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Desde la PAH hacemos un llamamiento a todas las personas que estén sufriendo una situación de desahucio: no estáis solas

Comunicado sobre el suicidio de una mujer antes de ser desahuciada en Barcelona

Queremos expresar nuestra profunda tristeza y enviar nuestro pésame a la familia y entorno de la víctima

De nuevo, la muerte de Melanie es fruto del fracaso de las Administraciones a la hora de proteger el derecho a la vivienda

Lunes, 15 de mayo de 2023

Hoy lunes empezamos la semana de la peor manera posible: lamentando la muerte de una mujer que se ha quitado la vida en Barcelona antes de ser desahuciada. Según los medios que han cubierto la noticia, se llamaba Melanie y llevaba unos 3 o 4 años viviendo en el piso, pagando religiosamente su alquiler y desde hace unos meses que no podía pagar porque se había quedado sin trabajo y estaba pasando por un mal momento personal. A partir de entonces, la fundación propietaria del piso interpuso una demanda para desalojarla y el día del desahucio los miembros de la comitiva entraron en el piso y encontraron su cuerpo sin vida. Melanie no era usuaria de los servicios sociales, aunque desde el Ayuntamiento se activó el SIPHO para acompañarla y ella rechazó su ayuda.

Desde la PAH, en primer lugar, queremos expresar nuestro dolor al conocer otro caso en el que una afectada por el problema de la vivienda acaba por no encontrar ninguna salida y pierde la vida. Nos imaginamos la vergüenza, la angustia, la tristeza y la soledad que Melanie debía haber sentido y que le impedía buscar –o incluso aceptar– ayuda. Lo sabemos muy bien porque en la PAH, en el día a día, debemos luchar no sólo con los desahucios en sí, sino en sus efectos sobre la vida de las personas, concretamente sobre la salud mental; de hecho, hemos publicado hasta dos informes −uno en 2020 y otro en 2022− junto con otras entidades y la Agencia de Salud Pública de Barcelona, alertando del problema. Asimismo, no podemos dejar de imaginarnos qué hubiese pasado si Melanie hubiera llegado a alguna de las asambleas de las diferentes organizaciones del movimiento por la vivienda: quizás hubiera visto que ella no estaba sola. De esta situación también es posible salir de la misma forma en que lo han hecho tantas otras personas, que han encontrado en el movimiento un espacio donde desterrar la vergüenza que acompaña al −supuesto− fracaso de perder el trabajo y el hogar, coger valor y confianza para explicarse y, sobre todo, sin sentirse juzgada, condenada y privada de ayuda por no poder seguir los protocolos que marcan las instituciones.   

Las entidades sociales que trabajamos por la defensa de los derechos humanos como la vivienda, hemos reiterado una y otra vez a las diferentes administraciones, que los diferentes protocolos que se aprueban fallan a la hora de dar respuesta a aquellas casuísticas más complejas y que es precisamente en estos casos más difíciles que la ayuda mutua y la solidaridad tienen un efecto multiplicador en el bienestar de las personas. Lo vemos cada lunes en nuestras asambleas desde hace más de 14 años. ¿Qué es lo que ocurre cuando esta persona, por desconocimiento o por incapacidad no puede seguir los mecanismos que se imponen desde los servicios sociales? Pues la indefensión absoluta.

De nuevo, que Melanie haya decidido quitarse la vida, demuestra que los poderes públicos han fracasado a la hora de garantizar la vivienda, ya que ésta es el último refugio que tenemos las personas cuando todo lo demás va mal. ¿Por qué seguimos considerando este refugio como un bien de mercado? ¿Cómo es posible que exista tan sólo la noción de quitarle la vivienda a alguien y dejarla en la calle en esta situación? La Administración lleva años teniendo nuestras propuestas sobre la mesa: prohibir los desahucios sin alternativa, aumentar el parque público de vivienda, invertir recursos en los servicios sociales y en la atención proactiva, integral y personalizada de las afectadas, entre otros. Es cuestión de voluntad política. Se ha aprobado una ley de vivienda estatal sin hacer caso a la ONU ni a la PAH, prohibir los desahucios sin alternativa habitacional. Mientras no sea así, los movimientos sociales trataremos de llegar a aquellas personas que no tienen ni voz ni fuerza para seguir los protocolos y continuaremos luchando, en nombre de aquellas personas a las que no llegamos a ayudar a tiempo, como Melanie, Jordi y Alicia, entre otros. ¡No son suicidios, son asesinatos! 

Desde la PAH hacemos un llamamiento a todas las personas que están sufriendo y que corren el riesgo de perder el hogar: no estáis solas. No dudéis en venir a nuestras asambleas para buscar ayuda y acompañamiento; os encontrareis con muchas de nosotras, que también hemos pasado por aquí, y sabemos que existe una salida. ¡Lucharemos juntas para defender nuestras casas y cambiar las leyes injustas!

Un nuevo suicidio por un desahucio en Barcelona pone en evidencia la falta de inversión de la Administración en políticas sociales

Este martes hemos conocido la noticia del suicidio de un hombre en Barcelona, después de ser desahuciado de su piso cuya propiedad estaba en manos del Ayuntamiento de Barcelona, a través del Instituto Municipal de la Vivienda. Ante estos hechos, desde PAH Barcelona queremos expresar nuestra profunda tristeza y enojo, y enviar nuestro pésame a la familia y al entorno de la víctima.

Por otro lado, no podemos evitar preguntarnos cuáles han sido las causas que han obligado a una persona a tomar una decisión tan drástica: creemos que el sistema de protección social ha fallado. Si bien no tenemos todos los datos sobre el caso, la información que se ha ofrecido desde el propio Ayuntamiento y los medios de comunicación apunta a que esta persona, al menos desde los últimos 3 años, no disponía del acompañamiento adecuado a su situación, hecho por el cual en el momento en que ha perdido la vivienda, su único refugio, no ha visto otra alternativa que quitarse la vida.

Nuestra experiencia al atender a personas con problemas habitacionales nos demuestra que la atención social por parte de las diferentes administraciones es insuficiente. La infradotación de los servicios sociales, el modelo de vivienda como bien de mercado o la dificultad de acceso a la salud física y mental son ejemplos de un sistema que considera que la función de la protección social es la de tratamiento de los síntomas y de contención de los problemas, especialmente en aquellos momentos en los que una tragedia como la de ayer salta al debate público. Las entidades sociales que trabajamos por la defensa de los derechos humanos como la vivienda, la educación o la salud, hemos reiterado una y otra vez a las diferentes administraciones que los diferentes protocolos que se aprueban fallan a la hora de dar respuesta a aquellas casuísticas más complejas, y que es precisamente en estos casos más difíciles cuando una atención proactiva y personalizada es más necesaria. Además, creemos que todos estos protocolos tienen un defecto en común: poner la responsabilidad de ponerlo en marcha (¡y de hacer seguimiento!) sobre los hombros de la persona afectada. ¿Qué es lo que pasa cuando esta persona, por desconocimiento o por incapacidad, no puede seguir los mecanismos que se imponen desde los servicios sociales? Pues la indefensión absoluta.

Desgraciadamente, no es la primera vez que una persona pierde la vida en un desahucio. Apenas el año pasado un vecino del barrio de Sants decidió precipitarse desde su balcón cuando la comitiva venía a ejecutarlo, a pesar de la intervención de los servicios sociales y la acreditación de vulnerabilidad; o hace tan solo unos días dos ancianas, hermanas, se quitaron la vida en Santander ante la perspectiva de perder su vivienda. El caso de ayer y todos los que lo preceden nos obligan a cuestionarnos los mecanismos que tenemos para evitar llevar a una persona al límite: las leyes y protocolos actuales son insuficientes y desde los movimientos sociales creemos que para resolver esta cuestión hay que solucionar de raíz el problema estructural, es decir, garantizar el derecho a la vivienda.

Es por ello que, ante estos hechos, insistimos y exigimos a las Administraciones competentes (Ayuntamiento, Generalitat y Estado) que centren sus esfuerzos en promover políticas en este sentido: prohibir los desahucios sin alternativa, aumentar el parque público de vivienda, invertir recursos en los servicios sociales y en la atención proactiva, integral y personalizada de las afectadas, entre otros. La futura Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda, impulsada por el gobierno español de PSOE y Podemos y que actualmente está en trámite parlamentario, es una oportunidad. Por eso exigimos una ley que garantice el derecho a la vivienda para todas y que construya una verdadera política social que deje la vivienda fuera del mercado especulativo y asegure que no tengamos que lamentar más muertes. Garantizar el derecho a la vivienda significa salvar vidas.

PAH BARCELONA – 31 de mayo de 2022