Una vez más, ante las escalofriantes cifras publicadas por el CGPJ, se evidencia la necesidad de medidas contundentes para acabar con los desahucios
Hoy el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho público las cifras de los desahucios producidos el pasado año 2021. Unas cifras escalofriantes, que reflejan los 1.755 desahucios producidos en este periodo de tiempo en la ciudad de Barcelona. El 81% de estos desahucios son debidos al alquiler y un 10% derivados de ejecuciones hipotecarias.
Las cifras de Catalunya no son mejores: 9.398 desahucios producidos en 2021, de los cuales, el 19% proceden de ejecuciones hipotecarias y un 72% derivados del alquiler. Queremos poner el foco en los desahucios producidos por consecuencia de ejecuciones hipotecarias, que aunque sean pocos, son desahucios que no deberían de haberse producido nunca, ya que en Catalunya tenemos una Ley vigente, la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, que obliga a los bancos y fondos de inversión a hacer un alquiler social y así evitar el desahucio. Estos datos corroboran que aún existen bancos que hacen caso omiso de la Ley y que la Generalitat y ayuntamientos no aplican las sanciones correspondientes. Es inadmisible, y desde la PAH de Barcelona condenamos este hecho, a la vez exigimos responsabilidad y que las administraciones competentes estén a la altura de las circunstancias. No podemos permitirnos familias en la calle, teniendo herramientas para evitarlo. Aquí la responsabilidad también es, tanto de la Generalitat como de las entidades financieras.
Exigimos desde ya, a nivel estatal, la aprobación de la nueva ley de vivienda, teniendo en cuenta las cinco exigencias irrenunciables que trasladamos ya al secretario de Vivienda y que deben estar incluidas en dicha Ley para que sea realmente efectiva. Y al Gobierno de la Generalitat de Catalunya le exigimos que aplique con contundencia la nueva Ley Antidesahucios aprobada recientemente en el Parlament. Una ley que parará miles de desahucios mediante la formalización de alquileres sociales. Una herramienta útil para dejar atrás el liderazgo en el ranking de los desahucios.
Recordemos que detrás de cada desahucio hay una persona, una familia, un niño o una niña, o una persona mayor. Desde la PAH no vamos a seguir permitiendo esta constante vulneración de derechos humanos. Hay vidas en juego.