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Mañana martes, 16 de abril, BBVA & Whitehead Invest SL pretenden desahuciar a Roxana

A pesar de las leyes actuales que impiden poder desahuciar a Roxana por su vulnerabilidad, el Juez ha dictaminado no suspender el desahucio

 

Mañana 16 de abril, desde PAH Barcelona nos movilizamos en la puerta de Roxana, calle Ferrocarrils Catalans 91, de Barcelona, con el objetivo de paralizar el desahucio y hacer que el BBVA y Whitehead Invest SL cumplan la ley y le ofrezcan un alquiler social.

El de Roxana es uno de los muchos ejemplos en que la precariedad laboral la ha llevado a tener que alquilar una habitación; y engañada por la persona que le alquiló la vivienda, al desconocer que la vivienda no era de su propiedad hasta que recibió una orden de desahucio, fue entonces cuando llegó a PAH Barcelona.

Es el segundo intento de desahucio. El primero se paralizó mientras le concedían la Justicia Gratuita. Seguida por Servicios Sociales y Habitatge, sin alternativa habitacional, ya que a pesar de llevar 7 años residiendo en la vivienda, no fue hasta finales del 2021 que, asesorada por PAH Barcelona, consiguió empadronarse, no cumpliendo así con uno de los requisitos para poder entrar en la Mesa de Emergencia.

Denunciamos públicamente esta situación, ya que todos los mecanismos que existen para que Roxana firme el alquiler social, le han dado la espalda: un Banco como el BBVA que, a pesar de haber sido rescatado con dinero público y que en 2023 generó unas ganancias de 8.019 millones de euros, elude de manera reiterada la Ley, escudándose detrás de fondos buitre como Whitehead Invest SL; jueces que incumplen las Leyes https://ilphabitatge.cat/wp-content/uploads/2022/05/Guia_ILP_Castell%C3%A0_v2.pdf ; una Administración que no utiliza los mecanismos de denuncia por el incumplimiento por parte de la Banca del ofrecimiento de un alquiler social; y no solo eso sino que no le dan una alternativa habitacional en caso de que se ejecute el desahucio, ofreciendo como única opción a Roxana, una pensión por un tiempo limitado.

Estaremos movilizadas en la puerta de Roxana con el fin de impedir esta violación de derechos humanos, evitar el desahucio y seguir ganando tiempo para lograr un alquiler social para ella.

Donde no llega la Administración llega la ciudadanía organizada.

Miles de familias acabarán en la calle si el gobierno retira la moratoria antidesahucios el 31 de diciembre

La PAH acude al encuentro de ministros de vivienda europeos en Gijón para denunciar la situación de emergencia habitacional en España y exigir que las medidas antidesahucios que ahora son temporales se consoliden

Exigimos voluntad política al Gobierno para dejar atrás los desahucios y exigir alquileres sociales. Queremos dejar de ser una anomalía en Europa


Martes 14 de noviembre de 2023

Hoy una representación de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) se ha desplazado a Gijón para llevar la voz de miles de familias afectadas que forman el movimiento, a la reunión ministerial sobre vivienda y desarrollo urbano que se celebra en la Laboral Ciudad de la Cultura, en el marco de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2023. También nos han acompañado otras luchas comprometidas con la vivienda, como COESPE y ecologistas en acción de Asturias.

No queríamos perder la ocasión para explicar a todos los ministros y ministras europeas y a la ciudadanía en general la situación dramática que se vive en España en materia de vivienda. Nos vemos obligadas a hacerlo, porque mientras el actual presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba a bombo y platillo medidas para paliar la emergencia habitacional, como la obtención de más de 20.000 viviendas para el alquiler a precios asequibles, poner a la disponibilidad más de 10.000 viviendas de la Sareb o varios planes para aumentar el parque social en más de 200.000 viviendas, a día de hoy, la realidad es que no se ha ampliado el parque público de alquiler, las viviendas de la Sareb siguen en manos de fondos como Blackstone y Cerberus  y no hay ni rastro de que ningún plan para revertir la situación esté ejecutándose, ya que en el territorio español seguimos con un parque de vivienda social del 1,5%, de los más bajos de toda la Unión Europea.

Asimismo, hacemos un llamamiento para que el gobierno asuma al fin el compromiso de acabar con los desahucios: en el segundo trimestre de este año, más de 174 familias han sido desahuciadas de sus hogares cada día. Todo esto a pesar del conocido “escudo social” que lleva vigente desde 2020 y que está previsto que decaiga el próximo 31 de diciembre. Es por eso que desde la PAH exigimos que la moratoria actual de desahucios se convierta en una medida estructural y que se ponga en marcha un plan de choque que obligue a los bancos y fondos de inversión a hacer alquileres sociales a las familias vulnerables, todo ello para evitar un tsunami de desahucios en 2024 y que los juzgados colapsen por unos casos que ni tan siquiera tendrían que estar allí.

En mayo de 2023 se aprobó la primera Ley de vivienda de España desde que se aprobó la Constitución en 1978, una exigencia histórica de la PAH y de los movimientos en defensa del derecho a la vivienda. Esta Ley debía sentar las bases para que a ninguna ciudadana le sea vulnerado el art.47 de la Constitución Española, garantizando el acceso a ella de forma universal. Desde la PAH en su momento hicimos alegaciones y propusimos medidas que sabemos que funcionan -ya que se aplican en comunidades como Cataluña-, pero desde el Gobierno de PSOE y Podemos/Sumar hicieron caso omiso y aprobaron una primera Ley de vivienda que no acaba con los desahucios, ni tampoco  ofrece alternativas a ellos, y ni mucho menos responsabiliza de alguna manera a quienes han cocinado esta nueva  burbuja inmobiliaria: los bancos y fondos buitre.

La situación es insostenible. La vivienda asfixia a 3 millones de hogares: 6 de cada 10 euros se destinan a la casa y a la comida, según el último informe de Cáritas Española y la Fundación Foessa. Datos que complementan estudios que se han realizado desde la PAH, donde se corrobora que 3 de cada 4 personas presentaron mala salud mental y la mitad presentaron depresión. Datos que corroboran que hay que actuar ahora y no de aquí a 10 años. Exigimos voluntad política al Gobierno para dejar atrás los desahucios y obligar a bancos y fondos de inversión a hacer alquileres sociales, ya que, recordemos, acumulan vivienda vacía procedente de la burbuja inmobiliaria y han sido rescatados por toda la ciudadanía sin ninguna contraprestación. ¡Ahora es el momento!

Desde la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca denunciamos que la situación de emergencia habitacional que se da en España es una anomalía, ya que se trata del país europeo con más desahucios y en el que existe más vivienda vacía. Asimismo, aprovecharemos para instar de nuevo a las instituciones europeas a actuar frente a la vulneración de derechos fundamentales que se dan en territorio europeo y cambiar las leyes y políticas de vivienda si quieren recuperar la confianza de la ciudadanía.

¡Sí Se Puede!

Ya podemos actuar para limitar los usos turísticos de la vivienda en Barcelona

Acuerdo general de las candidaturas a la alcaldía de Barcelona en la centralidad de la vivienda en los problemas de la ciudadanía y en el impacto en el modelo de ciudad. En las recetas para afrontar este gran reto es donde han surgido las tensiones entre los partidos, priorizando unos y otros la vivienda como una casa o como una inversión.

El vídeo del debate se puede recuperar aquí 

El Centro Cívico Can Felipa de Poblenou, casi lleno, presenció ayer el debate sobre vivienda de las candidaturas a la alcaldía de Barcelona. El debate, que se organizaba por una representación casi completa de entidades y organizaciones defendiendo el derecho a la vivienda en la ciudad, como la Sectorial d’Habitatge Cooperatiu de la XES, la PAH Barcelona, el Observatorio DESC, el Cercle de Transició Ecosocial de Coòpolis y con la colaboración del Sindicat de Llogateres, la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya y la Càtedra Barcelona Estudis d’Habitatge, contó con la participación de Eva Baró de ERC, Damià Calvet de Trias per Barcelona, Thaïs Cloquell de la CUP, Lucía Martín de Barcelona en Comú y Jordi Mas del PSC y la moderación de Irene Escorihuela, directora del Observatorio DESC. 

Organizado en torno a dos grandes bloques o problemáticas, la emergencia habitacional y el incremento del parque de vivienda social, se pudo entrar en el fondo de las muchas medidas que deberían seguir desplegándose y profundizando y de nuevas políticas para responder. En los detalles de cómo actuar desde el Gobierno es donde han surgido las tensiones entre los partidos a la hora de entender la vivienda como una casa o como una inversión.

El debate se ha abierto con los problemas para hacer cumplir la Ley 24/2015, que obliga a grandes tenedores a firmar alquileres sociales para evitar desahucios, donde todos los partidos han estado de acuerdo en que es inaceptable el fraude de ley y que es necesario hacer servir todos los instrumentos disponibles, como son las sanciones, la articulación judicial, etc. Barcelona en Comú ha prometido una nueva Unidad Antiespeculación, ampliando trabajo ya hecho, y la CUP que el Ayuntamiento se personará, si gobiernan, en las demandas a grandes tenedores. El debate ha continuado con la intervención en primera persona de Dulce, miembro de PAH Barcelona y madre de dos criaturas, que está ocupando un piso de un gran tenedor, quien ha preguntado sobre las medidas de los partidos para reducir la lista de espera de la mesa de emergencia. Tanto la candidatura del PSC como Trias por Barcelona han puesto énfasis en la necesidad de ampliar la vivienda pública y crear más puestos de trabajo para prevenir estas situaciones. Por su parte, ERC y CUP han prometidos cambiar la normativa de la mesa de emergencia para no excluir a personas en situación irregular de la mesa, tal y como han hecho otros municipios como Sant Cugat. Así como dejar de pagar alojamientos privados a la empresa BCN Travel, que forma parte de fondos buitre, y extendiendo alojamientos como el CATAF en cada distrito.

Vivienda protegida con calificación permanente

El segundo bloque se abrió con las medidas para evitar la acción especulativa de grandes tenedores y fondo buitre, donde todos los grupos han estado de acuerdo en seguir aumentando la coordinación entre administraciones para que la Generalitat dicte zonas de alta tensión y se pueda actuar. Barcelona en Comú prometió un nuevo Servicio para Inquilinas para reforzar la garantía de derechos a las vecinas en situación de alquiler, así como la CUP ha prometido que propondrán la celebración de un referéndum de expropiación a grandes tenedores, tal y como ocurrió en Berlín. Trias por Barcelona y PSC propusieron la creación de un impuesto que dificulte las compraventas especulativas. Una de las apuestas del debate era un formato de preguntas como dilemas entre casa o inversión. En el caso de los dilemas relacionados con el alquiler turístico, Trias por Barcelona se posicionó en abrir nuevas zonas para alojamiento turístico y el resto en suspender las licencias de vivienda turística, Barcelona en Comú y CUP se han posicionado en prohibir el alquiler de temporada y ERC, Trias por Barcelona y PSC en desarrollar un marco legal de alquiler de temporada. Por último, Trias por Barcelona se ha posicionado en mantener el libre mercado en el alquiler y el resto en limitar los precios. En el espacio para matizar o profundizar, ERC y CUP prometieron y recordaron que ya se puede actuar para limitar los usos turísticos de la vivienda en Barcelona, de acuerdo con la Ley de Turismo. 

Preguntados por la ampliación del parque de vivienda protegida, el sentir general es que es necesaria la colaboración con agentes privados y/o comunitarios, y que todas las viviendas deben mantener una calificación indefinida. Tanto Trias por Barcelona como PSC prometieron reforzar Vivienda Metrópolis Barcelona, colaboración del Ayuntamiento con privados con lucro para alquiler. La CUP, por otra parte, ha prometido excluir a los operadores lucrativos de la colaboración pública, echando a los buitres tanto de la vivienda como de los cuidados u otros sectores. Todas las candidaturas han estado de acuerdo en reforzar la generación de mayor vivienda social y asequible con operadores sin ánimo de lucro. En la responsabilización del privado en el aumento de la vivienda digna, tanto ERC y Barcelona en Comú como la CUP han apostado por mantener o profundizar las reservas del 30% de vivienda en nueva construcción, y Trias por Barcelona y PSC en repensar la medida, flexibilizándola. 

Por último, se ha hablado de cooperativismo de vivienda a través de tres dilemas que hacían posicionar a los partidos a favor o en contra de medidas que ayudan a fomentar este modelo comunitario, como el Convenio ESAL, entre promotores sociales de vivienda y el Ayuntamiento de Barcelona, para hacer vivienda cooperativa y social calificada de VPO en suelo público. O el tanteo y retracto que moviliza suelo privado a entidades sin ánimo de lucro para hacer vivienda asequible. CUP y Barcelona en Comú se han posicionado a favor de todas estas medidas, mientras que ERC, PSC y Trias por Barcelona se han decantado más por facilitar la movilización de suelo privado a entidades sin ánimo de lucro. ERC ha sido el único partido que ha votado en contra de evolucionar el actual Convenio ESAL a una forma más estable.

La futura Ley de Vivienda todavía no acaba con los desahucios de personas vulnerables

  • La obligatoriedad de someterse a una mediación no implica que no se pueda seguir desahuciando a quienes no pueden pagar una vivienda

  • El acuerdo sigue sin incluir medidas para las personas hipotecadas  mientras el euribor sigue subiendo

  • A falta de conocer los detalles, desde la PAH creemos que este acuerdo sigue sin solucionar los principales problemas a la hora de garantizar el Derecho a la Vivienda y que aún debe mejorar mucho

Hoy hemos conocido un nuevo acuerdo entre Esquerra Republicana, EH Bildu y el Gobierno de España sobre la futura Ley para el Derecho a la Vivienda. En una rueda de prensa convocada de urgencia esta mañana, ambas formaciones han desgranado las modificaciones que han impulsado en el nuevo texto de acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y, según han aclarado los portavoces de ambos partidos, con la aprobación tanto del PSOE como de Unidas Podemos.

Nuestra valoración inicial −a falta de conocer con detalle el texto pactado− desde la PAH es la siguiente: el acuerdo anunciado hoy no cambia el hecho de que la futura ley sigue sin acabar con los desahucios de personas vulnerables que no tienen una alternativa habitacional. A pesar de las reclamaciones de los movimientos sociales para implementar medidas −como la obligatoriedad, para grandes propietarios, de ofrecer alquiler social a las familias que acrediten vulnerabilidad−, el proyecto de ley, a pesar del acuerdo, únicamente alarga los procesos de desalojo hasta los 2 años −lo cual se traduce en alargar la agonía para las familias afectadas− y solo obliga a los propietarios a someterse a una mediación, cuya resolución no tienen por qué respetar. Es decir: que grandes tenedores como bancos y fondos buitre podrán seguir desahuciando sin ningún tipo de obligación o penalización. Asimismo, nos preocupa que el nuevo acuerdo contemple el uso de los fondos del Plan Estatal de Vivienda para pagar los realojos de las familias desahuciadas o incluso alquileres sociales “bonificados”, lo que a la práctica consistirá en otro nuevo traspaso de dinero público a manos de grandes tenedores como bancos y fondos buitre, en vez de obligarlos a corresponsabilizarse de la actual emergencia habitacional y a movilizar sus viviendas vacías. El gobierno y los partidos tienen que aceptar el hecho de que en este país no hay vivienda pública y, por tanto, la Administración no tiene alternativas para aquellas familias que, por una razón u otra, no puedan procurarse una vivienda.

Además, lamentamos que las familias hipotecadas se hayan quedado fuera de este acuerdo y de la futura ley en general. El Euríbor ha cerrado el mes de marzo en un 3,67%, lo que implica subidas de hasta 300€ mensuales, y a nuestras asambleas ya han llegado algunas familias que han dejado de pagar o prevén que lo harán próximamente. Hasta ahora el gobierno solo ha tomado medidas cosméticas, como el mal llamado escudo social, o bien la reedición del acuerdo de buenas prácticas bancarias, cuya adhesión por parte de los bancos ni siquiera es obligatoria y cuyos supuestos de aplicación son irreales.

Otro hecho que nos preocupa es la falta de mecanismos para movilizar todas aquellas viviendas vacías y que siga sin abordarse el hecho de que tenemos una inmobiliaria pública, la Sareb, que el Gobierno ha dejado en manos de los fondos buitre y cuyo patrimonio está siendo vendido, en vez de poner todas esas viviendas a disposición de las comunidades autónomas y aumentar así el parque público de vivienda. 

Por otra parte, desde la PAH reivindicamos aquellos pequeños avances que se han hecho en el proyecto de ley gracias a la presión de los movimientos sociales agrupados en la Iniciativa Ley Vivienda, como la prohibición de los desahucios con fecha abierta −una vulneración flagrante de derechos que suponía una auténtica tortura para las afectadas−, la rebaja de la definición “grandes propietarios a quienes tienen 5 viviendas en vez de 10 y el blindaje de las competencias de las comunidades autónomas, que podrán seguir desarrollando leyes que ya han demostrado su eficacia a la hora de detener desahucios, y corresponsabilizar a bancos y fondos buitre gracias al alquiler social. Es el caso de la Ley Antidesahucios en Catalunya, que ha evitado entre 5.000 y 11.000 desahucios en el tiempo que ha estado en vigor y que actualmente ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por el propio Gobierno; a falta de conocer los detalles, este anuncio abre la puerta a que medidas como la catalana tengan encaje en la legislación estatal y que por fin puedan demostrar su efectividad a medio y largo plazo

En definitiva, si bien valoramos el hecho de que por fin se estén dando pasos para aprobar una ley que ya acumula unos retrasos insoportables debido a la cerrazón de partidos como el PSOE, entendemos que las medidas recogidas en el acuerdo anunciado por ERC y EH Bildu son manifiestamente insuficientes. Creemos que todavía queda mucho margen de mejora para que la futura Ley de Vivienda sea real y efectiva, y por ello exigimos a todos los partidos que en su día se comprometieron con los movimientos sociales, a que negocien más mejoras antes de otorgar su voto favorable a la Ley. Por nuestra parte, en los próximos días examinaremos detenidamente las medidas del nuevo acuerdo y daremos la información necesaria para evitar que se engañe a la población con discursos triunfalistas que no tienen efecto real en la vida de la ciudadanía.

Así están las cosas

La PAH arrancamos en Catalunya una campaña global de denuncia, señalización a la inacción política, la banca y los fondos buitre. Así están las cosas y queremos sensibilizar a la ciudadanía no consciente de que el problema de la vivienda nos afecta a todas. 

Hoy las PAHs de Catalunya iniciamos nueva campaña para alertar sobre la emergencia habitacional debido a la falta de voluntad política para revertir la situación y ante la desfachatez de los grandes especuladores que trafican con nuestras viviendas negándose, con impunidad, a aplicar las leyes catalanas que les obligan a ofrecer alquileres sociales para garantizar el derecho a la vivienda y dar respuesta a las familias desahuciadas.

Desde el estallido de la crisis de 2008, lejos de solucionarse, la problemática con la vivienda ha mutado y se ha encrudecido. Donde antes nos enfrentábamos a procesos de perdida de vivienda derivados de la estafa hipotecaria, de un tiempo a esta parte el grueso de la problemática lo encontramos en los precios desorbitados del alquiler. Donde antes nos enfrentábamos a la banca, ahora toca lidiar con todo un entramado formado por fondos buitre, socimis, inmobiliarias, patronales, bancos… que han encontrado en la especulación inmobiliaria la gallina de los huevos de oro, sin importar el coste humano que esto conlleva.

Lo que no ha cambiado es la irresponsabilidad política, cuya defensa de los intereses capitalistas por encima de la defensa del bienestar de la ciudadanía, ya ha destrozado la vida de millones de personas. Bien arrebatando sus sueños de toda la vida vía ejecución hipotecaria, bien desahuciándolas por no poder asumir el abusivo precio del alquiler, bien obligándolas a ocupar una vivienda tras quedarse en la calle para volver a ser desahuciadas, bien pagando el precio más alto al arrebatarles vida debido a la desesperación. Un punto de no retorno.

Si a esto les sumamos que el empobrecimiento de las familias es cada vez mayor y el coste de la vida más alto, la situación se vuelve insostenible. Lamentablemente, los culpables y responsables de la situación son poderosos. Controlan el Congreso, el Parlament, demasiados Ayuntamientos, los Tribunales, los medios de comunicación mayoritario y con todo ello, la opinión pública. Tanto repiten sus discurso autoritario, lleno de mentiras, desprecio y odio (sobretodo hacía quien menos tiene), que al final cala y nos empujan a una guerra entre vecinas, de la cual solo se benefician ellos. El que más tiene, contra el que menos, el que menos contra el que nada. Y así están las cosas.

Desde la PAH, llevamos más de una década empujando para lograr los cambios legislativos necesarios para revertir la situación y hacer efectivo el derecho a la vivienda, tal como recogen los dictámenes de Naciones Unidas, la Constitución española y los Estatutos de Autonomía. Hemos vivido como el PP negaba la segunda oportunidad a las personas hipotecadas que perdían su casa, al tiempo que rescataba a la banca. Hemos vivido como se ponía la alfombra roja a los fondos buitre para que especularan a su antojo con el alquiler. Hemos vivido como la banca amasaba millones de vivienda vacía que después vendió a los fondos, mientras la vivienda pública se recalificaba y pasaba a manos del sector privado. Nos dejaron sin un parque público de vivienda social y asequible para dar respuesta a la emergencia habitacional, a las familias desahuciadas y a las familias que no pueden permitirse los precios de la corrupción.

Así están las cosas con los últimos datos del Poder Judicial cerrando el año 2022: 38.266 desahucios (177 al día),  27.533 desahucios derivados del alquiler, 8.509 derivados de hipoteca y 24,935 nuevas ejecuciones hipotecarias registradas.

A pesar de todo, el PSOE lleva todos sus años de gobierno bloqueando la Ley vivienda al no querer incluir las medidas sociales necesarias y promoviendo la represión a la reivindicación endureciendo la Ley Mordaza. Medidas tan de sentido común como las que tenemos en Catalunya, gracias al esfuerzo de la PAH y otros colectivos. La ley catalana contra los desahucios y la pobreza energética, así como el articulado para ampliarla, efectivo desde marzo del año pasado, está pensada, sobre todo, para acabar con los desahucios obligando a grandes especuladores a ofrecer un alquiler social. Cosa que no están haciendo.

No solo eso, también obliga a la renovación de dichos alquileres sociales, a ofrecerlos al finalizar un contrato si no se puede asumir la subida abusiva habitual y a ofrecerlos a esas personas vulnerables que están ocupando, un piso vacío de banco o fondo de inversión, para no acabar en la calle. Remarcar que esta última medida es solo para ocupaciones previas al 31 de junio 2021, no posteriores, un dato que el relato de los defensores de la especulación omite cuando arremeten contra esta ley afirmando, falsamente y con alevosía, que es una ley que fomenta la ocupación. La realidad es todo lo contrario, no hay mejor ley antiocupación que una ley que garantice el derecho a la vivienda a todos los bolsillos.

En esta nueva campaña que iniciamos hoy, con una concentración en la sede central de Serbihabitat en Cornellá, denunciamos que en Catalunya:

  • Los fondos buitre y su entramado de socimis e intermediarios están incumpliendo la ley negándose descaradamente a ejercer su obligación de ofrecer alquileres sociales a las familias que no pueden pagar los precios abusivos del mercado.
  • Los bancos, accionistas de las socimis, se lavan las manos alegando que ya no tienen la propiedad, al tiempo que venden los pisos a los fondos con inquilinas e inquilinas dentro a las que se les niega la renovación al finalizar él y contrato.
  • El Gobierno de la Generalitat está siendo participe de los desahucios al no actuar con mano dura contra los grandes especuladores interponiendo las sanciones millonarias que dicta la ley.
  • La ley está siendo vulnerada por las administraciones al no obligar a bancos, fondos buitre y a la Sareb a movilizar su vivienda vacía para fomentar el parque público de vivienda social o a reducir urgentemente la lista de espera para acceder a un piso de la mesa de emergencia.

Con 34.856 pisos vacíos en Catalunya, en manos de grandes tenedores y la Sareb, decimos:

¡Basta de vivir en un estado de gente sin casa y casas sin gente!

¡Basta de ser el territorio líder en desahucios!

Las leyes y los derechos están para cumplirlos. No podemos seguir viviendo en la angustia que compartimos semana tras semana en nuestras asambleas. No podemos ver como nuestros mayores pierden su hogar y a la juventud se les niega un futuro al no podérselo permitir, mientras al resto nos sobra mucho mes al final del sueldo que gastamos en pan y techo.

Exigimos se cumplan las leyes sociales que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir.

Seguiremos movilizandonos y denunciando hasta conseguir que los fondos buitre cumplan con nuestra ley, hasta romper con la persecución política a la pobreza. Así están las cosas y no bajaremos los brazos, ni en Catalunya en defensa de nuestras ley, ni en España hasta logra la ley vivienda que la ciudadanía se merece.