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Las PAH Catalanas irrumpimos en la sede del Colegio de la Abogacía de Barcelona para protestar contra la criminalización de la ocupación

Las activistas protestamos por la celebración de un seminario sobre la “persistencia” de la “okupación”, aunque las cifras demuestran que los casos de ocupación han disminuido un 18% en la ciudad desde 2019

El ICAB es uno de los principales impulsores de la reforma anunciada por el PSOE de modificar la LECrim para facultar a los jueces a poder desalojar a familias que ocupan un inmueble en 48 horas

Las PAH Catalanas hemos organizado una acción sorpresa en la sede del Colegio de la Abogacía en Barcelona coincidiendo con la celebración, en el mismo edificio, del seminario Okupación, el problema persiste. Una treintena de activistas de la PAH hemos accedido pacíficamente a la Sala de Actos de la entidad, hemos explicado a los asistentes que nos hemos visto obligadas a irrumpir en esta formación porque desde el Colegio se ha decidido abordar el fenómeno de la ocupación desde una perspectiva criminalizadora de aquellas familias que ocupan en precario debido a su situación de vulnerabilidad. Jesús M. Sánchez, Decano del Colegio, ha exigido varias veces a las activistas que nos vamos, bajo el pretexto de no estar inscritas y argumentando que otras veces sí que se nos ha invitado al Colegio -pero no en esta ocasión- y que esta es una formación “puramente técnica”, todo ello mientras varios asistentes se han dedicado a abuchearnos, demostrando una absoluta y preocupante falta de empatía y tacto hacia aquellas personas más vulnerables que se supone que han de defender en un proceso legal.

Según la misma nota de prensa de la entidad, el motivo de celebración de esta jornada es que la “okupación” es “una problemática que persiste y que genera preocupación y malestar a la ciudadanía ante la falta de una respuesta rápida y eficiente para acabar con esta práctica”. Nos sorprende que en esta jornada no se cuente con la participación de ninguna entidad social -de las muchas que tratamos este fenómeno en nuestro día a día- o ni siquiera el testimonio de una familia que se ve obligada a vivir en precario por la imposibilidad de acceder a una vivienda. Por otra parte, vemos que entre los ponentes encontramos nombres de “expertos” y antiguos cargos públicos, como Lourdes Ciuró, exconsejera de Justicia de la Generalitat, o Carles Sala, exsecretario de Vivienda, quien tan solo 14 días después de ser destituido se incorporó a la Junta de Gobierno del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) en un caso claro de puertas giratorias. Asimismo, sorprende que el Colegio barcelonés no conozca que la realidad de este fenómeno en la ciudad vaya a la baja, ya que según datos del Ayuntamiento, las ocupaciones de inmuebles han disminuido un 18% en la ciudad desde 2019. En último lugar, nos resulta extraño que un colegio profesional decida abordar “técnicamente” este fenómeno, pero que en todo el programa de la jornada no se haga ni una sola mención a la Ley antidesahucios catalana (Ley 24/2015) que precisamente aborda el fenómeno de la ocupación y provee de herramientas a jueces y abogados para eliminarla.

El ICAB y el fantasma de la okupación

A las organizaciones que defendemos el derecho a la vivienda nos indigna que organismos como el ICAB agiten el fantasma de la okupación -a menudo utilizado por la derecha y la ultraderecha- entre la población, en un contexto de emergencia habitacional en el que ya es evidente que la mayoría de las ocupaciones se producen en pisos de grandes tenedores como bancos y fondo buitre quienes, además, mantienen más de 30.000 pisos vacíos en Catalunya, según datos de Crític. El Colegio, además, ha mostrado en varias ocasiones su discurso criminalizador hacia las familias vulnerables que se ven obligadas a ocupar una vivienda, organizando, junto con los colegios de Málaga y Mataró, el I Congreso de Ocupación Ilegal celebrado en la ciudad andaluza el pasado mes de mayo y que fue inaugurado por la ministra de Justicia del gobierno español, Pilar Llop. Sabemos, además, que el ICAB es uno de los principales instigadores de la reciente propuesta del PSOE de impulsar una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para habilitar a los jueces para poder desalojar a familias que ocupan un inmueble en 48 horas, así como habilitar a ayuntamientos y comunidades de vecinos para poder solicitar un lanzamiento, proposición que Junts i Ciutadans pretenden aprobar en pocos días en el Parlament de Catalunya.

Desde la PAH tenemos claro que la mejor manera de evitar que una familia se vea obligada a ocupar un inmueble es garantizándole una vivienda digna. Tenemos muchas propuestas que el Colegio de la Abogacía podría tener en cuenta a la hora de abordar el problema: la Ley 24/2015 antidesahucios -que contempla la obligación, por parte de los grandes tenedores, de hacer alquiler alquiler social a las familias en situación de vulnerabilidad y movilizar los pisos vacíos; o bien, la futura Ley de Vivienda -actualmente bloqueada en el Congreso porque el PSOE se niega a incluir medidas de mínimos, como la de ofrecer alquiler social a familias en situación de vulnerabilidad– o bien movilizar los pisos de la Sareb -una entidad rescatada y que actualmente está controlada por el Estado- y ponerlos a disposición del parque público

Desde la PAH estamos haciendo toda la presión necesaria en la calle para evitar que desde los poderes públicos se criminalice a aquellas familias que no tienen más remedio que ocupar una vivienda por no quedarse en la calle. Y exigimos a organismos “profesionales” como el ICAB que abandonen los discursos populistas y se decidan a abordar el fenómeno de la ocupación con rigor y seriedad, con datos contrastados y contando con la debida pluralidad de opiniones. ¡Es escandaloso que una profesión -la abogacía-, que se supone sensible y comprometida con los derechos fundamentales no esté al lado de las familias más vulnerables!

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La PAH arranca a Yolanda Díaz y Ada Colau el compromiso de obligar a los grandes propietarios a ofrecer un alquiler a familias vulnerables en la Ley de Vivienda

Esta mañana la alcaldesa de Barcelona y la vicepresidenta segunda del gobierno se han reunido con miembros de la PAH en la capital catalana

Esta mañana miembros de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca nos hemos reunido con Yolanda Díaz y Ada Colau en Barcelona y hemos conseguido que ambas dirigentes se comprometan a incluir en la futura Ley por el Derecho a la Vivienda la obligación, para los grandes tenedores, de ofrecer un alquiler a aquellas familias vulnerables que estén afrontando un desahucio sin alternativa habitacional. Esta medida es una de las razones por las que esta ley lleva ya dos años encallada en el trámite parlamentario, a pesar de las informaciones que aparecen en los medios sobre un supuesto avance.

Durante la reunión, que ha tenido lugar en el Auditori de Barcelona por la mañana, tanto Díaz como Colau han admitido que esta medida es la única forma real de acabar con la aberración que supone expulsar una familia de su casa sin alternativa, opinión que comparten diferentes organismos internacionales que califican los desalojos como una flagrante vulneración de los derechos humanos en España. Obligar a los grandes propietarios a ofrecer un alquiler a las personas en situación de vulnerabilidad es una medida que ya ha sido avalada por el Tribunal Constitucional cuando éste evaluó la ley antidesahucios valenciana en 2018.

El alquiler social en Cataluña, una medida pionera que evita miles de desahucios

El alquiler social es una medida antidesahucios impulsada por la PAH y otros colectivos, que lleva algunos años aplicándose en Cataluña con éxito: se estima que ha conseguido detener entre 1.000 y 5.000 lanzamientos al año desde su implementación en 2015 -a pesar de haber sufrido suspensiones parciales por parte del Tribunal Constitucional y el boicot de la derecha y la ultraderecha. Esta medida consiste en obligar a los grandes tenedores de vivienda (principalmente bancos y fondos buitre) a ofrecer un alquiler social como medida para evitar o detener los desahucios de personas en situación de exclusión residencial; por otra parte, la ley también obliga al realojo por parte de las administraciones para el resto de casos, es decir, para los desahucios promovidos por pequeños tenedores.

Hasta ahora esta medida ha sido rechazada de plano por la parte socialista del gobierno, quien se niega a buscar cualquier regulación que limite los beneficios de los bancos y los fondos de inversión, así como tampoco se plantea utilizar la Sareb para aumentar el ya de por sí pírrico parque de vivienda en el país.

Por primera vez en la historia de la democracia, el proyecto Ley de Vivienda podría solucionar un problema endémico en España, el acceso a la vivienda. Sin embargo, y a pesar de los anuncios del gobierno, actualmente esta propuesta es un texto vacío de contenido, sin ninguna aplicación práctica, ni mucho menos un cambio estructural en el ámbito de la vivienda, que entendemos que debería ser el objetivo principal de la ley. No entendemos que en una Ley de Vivienda no se haga una sola mención a medidas concretas y estructurales para prevenir los desahucios sin alternativa habitacional y el sobreendeudamiento de las familias, garantizando el acceso a la vivienda al conjunto de la sociedad. Lo máximo que plantea ahora la norma es, en primer lugar, una mediación no vinculante previa antes de interponer una demanda; en segundo lugar, plantea una moratoria de 3 meses a la espera de una vivienda por parte de la Administración; el gobierno sabe que esta obligación que será imposible de cumplir debido al exiguo parque público actual.

Por todo ello, después de esta reunión con Díaz y Colau, desde la PAH y el resto del movimiento por la vivienda esperamos que cumplan con sus compromisos y no aprueben una ley que no acabe con los desahucios de forma estructural. Todas las entidades de la sociedad civil agrupadas en la Iniciativa Ley Vivienda estaremos vigilantes y seguiremos en nuestro empeño para que, finalmente, la ley que se apruebe incluya medidas reales y efectivas para garantizar el derecho a una vivienda digna al conjunto de la población. ¡Nos vemos en las calles! ¡Sí se puede!

Porimpahrable

Stop Desahucios Enero 2023

Contador desahucios mes: 8

Contador total 2023: 8

Parados 4Suspendidos 4Entrega llavesRealojoEjecutados

Desahucios por hipoteca

Jueves 19
Demandante: BBVA SUSPENDIDO
Dirección: C/Jaume Pinent, 24, Barcelona

Viernes 20
Demandante: Divarian PARADO
Dirección: Av. Severo Ochoa, 21, Hospitalet de Ll.

Desahucios por alquiler

Martes 24
Demandante: –  SUSPÈS
Dirección: Av. Diagonal, 578, Barcelona

Miércoles 25
Demandante: Buildingcenter PARADO
Dirección: C/Mare de Déu dels Àngels, 33, Barcelona

Jueves 26
Demandante: Testa Residencial PARADO
Dirección: C/Sepulveda, 38, Barcelona

Desahucios por ocupación

Jueves 12
Demandante: Coral Homes SUSPENDIDO
Dirección: Escales Bellavista, 7, Barcelona

Lunes 16
Demandante: SAREB SUSPENDIDO
Dirección: Plaça Alta de Can Clos, 14, Barcelona

Jueves 19
Demandante: Brumy ITG PARADO
Dirección: C/Llopis, 7, Barcelona

PorPAH_Bcn

El gobierno aprueba prorrogar 6 meses una moratoria antidesahucios que ha demostrado ser insuficiente

PSOE y Unidas Podemos optan por recuperar las prórrogas obligatorias del alquiler y mantienen el mismo escudo social que ha permitido que más de 70.000 familias hayan sido desahuciadas desde 2021

El gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos ha aprobado hoy en el último Consejo de Ministros prorrogar las actuales medidas en materia de vivienda para paliar la crisis económica y social desatada después de la pandemia. Entre ellas se encuentran la moratoria antidesahucios decretada justo hace un año que, a pesar de estar en vigor, no ha conseguido detener 70.000 desalojos -en 2021 se practicaron un total de 41.359 y 29.285 en los 9 primeros meses de 2022- en España.

El gobierno no ha accedido –pese a que se lo hemos pedido al presidente Sánchez– a congelar las renovaciones de hipoteca variable, a pesar de que el euríbor ya amenaza con llegar al 4% en enero. Tampoco ha accedido a ampliar los supuestos cubiertos por el actual escudo social -que, insistimos, han dejado a miles de familias fuera- a pesar de que a principios de este mes la PAH nos reunimos con la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, quien se comprometió a estudiar y a negociar las propuestas de ampliación del escudo social. Así pues, el gobierno ha optado por seguir con el parche actual y prefiere tomar medidas con la complicidad de la banca, como la reedición del código de buenas prácticas del PP anunciado por la vicepresidenta Nadia Calviño hace unas semanas.

Respecto a los alquileres, el gobierno ha decidido recuperar las prórrogas obligatorias de los contratos que vencen desde ahora hasta junio de 2023, una medida muy parecida a la que ya se aplicó durante la crisis de covid-19, cuando la inquilina podía solicitar al arrendador una prórroga de 6 meses del contrato al mismo precio. Asimismo, las actualizaciones de la renta por el IPC se mantienen al 2% como hasta ahora -es decir, que el arrendador solo podrá incrementar un 2% el precio del alquiler en cada anualidad del contrato. Si bien celebramos este pequeño respiro para las miles de familias inquilinas, desde la PAH entendemos esta medida como insuficiente, puesto que pasados esos 6 meses las familias siguen en riesgo de tener que soportar subidas desproporcionadas de la renta o se verán obligadas a irse de su casa, en lo que conocemos como desahucios invisibles.

En definitiva, desde la PAH creemos que esta es otra oportunidad perdida del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos para impulsar medidas efectivas de protección a las familias. Una y otra vez se nos insiste en que todo eso estará cubierto por la nueva Ley de Vivienda; sin embargo, esa ley ya lleva 2 años de retraso -y no parece que vaya a llegar pronto debido al bloqueo de los socialistas- y además, como hemos comentado anteriormente, la actual propuesta es papel mojado. Así, el Gobierno mantiene una política de vivienda basada en grandes anuncios de medidas temporales de corta duración, que si bien pueden aliviar algunas situaciones, siguen sin dar cumplimiento a los compromisos internacionales de España en materia de Derechos Humanos, sin impulsar medidas estructurales y duraderas en el tiempo, condiciones imprescindibles para que el Derecho a la Vivienda sea efectivo en este país. Este gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias, y es por ello que le exigimos que sean valientes y aprueben una Ley de Vivienda ambiciosa que de verdad se ponga del lado de las familias y no mantenga los privilegios de bancos y fondos buitre, e incluya la prohibición de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, un control efectivo de alquileres y el establecimiento del alquiler social obligatorio, entre otras. Por todo esto, seguiremos luchando y movilizándonos. ¡Sí, se puede!

[NUEVO] Nuevo documento útil para acogerse a la nueva moratoria antidesahucios hasta junio 2023

Desde la PAH ya hemos actualizado nuestro apartado de «Documentos Útiles» tanto en alquiler como en ocupación para que puedas descargarte el documento para solicitar la suspensión de desahucio en base a la nueva prórroga de la moratoria antidesahucios hasta junio de 2023. Recuerda que si necesitas ayuda ven a nuestras asambleas: en Barcelona nos reunimos todos los lunes de 17:30h a 20h en la C/Leiva, 44 bis. Y si no vives en Barcelona puedes consultar la web de PAHs Catalanes para localizar tu asamblea más cercana ¡Sí, se puede!

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Barcelona pone las primeras sanciones por incumplimiento de la norma del 30% impulsada por el movimiento por la vivienda

Los tres expedientes sancionadores que ahora se incoan son los primeros de una primera tongada de diecisiete incumplimientos detectados

El Ayuntamiento de Barcelona ha incoado los tres primeros expedientes sancionadores por incumplimiento de la reserva del 30% de vivienda de protección oficial en nuevas promociones y grandes rehabilitaciones, una medida impulsada por el movimiento por la vivienda en la ciudad y que se aprobó apenas hace ahora 4 años. Se trata de tres grandes rehabilitaciones al distrito del Eixample que han incumplido la normativa tramitando sucesivos enterados de obras en lugar de solicitar la pertinente licencia, que solo se habría concedido si la solicitud hubiera previsto la reserva de VPO.

Los tres expedientes sancionadores que ahora se incoan son los primeros de una primera tongada de diecisiete incumplimientos detectados por los equipos de inspección municipales, y la previsión es que próximamente se incoen tres más. El resto, una vez analizados y estudiados por la Unidad de Disciplina y Anti-acoso del Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación, derivarán si se tercia en nuevos expedientes sancionadores enmarcados en la Ley 18/2007 por el derecho a la vivienda. Estas sanciones llegan, también, cuando hace poco que el Ayuntamiento ha adquirido las primeras viviendas de protección oficial sobre plano, tal y como marca la medida del 30% que se prevé que estén disponibles en 2024, cuando pasarán a formar parte del parque de alquiler público.

Una medida de éxito de las entidades sociales

El febrero del 2018, la PAH, el Observatorio DESC, el Sindicato de Inquilinas, la FAVB y la ABDT anunciábamos la presentación al Plenario del Ayuntamiento de la moción municipal para la ampliación del parque público. Menos de 10 meses después, el primero de sus 5 puntos, conocido como el 30%, entró en vigor con la aprobación definitiva de la modificación del Plan General Metropolitano por parte de la Generalitat, gracias a una campaña social amplia y muy activa.

Todo ello fue un éxito surgido de los movimientos sociales que, superando la habitual dificultad con las vías formales, suponía un aprendizaje colectivo y la llegada de una medida innovadora a caballo entre el urbanismo y la vivienda, y con un carácter inequívocamente transformador. También contamos con grandes obstáculos: la presión de ciertos partidos políticos del consistorio -concretamente ERC y PSC- que condicionaron su apoyo necesario por la aprobación inicial a la no suspensión de licencias para la aprobación del 30% comportó que el sector privado tuviera meses para avanzar la petición de licencias antes de la aprobación definitiva y ahorrarse parte de la responsabilidad que hubiera tenido que asumir durante los primeros años de la vigencia de medida.

De igual manera, sabemos que a los tribunales hay en curso varios procesos abiertos contra el 30%. Es un hecho lamentablemente normal: el sector privado continúa ignorando la función social de la vivienda y se vuelve contra todo aquello que puede restarle una mínima rentabilidad a sus elevados beneficios.

Todo ello, por eso, conforma uno de los mayores éxitos del movimiento por la vivienda en Barcelona de los últimos años en cuanto a conseguir la aprobación de nuevas medidas de vivienda. La clave para que esta medida siga y dé más buenos resultados es extenderla al resto de Cataluña, especialmente al entorno metropolitano. De hecho, los municipios de MataróMoncada y Ripollet también han aprobado el 30% después de Barcelona y en otros municipios, como Terrassa, los movimientos sociales lo exigen hace tiempos en los respectivos gobiernos municipales.

Hay que continuar apostando para aprovechar al máximo el potencial del marco legislativo existente, abrir todas las rendijas posibles y derrocar mitos y tabúes que bloquean cambios más ambiciosos e igualmente necesarios.