Exigimos un alquiler social para Jose Antonio y su familia

PorPAH_Bcn

Exigimos un alquiler social para Jose Antonio y su familia

Tras ser desahuciados, Jose Antonio y su familia se vieron obligados a recuperar un piso de un fondo buitre. Ahora, estos, se niegan a ofrecerle un alquiler social.

Hoy jueves 19 de septiembre la PAH de Barcelona salimos a la calle a exigir un alquiler social para Jose Antonio y su familia. Tras ser desahuciados en octubre de 2018, sin ningún tipo de solución habitacional y viéndose en la calle, se vieron obligados a recuperar un piso de un fondo buitre, Font Groga S.L.

Ahora la propiedad pretende echar a Jose Antonio y su familia de su casa, sin ofrecerle un alquiler social ni ningún tipo de alternativa. Es por eso que hemos venido hoy a su domicilio de la calle Aribau. Para denunciar y visibilizar las prácticas de Font Groga S.L. que como otros grandes bancos y fondos buitre anteponen sus intereses económicos por encima de nuestras vidas.

El caso de Antonio no es aislado. En Barcelona, así como en el resto del territorio, sufrimos cada vez más la avaricia de los fondos buitre y los grandes propietarios que con su avaria pretenden especular con nuestras viviendas y expulsarnos de nuestras casas para seguir aumentando sus ingresos por encima de las personas.

Des de la PAH de Barcelona no vamos a permitir que se vulneren nuestros derechos. Tenemos claro que las viviendas deben ser para vivirlas y no especular con ellas, y no vamos a parar hasta conseguirlo.

 

PorPAH_Bcn

ENTO S.L. incumple la Ley 24/2015 y pretende desahuciar a Voski y su familia

Exigimos a ENTO S.L. que suspenda el desahucio y que haga el alquiler social a Voski, tal como obliga la Ley 24/2015

Hoy lunes 16 de septiembre la PAH de Barcelona estamos señalizando a la inmobiliaria ENTO S.L., propiedad 100% de Joan Artur Roura Comas, porque está incumpliendo la Ley 24/2015. Una ley ciudadana que defiende a las familias vulnerables, obligando a hacer un alquiler social a bancos, fondos buitre y empresas inmobiliarias que hacen negocio con un derecho como es la vivienda. Con esta acción queremos dar un mensaje claro y contundente, que no dejaremos que ningún especulador desahucie a familias vulnerables, cuando tiene la obligación de hacer un alquiler social.

El caso de Voski es un ejemplo de las cientos de familias de Barcelona que por culpa del incremento de los precios del alquiler y la situación económica precaria, no han podido continuar pagando su alquiler y se han visto inmersas en una situación de inseguridad residencial. Durante todo este tiempo, Voski, conjuntamente con la PAH de Barcelona, ha agotado todas las vías de la Administración y ha intentado negociar con la propiedad, agotando todas las vías posibles para llegar a una solución. Pero en este caso, la propiedad no ha aceptado ninguna. Su respuesta ha sido 5 órdenes de desahucio, 2 de ellos con fecha abierta, que gracias a la solidaridad y a la fuerza de la ciudadanía hemos podido parar.

El pasado 3 de abril, una vez recuperada la Ley 24/2015, presentamos en el Ayuntamiento de Barcelona una solicitud de expediente sancionador por parte de Voski a la empresa ENTO S.L. Hoy día la sanción aún consta que se está tramitando. Es injustificable que desde la Administración pública no se acelere este trámite para cumplir la ley. ¿Cómo puede llegar la orden del 6º desahucio antes que la sanción? Desde la PAH de Barcelona instamos al Ayuntamiento a que ponga inmediatamente la sanción correspondiente de 90.000 €, por no hacer la oferta de alquiler social a Voski. Asimismo exigimos al Ayuntamiento de Barcelona y a la Generalitat que pongan todos sus recursos para hacer cumplir la ley, y en este caso, para lograr suspender el desahucio, tal como se comprometió la Alcaldesa Ada Colau y el Presidente Quim Torra el pasado mes de mayo. Entenderemos si no, que su compromiso es papel mojado y que realmente no están poniendo como prioridad hacer cumplir y sacar partido a una ley que intentaron sentenciar la banca con el PP, que la ciudadanía organizada pudo recuperar el pasado 30 de octubre, y que literalmente salva vidas.

El próximo 20 de septiembre Voski y su hija Marian tienen la 6ª orden de desahucio en la calle Arnau d’Oms 27-29. Desde la PAH no permitiremos que se lleve a cabo. Exigimos a ENTO S.L. que suspenda el desahucio y que haga el alquiler social a Voski, tal como obliga la Ley 24/2015.

¡Sí se puede! Y cada día lo demostramos.

PorPAH_Bcn

Stop Desahucios Septiembre 2019

Contador desahucios mes: 13

Contador total 2019:  171

Parados – 5Suspendidos – 5Entrega de llaves –Realojo – Ejecutados – 2

Desahucios por hipoteca

Miércoles 4
Demandante: Deutsche Bank  #SoluciónParaPhoebe Parado en puerta
Dirección: c/ Sant Pere Mitjà 69  Barcelona 

Martes 10
Demandante: BBVA  #ElenaSeQueda Parado en puerta
Dirección: Pl. Blocs Florida, 5  L’Hospitalet de Llobregat

Desahucios por alquiler

Miércoles 4
Demandante: Inmb. 4o lanzamiento  #SoluciónParaLaura Parado en puerta
Dirección: Gran Vía de las Corts Catalanas, 278  Barcelona (08004)

Demandante: Inmb. 3r llanzamiento  SUSPENDIDO
Dirección: C/ Arc del Teatre, 67 bis  Barcelona (08001)

Jueves 5
Demandante: Inmb.  #SoluciónParaJaime SUSPENDIDO
Dirección: C/ Nació, 35  Barcelona (08026)

Viernes 6
Demandante: Inmb. SUSPENDIDO
Dirección: C/ Galileu, 115  Barcelona (08028)

Viernes 13
Demandante: DESARROLLOS EMPRESARIALES MATARO, S.L. 2do lanzamiento #SoluciónParaDiana SUSPENDIDO
Dirección: Carretera de la Bordeta, 92  Barcelona (08014)

Demandante: Inmb. #SoluciónParaMohamed SUSPENDIDO
Dirección: C/ de l’Algria, 45 L’Hospitalet de Llobregat

Demandante: ADMINISTRACION DE FINCAS TRAVÉ, S.L.#SoluciónParaMoira 2do lanzamiento  EJECUTADO
Dirección: C/ Almería, 20  Barcelona (08014)

Demandante: Inmb. #SoluciónParaGeorgina EJECUTADO
Dirección: C/ de Sepúlveda, 145 Barcelona (08011)

Martes 17
Demandante: Inmb.  #SoluciónParaNasser Parado en puerta
Dirección: Carrer de l’Est, 17  Barcelona 

Jueves 20
Demandante: ENTO, S.L. 6o lanzamiento #SoluciónParaVoski 
Dirección: Carrer d’Arnau d’Oms, 27-29, 4º3ª de Barcelona (08016)

Desahucios por ocupación

Jueves 5
Demandante: GESCAT VIVENDES COMERCIAL, S.L.U. #SouhilaSeQueda Parado en puerta
Dirección: C/ Catania, 8, 4º4ª de Barcelona (08019)

 

¡Si se puede Stop desahucios! Septiembre 2019
PorPAH_Bcn

Nueva agresión de la justicia española al derecho a la vivienda

En menos de 24 horas hemos vivido la noticia de un nuevo varapalo a la banca y la de un nuevo favor a sus intereses. ¿La diferencia? La primera viene de Europa y la segunda de la justicia española. Desde la PAH manifestamos nuestro absoluto rechazo a la sentencia sobre el vencimiento anticipado y nos preguntamos, una vez más, de qué lado está el Tribunal Supremo español, si de la justicia que supuestamente deben defender o de la banca

Ayer conocimos el posicionamiento del Abogado General de Europa en relación con el IRPH, declarándolo abusivo por incomprensible y falto de transparencia. Ello, pese a la vergonzosa actuación en el proceso de la Abogada del Estado español, que, cumpliendo órdenes del Gobierno, suponemos, avaló a la banca, ¡cómo no!, y más que eso, pidió al Tribunal que, en caso de considerarlo abusivo, no establezca retroactividad, para que los bancos no tengan que devolver a la gente los miles de millones estafados. No obstante, tendremos que esperar a la sentencia definitiva, que conoceremos en el primer trimestre de 2020.

Hoy el Tribunal Supremo de España ha vuelto, como nos tiene acostumbradas, a dar trato de favor a la banca con la sentencia sobre los efectos de la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado, sentencia dictada, como siempre, desde la lógica del prestamista. La sentencia considera que lo que está en peligro es el negocio de los prestamistas (bancos), que sin ejecución hipotecaria no darían préstamos. Sigue la estela de la Ley de Créditos Inmobiliarios, aprobada este año, a la que se remite constantemente. Ya en su momento la PAH denunciamos que, lamentablemente, el PSOE había seguido las huellas de De Guindos y las políticas a favor de los desahucios del PP.

Los contratos hipotecarios tienen la cláusula abusiva de vencimiento anticipado por impago de una cuota. La Ley 1/2013 modificó la ley procesal y permitía ejecutar al banco por 3 cuotas impagadas. El TJUE a lo largo de diversas resoluciones judiciales ha establecido que, para valorar la abusividad de la cláusula, hay que estar a lo que dice el contrato y no a la práctica que se haya hecho de ella. En la Sentencia de 26 de marzo, tras unas dudas tramposas por parte del Tribunal Supremo, el TJUE considera que los jueces deben valorar la esencialidad de la cláusula, si puede existir el contrato sin la cláusula de vencimiento anticipado. Si llegan a la conclusión de que puede existir el contrato sin el vencimiento anticipado, no pueden sustituir la cláusula por ninguna otra.

Dedica gran espacio a explicar que lo que importa en la garantía hipotecaria, la garantía de cobrar, que es la razón de ser de la sentencia, y pensamos que la razón última de la posición del Tribunal Supremo en abusos bancarios en la última década. De hecho, en la sentencia se menciona la palabra “garantía” 18 veces mientras que palabra “vivienda” solo se nombra en dos ocasiones.

El Supremo ignora el mandato del TJUE de preguntar al consumidor afectado si quiere seguir vinculado o no a la cláusula de vencimiento anticipado, pese a saber las consecuencias que se derivarían de ella en el procedimiento de ejecución hipotecaria.

El Supremo, interpretando la Sentencia del TJUE, hoy da las directrices de que si el préstamo hipotecario se dio por vencido antes de la reforma de la Ley 1/2013, debe ser sobreseído sin más trámite. Ahora bien, los procesos en los que las familias afectadas hayan incumplido la gravedad que establece la Ley 5/2019, LRCCI (de crédito inmobiliario), 12 o 15 cuotas impagadas, dependiendo del número de años de la vida del préstamo que hayan abonado, podrán los bancos continuar la ejecución. Y avala definitivamente a la banca en todas aquellas ejecuciones hipotecarias en las que se haya dictado un auto sobreseyendo el procedimiento al no dotar de cosa de fuerza juzgada, pudiendo nuevamente iniciar una ejecución hipotecaria basada en lo previsto en el art. 24 LRCCI (12 o 15 cuotas).

Desde un punto de vista meramente jurídico, el tratamiento de la jurisprudencia europea sigue la técnica del “espigueo”, tomando solo lo que interesa para justificar la decisión ya tomada de consagrar el vencimiento anticipado y la ejecución hipotecaria. Destaca la ausencia de la reciente doctrina sobre el “orden público comunitario” y el artículo 6.1 de la Directiva 13/93. Tampoco aparece nada sobre la sentencia de 28 de febrero de 2019 del Tribunal Constitucional, que ha declarado que la protección a consumidores en ejecuciones hipotecarias forma parte del contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Por último, aunque esto ya no sorprenda, no existe alusión alguna a los Tratados de Derechos Humanos que determinan una protección cualificada de la vivienda habitual como Derecho Humano de toda persona.

No hay ni una palabra sobre el destrozo social causado por las ejecuciones hipotecarias en los últimos diez años, lo que supone un desprecio absoluto a las víctimas de los abusos bancarios. Ni una palabra sobre las razones de las afectadas. Ni una mención al desalojo de familias al amparo de prácticas abusivas constantemente consentidas, o las cantidades millonarias cobradas gracias a cláusulas abusivas y que nunca serán devueltas. Por supuesto, ninguna autocrítica.

Esta sentencia tendrá como efecto inmediato el desatasco de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria, con el consiguiente aumento del número de desahucios que habrá que sumar a los 173 diarios, que según el CGPJ se ejecutaron en el primer trimestre de este año.

Desde la PAH sí que estamos del lado de las familias y que se haga de una vez por todas justicia tras haber sido estafadas y desahuciadas. Por eso exigimos:

  •  La anulación total y con carácter retroactivo del IRPH, con la devolución a las familias de todo lo que les han robado. Si es ilegal, lo ha sido siempre.
  •  La anulación total y retroactiva de todas las claúsulas abusivas, grandes protagonistas y causantes de que la ley hipotecaria española sea criminal, como declaran las 8 sentencias europeas sobre el tema.
  •  Modificación de la Ley de Crédito Inmobiliario en lo referente al Vencimiento Anticipado, de manera que no se modere su abusividad sino que se elimine definitivamente.
  •  La destitución del Tribunal Supremo por su constante defensa de los intereses de la banca y su ataque a los derechos de las familias.
  •  Ampliación de la moratoria de los desahucios, así como la ampliación de los requisitos para acogerse a ella. No podemos permitir reformas que generen una explosión de los desahucios en lugar de acabar con ellos.

Si hay algo más vergonzoso que medidas de maquillaje de cara a la galería por parte del Gobierno, es que las medidas solo sirvan para retroceder en lugar de avanzar en materia de derechos sociales.

La PAH seguiremos enfrentándonos a estas injusticias hasta conseguir que el Derecho de acceso a una vivienda adecuada y digna sea una realidad en nuestro país, y lograr que las reformas legislativas se hagan con el objetivo de acabar con los desahucios y no alimentarlos, aplicando las medidas que llevamos casi una década presentando.

PorPAH_Bcn

Menos estudiar y más aprobar. Valoración de la PAH sobre lo recogido por el PSOE en materia de vivienda en su documento “Propuesta abierta para un gobierno común progresista”

Se resume en un mero documento de buenas intenciones que abruma por su falta de concreción y las cero menciones a medidas para evitar o dar solución a los casi 200 desahucios diarios, y por la falta de propuestas para enfrentarse a la banca, fondos buitre y oligopolio energético.

En las últimas semanas Pedro Sánchez se ha reunido con distintos actores de muchos campos que necesitan mejoras y acción política para hacer frente a muchos de los problemas que están ahogando a la sociedad española. El viernes 30 de agosto, la PAH estuvimos presentes en la última de ellas para afrontar el problema de la vivienda. En dicha reunión les entregamos nuestro plan de choque con ‘Propuestas de la PAH para abordar urgentemente la grave crisis de emergencia habitacional’.

Somos conscientes del carácter electoral de estas reuniones, del juego de tronos que prevalece en el Congreso por encima de las necesidades de la gente. No nos sorprende, pero no por ello podemos dejar de considerar alarmante, tras leer el documento ‘Propuesta abierta para un gobierno común progresista’ presentado ayer por el PSOE, su falta de concreción, destacando la falta de medidas resolutivas para enfrentar la raiz del problema. Tras 10 años de crisis y emergencia habitacional crónica, de una legislación pensada solo para proteger a la banca, fondos buitre y sus intereses económicos, ahora es momento de contundencia y hechos claros, no de palabras. Por justicia a las 700.000 familias que han perdido su hogar desde 2008, por las casi 200 que diariamente se enfrentan a una nueva orden de desahucio, no es tiempo de que las grandes medidas del Gobierno sean «se estudiará…», «se fomentará…».

Tras 10 años de políticas antisociales, los mismos que la PAH llevamos denunciando y luchando contra esta situación, al tiempo que trabajamos en esas medidas reales que los distintos gobiernos no han sido capaces de desarrollar y que se han limitado a bloquear.

Es el momento de políticas valientes y de dejar de discursear sobre visiones de cambio. Es el momento de hacerlas realidad. Nuestra valoración a las propuestas del gobierno en funciones es:

1º) No contiene ni una sola mención a los desahucios, ni ninguna medida concreta de las que la PAH propuso al PSOE para garantizar la disminución y suspensión de los 172 desahucios diarios que, según el CGPJ, se ejecutaron en el primer trimestre de 2019. Hemos pedido a Pedro Sanchez que se mojara con cambios legales acordes a las exigencias de la ONU; respondernos que se «favorecerá» el realojo es tan vacuo que no repara tantas lágrimas vertidas. Ninguna mención al vencimiento de las moratorias, que puede provocar un sangrante aumento de los desahucios por impago de hipoteca. Si realmente el PSOE quiere «fomentar» el alquiler social debe impedir que las entidades financieras puedan desahuciar a quienes han sufrido la estafa hipotecaria.

2º) En relación con el Parque Público de Vivienda, tampoco contiene medidas para recuperar las viviendas que ya están en poder de la banca en general, ni de Bankia en particular. Habla de convenios de la SAREB, cuando ya existen y se podían estar aplicando, en lugar de la venta actual de vivienda y suelo procedente de la burbuja inmobilaria. Más allá de que definiera qué es una vivienda vacía, no detalla medidas para movilizar esta vivienda desocupada hacia el alquiler asequible. Promete un plan de rehabilitación, sin garantizar que esas ayudas no puedan a continuación incrementar la renta de los alquileres. Se mantiene en la irrisoria cifra de 20.000 viviendas para todo el Estado, en absoluto insuficientes para influir en los precios de zonas tensionadas en las que se concentran fondos de inversión como Blackstone.

3º) No incluye ninguna medida fiscal positiva en relación con la vivienda, que no solo pueda servir para movilizar la vivienda desocupada sino también para la financiación del parque público. Ni mayor tributación a buitres y SOCIMI, ni sanciones a la banca. No concreta incrementos del PIB en vivienda, cuando estamos muy por debajo de Europa.

4º) Se acepta intervenir los precios del alquiler, aunque no se especifica cómo, sino que reincide en la vaguedad de un índice estatal de referencia frente a índices locales más vinculantes. Habla de profundizar en las medidas ya adoptadas en marzo, cuando al no aplicar a los contratos anteriores a esa fecha dejan fuera de alcance al 99% de las renovaciones al alza. Las ayudas al alquiler, mal planteadas, pueden ser una línea directa al bolsillo de los grandes tenedores y echar más gasolina al fuego.
Ya en 2013 la PAH requería reforzar un Observatorio de la Vivienda; la situación de emergencia habitacional y de alza de precios requiere más que observar.

5º) Sí reconoce algunos postulados de mínimos de la PAH:

  • La necesidad de aprobar una Ley estatal de vivienda que proteja su función social, para la cual la PAH ya presentamos un texto base que fue admitido a trámite por una mayoría parlamentaria y que sin embargo el PSOE sigue sin llamarnos para su discusión y trámite de urgencia.
    Impedir normativamente que las viviendas con algún tipo de protección pública puedan ser gestionadas o vendidas a fondos buitre. Esto es consecuencia directa de la lucha sin descanso de miles de afectadas en la PAH, pero necesita que el Gobierno se implique en recuperar las promociones de vivienda ya afectadas.
  • La prohibición de cortes de suministros básicos (agua, luz, gas) en primera vivienda, algo ya denunciado ante Europa y que siempre ha estado presente en nuestras iniciativas locales, autonómicas y estatales. Sin embargo faltan medidas firmes para disminuir la tarifa del tramo vital de estos suministros.

Y algunas premisas más, como nuevas medidas de protección al consumidor ‒ante la insuficiencia de la actual Ley de Créditos Inmobiliarios‒, el control de los pisos turísticos ‒que forman parte de la burbuja de alquiler‒, o modificar la «Ley Mordaza», que sin embargo y pese a los recursos de alzada interpuestos, siguen aplicando férreamente los delegados de gobierno del PSOE.

En definitiva, es una declaración de voluntad, pero carente de concreción y escasa de plan de choque urgente sobre el mayor y más dramático de los problemas: los desahucios.

Visto el resultado, ahora exigimos que el programa de gobierno en materia de vivienda se mejore con la inclusión de nuestras propuestas contra los desahucios y para la generación del Parque Público de Vivienda y la concreción de las medidas de alquiler. Mientras esto no suceda, el PSOE sequirá siendo cómplice de cada uno de los 172 desahucios diarios, de la banca y de los fondos de inversión que se están apropiando de nuestras viviendas. A la PAH solo nos quedará seguir en las calles, parando esta sangría con nuestros cuerpos y denunciando la situación de emergencia de un país que poco tiene que ver con los de nuestro entorno en el desarrollo de políticas de vivienda.

PorPAH_Bcn

La PAH nos hemos reunido con Pedro Sánchez

Tras 10 años de lucha y legitimidad, esta mañana la PAH nos hemos sentado por primera vez cara a cara con un presidente del Gobierno, al que le hemos exigido un plan de choque urgente frente a la emergencia en vivienda. La reunión terminó sin ningún compromiso firme, más allá de una declaración de buenas intenciones y el anuncio de recoger nuestras aportaciones en un documento que presentarán el próximo martes, cosa que está por ver.

30 de agosto de 2019

Corren tiempos convulsos para las familias desde el inicio de la estafa, mal llamada crisis, iniciada en 2008. Por el camino han quedado más de 600.000 desahucios, el crimen de dejar a las familias en la estacada mientras se rescata a la banca con 77.000 millones de dinero público sin retorno ni contraprestación social, una ley hipotecaria al servicio de la banca, venta de pisos públicos a fondos buitre, falta de parque público de vivienda, negativa a alquileres sociales en plena burbuja de los precios del alquiler… La emergencia está muy lejos de solucionarse ante la pasividad crónica de los distintos gobiernos, que han mirado hacia otro lado y legislado solo a favor de la especulación, el sistema financiero y los desahucios

Desde la PAH llevamos 10 años denunciando la situación, protegiendo a las familias que se acercan por todo el Estado a nuestras asambleas y presentando los cambios legislativos necesarios para revertir esta situación de vulneración y mercantilización del Derecho a la vivienda. Hemos logrado leyes autonómicas y llevado una Ley de Vivienda estatal al Congreso, que no logró llegar a la fase de enmiendas para hacerse realidad a causa del bloqueo sistemático del PP y Ciudadanos, semana tras semana, mientras criminalizaban a las familias en precario. Una ley y una reforma legislativa más que urgente en el marco actual, en el que cada año la cifra de los desahucios roza los 60.000, la banca está vendiendo su cartera de pisos vacíos de forma masiva a los fondos buitre, los precios del alquiler ya desbordan los sueldos medios, los presupuestos del Estado para vivienda son irrisorios y seguimos sin vivienda pública y social. Un cúmulo de situaciones que convierten a nuestro país en un indiscutible error democrático y una absoluta anomalía en toda Europa.

Está mañana, por primera en la historia, nos hemos sentado cara a cara frente a un presidente del Gobierno. Pedro Sánchez, el ministro de vivienda José Luis Ábalos y la secretaria de Estado de vivienda Beatriz Corredor nos han atendido en una reunión en la que también estaban convocados otros actores como la Patronal de la construcción o la AEB (patronal bancaria), para hablar de vivienda. 

Nosotras lo tenemos claro y no estamos dispuestas a que esta reunión se limite a un encuentro de cara a la galería para un uso puramente electoral por parte del PSOE, a costa de las lágrimas y lucha de tantas afectadas. Queremos compromisos y soluciones ya, sin excusas ni dilaciones, cada retraso es un favor a la banca. Por eso, más allá de argumentar la realidad de la situación y poner la cara colorada a más de uno de los presentes, hemos entregado un documento con nuestro Plan de choque para frenar la emergencia habitacional hasta lograr esa reforma legislativa necesaria para empezar a gobernar pensando en las familias, no en el sistema financiero, haciendo realidad el artículo 47 de esa Constitución que tanto se llenan la boca en defender.

Nuestro plan de choque, a grandes rasgos consta de:

  • La suspensión temporal de todo desahucio que afecte a personas con bajos ingresos que carezcan de alternativa habitacional adecuada, hasta que la Administración Pública que corresponda pueda garantizar genuinamente el acceso a una vivienda adecuada.
  • El cumplimiento del mandato constitucional acerca de los Tratados Internacionales, y su prevalencia sobre la legislación nacional. Se deben aprobar urgentemente medidas que obliguen al acatamiento judicial/estatal de las peticiones de suspensión de desahucios emitidas por el Comité DESC de Naciones Unidas.
  • La anulación del procedimiento conocido como desahucio abierto, que genera un sufrimiento añadido, por la incertidumbre al ignorar cuándo se va a producir el desahucio. Algunos jueces siguen reinterpretando la ley, haciendo necesaria una nueva revisión de la LEC que evite estas reinterpretaciones.
  • Ampliación de la moratoria de desahucios, que finaliza en mayo del 2020, así como ampliar su radio de alcance.
  • Renovación obligatoria de los contratos de alquiler social, que ahora se están negando para que las familias firmen alquileres de mercado, a pesar de estar en situación de vulnerabilidad económica.
  • Regulación y limitación de los precios del alquiler, en consonancia con los salarios y prestaciones existentes en nuestro país, otorgando a los ayuntamientos la capacidad de establecer precios vinculantes.
  • Incremento creciente en los Presupuestos Generales del Estado para vivienda, hasta alcanzar el 3,5% del PIB, en inversiones que garanticen su función social de forma permanente.
  • Impedir la enajenación de vivienda pública por norma legal.
  • Medidas legales que otorguen a la Administración pública pertinente el derecho de tanteo y retracto sobre las ventas de lotes de vivienda que realicen los bancos, y que normalmente acaban en manos de fondos buitre.
  • Cesión obligatoria de las viviendas que posea la banca rescatada, con prohibición expresa a Bankia y a la SAREB de seguir vendiendo suelo o viviendas, cediendo de forma inmediata aquéllas de las que dispongan en zonas tensionadas. Y que a todos los grandes tenedores de vivienda que hayan obtenido fondos públicos, bien por rescate, bien por ayudas o exenciones fiscales, se les reclame su deuda en vivienda.
  • Reforma de la fiscalidad de la vivienda, para que las SOCIMIS y fondos buitre paguen su correspondiente impuesto de sociedades. Así como penalizaciones a vivienda vacía en manos de grandes tenedores.
  • Incorporar plenamente la Directiva 93/13/CE y toda la jurisprudencia del TJUE en relación a las cláusulas abusivas.
  • La limitación de la responsabilidad al bien hipotecado, y la dación en pago como fórmula natural de resolución de impagos por causas sobrevenidas y ajenas a la voluntad del deudor, superando el sobreendeudamiento de miles de familias y conseguir así una auténtica segunda oportunidad. Además, para carteras hipotecarias transferidas con importantes descuentos a fondos buitre, la aplicación del derecho de retracto, actualmente muy limitado.
  • Una Ley Estatal de Vivienda basada en la Ley Vivienda PAH, la Ley 24/2015 catalana ‒fruto de una ILP impulsada por la PAH y con amplio consenso político de extenderla‒, más la incorporación de los aspectos más progresistas y avalados por el Tribunal Constitucional, como la movilización de vivienda deshabitada hacia el alquiler social estable, o la consideración del Derecho a la vivienda como Derecho Subjetivo para las familias vulnerables.

Gracias al trabajo diario y a las miles de pequeñas victorias alcanzadas a lo largo de los años, con desobediencia civil pacífica, hemos llegado hasta aquí. La mayoría de los partidos han apoyado nuestra Ley Vivienda ‒incluido el PSOE‒, nos han escuchado, han recogido nuestras propuestas… Ahora solo queda lo más evidente: dejar la cobardía política atrás y tener la altura necesaria para hacerlas realidad.

Nosotras seguiremos estando ahí, valientes y empoderadas, luchando contra la vulneración del Derecho a la vivienda. No valen excusas ante vidas en juego, y el martes estaremos muy vigilantes a las novedades que presente el PSOE.

 

 

PorPAH_Bcn

[Comunicado] El Ayuntamiento de Hospitalet, del PSOE, vuelve a dejar a una familia vulnerable en la calle

Ingrid, junto a la PAH de Hospitalet, lleva acampada delante del Ayuntamiento desde el pasado miércoles exigiendo una solución habitacional
El pasado miércoles 31 de julio, Ingrid junto a su hijo de 5 años, fueron desahuciados de un piso de Kutxabank. La familia venía de un proceso de impago de alquiler desde el pasado año; debido a una subida del alquiler y la pérdida de recursos de la familia no pudieron hacer frente a las cuotas y padecieron un desahucio sin alternativa habitacional. Gracias a la solidaridad y ayuda de la PAH, la familia pudo recuperar un piso en manos de la banca, en este caso de Kutxabanc, que estaba incumpliendo su función social, ya que se encontraba vacío y la vivienda es para vivir, no para especular.
El pasado 31 de julio, la familia fue desahuciada sin realojo garantizado, ni por parte de la entidad financiera que no accedió a hacer un alquiler social, ni por parte de la Administración a realojarla en la Mesa de emergencia, tal y como prevé la Ley 24/2015.
Sin alternativa habitacional, Ingrid y su hijo, junto a las compañeras de PAH Hospitalet iniciaron el mismo miércoles 31 de julio una acampada indefinida delante del Ayuntamiento de Hospitalet. Durante este tiempo han ido a acompañarlas diferentes entidades sociales y las PAHs del territorio catalán. La respuesta de Servicios Sociales ha sido que se busquen un piso para vivir y que les ayudarán para la entrada. ¿Y luego qué? ¿Otro desahucio? Está claro que la alternativa del Ayuntamiento no es una solución para Ingrid. En primer lugar porque con sus ingresos y una deuda del primer piso del que fue desahuciada nadie le alquilará ninguna vivienda, y en el supuesto, casi imposible, de que lo consiguiera, el primer mes ya no lo podría pagar. Es inaudito que la solución sea responsabilizar más a la familia que ha sido desahuciada, criminalizándola y culpándola por su situación. Mientras la Administración durante estos años ha sido incapaz de buscar soluciones y medidas para ampliar el parque de vivivienda pública inexistente de la ciudad.
Exigimos una solución digna para Ingrid y su familia. No es el primer caso en que el Ayuntamiento de Hospitalet vulnera el derecho a una vivienda digna a sus vecinas, es por eso que queremos remarcar y denunciar las políticas de vivienda que llevan años perpetuándose en esta ciudad. El actual regidor de vivienda y el nuevo gobierno municipal ningunean y hacen caso omiso, tanto a una ley catalana, la Ley 24/2015, que dice claramente en su articulo 5.6.: «las administraciones públicas tienen que garantizar en cualquier caso el realojo adecuado de las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de ser desahuciadas de su vivienda habitual, para poder hacer efectivo el desahucio»,  como al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas que prohibe los desahucios sin alternativa habitacional. Para Núria Marín, alcaldesa de Hospitalet por el PSOE, el derecho a la vivienda de la ciudadanía no es más que papel para tirar a la basura.
Desde la PAH lo tenemos claro, no vamos de dejar a las familias en la cuneta, vamos a luchar con ellas hasta conseguir nuestros derechos, y es que tener un hogar no debería ser un lujo, sino un derecho para toda la ciudadanía.
¡La #acamPAHdaHospitalet sigue! Necesitamos tu ayuda. Acércate a la plaza y colabora con nosotras, montando un taller, una charla debate sobre derechos humanos, acércate y pregunta por las comPAHs de PAH Hospitalet.
¡Frente a la inacción de las administraciones, autoorganización ciudadana!
¡Sí se puede!
PorPAH_Bcn

¡Volvemos el 2 de septiembre!

La PAH de Barcelona acabamos la última asamblea de bienvenida de julio más unidas que nunca

El pasado lunes acabamos la última asamblea de bienvenida de julio celebrando todo un curso de lucha intensa por el derecho a la vivienda, por los derechos de todas.

Ha sido un curso intenso. Este 2019 hemos celebrado 10 años de la PAH, 10 años de autoorganización, empoderamiento ciudadano y lucha por el derecho a la vivienda. Y coincidiendo con la 25ª asamblea estatal nos juntamos más de 400 personas de todo el territorio en el Ateneu Popular de Nou Barris para trabajar y consensuar nuevos retos y la organización del movimiento.

Hemos conseguido recuperar la Ley 24/2015 y hemos exigido a la  Administración, a los bancos y a los juzgados su cumplimiento. Tenemos una ley que hemos impulsado desde la ciudadanía, y que hemos conseguido recuperar. Ya no hay excusas para no aplicarla correctamente y con contundencia.

Hemos hecho acciones contra Blackstone, la Sareb, Bankia, Caixabank y otros muchos banksters que pretenden echarnos de nuestras casas. Hemos ocupado sus oficinas y hemos hecho acciones en la calle. Nosotras somos fuertes y estamos organizadas. Y no vamos  a permitir que se sigan vulnerando nuestros derechos.

Hemos organizado y participado en manifestaciones multitudinarias, como la #PunxemLaBombolla, contra la subida abusiva de los precios de los alquileres, o la #BarcelonaNoEstaEnVenda contra la precarización de la ciudad. Incluso hemos organizado junto al Sindicat de Llogaters la primera fiesta por el derecho a la vivienda, una jornada de lucha y visibilización, donde todos los grupos actuaron desinteresadamente. ¡Gracias a todas!

Durante las elecciones municipales hemos sentado en nuestra asamblea a representantes políticos de los diferentes partidos para que escucharan la realidad que estamos viviendo la ciudadanía. Incluso les exigimos 8 demandas muy claras para acabar con la emergencia habitacional que vivimos en la ciudad de Barcelona. Y ya les advertimos, estaremos vigilantes para que se garanticen nuestros derechos a todos los niveles.

Hemos parado desahucios y hemos seguido denunciando los desahucios abiertos, prácticas totalmente inhumanas para las familias, que genera sufrimiento y angustia. Exigimos que la justicia se ponga del lado de la ciudadanía y no del lado de los grandes poderes financieros. No vamos a parar hasta conseguir acabar con estas prácticas ilegales.

Y hemos conseguido sentar en una misma mesa al Ayuntamiento de Barcelona, a la Generalitat de Cataluña y a la Delegación del Gobierno, formando así un Gabinete de Crisis, para acabar con los realojos indignos en que son alojadas las familias que han sufrido un desahucio. Alojamientos que no tienen en cuenta la realidad de las familias, sin cocina, espacios pequeños, incluso algunos de ellos con una falta de salubridad evidente. A mediados de septiembre tendrá lugar la siguiente reunión. Esperamos que vengan con el trabajo hecho y colaboren entre ellas para encontrar soluciones efectivas a esta situación de emergencia. Las familias no pueden esperar más.

La PAH de Barcelona volveremos en septiembre llenas de energia, con toda la fuerza y la contundencia que nos caracteriza y que hemos ido demostrando estos 10 años del movimiento. Porque sabemos que son nuestros derechos y no vamos a permitir que se vulneren, porque sabemos que Sí Se Puede.

La próxima asamblea de bienvenida será el lunes 2 de septiembre en nuestro local de la calle Leiva 44, Barcelona, <M> Hostafrancs L1. ¡Os esperamos!

 

PorPAH_Bcn

Blackstone expulsa a las vecinas y precariza la ciudad

La PAH Barcelona, la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible y las Kelly’s denunciamos públicamente cómo las prácticas del fondo buitre Blackstone expulsan a las vecinas de sus casas y precarizan nuestros trabajos y ciudades

El pasado 14 de junio las PAHs catalanas fuimos a la sede de Blackstone a recordarles que sus prácticas abusivas matan. Ocupamos sus oficinas para exigir soluciones dignas y unas demandas muy claras:

  • Una oficina de atención al público en Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida.
  • Alquileres sociales según la Ley 24/2015 para los casos de impago de hipoteca y alquiler, con los baremos y a 7 años, como marca la actual LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos).
  • Renovación de los alquileres sociales: actualmente hay, tan solo en Barcelona, 500 familias que finalizan su alquiler social y no quieren renovarles.
  • Quitas de deuda.
  • Alquiler social en los casos de ocupaciones de familias vulnerables.
  • Citas por escrito para cada uno de los casos que se presentaron.

Se consiguió forzar reuniones específicas por grupos locales para buscar soluciones para las familias. En el caso de Barcelona nos reunimos con el fondo buitre el pasado 4 de julio, con el compromiso de que el 23 de julio todas las familias tendrían una oferta para su caso. A día de hoy, la mayoría de familias están a la espera de esta solución. Pasa lo mismo con otras compañeras.

Desde que Blackstone aterrizó en el territorio español, hemos visto cómo absorbía las hipotecas de Caixa Catalunya y otros bancos rescatados, para desahuciar a las familias y quedarse la vivienda para hacer negocio. Ahora continúan colonizando las ciudades con la compra de otros inmuebles como hoteles o edificios.

Por otro lado, desde la ABTS (Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible) queremos llamar la atención sobre los movimientos que Blackstone y otros fondos buitre están haciendo dentro del sector hotelero. Es sabido que el sector de la construcción y el turístico son vasos comunicantes, y que el proceso de financiarización se está extendiendo a todos los sectores económicos. Así, numerosas compañías están separando la gestión de sus hoteles, que a menudo conservan, de su propiedad, que venden a fondos de inversión, propios o externos. Consiguen así sacar todavía más rendimiento a su actividad, y globalmente el negocio también es más rentable por las ventajas fiscales con que cuentan los fondos.

A la vez, la inversión que Blackstone está haciendo en hoteles (actualmente, el primer grupo en propiedades hoteleras) viene a reforzar el proceso de turistización que sufrimos en Barcelona y tantos otros lugares de nuestra geografía. Los flujos y la actividad turística continúan creciendo cada año en la ciudad, y así siguen agravándose los impactos en términos de expulsión de vecinas, pérdida de comercio de uso cotidiano, saturación de calles, plazas y transporte público, contaminación ambiental…, y especialización en sectores laborales especialmente precarizados.

Desde las Kelly’s nos sumamos a esta lucha contra la precariedad laboral que los hoteles imponen, cuando externalizan el servicio de limpieza de las camareras de piso, con salarios de miseria y jornadas maratonianas. Nuestras dolencias, que no son reconocidas como laborales, son producto de esto.

Desde la PAH de Barcelona, la ABTS y las Kelly’s queremos poner en alerta y denunciar que Blackstone se ha convertido en el más grande propietario inmobiliario y hotelero, y que no dejaremos que continúe desahuciando, precarizando y colonizando la ciudad.

 

PorPAH_Bcn

El Gabinete de Crisis no cumple con las expectativas de las 600 familias

La reunión con el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña, con la ausencia de la Delegación del Gobierno del Estado, finaliza sin propuestas en un corto plazo para acabar con el sufrimiento de las 600 familias realojadas indignamente

A raíz de la reunión mantenida la semana pasada entre el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y la Delegación del Gobierno del Estado en Barcelona, la PAH de Barcelona conseguimos crear un Gabinete de Crisis para dar respuesta a las 600 familias que se encuentran hoy en día realojadas indignamente en pensiones o albergues.

En el encuentro han participado representantes del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat de Cataluña. Hoy mismo la Delegación del Gobierno del Estado nos ha informado de que no participaría en la reunión. Nos sorprende su postura dado el compromiso que habían adquirido con las 600 familias y ante toda la ciudadanía en el último encuentro. Esperamos que reconsideren su postura y que se reincorporen lo antes posible al Gabinete de Crisis, tal como se habían comprometido públicamente.

Desde la PAH de Barcelona hace tiempo que denunciamos las pensiones o albergues indignos donde son realojadas las familias que han sufrido un desahucio. Muchas de ellas sin tener en cuenta sus necesidades, o en alojamientos que no cumplen unos mínimos de higiene. Espacios pequeños donde una silla de ruedas casi no se puede mover, muchas de ellas sin un lugar donde poder hacer los deberes los más pequeños o incluso sin una cocina o nevera para poder garantizar una alimentación adecuada. 

Con el compromiso acordado la semana pasada por parte de las administraciones de colaborar conjuntamente en el realojo digno de las familias, hoy se ha llevado a cabo el segundo encuentro en el que cada una de ellas se comprometió a explorar medidas concretas para hacer efectivo un plan ejecutivo a principios de septiembre. 

Las dos administraciones presentes en la reunión, Ayuntamiento de Barcelona y Generalitat de Cataluña, se han comprometido a llevar un plan ejecutivo la segunda semana de septiembre especificando medidas, presupuesto y calendario de implementación. Como requiere la situación de emergencia y exigíamos desde la PAH de Barcelona, no han podido concretar ninguna medida innovadora más allá de medidas que ya están intentando implementar y que se han demostrado insuficientes, ya no solo para dar soluciones a las actuales 600 familias sino para frenar el aumento de esta realidad.

Recordemos que el Gabinete de Crisis no solo está formado por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña sino también por el Gobierno del Estado, que no ha estado presente en este encuentro. Es necesario que aporten lo que se comprometieron en la primera reunión, entre otros, la cesión de las viviendas de la Sareb y Bankia, el censo de las viviendas, edificios y solares de su titularidad y el destino de la parte del presupuesto del «Plan de Vivienda». El Gobierno del Estado debe asumir responsabilidades y aportar soluciones concretas.

Las propuestas, tanto del Ayuntamiento de Barcelona como de la Generalitat de Cataluña, son totalmente insuficientes para acabar con el grave problema de los realojos indignos. Las administraciones responsables no están a la altura y no actúan a la velocidad que la emergencia requiere.

Una vez más somos los movimientos sociales los que forzamos a la Administración a trabajar por la ciudadanía. La emergencia habitacional crónica que padecemos en Barcelona, Cataluña y todo el Estado es un grave problema que las diferentes administraciones competentes deben afrontar. Desde la PAH de Barcelona estaremos vigilantes para que este plan ejecutivo dé respuesta a las familias indignamente realojadas. Tenemos claro que es cuestión de voluntad política, hace 10 años que demostramos que «sí se puede» y no cejaremos hasta conseguir garantizar el derecho a la vivienda en todo el territorio.