PorPAH_BcnLa Ley del PDeCAT criminaliza familias vulnerables que necesitan soluciones
Ciudadanos, PP, PSOE, PNV y PDeCAT crean un frente común para seguir vulnerando los Derechos Humanos de la ciudadanía, algo que son incapaces de hacer cuando se trata de defenderlos
El martes 24 de abril, el Congreso de los diputados protagoniza un recorte de derechos fundamentales de las familias más vulnerables que se han visto forzadas a ocupar por necesidad. En relación con la proposición de modificación de la Ley 1/2000, propuesta por el PDeCAT, y que está prevista su aprobación a lo largo de la mañana en el Congreso, desde la PAH consideramos:
1) Que esta modificación que tiene como presunto objetivo facilitar los desahucios por ocupación, a velocidades de vértigo, no ofrece ninguna solución a las familias que se ven obligadas a ocupar para no quedarse en la calle. Este drama se está dando en nuestras ciudades y barrios ante la incapacidad de las familias de acceder a una vivienda. La compra no es una opción. El alquiler, con un aumento anual del 9% de los precios, tampoco es una alternativa. Y el parque público de vivienda no supera ni un 2%. Estos datos muestran una realidad a la que se enfrentan miles de familias: o vivir en la calle con sus hijos, u ocupar por necesidad.
2) El problema son los desahucios y la falta de políticas públicas que garanticen el Derecho a la Vivienda. El PDeCAT no ofrece ninguna solución, tan solo alienta a la persecución y criminalización de las familias. El mayor ejemplo es que esta modificación, eleva la anécdota a categoría, ya que siendo muy escasas las situaciones descritas en su preámbulo, se da a las mismas un tratamiento propio de situaciones multi-reiteradas. Permitiendo, además, la posibilidad de entrada por parte de la policía para la identificación de los ocupantes de una vivienda: lo que nos recuerda a la patada en la puerta que forzó la dimisión del exministro Corcuera, siendo esta práctica radicalmente contraria a la inviolabilidad del domicilio, recogida en la Constitución Española como derecho fundamental. Y que choca directamente con el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que España suscribió en 1976. Por lo que, desde la PAH, ya anunciamos que acudiremos al Comité DESC de la ONU para impedir su aplicación. Y recordemos que hablamos del mismo comité de la ONU que recientemente sentenció que los desahucios sin alternativa habitacional suponen una violación directa de los Derechos Humanos.
3) La PAH, en cambio, sí ofrece soluciones a las familias en emergencia. Durante 9 años, las familias que se han visto forzadas a ocupar se han encontrado desatendidas por los ayuntamientos e ignoradas por los gobiernos de todo color político. En ese contexto de aislamiento, han encontrado refugio en los movimientos sociales de vivienda. Es cada vez más corriente encontrarnos en la PAH a familias que acuden, explicando que la Administración Pública les ha cerrado las puertas e incluso incitado a ocupar viviendas, cuando las personas afectadas lo que buscan es regularizar su situación. En la PAH, mediante acciones de protesta, hemos forzado a los ayuntamientos y gobiernos autonómicos a conceder alquileres sociales a las familias en pisos públicos. Lo que hemos aprendido todos estos años es que, para conseguir respuesta por parte de las instituciones, debemos movilizarnos en las calles.
4) La autotutela de derechos que realizamos ha demostrado, además, que se puede dar uso a los millones de pisos vacíos que acumula la banca. A través de nuestra campaña Obra Social La PAH, hemos recuperado viviendas vacías de entidades financieras rescatadas con dinero público. Realojando así a familias vulnerables que conseguían regularizar su situación mediante alquileres sociales. Con esta campaña, hemos conseguido realojar a más de 4.000 personas. Hogares que quedan protegidos, desde la ciudadanía y para la ciudadanía. Una cifra récord en realojos que demuestra que es solo cuestión de voluntad política encontrar soluciones.
Nos resulta alarmante que PP, PSOE, Ciudadanos y PNV hagan frente común con el PDeCAT para perseguir policial y judicialmente a familias que necesitan soluciones. Estos partidos juegan a silenciar a las víctimas de un modelo de vivienda que ha resultado fallido a todas luces, tratando de ocultar que son responsables de la emergencia actual, y su falta de valentía para solventar la situación. Si estos partidos tuvieran altura democrática, irían a exigir a los bancos y a los grandes propietarios que cedan sus viviendas vacías y marquen alquileres asequibles. En vez de cumplir su papel, piden cuentas a las familias más vulnerables, incitando a una guerra entre pobres por los escasos recursos que se derivan a vivienda. Estos partidos, no tienen el valor necesario para gobernar. Son los cobardes que exigen «desahucio» para las vidas que hay en juego, mientras no tocan ni uno solo de los privilegios de la banca y los fondos buitre. Son los partidos que criminalizan los hogares.
En cambio, la PAH no solo ha demostrado desde abajo y sin recursos que es posible conseguir soluciones para las familias. Soluciones que las rescaten del ciclo de ocupación y desahucio en el que se ven involuntariamente inmersas. También hemos presentado en el Congreso una propuesta de ley, llamada la Ley Vivienda PAH, que en primer lugar regularía los precios del alquiler, permitiendo que muchas familias pudieran acceder de manera regular a una vivienda, pagando un precio asequible. Y en segundo lugar, obligaría a bancos, fondos buitre y grandes propietarios de vivienda a ceder sus pisos vacíos a las Administraciones Públicas, aumentando así los recursos necesarios para realojar a las familias más vulnerables que se encuentran sin ingresos. El debate democrático de esta ley tan necesaria fue vetado por el PP y Ciudadanos. Sin embargo, nosotras no nos rendiremos. Forzaremos con un recurso a que la Ley Vivienda PAH vuelva a ser considerada por el Congreso para su debate democrático. Porque nosotras somos las familias que protegen los hogares.
Existen soluciones para salvar a las familias que PDeCAT pretende perseguir, criminalizar y encarcelar. Existen soluciones para hacer valer la democracia y los Derechos Humanos. Existen soluciones para que las familias no se vean obligadas a ocupar por necesidad. Existen soluciones para que nuestros hogares estén protegidos. Estas soluciones las tienen las familias organizadas en la PAH. Las conseguimos cada día en las calles y están recogidas en la Ley Vivienda PAH. Y lucharemos por hacerlas realidad.
¡Sí Se Puede!
#HogaresCriminalizados
PorPAH_Bcn[Comunicat] Desnonament executat en Esplugues del Llobregat, Sirley i els 3 fills menors al carrer
Mesa d’emergència, una eina que no soluciona res
Avui, dijous 27 de Juliol la Sirley i els seus 3 fills han sigut desnonats a Esplugues del Llobregat.
La Sirley i els seus 3 fills menors d’edat (11, 7 i 2 anys) tenen adjudicat un pis de la taula de emergencia de la Generalitat des del 13 de Juny.
Sirley per causes sobrevingudes no va poder continuar pagant el seu lloguer, des del primer moment es va dirigir als serveis socials i habitatge. En l’actualitat cobra una prestació de 426 € i el lloguer és de 525 €.
Avui l’han desnonat i no ha tingut el suport de l’Ajuntament d’Esplugues, gràcies a la PAH s’ha aconseguit uns dies una habitació en un hotel però no l’han activat cap servei per guardar les seves pertinences i les dels seus 3 fills. Tampoc l’han activat cap servei per fer tres àpats pels 3 menors, tansols han ofert un menjar al dia en un menjador social i s’han desentès del problema.
Des de la PAH de Barcelona denunciem el comportament de l’Ajuntament d’Esplugues i de la Generalitat de Catalunya. Recordem que la llei 24/2015 que fa 2 anys del seu triomf, diu que les administracions tenen l’obligació de garantir un habitatge digne a les famílies que siguin desnonades. Tant a Sirley com a la seva família li estan negant aquests dret.
Des de la PAH no deixarem d’exigir i lluitar pel dret a un habitatge digne i no deixarem a les persones en la més absoluta indefensió com estan fent l’Ajuntament i la Generalitat vulnerant no tan sols el dret a l’habitatge sinó vulnerant els drets dels menors
Exigim a la Generalitat de Catalunya que no miri cap a una altra banda. És la seva responsabilitat, des de l’Ajuntament diuen que no poden reallotjar-la perquè la Generalitat no els hi ha donat cap habitatge al seu municipi. Exigim un reallotjament immediat.
#SoluciónParaSirley
PorPAH_BcnEl Grup Promotor de la ILP Habitatge-Llei 24/2015, publica nous documents per aturar desnonaments i aconseguir reallotjaments
El passat mes de desembre el Parlament de Catalunya va aprovar la nova Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, que està en vigor des del dia 30 de desembre.
Aquesta llei busca substituir els articles suspesos pel recurs del PP i la banca al Tribunal Constitucional de la Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, impulsada per la PAH, l’Observatori DESC i la APE a través de la ILP Habitatge.
El grup promotor de la ILP Habitatge- Llei 24/2015 considera que aquest projecte de llei és insuficient per a revertir la situació d’emergència habitacional a Catalunya. Hem explicat en reiterades ocasions els motius.
No obstant, quan es va aprovar la nova Llei ja vam advertir que, com sempre, continuaríem lluitant cada dia per aconseguir garantir el dret a l’habitatge i n’exigiríem el compliment com una eina més per revertir l’exclusió residencial.
És més, de la mateixa manera que és indiscutible que la Llei 24/2015 no s’hagués aprovats sense la ILP Habitatge, és clar que sense la pressió de la societat civil que lluita pel dret a l’habitatge i l’alarma social que va crear el recurs criminal al Tribunal Constitucional, la nova llei tampoc s’hauria aprovat o seria encara més descafeïnada.
Tot i que la nova Llei és reivindicada arreu pel Govern de la Generalitat (molt més que la suspesa), de nou és el carrer qui posa sobre la taula les eines efectives per defensar el dret a l’habitatge, aturant el màxim de desnonaments i aconseguint tots els reallotjaments possibles.
Per això, ha sigut necessari actualitzar els documents útils de la PAH en referència a la llei 24/2015, i adaptar-los a la nova Llei 4/2016. Aquesta tasca, que hauria de ser assumida pel Govern, l’hem fet altre cop les persones solidàries, avançant-nos un cop més a unes Administracions poc ràpides a l’hora d’exprimir al màxim totes les possibilitats d’acabar amb la vulneració dels drets humans!
En total són vuit documents* que demanem es difonguin de manera que arribin a tota persona que es vegi amenaçada de desnonament!
Acabem amb l’emergència habitacional! #StopDesnonaments #AvuiEsPot
* Breu descripció de la utilitat dels nous documents:
- Un document per sol·licitar la dació en pagament quan no es pot fer front a l’hipoteca, de manera conjunta amb un lloguer social, per evitar la pèrdua de l’habitatge, protegida per la nova llei. Adverteix que, si no és escoltada aquesta demanda, s’emprendran accions contra els bancs.
- Dos documents per suspendre el procediment en curs fins que la part creditora compleixi amb la seva obligació d’oferir reallotjament als afectats, cosa que ha incomplert fins al moment. El primer va dirigit als jutjats i el segon als bancs.
- Dos documents més que són denúncies per presentar davant l’ajuntament per part dels afectats quan els grans tenidors no els hi ofereixen el lloguer social, tot i complir amb els requisits que la llei exigeix. Un document està dedicat únicament als casos de dació en pagament [art. 16.2.a)], i l’altre a l’execució hipotecària o desnonament per impagament de lloguer [art. 16.2.b)].
- Un document dirigit als Serveis Socials que té per objecte sol·licitar un informe social a les administracions públiques en el qual s’acrediti la situació de risc d’exclusió residencial en què es troben els executats, per tal de suspendre el procediment d’execució hipotecària o desnonament (es basa en l’art. 18 de la nova llei).
- Un document dirigit las jutjats, amb el qual es torna a demanar la suspensió immediata del procediment en curs, aquest cop per a tots aquells desnonaments on hi ha exclusió residencial i que no es troben emparats per l’article 16 de la llei 4/2016. Com al primer document, però sí protegits pel que disposa el precepte 5.6 de la llei 24/2015, el qual encara es troba en vigor.
- Un darrer document que busca que els ajuntaments garanteixin els ajuts necessaris i, subsidiàriament, el reallotjament adequat, en aquells casos en què no hi ha oferta obligatòria de lloguer social segons l’article 16 de la llei 4/2016, però sí en base a l’article 5.6 de la llei 24/2015. Juntament amb això, es fa referència a la responsabilitat patrimonial de l’Administració, i es demana a aquesta que sol·liciti la suspensió del procediment judicial.
PorPAH_Bcn[COMUNICADO] Cuando la legítima resistencia es cruelmente criminalizada
El 25 de julio de 2011 fueron desahuciados de manera violenta de su casa en el barrio del Clot Verónica y Eliseo, un matrimonio con tres hijos que hacía 26 años que vivía en ese piso con un contrato de renta antigua y no podía asumir que les triplicaran el alquiler. El propietario les demandó y acabó ganando el juicio, abocándolos a la calle tras pagar puntualmente todos aquellos años. El Observatorio Desc y la Favb lo denunciábamos el mismo día con un comunicado que describía lo que pasó:
«Los hechos, impresionantes, han encontrado amplio eco en los medios de comunicación: un despliegue policial digno de una operación de alto riesgo (decenas de furgonetas de los Mossos y medio centenar de antidisturbios), empujones, cargas, vecinos heridos, cerca de cuarenta personas identificadas, un compañero de la AVV del Clot retenido durante más de una hora, la policía que accede al piso escalando un balcón … y la familia, finalmente en la calle, que debe contemplar como se ‘llevan los muebles en un almacén municipal. Toda una jornada de tensión que ha sacudido el barrio. «
No teniendo suficiente con el escarnio a la dignidad de las personas que la policía protagonizó aquel día, la Consejería de Interior de la Generalitat considera que la oposición mostrada por la familia afectada y el vecindario es motivo de denuncia. En concreto, en el juicio que se celebrará los próximos 14 y 15 de diciembre la Generalitat pide penas de prisión de entre dos años y dos años y tres meses para los desalojados, la Verónica y el Eliseo, y de entre cuatro y cinco años y tres meses de prisión para tres vecinas que les apoyaban. Muy por encima de lo que pide la misma Fiscalía, que solicita una pena que no supone ingreso en prisión de los encausados.
Entendemos que esta brutal e injustificada actitud de la Generalidad de Cataluña sólo obedece a la voluntad de imponer un castigo ejemplar que sirva de aviso a toda aquella gente que pone en duda su autoridad.
La Asociación de Vecinos y Vecinas del Clot ha hecho petición de reunión al Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para pedir explicaciones. Lo deseable sería que cuando se produzca el encuentro, el presidente Puigdemont anuncie la retirada de las acusaciones. En caso de no ser así, la petición de dimisión del Consejero Jordi Jané será inevitable.
Ante unos hechos tan injustos, las organizaciones abajo firmantes empujamos el conjunto de las fuerzas políticas a exigir la retirada de los cargos sobre los encausados. Nunca aceptaremos la criminalización de la defensa de los derechos sociales básicos, como es el derecho a la vivienda.
Federación de Asociación de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB) Observatorio DESC y PAH Barcelona
[COMUNICAT] Quan la legítima resistència és cruelment criminalitzada
El 25 de juliol de 2011 van ser desnonats de manera violenta de casa seva en el barri del Clot la Verónica i l’Eliseo, un matrimoni amb tres fills que feia 26 anys que vivia en aquell pis amb un contracte de renda antiga i no podia assumir que els tripliquessin el lloguer. El propietari els va demandar i va acabar guanyant el judici, abocant-los al carrer després de pagar puntualment tots aquells anys. L’Observatori Desc i la Favb ho denunciàvem el mateix dia amb un comunicat que descrivia el que va passar:
«El fets, colpidors, han trobat ampli ressò en els mitjans de comunicació: un desplegament policial digne d’una operació d’alt risc (desenes de furgonetes dels Mossos d’Esquadra i mig centenar d’antiavalots), empentes, càrregues, veïns ferits, prop de quaranta persones identificades, un company de l’AVV del Clot retingut durant més d’una hora, la policia que accedeix al pis escalant un balcó… i la família, finalment al carrer, que ha de contemplar com s’enduen els seu mobiliari a un magatzem municipal. Tota una jornada de tensió que ha sacsejat el barri.»
No tenint prou amb l’escarni a la dignitat de les persones que la policia va protagonitzar aquell dia, la Conselleria d’Interior de la Generalitat considera que l’oposició mostrada per la família afectada i el veïnat és motiu de denúncia. En concret, en el judici que se celebrarà els pròxims 14 i 15 de desembre la Generalitat demana penes de presó d’entre dos anys i dos anys i tres mesos per als desallotjats, la Verónica i l’Eliseo, i d’entre quatre i cinc anys i tres mesos de presó per a tres veïnes que els hi donaven suport. Molt per sobre del que demana la mateixa Fiscalia, que sol·licita una pena que no suposa ingrés a presó pels encausats.
Entenem que aquesta brutal i injustificada actitud de la Generalitat de Catalunya només obeeix a la voluntat d’imposar un càstig exemplar que serveixi d’avís a tota a aquella gent que posa en dubte la seva autoritat.
L’Associació de Veïns i Veïnes del Clot ha fet petició de reunió al President de la Generalitat, Carles Puigdemont, per demanar-ne explicacions. El desitjable seria que quan es produeixi la trobada, el president Puigdemont anunciï la retirada de les acusacions. En cas de no ser així, la petició de dimissió del Conseller Jordi Jané serà inevitable.
Davant d’uns fets tan injustos, les organitzacions sotasignats empenyem el conjunt de les forces polítiques a exigir la retirada dels càrrecs sobre els encausats. Mai acceptarem la criminalització de la defensa dels drets socials bàsics, com és el dret a l’habitatge.
Federació d’Associació de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), Observatori DESC i PAH Barcelona
PorPAH_BcnDesde PAH Barcelona valoramos la iniciativa del Ayuntamiento de hacer un censo de pisos en la ciudad
La presión del día a día de la PAH consigue que el Ayuntamiento de Barcelona empiece a elaborar el censo de pisos vacios para obtener vivienda pública y destinarla al alquiler social y asequible para las familias más vulnerables.
Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca llevamos desde 2009 protegiendo el derecho a la vivienda de las ciudadanas de Barcelona, no solo con la denuncia de la estafa hipotecaria, la acción directa como es el parar un desahucio, sino también haciendo propuestas de leyes y exigiendo la aplicación de las leyes vigentes.
Entre otras muchas cosas, en 2013 presentamos nuestra moción de pisos vacíos denunciando la necesidad de un censo de vivienda vacía que sirva para aumentar el parque social de vivienda que subsane el déficit histórico del parque público de viviendas que necesita la ciudad. La falta de políticas públicas en esta dirección nos ha llevado a la foto actual de un parque público de viviendas del 1,26% lejos del 18% de la media europea o del 15% que establece la ley catalana del derecho a la vivienda. A la vez, la ciudad de Barcelona acumula, según el IDESCAT, un 10,8% de vivienda vacía sobre el total de viviendas de la ciudad.
La ley catalana del derecho a la vivienda (18/2007) establece la definición de la función social de la vivienda, tipifica el incumplimiento de ésta y da herramientas tanto para movilizar la vivienda vacía como para obligar al estado de conservación de ésta. Para poder hacer esto es imprescindible un censo de vivienda de la ciudad, donde se detecte la vivienda vacía y la vivienda en mal estado de conservación.
Aunque la medida llegue 9 años tarde, desde la aprobación de la Ley 18/2007 del Dret a l’Habitatge de Catalunya (LDHC) y 3 años después de la aprobación de la moción de pisos vacíos de la PAH, celebramos por fin el inicio de dicho censo.
Si bien es cierto que gobierno de Mariano Rajoy intenta vaciar de competencias a las administraciones locales, es preciso que los ayuntamientos defiendan la autonomía municipal satisfaciendo las necesidades habitacionales de la población y cumplan con la ley 18/2007.
Recordamos al Ayuntamiento de Barcelona que la ley 18/2007 establece la obligatoriedad de cumplir con el principio de solidaridad urbana en 20 años, es decir, en 2027 Barcelona ha de tener un parque público de alquiler del 15% por lo que en los próximos 10 años se ha de ampliar el parque en 120.000 viviendas. Exigimos al Ayuntamiento que a través del censo de viviendas vacías que ahora inicie cumpla con la ley 18/2007 y la moción de la PAH, es decir, la sanción de la vivienda vacía de las entidades financieras con el objetivo de movilizarla. No aceptaremos multas simbólicas, sino que exigimos la sanción a todas las viviendas vacías de las entidades financieras que no sean cedidas al Ayuntamiento.
Fruto del informe realizado entre la PAH-BCN y el Observatorio DESC, creemos que es imprescindible iniciar el censo en los distritos que más desahucios acumulan: Nou Barris (35,5%), Sant Martí (19,6), Sant Andreu 10,7%, Sants-Montjuic (10,1%) y Ciutat Vella (5,6%).
La emergencia habitacional que sufre la ciudad de Barcelona con una media de entre 8 y 10 desahucios al día, junto al ínfimo parque público actual, requiere determinación y agilidad por parte del Ayuntamiento a la hora de realizar el censo de vivienda vacía y de aplicar las sanciones. Con las entidades financieras, los grandes tenedores de vivienda, no vale más zanahoria, toca el palo: la sanción. Sabemos mejor que nadie que hay vidas en juego, lo vemos cada semana en nuestras asambleas, por eso desde la PAH, aunque encontremos acertadas las medidas que se proponen a la hora de convencer a los propietarios para que cedan los pisos vacíos a la bolsa de alquiler social y esperamos sirva para fomentar y garantizar la función social de los pisos vacíos continuamos exigiendo se inicien procedimientos sancionadores a la banca y grandes tenedores por el uso antisocial de esta viviendas, utilizando la ley catalana de vivienda de 2007, uno de los pocos mecanismos vigentes para dar respuesta a la vulneración del derecho a la vivienda. Así mismo estas sanciones deberían ser utilizadas, tanto para cubrir los gastos de las medidas ofrecidas al pequeño propietario, como la rehabilitación de los pisos y que este dinero no vuelva a salir de las arcas públicas, como ya ocurrió con el rescate millonario a la banca, que se usó sin ningún tipo de contraprestación social. Si de algo tiene que servir el censo es para tener un mapa real de los propietarios de esta vivienda en desuso, así como para dar una solución real a las familias que se encuentren en situación de ocupación por no haber encontrado antes ningún tipo de solución administrativa.
Desde la PAH estaremos vigilantes a este proceso para que se aplique a toda la ciudad y que los pasos dados por el Ayuntamiento cumplan con la moción de la PAH. Mientras, organizadas y desde la calle, seguiremos haciendo lo que mejor sabemos hacer, proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía y llegando donde no llega la administración, parando desahucios, logrando alquileres sociales y realojando a las familias sin solución a través de nuestra Obra Social. Llevamos 8 años demostrando diariamente que organizadas y con la presión necesaria, por mucho que nos digan que no ¡SI SE PUEDE!
Queremos una Barcelona donde el derecho a la vivienda esté totalmente garantizado y donde no haya un desahucio más.
COMUNICAT CATALÀ
Des de PAH Barcelona celebrem la iniciativa de l’Ajuntament de fer un cens de pisos a la ciutat
La pressió del dia a dia de la PAH aconsegueix que l’Ajuntament de Barcelona comenci a elaborar el cens de pisos buits per obtenir habitatge públic i destinar-lo al lloguer social i assequible per a les famílies més vulnerables.
Des de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca portem des del 2009 protegint el dret a l’habitatge de les ciutadanes de Barcelona, no solament amb la denúncia de l’estafa hipotecària, l’acció directa com és parar un desnonament, sinó també fent proposades de lleis i exigint l’aplicació de les lleis vigents.
Entre moltes altres coses, en 2013 presentem la nostra moció de pisos buits denunciant la necessitat d’un cens d’habitatge buit que serveixi per augmentar el parc social d’habitatge que esmeni el dèficit històric del parc públic d’habitatges que necessita la ciutat. La falta de polítiques públiques en aquesta adreça ens ha portat a la foto actual d’un parc públic d’habitatges de l’1,26% lluny del 18% de la mitjana europea o del 15% que estableix la llei catalana del dret a l’habitatge. Alhora, la ciutat de Barcelona acumula, segons el IDESCAT, un 10,8% d’habitatge buit sobre el total d’habitatges de la ciutat.
La llei catalana del dret a l’habitatge (18/2007) estableix la definició de la funció social de l’habitatge, tipifica l’incompliment d’aquesta i dóna eines tant per mobilitzar l’habitatge buit com per obligar a l’estat de conservació d’aquesta. Per poder fer això és imprescindible un cens d’habitatge de la ciutat, on es detecti l’habitatge buit i l’habitatge en mal estat de conservació.
Encara que la mesura arribi 9 anys tard, des de l’aprovació de la Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge de Catalunya (LDHC) i 3 anys després de l’aprovació de la moció de pisos buits de la PAH, celebrem per fi l’inici d’aquest cens.
Si bé és cert que govern de Mariano Rajoy intenta buidar de competències a les administracions locals, cal que els ajuntaments defensin l’autonomia municipal satisfent les necessitats habitacionals de la població i compleixin amb la llei 18/2007.
Recordem a l’Ajuntament de Barcelona que la llei 18/2007 estableix l’obligatorietat de complir amb el principi de solidaritat urbana en 20 anys, és a dir, en 2027 Barcelona ha de tenir un parc públic de lloguer del 15% pel qual en els 10 anys vinents s’ha d’ampliar el parc en 120.000 habitatges. Exigim a l’Ajuntament que a través del cens d’habitatges buits que ara iniciï compleixi amb la llei 18/2007 i la moció de la PAH, és a dir, la sanció de l’habitatge buit de les entitats financeres amb l’objectiu de mobilitzar-la. No acceptarem multes simbòliques, sinó que exigim la sanció a tots els habitatges buits de les entitats financeres que no siguin cedides a l’Ajuntament.
Fruit de l’informe realitzat entre la PAH-BCN i l’Observatori DESC, creiem que és imprescindible iniciar el cens en els districtes que més desnonaments acumulen: Nou Barris (35,5%), Sant Martí (19,6), Sant Andreu 10,7%, Sants-Montjuïc (10,1%) i Ciutat Vella (5,6%).
L’emergència habitacional que sofreix la ciutat de Barcelona amb una mitjana d’entre 8 i 10 desnonaments al dia, al costat de l’ínfim parc públic actual, requereix determinació i agilitat per part de l’Ajuntament a l’hora de realitzar el cens d’habitatge buit i d’aplicar les sancions. Amb les entitats financeres, les grans forquilles d’habitatge, no val més pastanaga, toca el pal: la sanció. Sabem millor que ningú que hi ha vides en joc, ho veiem cada setmana en les nostres assemblees, per això des de la PAH, encara que trobem encertades les mesures que es proposen a l’hora de convèncer als propietaris perquè cedeixin els pisos buits a la borsa de lloguer social i esperem que serveixi per fomentar i garantir la funció social dels pisos buits, continuem exigint s’iniciïn procediments sancionadors a la banca i grans tenidors, per l’ús antisocial d’aquests habitatges, utilitzant la llei catalana d’habitatge del 2007, un dels pocs mecanismes vigents per donar resposta a la vulneració del dret a l’habitatge. Així mateix aquestes sancions haurien de ser utilitzades, tant per cobrir les despeses de les mesures ofertes al petit propietari, com la rehabilitació dels pisos i que aquests diners no torni a sortir de les arques públiques, com ja va ocórrer amb el rescat milionari a la banca, que es va usar sense cap tipus de contraprestació social. Si d’alguna cosa ha de servir el cens, és per tenir un mapa real dels propietaris d’aquest habitatge en desús, així com per donar una solució real a les famílies que es trobin en situació d’ocupació per no haver trobat abans cap tipus de solució administrativa.
Des de la PAH estarem vigilants a aquest procés perquè s’apliqui a tota la ciutat i que els passos donats per l’Ajuntament compleixin amb la moció de la PAH. Mentre, organitzades i des del carrer, seguirem fent el que millor sabem fer, protegir els drets fonamentals de la ciutadania i arribant on no arriba l’administració, parant desnonaments, aconseguint lloguers socials i reallotjant a les famílies sense solució a través de la nostra Obra Social. Fa 8 anys que demostrem diàriament que organitzades i amb la pressió necessària, per molt que ens diguin que no, SI ES POT!
Volem una Barcelona on el dret a l’habitatge estigui totalment garantit i on no hi hagi un desnonament més.
