus 3 fills. Tampoc l’han activat cap servei per fer tres àpats pels 3 menors, tansols han ofert un menjar al dia en un menjador social i s’han desentès del problema.
Des de la PAH de Barcelona denunciem el comportament de l’Ajuntament d’Esplugues i de la Generalitat de Catalunya. Recordem que la llei 24/2015 que fa 2 anys del seu triomf, diu que les administracions tenen l’obligació de garantir un habitatge digne a les famílies que siguin desnonades. Tant a Sirley com a la seva família li estan negant aquests dret.
Des de la PAH no deixarem d’exigir i lluitar pel dret a un habitatge digne i no deixarem a les persones en la més absoluta indefensió com estan fent l’Ajuntament i la Generalitat vulnerant no tan sols el dret a l’habitatge sinó vulnerant els drets dels menors
Exigim a la Generalitat de Catalunya que no miri cap a una altra banda. És la seva responsabilitat, des de l’Ajuntament diuen que no poden reallotjar-la perquè la Generalitat no els hi ha donat cap habitatge al seu municipi. Exigim un reallotjament immediat.
#SoluciónParaSirley
El passat mes de desembre el Parlament de Catalunya va aprovar la nova Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, que està en vigor des del dia 30 de desembre.
Aquesta llei busca substituir els articles suspesos pel recurs del PP i la banca al Tribunal Constitucional de la Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, impulsada per la PAH, l’Observatori DESC i la APE a través de la ILP Habitatge.
El grup promotor de la ILP Habitatge- Llei 24/2015 considera que aquest projecte de llei és insuficient per a revertir la situació d’emergència habitacional a Catalunya. Hem explicat en reiterades ocasions els motius.
No obstant, quan es va aprovar la nova Llei ja vam advertir que, com sempre, continuaríem lluitant cada dia per aconseguir garantir el dret a l’habitatge i n’exigiríem el compliment com una eina més per revertir l’exclusió residencial.
És més, de la mateixa manera que és indiscutible que la Llei 24/2015 no s’hagués aprovats sense la ILP Habitatge, és clar que sense la pressió de la societat civil que lluita pel dret a l’habitatge i l’alarma social que va crear el recurs criminal al Tribunal Constitucional, la nova llei tampoc s’hauria aprovat o seria encara més descafeïnada.
Tot i que la nova Llei és reivindicada arreu pel Govern de la Generalitat (molt més que la suspesa), de nou és el carrer qui posa sobre la taula les eines efectives per defensar el dret a l’habitatge, aturant el màxim de desnonaments i aconseguint tots els reallotjaments possibles.
Per això, ha sigut necessari actualitzar els documents útils de la PAH en referència a la llei 24/2015, i adaptar-los a la nova Llei 4/2016. Aquesta tasca, que hauria de ser assumida pel Govern, l’hem fet altre cop les persones solidàries, avançant-nos un cop més a unes Administracions poc ràpides a l’hora d’exprimir al màxim totes les possibilitats d’acabar amb la vulneració dels drets humans!
En total són vuit documents* que demanem es difonguin de manera que arribin a tota persona que es vegi amenaçada de desnonament!
Acabem amb l’emergència habitacional! #StopDesnonaments #AvuiEsPot
* Breu descripció de la utilitat dels nous documents:
El 25 de julio de 2011 fueron desahuciados de manera violenta de su casa en el barrio del Clot Verónica y Eliseo, un matrimonio con tres hijos que hacía 26 años que vivía en ese piso con un contrato de renta antigua y no podía asumir que les triplicaran el alquiler. El propietario les demandó y acabó ganando el juicio, abocándolos a la calle tras pagar puntualmente todos aquellos años. El Observatorio Desc y la Favb lo denunciábamos el mismo día con un comunicado que describía lo que pasó:
«Los hechos, impresionantes, han encontrado amplio eco en los medios de comunicación: un despliegue policial digno de una operación de alto riesgo (decenas de furgonetas de los Mossos y medio centenar de antidisturbios), empujones, cargas, vecinos heridos, cerca de cuarenta personas identificadas, un compañero de la AVV del Clot retenido durante más de una hora, la policía que accede al piso escalando un balcón … y la familia, finalmente en la calle, que debe contemplar como se ‘llevan los muebles en un almacén municipal. Toda una jornada de tensión que ha sacudido el barrio. «
No teniendo suficiente con el escarnio a la dignidad de las personas que la policía protagonizó aquel día, la Consejería de Interior de la Generalitat considera que la oposición mostrada por la familia afectada y el vecindario es motivo de denuncia. En concreto, en el juicio que se celebrará los próximos 14 y 15 de diciembre la Generalitat pide penas de prisión de entre dos años y dos años y tres meses para los desalojados, la Verónica y el Eliseo, y de entre cuatro y cinco años y tres meses de prisión para tres vecinas que les apoyaban. Muy por encima de lo que pide la misma Fiscalía, que solicita una pena que no supone ingreso en prisión de los encausados.
Entendemos que esta brutal e injustificada actitud de la Generalidad de Cataluña sólo obedece a la voluntad de imponer un castigo ejemplar que sirva de aviso a toda aquella gente que pone en duda su autoridad.
La Asociación de Vecinos y Vecinas del Clot ha hecho petición de reunión al Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para pedir explicaciones. Lo deseable sería que cuando se produzca el encuentro, el presidente Puigdemont anuncie la retirada de las acusaciones. En caso de no ser así, la petición de dimisión del Consejero Jordi Jané será inevitable.
Ante unos hechos tan injustos, las organizaciones abajo firmantes empujamos el conjunto de las fuerzas políticas a exigir la retirada de los cargos sobre los encausados. Nunca aceptaremos la criminalización de la defensa de los derechos sociales básicos, como es el derecho a la vivienda.
Federación de Asociación de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB) Observatorio DESC y PAH Barcelona
El 25 de juliol de 2011 van ser desnonats de manera violenta de casa seva en el barri del Clot la Verónica i l’Eliseo, un matrimoni amb tres fills que feia 26 anys que vivia en aquell pis amb un contracte de renda antiga i no podia assumir que els tripliquessin el lloguer. El propietari els va demandar i va acabar guanyant el judici, abocant-los al carrer després de pagar puntualment tots aquells anys. L’Observatori Desc i la Favb ho denunciàvem el mateix dia amb un comunicat que descrivia el que va passar:
«El fets, colpidors, han trobat ampli ressò en els mitjans de comunicació: un desplegament policial digne d’una operació d’alt risc (desenes de furgonetes dels Mossos d’Esquadra i mig centenar d’antiavalots), empentes, càrregues, veïns ferits, prop de quaranta persones identificades, un company de l’AVV del Clot retingut durant més d’una hora, la policia que accedeix al pis escalant un balcó… i la família, finalment al carrer, que ha de contemplar com s’enduen els seu mobiliari a un magatzem municipal. Tota una jornada de tensió que ha sacsejat el barri.»
No tenint prou amb l’escarni a la dignitat de les persones que la policia va protagonitzar aquell dia, la Conselleria d’Interior de la Generalitat considera que l’oposició mostrada per la família afectada i el veïnat és motiu de denúncia. En concret, en el judici que se celebrarà els pròxims 14 i 15 de desembre la Generalitat demana penes de presó d’entre dos anys i dos anys i tres mesos per als desallotjats, la Verónica i l’Eliseo, i d’entre quatre i cinc anys i tres mesos de presó per a tres veïnes que els hi donaven suport. Molt per sobre del que demana la mateixa Fiscalia, que sol·licita una pena que no suposa ingrés a presó pels encausats.
Entenem que aquesta brutal i injustificada actitud de la Generalitat de Catalunya només obeeix a la voluntat d’imposar un càstig exemplar que serveixi d’avís a tota a aquella gent que posa en dubte la seva autoritat.
L’Associació de Veïns i Veïnes del Clot ha fet petició de reunió al President de la Generalitat, Carles Puigdemont, per demanar-ne explicacions. El desitjable seria que quan es produeixi la trobada, el president Puigdemont anunciï la retirada de les acusacions. En cas de no ser així, la petició de dimissió del Conseller Jordi Jané serà inevitable.
Davant d’uns fets tan injustos, les organitzacions sotasignats empenyem el conjunt de les forces polítiques a exigir la retirada dels càrrecs sobre els encausats. Mai acceptarem la criminalització de la defensa dels drets socials bàsics, com és el dret a l’habitatge.
Federació d’Associació de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), Observatori DESC i PAH Barcelona