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VICTORIAS PAH | María Jesús consigue un nuevo piso de la Mesa de Emergencia

Esta semana celebramos una nueva victoria en PAH Barcelona: ¡María Jesús ha conseguido un piso de la Mesa de Emergencia para vivir! Os contamos su historia:

María Jesús llegó a la PAH hace unos dos años porque estaba en riesgo de desahucio por impago de su alquiler: llevaba 20 años viviendo en la casa, pero las circunstancias económicas y el encarecimiento del alquiler le impidieron seguir pagando la renta. Tuvo orden de desahucio y no tenía dónde ir con tan solo 480€ de pensión contributiva. Desde la PAH se le informó sobre la Ley 24/2015 y las medidas con las que cuenta para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad y gracias a ello se pararon dos intentos de desahucio.

Con el tiempo, su situación se volvió insostenible y, cuando llegó la tercera orden de desahucio, se tuvo que ir de su casa y vivir en una habitación subarrendada de forma temporal. Sin embargo, al poco tiempo consiguió que la Generalitat le diera un piso de emergencia a finales de este mes de julio, ¡y hace una semanas finalmente firmó un contrato de 7 años con un alquiler acorde con sus ingresos! Por fin se había acabado la angustia: a pesar de todo, ¡sí, se puede!

Si tienes problemas con tu hipoteca o tu alquiler, ¡ven a la PAH! En Barcelona nos reunimos todos los lunes a las 17:30h en nuestro local (c/Leiva, 44 bis). Si vives fuera de Barcelona, busca en la lista de PAH Catalanas tu asamblea más próxima. ¡Te ayudamos a empoderarte y a garantizar tu derecho a una vivienda digna!

Victorias PAH: De estar ocupando una vivienda en precario a un alquiler social con la Administración

¡Otra nueva victoria de la asamblea de PAH BCN esta semana! ¡Después de 5 años de lucha, Wendy ha pasado de estar ocupando una vivienda en precario a conseguir un alquiler social de 7 años seguro y estable! Os explicamos su historia.

Wendy llegó a la PAH de Barcelona porque había sido expulsada de su hogar −donde vivía de alquiler− y tuvo que ocupar una vivienda porque estando sola, sin empleo y con tres hijos a cargo le era imposible acceder a un alquiler a precio de mercado. Wendy, al ser consciente de la precariedad y la criminalización que implica estar en esta situación se acercó a la PAH para conocer qué es lo que querían decir las activistas cuando gritaban, en desahucios y manifestaciones, que “la vivienda es un derecho”. Al poco de llegar a la asamblea le llegó la carta del banco Abanca −una de las muchas entidades que acapararon viviendas en este país y que se benfició del rescate pagado con dinero público−, le puso una denuncia por lo penal por usurpación y una demanda de desahucio. 

Wendy no estaba dispuesta a volver a vivir la pesadilla de 2017, así que se empoderó y luchó: participó en manifestaciones, empapeló oficinas, ocupó sedes, envió cientos y cientos de correos y burofax… parecía que no tenía alternativa, así que desde la PAH probaron con otra estrategia: que la Administración, en concreto la Generalitat de Catalunya, ejerciera el derecho de tanteo y retracto reconocido por la Ley 18/2007, del derecho a la vivienda y comprara la vivienda de Wendy antes de que Abanca se la vendiera a un fondo buitre, como han hecho todos los bancos estos últimos años. 

¡Y funcionó! Aunque ello no estuviera exento de problemas, como la maratón burocrática a la que la sometieron antes de concederle un alquiler social y que se agravó especialmente durante la pandemia. A pesar de todo, la perseverancia de Wendy al quedarse en su casa y el apoyo de la asamblea de PAH Barcelona han triunfado: este viernes, con la sonrisa en la cara, firmó los papeles y ahora tiene por delante 7 años de contrato y pagando una renta de acuerdo a sus ingresos. 

Esta nueva victoria nos demuestra que la perseverancia de las afectadas y la sabiduría colectiva son herramientas útiles para luchar por nuestro derecho a la vivienda. Como dice la propia Wendy: “Estoy muy agradecida a la PAH por todo lo que me ha enseñado, que ha sido mucho, que básicamente es que soy una ciudadana con derechos y me ha empoderado para luchar por ellos. No nos cansaremos de repetirlo: ¡sí se puede!

Si tienes problemas con tu hipoteca o tu alquiler, ¡ven a la PAH! En Barcelona nos reunimos todos los lunes a las 17:30h en nuestro local (C/Leiva, 44 bis). Si vives fuera de Barcelona, busca en la lista de PAH Catalanas tu asamblea más próxima. ¡Te ayudamos a empoderarte y a garantizar tu derecho a una vivienda digna!

Las PAHs catalanas exigen a los grandes propietarios que cumplan la ley antidesahucios catalana

Activistas de la PAH se citan ante diferentes oficinas de entidades financieras y fondos buitre para entregar documentación y exigir soluciones para las familias afectadas

Hoy 26 de mayo las PAHs de Catalunya han convocado una acción sorpresa ante las oficinas de bancos y fondos buitre para entregar la documentación de familias en riesgo de desahucio, pero que cumplen los requisitos para obtener un alquiler social según la nueva Ley 1/2022 antidesahucios. Esta acción se enmarca dentro de una campaña de presión cuyo objetivo es reivindicar el cumplimiento de la nueva ley que amplió la Ley 24/2015 por parte de grandes tenedores con más de 10 pisos y que se niegan a hacerlo.

La PAH Barcelona, en particular, ha decidido visitar un aoficina de Banc Sabadell en la calle Roselló con Rambla Catalunya, sede corporativa del Banco Sabadell. Hemos escogido esta entidad porque a nuestra asamblea llegan muchos casos de familias que firmaron hipotecas y alquileres sociales con Banco Sabadell o su sociedad inmobiliaria, Solvia. Posteriormente, la entidad vendió muchos de estos inmuebles a Promontoria Coliseum, una sociedad de inversión, cuyo propietario es el fondo buitre Cerberus (80%), si bien Banco Sabadell conserva parte de las acciones (20%), por lo que desde la PAH entendemos que la entidad tiene la responsabilidad, como gran tenedor y propietaria, de obligar a Promontoria Coliseum a otorgar el alquiler social a estas familias. Desde la recuperación de la ley catalana que obliga a hacer alquileres sociales a grandes tenedores como el Sabadell, este se ha lavado las manos asegurando que muchas de las viviendas ya no son de su propiedad, pero la realidad es que han dejado desamparadas a muchas familias con quienes firmaron acuerdos en su momento. Es el caso de Xesca, Alicia y José, quienes firmaron una dación en pago con alquiler social y ahora Promontoria Coliseum se niega a renovarles el alquiler. Otros casos son los de Tomislav y Carmen, quienes exigen su alquiler social por su situación de ocupación en precario.

El pasado mes de febrero el Parlamento de Catalunya aprobó la Ley 1/2022 para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda, un texto que volvía a restituir algunos supuestos importantes de alquiler social de la Ley 24/2015 tumbados por el Tribunal Constitucional a instancia del Partido Popular y el gobierno español.

El principal efecto de esta ley es que detiene los desahucios hipotecarios, de alquiler y de ocupación. En el caso de los grandes tenedores como bancos, fondos buitre e inmobiliarias (es decir, personas jurídicas con más de 10 inmuebles), la ley obliga a la propiedad a ofrecer un alquiler social de 7 años a las familias antes de desahuciarlas. Por otra parte, la ley antidesahucios también contempla la cesión obligatoria de vivienda por parte de bancos y fondos buitre, lo que permite movilizar pisos vacíos para realojar a familias en riesgo de exclusión residencial y que ni siquiera pueden optar a una vivienda pública porque en Catalunya y España apenas constituye el 2% del total.

Está claro que la Ley 24/2015 es útil y eficaz, pero los bancos están reaccionando como siempre: utilizan la burocracia para confundir e intimidar a las familias, demorando y resistiéndose a firmar los alquileres sociales. Esta ley les molesta porque va contra sus intereses, les prohíbe hundir a las familias de por vida para sacar provecho y les impide tener vivienda vacía para especular.

Hace dos meses, exigimos al presidente de Catalunya, Pere Aragonès, que aplique la Ley 24/2015 con urgencia y sin que le tiemble el pulso. Estamos manteniendo reuniones con la Agencia de Vivienda de Catalunya y la Agencia Catalana del Consumo para que sancionen, tal y como marca la Ley, a quien no ofrezca alquileres sociales un mes después de haber recibido la solicitud y la documentación.

Durante este tiempo, bancos como CaixaBank, Banco Sabadell o BBVA vuelven a dilatar los procesos para no realizar alquileres sociales a las familias, mientras que fondo buitre como Blackstone, Cerberus-Divarian, etc. no dan señales de vida… ¡ahora que deben cumplir con la ley! Es por esto que hoy salimos todas las PAHs de Catalunya a señalar a las entidades financieras y sus amigos buitres. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que se dirija a las oficinas bancarias de toda Catalunya exigiendo el cumplimiento de la ley; y avisamos de que continuaremos yendo a sus oficinas o donde sea necesario hasta conseguir nuestros alquileres sociales. Denunciaremos públicamente esta actitud antisocial y contraria a la Ley por parte de estos tenedores (más propia de la mafia), al tiempo que informaremos a toda la ciudadanía de sus derechos.

No dejaremos tranquilos ni a los fondos ni a las entidades financieras, hasta que cumplan la ley. ¡Esto solo acaba de empezar!

PAH BCN exige a los grandes propietarios que cumplan con la Ley antidesahucios

Activistas de la PAH se citan ante una de las oficinas de CaixaBank para entregar la documentación de familias en riesgo de desahucio que tienen derecho a un alquiler social

Hoy un grupo de activistas de la PAH de Barcelona ha convocado una acción sorpresa ante las oficinas de CaixaBank de la Ronda Sant Antoni con Calle Urgell, para celebrar la entrega de documentación de familias que están en riesgo de desahucio pero que cumplen los requisitos para obtener un alquiler social, según la nueva Ley 1/2022 antidesahucios. Esta acción constituye el pistoletazo de salida a una serie de acciones que tienen como objetivo reivindicar el cumplimiento de la nueva ley por parte de grandes tenedores con más de 10 pisos y que se niegan a hacerlo.

La Ley 24/2015, una herramienta que evita que las familias marchen a la calle

El pasado mes de febrero, el Parlament de Catalunya aprobó la Ley 1/2022 para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda, un texto que volvía a restituir las medidas del Decreto Ley 17/2019 y el decreto 37/2020, que fueron tumbadas por el Tribunal Constitucional a instancia del Partido Popular y el gobierno español.

El principal efecto de esta ley es que para los desahucios hipotecarios, de alquiler y de ocupaciones. En el caso de los grandes tenedores como bancos, fondos buitre e inmobiliarias (personas jurídicas que tienen más de 10 inmuebles), la ley obliga a la propiedad a ofrecer un alquiler social de 7 años a las familias, antes de desahuciarlas. Por otro lado, la ley antidesahucios también contempla la cesión obligatoria de vivienda por parte de bancos y fondos buitre, cosa que permite movilizar pisos vacíos para realojar a familias en riesgo de exclusión residencial. Esto, normalmente, se podría cubrir con parque de vivienda pública, pero desgraciadamente este es prácticamente inexistente, tanto en Catalunya como en España.

Está claro que la Ley 24/2015 es útil y eficaz para poner fin a la vulneración del derecho fundamental a la vivienda digna en Catalunya. Pero los bancos están reaccionando como siempre: se creen que están por encima del bien y del mal, por encima de la ley y de los derechos de la gente. Ponen muchas trabas para que la ley se cumpla, hacen chantaje a las familias e intentan engañarlas. Esta ley les molesta porque va contra sus intereses, les prohíbe hundir a las familias de por vida para sacar cuatro duros y les impide tener vivienda vacía para especular.

Hace un mes exigimos al presidente de Catalunya, Pere Aragonès, que aplique la Ley 24/2015 con urgencia y sin que le tiemble el pulso. La semana pasada también exigimos a la Agencia de Vivienda de Catalunya que sancione, tal y como marca la Ley, a quien no aplique la norma en el plazo de un mes.

Ahora es el turno de las entidades financieras. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que, a partir de hoy, se dirija a las oficinas bancarias en toda Catalunya, exigiendo el cumplimiento de la ley; y avisamos a la banca que iremos a sus oficinas hasta conseguir nuestros alquileres sociales. Señalaremos públicamente esta actitud antisocial y contraria a la Ley por parte de la banca (más propia de la mafia), a la vez que informaremos a toda la ciudadanía de sus derechos.

No dejaremos tranquilos ni a los fondos ni a las entidades financieras, hasta que cumplan la ley. ¡Esto solo acaba de empezar!

#TicTacStopDesnonaments

[Comunicado] 3.609 viviendas vacías en Barcelona que están incumpliendo su función social

El censo de pisos vacíos  debe ser una herramienta para la emergencia habitacional en Barcelona

27 de marzo de 2018

El Ayuntamiento de Barcelona ha hecho público el resultado del censo de pisos vacíos en 17 barrios de Barcelona. Según este censo, se han detectado 3.609 viviendas vacías, un 1,52% del total de las 36.817 inspeccionadas.

Desde la PAH de Barcelona valoramos positivamente el hecho de que, finalmente, se ha respondido a una reclamación histórica de las entidades sociales, como es el hecho de poder contar con un censo que permita hacer una radiografía de la vivienda en la ciudad de Barcelona. Lamentablemente, estos datos llegan tarde y son parciales.

En este primer censo se detecta que el 71% de viviendas vacías son de propiedad de particulares, un 25% de entidades financieras y sociedades, un 3% no tienen datos de la propiedad, y un 1% constan a otros propietarios (2ᵃ residencia, iglesia).

El último censo elaborado en la ciudad, se realizó en el 2011 y detallaba que había un 11% de vivienda vacía. Durante el periodo 2011-2018, hemos vivido un retroceso en materia de vivienda, producido por las políticas estatales pensadas solo para favorecer a la banca y la especulación, como se demuestra en las últimas reformas de la LAU, el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y la suspensión de leyes garantistas como la 24/2015 catalana, fruto del esfuerzo de la sociedad civil, suspendida en el articulado de la parte de vivienda que responsabilizaba a los bancos, por el Tribunal Constitucional a petición del Partido Popular. Todo pensado para volver a dejar a las entidades financieras y grandes tenedores sin ninguna responsabilidad, ni al realojo a familias que desahuciaban, ni al cumplimiento de la función social de la vivienda, todo dejado en un cajón.

Por otro lado, desde el 2011 hemos sufrido un cambio de tenencia de las viviendas en la ciudad. Hemos pasado del stock que han acumulado las entidades financieras de pisos, procedentes de ejecuciones hipotecarias que les han dado salida mediante ventas de paquetes, a compras de edificios verticales por parte de fondo buitre y empresas de inversión, entre otras operaciones de compraventa. Recordemos que las entidades financieras han sido rescatadas con 76.410 M € de dinero público.

Todo esto ha sucedido en los últimos años, y por ahora el mercado está tensado, es decir, hay un dinamismo de compras y ventas y cambios de propietarios, acumulando una rentabilidad con un bien de primera necesidad como es la vivienda.

Es por ello que desde la PAH de Barcelona creemos que se tiene que trabajar para poder hacer un censo dinámico que no haga una fotografía fija para los próximos 7 años, sino que se utilice para llevar a cabo políticas de vivienda que ahora necesitamos en nuestra ciudad. Vivimos en un momento en que en la ciudad de Barcelona hemos sufrido 2.519 desahucios en el 2017, el 85% de alquiler, y la cifra no disminuye. Así, desde esta perspectiva exigimos:

  • Cesión obligatoria de las viviendas vacías detectadas en manos de las entidades financieras
  • Inclusión de las viviendas de los particulares a la bolsa de vivienda
  • Incluir en el censo las viviendas adquiridas por grandes tenedores (Socimis, fondos buitre, entidades financieras) que están en vías de venta, rehabilitaciones o alquiler a precios de lujo y exigir la cesión, asegurando a las inquilinas que todavía viven en ellas, la prorrogación de su contrato de alquiler
  • Empezar un censo de vivienda vacía en el área metropolitana y obligar a la cesión y cumplimiento de la función social de la vivienda a la propiedad, que no suceda lo que está sucediendo en Barcelona. No llegar a tiempo de detectar quién es quien ha acumulado la vivienda vacía antes de que se venda, y favorecer la burbuja de alquiler
  • Que el censo de toda la ciudad de Barcelona esté finalizado antes de acabar el 2018.

Para finalizar, queremos poner énfasis en las viviendas que se han inspeccionado y se ha detectado que están ocupadas. Desde la PAH, hace años que denunciamos la falta de datos que pongan luz al fenómeno de ocupaciones de viviendas en precario. Creemos que hay que hacer una fotografía cuidadosa para poder abordar el problema desde el ámbito de los derechos sociales, y exigir responsabilidades a grandes tenedores. En este aspecto, la PAH de Barcelona y otras entidades, hemos realizado un informe, sobre 100 primeros casos estudiados, que en referencia a familias ocupando una vivienda, nos muestra que el 82% lo están haciendo en viviendas de bancos o grandes tenedores, y que el 73% accedió después del 2017. Familias que provienen principalmente de desahucios de alquiler.

Para concluir, hay que finalizar el censo lo antes posible, ampliarlo en el área metropolitana y hacer un censo exhaustivo sobre las ocupaciones, de tal forma que sea una herramienta para trabajar en políticas públicas que antepongan la función social de la vivienda y que garanticen el derecho a la vivienda a las familias vulnerables, responsabilizando a las entidades financieras y grandes tenedores que están haciendo un uso especulativo de un derecho.