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La PAH de Barcelona nos colamos en el Hotel Palace para entregarle una carta a Raquel Sánchez sobre la nueva Ley de Vivienda

Una decena de activistas nos hemos colado en el lujoso hotel de la capital catalana de forma pacífica para hablar con la ministra

«Esta ley no parará desahucios ni mucho menos va a bajar los alquileres. Se han olvidado de las hipotecadas»

Barcelona, 28 de abril

Foto: EUROPA PRESS

Esta mañana una decena de activistas de la PAH hemos entrado en el Hotel Palace de Barcelona aprovechando la visita de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a la capital catalana un día después de haber aprobado en el Congreso la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda.

Tras unos minutos y después de aclarar que nuestra intención era totalmente pacífica, hemos procedido a leer una carta en voz alta dirigida a la ministra, al gobierno y al Partido Socialista en general:

«Carta a la ministra Raquel Sánchez y al PSOE:

Ayer se aprobó en el Congreso de los Diputados la primera ley que habla explícitamente del Derecho a la Vivienda en el Estado español. A pesar de que la Constitución y su artículo 47 -el que reconoce el derecho a la vivienda como tal- se aprobaron hace casi 45 años, en este vacío de más de cuatro décadas hemos visto las consecuencias de considerar la vivienda como un bien de mercado en lugar de como un derecho: casi un millón de desahucios producidos por sendas burbujas de hipoteca y alquiler que han empobrecido -y empobrecen- a la mayor parte de la ciudadanía. A raíz de esta insostenible situación, hace 14 años algunas de nosotras dijimos “basta” y así se fundó la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca precisamente aquí, en la ciudad de Barcelona. 

Los movimientos sociales hemos luchado con uñas y dientes por una Ley de Vivienda y siempre nos hemos topado con la oposición de un partido -el Socialista- que no ha querido oír ni hablar de alquileres sociales, de ponerle topes a los alquileres, de incorporar las viviendas de la Sareb para aumentar el parque público, ni mucho menos limitar los beneficios de la banca. Que nadie se equivoque: esta ley no va a evitar los desahucios ni va a bajar los alquileres. Todas las que estamos aquí -muchas de ellas pendientes de un desalojo-, por desgracia lo sabemos muy bien.

La nueva ley deja aún muchos temas sin resolver. Por enumerar algunos: no prohíbe los desahucios sin alternativa habitacional, ni garantiza realojos dignos; el “tope” del alquiler incluido en la ley no va a impedir que de facto se sigan incrementando las rentas; no pone coto a los alquileres turísticos y de temporada; y tampoco prevé ninguna medida de emergencia para aquellas familias que necesitan un hogar, renunciando expresamente a la posibilidad de implementar el llamado alquiler social, que evitaría que Cerberus o Blackstone pudieran desahuciar a familias vulnerables y que además les obligaría a movilizar los miles de pisos vacíos que tienen por todo el territorio. Y otra cosa más que la ley no aborda: el problema de la hipoteca. En la nueva ley no hay ni una sola medida dirigida a aquellas familias que han hipotecado varios años de su sueldo para pagar el techo bajo el que viven y que ahora ven dispararse su cuota en hasta 300 euros mensuales por culpa de la subida de los tipos de interés, todo ello a la vez que la banca anuncia beneficios millonarios.

A la ministra y al gobierno queremos decirle que ésta no es nuestra Ley. Que ustedes, al contrario de lo que llevan días afirmando, no han escuchado a la ciudadanía; en los más de dos años que ha durado la tramitación de esta ley, el presidente Sánchez no se ha reunido con las entidades que tratamos el problema de la vivienda cada día -sin embargo, eso sí, sí que ha tenido tiempo para numerosos encuentros con los jefes de BlackRock y Blackstone, los fondos buitre más grandes del mundo. Otro ejemplo: precisamente usted, ministra,  hace un par de días dijo en televisión “Que nadie se preocupe por las rentabilidades del sector inmobiliario, que las tendrá”. ¿Cómo es posible que usted o el PSOE puedan pensar que es compatible tratar la vivienda como un derecho básico y a la vez sacarle rentabilidad? ¿Cómo es posible que los socialistas hablen de garantizar el derecho a la vivienda mientras tienen a Joan Clos presidiendo ASVAL? La vivienda no puede ser un bien de mercado: los alquileres disparados y las más de 700.000 familias desahuciadas desde 2008 lo demuestran. Ustedes lo saben, lo que pasa es que han preferido defender los intereses de los de siempre.

Por último: a pesar de los avances que el movimiento ha conseguido con esta ley, el problema de la vivienda ni de lejos se ha solucionado. Necesitamos vivienda ahora, no tenerla nos enferma, y no podemos esperar 20 años hasta alcanzar un parque público medianamente decente. Por todo, ello seguiremos luchando: paralizaremos desahucios; aprovecharemos cualquier ventaja en la nueva ley, por pequeña que sea, para proponer nuevas medidas y, por supuesto, seguiremos reclamando aquellos pisos que permanecen vacíos esperando una nueva burbuja. Mientras se siga desahuciando, nosotras no descansaremos ni ustedes tampoco. Porque incluso un infante entiende que las casas son para vivir, no para especular«.

Posteriormente, las activistas hemos salido del hotel recordando que «la vivienda es un derecho y no un privilegio«. Asimismo hemos entregado la carta, a pesar de que la ministra no ha querido atendernos. 

El gobierno español ataca el alquiler social antidesahucios en ocupaciones e insiste en criminalizar la pobreza

Denunciamos la impugnación de la medida por parte del Gobierno estatal mientras nos reunimos con la nueva responsable de vivienda de la Generalitat para que acelere la aplicación de la Ley 24/2015

El pasado miércoles 7 de diciembre el Consejo de Ministros, presidido por Pedro Sánchez, interpuso un recurso contra el alquiler social obligatorio en situaciones de ocupación de pisos de bancos y buitres, en concreto, el artículo 12 de la Ley 1/2022 para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda, que añadió la disposición adicional primera apartado 1.c a la Ley 24/2015.

Aunque la Generalitat y el Estado llevan meses negociando para evitar un recurso, finalmente el Gobierno cuestiona ante el Tribunal Constitucional el alquiler social de personas y familias sin título, siguiendo el mismo camino que PP y VOX, que impugnaron toda la Ley 1/2022 antes del verano. Es un gran error comprar el discurso que culpabiliza a las familias que han tenido que ocupar una vivienda vacía de la banca/buitres para no vivir a la intemperie con sus hijos e hijas, cuando la Administración ha fallado a la hora de evitar su desahucio y realojarlas.

Es inaceptable que se debilite una medida que da una oportunidad a las familias con desahucios y que a los bancos y fondos buitre, que fueron rescatados con dinero de todas nosotras sin contraprestación social alguna. El alquiler social obligatorio en ocupaciones es una medida excepcional, que ofrecía soluciones realistas al acceso en  precario y sin título de miles de familias que hace años viven en pisos vacíos a la espera de una mesa de emergencia que no realoja, mientras el gran tenedor especula para malvenderlos.

Una semana después, el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 se ha reunido con los nuevos máximos responsables de las políticas de Vivienda en Catalunya del Gobierno de ERC, para dejar clara la necesidad de defender más que nunca nuestros alquileres sociales. El 15 de diciembre trasladamos a la nueva secretaria de Vivienda de la Generalitat, Marina Berasategui, y a las nuevas responsables de la Agencia de Vivienda y la Agencia del Consumo, Silvia Grau y Albert Melià, que la Generalitat debe acelerar e intensificar la exigencia de los alquileres sociales antidesahucios, siendo valiente e implacable con los grandes tenedores que no los ofrecen.

Desde el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 queremos dejar claras 3 cuestiones importantes:

  1. El alquiler social obligatorio en ocupaciones ha sido impugnado sin suspensión, por lo tanto, sigue vigente y debe aplicarse hasta que llegue una Sentencia del Tribunal Constitucional.
  2. El alquiler social en desahucios de hipoteca e impagos de alquiler, incluidos en la Ley 24/2015 original, están libres de cualquier recurso y es necesario firmar miles de ellos, porque  la presión social los salvó en 2018 consiguiendo que Pedro Sánchez retirara la impugnación de M.Rajoy.
  3. El alquiler social obligatorio en casos de fin de contrato de alquiler y renovación de alquileres sociales anteriores, también incluidos en la 24/2015 a través de la ley 1/2022, se han salvado del recurso, gracias a la presión social.

Queremos dejar claro que el PSOE no es de fiar, ya que ha hecho lo mismo que PP y VOX, mientras que sus socios de gobierno de coalición de Unidas Podemos no se han opuesto públicamente y, por lo tanto, son cómplices. No permitiremos que la ofensiva pro-desalojos -en la que participan partidos como el PSOE y los partidos de derechas como Junts, y que promueve una “ley Desokupa” a través de una modificación exprés de la LECrim que criminaliza a las familias vulnerables– quede impune y sin respuesta. Lo demostramos la semana pasada en un acto en Barcelona del PSC y seguiremos las movilizaciones hasta que los socialistas rectifiquen su postura.

Exigimos a la Generalitat una nueva ofensiva para garantizar que se firmen los miles de alquileres sociales que los grandes tenedores evitan, a la espera de que un Tribunal Constitucional controlado por las posiciones más conservadoras pueda anularlos.

Hacemos un llamamiento a todas las entidades sociales y al movimiento por la vivienda para presionar con más fuerza que nunca a quien la incumple o quiere tumbarla.

¡Despedimos un 2022 de lucha donde hemos recuperado la ampliación de la ley antidesahucios y arrancado cientos de alquileres sociales, anunciando públicamente que en 2023 aumentaremos la presión a los especuladores y las instituciones para ganar todos los alquileres sociales posibles!

Las PAHs Catalanas organizamos una protesta sorpresa en un acto del Partido Socialista en Barcelona por la “Ley Desokupa” que pretende echar de casa a familias vulnerables en 48 horas

Las activistas nos movilizamos después de reunirnos con el PSC y pedirles que rectifiquen la propuesta para evitar criminalizar la pobreza

Las PAHs Catalanas hemos organizado hoy una protesta sorpresa durante la celebración de un acto de campaña del Partido Socialista en Barcelona. Una sesentena de activistas hemos irrumpido pacíficamente en un acto preelectoral en el barrio de Sarrià de Jaume Collboni, miembro de la ejecutiva del Partido Socialista en Catalunya, para expresarle nuestra profunda decepción con su partido ante su falta de respuesta sobre la Ley Desokupa, es decir, la propuesta de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para habilitar a jueces para que desalojen en 48 horas a aquellas familias que ocupan una vivienda en precario, sin juicio. Jaume Collboni ha accedido a hablar con algunas de nosotras, pero se ha negado a establecer ningún canal de negociación o diálogo efectivos con el fin de discutir con los socialistas nuestras propuestas sobre cómo combatir las mafias y dar un hogar digno a miles de familias vulnerables.

El mes pasado iniciamos negociaciones con los Socialistas en el Parlament, para que rectificaran esta propuesta que, lejos de abordar las “ocupaciones conflictivas”, lo único que hace es abrir la puerta para que bancos y fondos buitre expulsen a familias vulnerables, en vez de ofrecerles un alquiler social, tal y como obliga la ampliación de la Ley 24/2015 antidesahucios −que, recordemos, se aprobó hace 9 meses gracias a los votos del propio PSC, entre otros partidos. Sin embargo, el PSC ha continuado con su intención de criminalizar la pobreza y el pasado mes de octubre logró aprobar una moción en el Ayuntamiento de Barcelona para pedir al Estado que apruebe medidas para, entre otras cosas, “empezar una reforma urgente de la normativa procesal para garantizar y dar cobertura a la actuación policial para las desocupaciones en el momento en que se tenga constancia de la comisión de estos delitos”.

 

El PSC compra el relato de la ultraderecha

Tal y como hemos dicho anteriormente, los socialistas proponen legislar en base a un relato promovido por la ultraderecha y que los datos demuestran como falso: las ocupaciones van a la baja. Según datos publicados por el Ayuntamiento de Barcelona, las ocupaciones han disminuido un 18% en la ciudad desde 2019; por otra parte, el Consejo General del Poder Judicial ha admitido, en una respuesta a declaraciones similares hechas por otros ayuntamientos del Área Metropolitana, que los delitos por usurpación de inmuebles han disminuido en Catalunya un 59% de 2015 a 2020.

Por otro lado, la ocupación no es un fenómeno que afecte, de forma habitual, a casas habitadas o a propietarios particulares, al contrario: la gran mayoría de las veces se da en viviendas de grandes tenedores y entidades financieras, que casualmente también son los actores que mantienen un mayor volumen de pisos vacíos, más de 30.000 en Catalunya, según datos de El Crític. En 2021 solo se detectaron ocupaciones en pisos vacíos, descartando de entrada esta pretendida alarma de ocupaciones en pisos normalmente habitados.

El 81% de los pisos ocupados en la capital catalana son de grandes propietarios como bancos y fondo buitre, según datos del Ayuntamiento de Barcelona; estos grandes tenedores son en buena parte responsables de la crisis de vivienda actual, y no víctimas de las consecuencias de esta misma crisis, por tanto, no deben ser protegidos de las ocupaciones a coste de la Administración. Entendemos que la propuesta que quieren aprobar los socialistas no se corresponde con la realidad sobre la que pretenden legislar, generando confusión en la ciudadanía.

Desde la PAH tenemos claro que la mejor manera de evitar que una familia se vea obligada a ocupar un inmueble es garantizándole una vivienda digna. El Partido Socialista tiene por delante muchas opciones para hacerlo posible:

  • Ley 24/2015 antidesahucios. Catalunya ha sido pionera a la hora de aprobar mecanismos legales para regularizar a las familias en situación de vulnerabilidad que se hayan visto obligadas a ocupar o no puedan pagar hipoteca o alquiler. Esta medida contempla la obligación, por parte de los grandes tenedores, de realizar alquiler social a las familias en situación de vulnerabilidad; por otra parte, también permite que la Generalitat obligue a los grandes tenedores a ceder aquellos pisos que estén vacíos desde hace más de 2 años.
  • Ley de Vivienda. Actualmente, el PSOE mantiene bloqueada la Ley de Vivienda en el Congreso porque se niega a incluir medidas de mínimos, como la de ofrecer alquiler social a familias en situación de vulnerabilidad, tal y como contempla la ley catalana. Si el gobierno español incluyera las medidas propuestas por los colectivos, tendría el apoyo de otros partidos como Podemos, ERC, BNG, Bildu, Más País y la CUP y podrían aprobarla de inmediato.
  • Sareb. Desde principios de año que el Estado es el accionista mayoritario de la Sareb, una entidad rescatada también con más de 60.000 millones de euros de fondos públicos que nunca devolverán. Este rescate debería devolverse, poniendo sus pisos a disposición de Comunidades y Ayuntamientos, a fin de ampliar un parque público de vivienda, que actualmente ronda un ínfimo 2%, uno de los más bajos de la Unión Europea.

Exigimos que el PSC/PSOE se deje de medidas populistas y aplique medidas de responsabilización directa a los grandes operadores inmobiliarios por los casos de ocupaciones de perfiles vulnerables. En Catalunya ya tienen un instrumento legal para ello: la Ley 24/2015. De ellos depende que se cumpla y que se extienda al resto de comunidades autónomas de la mano de la Ley de Vivienda. ¡Basta de criminalizar la pobreza, es hora de tomar medidas valientes para garantizar el derecho a la vivienda!

[Comunicado] Basta de criminalización de la protesta

Posicionamiento de organizaciones y movimientos sociales sobre la propuesta de reforma del delito de desórdenes públicos: genera graves afectaciones al derecho a la protesta

Ante la proposición de ley orgánica de reforma del Código Penal presentada en el Congreso de los Diputados, las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestro desacuerdo con la propuesta relativa a la modificación del delito de desórdenes públicos del Código Penal.

La derogación del delito de sedición debe celebrarse. A pesar de ser un delito en desuso, fue utilizado para condenar a los presos políticos en 2019. Si bien celebramos la propuesta de derogación del delito de sedición, valoramos que la actual propuesta de reforma genera graves afectaciones y limitaciones al libre ejercicio del derecho a la protesta y que si sigue adelante constituye una nueva agresión a los derechos fundamentales de la ciudadanía y un retroceso en términos de democracia.

  1. La proposición de ley comporta aspectos negativos que pueden vulnerar el ejercicio del derecho a la protesta. Se deroga la sedición, pero se incorpora un tipo agravado de desórdenes públicos que, con una nueva terminología, persigue algunas de las actuaciones que perseguía la sedición.
  2. Este tipo agravado de desórdenes públicos incorpora varios conceptos genéricos, subjetivos e indeterminados que permiten criminalizar un gran número de acciones, adscritas dentro del derecho a la protesta, lo que puede acarrear penas elevadas e incluso cárcel.
  3. En el Código Penal actual, para que una conducta pueda ser considerada desorden público exige un acto de violencia contra las personas o las cosas, o bien una amenaza de violencia. La propuesta de reforma plantea que los desórdenes públicos también pueden cometerse por “intimidación”, concepto que conllevaría más arbitrariedad, subjetividad y previsiblemente una mayor incriminación, ya que esta redacción permite criminalizar muchas actuaciones del derecho a la protesta, frecuentes en nuestra sociedad y que son necesarias para visualizar el rechazo o malestar social.
  4. Asimismo, se introduce como delito la invasión u ocupación de locales o espacios públicos o privados explícitamente sin violencia ni intimidación con penas de hasta 6 años de cárcel o 12 meses de multa. Una vez más, se criminaliza de forma clara una expresión del derecho a la protesta pacífica.
  5. La propuesta agrava el tipo básico si los hechos (incluyendo, por tanto, una protesta con intimidación, pero no violencia) son llevados a cabo por una “multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar el orden público”; como resultado, se abre el abanico para criminalizar actuaciones de organizaciones que podrían haber puesto en peligro el orden público sin necesidad de que haya pasado efectivamente.
  6. El derecho a la protesta es el derecho de los derechos, un mecanismo efectivo de participación ciudadana en asuntos públicos, que permite impulsar transformaciones sociales y políticas significativas, así como establecer un diálogo entre la ciudadanía y el poder representativo. Si bien el derecho a la protesta no está codificado como tal en la normativa internacional, es un concepto que integra un grupo de derechos fundamentales: el derecho a la reunión pacífica, la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de información. En el Estado español, la normativa estatal reconoce el derecho de reunión y manifestación como derechos fundamentales (artículo 21 de la Constitución Española); ambos permiten la protección armónica y conjunta del derecho a la protesta social. De la misma manera, la normativa europea −a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos− reafirma el «derecho a la reunión y manifestación como un derecho fundamental de cualquier sociedad democrática» y destaca que no se pueden interpretar de forma restrictiva. De acuerdo con lo anterior, recordemos que estos derechos son individuales (no colectivos) y que cada una de las participantes se reconoce de forma individual, por el simple hecho de ser personas.

Desde 2015, la reforma del Código Penal (Ley Orgánica 2/2015, 30 de marzo) y la aprobación y vigencia de la Ley de Seguridad Ciudadana −popularmente conocida como Ley Mordaza (actualmente en trámite de reforma)−, se han consolidado como una respuesta represiva frente al auge de la movilización social en nuestras calles, también como respuesta contra el derecho a la autodeterminación. Hace años que la acción colectiva y organizada se ha visto repetidamente perseguida, reprimida y criminalizada.

Ante la actual tramitación de la proposición, exigimos que el Código Penal se adecue a los estándares internacionales de derechos humanos.

Pedimos que durante el trámite parlamentario se modifique el delito de desórdenes públicos para garantizar que los elementos que supongan una clara vulneración de derechos se corrijan con el objetivo de proteger el libre ejercicio del derecho a la protesta, un derecho fundamental de la ciudadanía.

Organizaciones impulsoras:

  1. Alerta Solidària
  2. Aliança de Marees i Moviments Socials
  3. Arran
  4. Calala – Fondo de Mujeres
  5. CGT Catalunya
  6. CONFAVC
  7. Contracorrent i Corrent Revolucionària de Treballadors (CRT)
  8. Coordinadora Movimientos Sociales y Sindicales de Cataluña
  9. Coordinadora Obrera Sindical
  10. Ecologistes en Acció Catalunya
  11. Elite Taxi
  12. End Fossil Barcelona
  13. Endavant-OSAN
  14. Front Comú Contra la Repressió
  15. Intersindical Alternativa de Catalunya – IAC
  16. Irídia – Centre per la defensa dels drets humans
  17. La Intersindical (CSC)
  18. Lluita Internacionalista
  19. Marea Blanca Catalunya
  20. Marea Pensionista
  21. Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
  22. Novact
  23. Òmnium Cultural
  24. Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH)
  25. PAH Barcelona
  26. Pirates de Catalunya
  27. Plataforma 3 d’octubre
  28. Plataforma Antirepressiva de Barcelona
  29. Plataforma per la Pau – OTAN NO
  30. Procés Constituent
  31. Constituents per la República
  32. Rebel·lió o Extinció
  33. Sectorial de Persones Represaliades de l’ANC
  34. Sindicat de Llogateres
  35. Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC)
  36. Tanquem els CIES
  37. Unió de Pagesos de Catalunya
  38. Xarxa Antirepressió de Familiars de Detingudes
  39. Xarxa d’Habitatge de l’Esquerra de l’Eixampe (XHEE)
  40. Xarxa per la Justícia Climàtica

El Gobierno de coalición repite el código de buenas prácticas con la banca que aprobó el PP

A falta de conocer el texto definitivo que salga del Consejo de Ministros, desde la PAH consideramos que el acuerdo anunciado no implica ninguna obligación real para la banca

Hoy hemos conocido el anuncio del Gobierno de un “principio de acuerdo” con la banca para, supuestamente, paliar la situación de miles de familias que ahora tienen problemas para pagar su hipoteca debido a la subida del euríbor en los últimos meses y por la situación de inflación generalizada. El acuerdo, anunciado por la ministra Nadia Calviño esta mañana, incluye medidas para rentas inferiores a 29.400€, que implican reestructuraciones, daciones en pago, carencias y traspasos a hipotecas de tipo fijo, etc.

Nuestra valoración -inicial- es la siguiente: en primer lugar, nos parece un fraude que el gobierno anuncie estas medidas a bombo y platillo cuando ni tan siquiera ha conseguido que la banca lo suscriba completamente. Esto nos recuerda al Código de Buenas Prácticas que el gobierno del Partido Popular firmó con la banca en 2012 para, supuestamente, «parar los desahucios» pero, como es bien sabido, los desahucios continúan hoy en día en un año 2022 que, a pesar del llamado «escudo social» del gobierno en vigor, se encamina a superar al 2021 con 10.816 nuevos desahucios registrados en el 2º trimestre. Por mucho que la ministra Calviño dé ultimátums a la banca para que lo suscriban, los bancos tienen total libertad para aplicar el acuerdo, por lo que entendemos que la ministra realmente no ha sido capaz de obligar a la banca a absolutamente nada, igual que el Partido Popular en su momento.

A falta de conocer el texto definitivo del acuerdo –que en cuanto lo tengamos haremos la valoración correspondiente-, todas las medidas que vemos recogidas en el anuncio son medidas ya conocidas por quienes llevamos años luchando contra los desahucios. Entramos al detalle partiendo de lo que conocemos:

Por un lado, hablemos de los supuestos de las familias beneficias: aquellas consideradas vulnerables, es decir, aquellas que ingresan menos de 25.200€ anuales (unos 1.500€ mensuales), y que dediquen más del 50% de sus ingresos a pagar la hipoteca. En este caso partimos de un supuesto que es irreal, puesto que difícilmente una familia podrá mantenerse con tan solo 750€ al mes para pagar suministros, alimentos y otros bienes básicos cuyo precio ahora está disparado por la inflación. Por otra parte, ¿qué pasa con aquellas familias que dedican un 45%? Que quedan totalmente desprotegidas a pesar de sufrir una sobrecarga en sus ingresos -recordemos que la ONU recomienda que el gasto en vivienda y suministros no debe superar el 30% de los ingresos. Respecto al segundo tramo, el de aquellos hogares con unos ingresos de 29.400€ anuales, con hipotecas que se hayan firmado hasta el 31 de diciembre de 2022 y cuya carga hipotecaria sea superior al 30% de su renta y, además, hayan tenido un aumento del 20% su gasto en la hipoteca. Si bien este tramo puede ser más realista que el anterior, las medidas propuestas para este colectivo se resumen principalmente en aumentar su deuda; no implica ningún alivio real para sus economías.

En general, nada ha cambiado: todo se resume en refinanciar la vivienda (con carencias, alargamiento de plazos, reestructuración de deuda, una dación en pago sin especificar, etc.) y endeudar todavía más a las familias, que en un futuro puede que se encuentren en la misma o peor situación que la actual. De la banca no podemos esperar ningún tipo de compasión ni buena voluntad: su negocio consiste en lucrarse a costa de nuestras necesidades básicas, como la vivienda. Es por ello que no confiamos en que la banca renegocie estas medidas sin ninguna contraprestación; no puede ser que el gobierno se dedique a anunciar paquetes de medidas presuntamente «beneficiosas» pero consensuadas solo con una de las partes interesadas.

No podemos dejar de recordar, además, que los gobiernos desde 2011 impusieron recortes a pensiones, salarios y servicios públicos, así como a los derechos sociales. Estos recortes no se han revertido y todos se siguen arrastrando. En agradecimiento, la banca continuó desahuciando desaforadamente, vendiendo lotes de casas embargadas a precios irrisorios a fondos buitre, y librándose de otras (los llamados «activos tóxicos») mediante el invento que nos «iba a salir gratis»: la Sareb. Por cierto, que el Gobierno sigue sin querer recuperar el préstamo de más de 66.000 millones de euros que costó el rescate bancario y que salió de nuestros bolsillos.

Por último, desde la PAH tenemos claro que las medidas anunciadas hoy por el Partido Socialista son un brindis al sol: si el gobierno no quiere dejar a nadie atrás tiene que impulsar medidas estructurales para abordar el problema del acceso a la vivienda. La oportunidad está ahí: la Ley de Derecho a la Vivienda sigue atascada en el trámite parlamentario porque precisamente el PSOE se niega a aprobar medidas de gran impacto en favor de la ciudadanía, como el alquiler social obligatorio para banca y fondos buitre, la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional y el control efectivo de los alquileres. Por todo ello, instamos a todas las familias que tengan problemas para pagar su hipoteca que se acerquen a nuestras asambleas, puesto que somos la única garantía que tienen de conseguir solucionar sus problemas sin tener que endeudarse -todavía más- en el futuro.

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La PAH de Barcelona es una plataforma de acción que reúne a afectadas por hipotecas, alquileres y ocupación, formada por personas voluntarias solidarias en defensa de la ciudadanía ante la usura bancaria

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