Gracias a la presión social se ha ampliado 3 meses la moratoria de desahucios Estatal

PorPAH_Bcn

Gracias a la presión social se ha ampliado 3 meses la moratoria de desahucios Estatal

Ayer se anunciaba una noticia muy importante en el Congreso: «la moratoria de desahucios se alargará 3 meses a partir de mayo». Desde la PAH creemos que era esencial hacerlo y celebramos que el Gobierno Estatal haya dado este paso evitando así el #TsunamiDeDesnonaments Nuevamente la presión social marca el rumbo.

 

Desde la PAH exigimos una moratoria de desahucios permanente y soluciones estructurales qu epossin fin a la lacra de los desahucios obligan a bancos y grandes tenedores a hacer alquileres sociales a las familias vulnerables. A por la #inicitaivaLeyVivienda

 

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En pleno estado de alarma y con una moratoria de desahucios la PAH de Barcelona continuamos parándolos

Exigimos medidas antidesahucios de urgencia una vez finalizado el estado de alarma

Jueves 8 de abril de 2021

Esta semana la PAH de Barcelona hemos parado 2 desahucios en puerta de dos familias monomarentales: Yolanda y Anny ‒de Sareb y BBVA, respectivamente. A las dos las han querido desahuciar junto con sus hijos. Como muchas personas vulnerabilizadas, Anny se ha visto obligada a ocupar un piso, en este caso del BBVA, ya que no ha podido acceder a una vivienda de alquiler con los 600 € que ingresa del trabajo. Lleva en el piso desde 2019 y nunca se ha negado a pagar un alquiler adecuado a sus ingresos. ¿Qué otra alternativa le queda? En el caso de Yolanda ha sido engañada con un falso contrato de alquiler.

Desde la PAH de Barcelona hemos conseguido parar los desahucios y exigimos al BBVA y a la Sareb que hagan un alquiler social a las familias. Sabemos que la filial del BBVA Haya Real Estate se excusa en que el Tribunal Constitucional, a petición del PP y la banca, anuló parte del Decreto ley 17/2019, que ampliaba los supuestos de acceso a los alquileres sociales obligatorios previstos en la Ley 24/2015. La PAH de Barcelona tenemos claro que lo que estamos exigiendo es de justicia social y sentido común: obligar a los bancos responsables de la estafa hipotecaria y rescatados con dinero público a hacer alquileres sociales a las familias vulnerables.

Por nuestra parte seguimos trabajando para legislar de nuevo en el Parlament de Catalunya una ley antidesahucios, que recupere los artículos anulados por el Tribunal Constitucional, y exigiendo al Gobierno del Estado una ley de vivienda que contemple las medidas que la PAH propone. Hasta que estas medidas no sean efectivas continuaremos confrontando a los bancos y fondos de inversión para que hagan alquileres sociales y condonen las deudas ilegítimas de las familias.

El pasado 10 de marzo, los Juzgados de Primera Instancia de Barcelona publicaron un acuerdo de unificación de criterios donde claramente se especifica que los jueces, ante un desahucio de familia vulnerabilizada sin alternativa habitacional, tienen tres alternativas:
Suspenderlo basándose en el decreto ley catalán (DL 37/2020), conforme al principio de especialidad y territorialidad del Derecho Civil de Catalunya;
Suspenderlo de acuerdo con el real decreto-ley estatal (RDL 37/2020), conforme al principio de prevalencia previsto en el artículo 149.3 de la Constitución.
Plantear una cuestión de inconstitucionalidad en relación con cualquiera de las dos normas.

Por lo tanto, nuestra guía para suspender desahucios en Catalunya sigue siendo válida y hay que aprovecharla.

Como hemos advertido, el próximo 9 de mayo puede finalizar el estado de alarma y con él caería la medida antidesahucios que la PAH consiguió en diciembre de 2020. Exigimos al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos que decrete una nueva medida para ampliar la vigencia del Real Decreto-ley 37/2020, ya que tenemos claro que vendrá una avalancha sin precedentes de desahucios en plena pandemia y no podemos consentirlo.

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450 desahucios de familias vulnerables entre el 18 de enero y el 28 de febrero en Barcelona

El reciente informe del Ayuntamiento de Barcelona sobre los desahucios en la ciudad nos dejan unas cifras escalofriantes. Entre el 18 de enero y el 28 de febrero de 2021 se han producido más de 450 desahucios, con más de 1.500 personas afectadas, donde el 37% de estas son menores de edad, todo ello teniendo en cuenta que durante el estado de alarma tenemos la moratoria de desahucios tanto estatal como autonómica. ¿Qué pasará cuando se levante el estado de alarma?

Los datos son significativos: el 50% de los desahucios han sido de casos de grandes propietarios, el 68% han sido para casos de alquiler y el 32% por situaciones de ocupaciones en precario. Además, el 90% de estos se han podido parar también gracias a la fuerza y apoyo de los colectivos en defensa de la vivienda que estamos día a día junto a las familias que más lo necesitan.

La situación, una vez pase el estado de alarma, será dramática. En Catalunya, con la Ley 24/2015, hemos conseguido parar miles de desahucios. Pero una vez más el PP, con la complicidad de la banca y los grandes especuladores, consiguieron que el Tribunal Constitucional anulara las mejoras conseguidas con el Decreto Ley 17/2019 que corresponsabilizaba a ofrecer soluciones a las familias antes de desahuciarlas.

Exigimos al nuevo Gobierno de la Generalitat todo su compromiso y voluntad política a restituir estas medidas que fueron aprobadas en el Parlament de Catalunya y que pararán miles de desahucios. Es necesaria la aprobación urgente de una nueva ley que restituya las medidas antidesahucios anuladas.

En el ámbito estatal es necesario también aprobar una “Ley Vivienda” que garantice el derecho a ella, deteniendo los desahucios sin alternativa y que amplíe el parque público de vivienda social, al tiempo que regule los alquileres y garantice los suministros básicos. Desde las entidades sociales ya hemos trasladado estas medidas y no nos detendremos hasta hacerlas efectivas. Con más de un millón de desahucios en el Estado español desde 2008 tenemos que decir basta de una vez por todas a este sufrimiento a las familias.

La crisis de la COVID-19 está generando aún más precariedad. Son muchas las familias que se acercan a nuestras asambleas preocupadas, viendo que no pueden hacer frente a su hipoteca, alquiler, o que se han visto obligadas a recuperar una vivienda sin ninguna otra alternativa. Sabemos que es cuestión de voluntad política, se necesitan leyes valientes que estén a la altura de la grave situación.

Desde la PAH no nos detendremos hasta conseguirlo.

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Stop Desahucios Abril 2021

Contador desahucios mes: 104

Contador total 2021: 44

Parados 4
Suspendidos 5
Entrega llaves
Realojo
Ejecutados

Desahucios por hipoteca

 

Desahucios por alquiler

Martes 6
Demandante: Placerville Invest SLU SUSPENDIDO
Dirección: C/Ermengarda, 8, Barcelona

Miércoles 7
Demandante: PARADO
Dirección: C/Formentera, 36, Barcelona

Miércoles 14 PARADO
Demandante: Coral Homes
Dirección: C/Radas, 51, Barcelona

Viernes 16
Demandante: SUSPENDIDO
Dirección: C/Moianès, 48, Barcelona

Lunes 19
Demandante: Budmac Investments SUSPENDIDO
Dirección: C/Simancas, 78, Barcelona

Miércoles 21
Demandante:SUSPENDIDO
Dirección: Rambla del Poblenou, 88, Barcelona

Viernes 30
Demandante: SUSPENDIDO
Dirección: Pl. Sortidor, 14, Barcelona

Desahucios por ocupación

Miércoles 7
Demandante: SAREB PARADO
Dirección: C/Murtra, 45, Barcelona

Jueves 8
Demandante: BBVA PARADO
Dirección: C/Mare de Déu del Port, 385, Barcelona

Viernes 23
Demandante: In the middle of the night SL
Dirección: C/Plutó, 43, Barcelona

Lunes 26
Demandante: Hipocat 7
Dirección: C/Graner, 9, Hospitalet de Llobregat

Miércoles 28
Demandante: Budmac Investments
Dirección: C/Sants, 172, Barcelona

Viernes 30
Demandante: DIVARIAN
Dirección: C/Mare de Déu del Port, 279, Barcelona

Viernes 30
Demandante: SAREB
Dirección: C/Mare de Déu del Port, 339, Barcelona

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Respuesta ante la denuncia de “Abogados Catalanes por la Constitución”: una acusación sin fundamento jurídico ni ético

El pasado 15 de marzo, algunos medios de comunicación publicaron que se había presentado una denuncia ante Fiscalía que implica a nuestras entidades y se firma bajo la denominación de «Abogados catalanes por la Constitución», una entidad vinculada a Sociedad Civil Catalana y a los grandes poderes económicos, que hace uso del poder judicial para perjudicar a sus adversarios políticos.

Sobre los hechos que se denuncian

La denuncia atribuye posibles delitos a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la concejala Laura Pérez, las exconcejalas Laia Ortiz y Gala Pin y la directora del Observatorio DESC, Irene Escorihuela, en relación con un convenio de colaboración que se desarrolla desde 2012 ‒por lo tanto, previo a la llegada de Barcelona en Comú al Ayuntamiento‒ y que está justificado y auditado anualmente.

Al igual que en otras ocasiones, como entidades que trabajamos en la defensa de los derechos sociales, nos preguntamos si vale la pena dirigir algún tipo de esfuerzo en responder una acción carente de una mínima razonabilidad jurídica y, en consecuencia, de una mínima actitud ética. Ahora bien, la novedad esta vez es el medio que se utiliza: ya no estamos ante una información aislada, no contrastada y posteriormente difundida por redes o por algún diario, sino que el ruido se quiere crear a través de acusaciones graves de tipo penal, podríamos decir haciendo uso del lawfare. Sea como sea, nos limitaremos una vez más a exponer una sencilla explicación que, en condiciones normales, debería servir para agotar el recorrido de este tipo de actuaciones.

No es la primera vez que estas campañas políticas de desprestigio, a menudo orquestadas por los lobbies económicos, ensucian la labor de defensa de derechos que hacemos las entidades de derechos humanos. Más allá del evidente ataque político al Ayuntamiento de Barcelona, esta denuncia, 9 años después del inicio del proyecto, no la podemos desligar de la tarea de las entidades abajo firmantes y otros colectivos en defensa de la vivienda y la energía. Es evidente que se quiere coartar el trabajo de los movimientos sociales que luchan por garantizar derechos para todas.

Nuestro papel como organizaciones de defensa de los derechos humanos

Esta vez han sido cuatro las entidades sociales a las que se pretende perjudicar. El Observatorio DESC es una organización con más de 20 años de vida, que es internacionalmente reconocida por la valía de su labor en defensa de los derechos humanos en general y de los derechos sociales en particular. En el marco de esta trayectoria, el año 2012, durante el mandato de Xavier Trias (CiU), el Ayuntamiento de Barcelona aprobó un convenio de colaboración que ha sido reeditado hasta llegar a la actualidad y que ha permitido un intenso trabajo en torno a la defensa del derecho a la vivienda y a los suministros básicos. Así pues, el actual consistorio únicamente ha continuado un proyecto que ya llevaba en ejecución 4 años, dado que la situación de emergencia habitacional y pobreza energética se perpetuaba en la ciudad.

Cabe recordar que, en las últimas ediciones, este proyecto ha enlazado la labor del Observatorio DESC y de Ingeniería Sin Fronteras, asociación con más de 25 años de trayectoria, que trabaja para garantizar el acceso universal a los servicios básicos, acompañando el cambio social y el fortalecimiento de las poblaciones. Conjuntamente con la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Barcelona y la Alianza contra la Pobreza Energética, hemos abordado la problemática de las vulneraciones del derecho a la vivienda y la pobreza energética.

El proyecto «Derecho a la vivienda y a la energía: empoderamiento colectivo y asesoramiento jurídico social» tiene como finalidad ofrecer respuestas a personas y familias que se encuentran inmersas o ya han sufrido procesos de desahucios o que se encuentran en riesgo de sufrirlos, así como aquellas que no pueden garantizar el acceso a sus derechos energéticos. Como aportación bien tangible, las actuaciones que incluye el proyecto permiten: disponer de una base de datos estadística sobre las vulneraciones diarias de estos derechos, realizar investigación; publicar informes anuales sobre el estado del derecho a la vivienda y a la energía (consultad aquí el último); analizar y hacer incidencia sobre las nuevas leyes o políticas que pueden vulnerar derechos o que pueden protegerlos; colaborar en formular propuestas legales y de política pública para la garantía de estos; elaborar documentos con herramientas jurídicas para defender el derecho a la vivienda y la energía; identificar los actores e intereses que controlan el mercado de la vivienda y la energía; reforzar en redes internacionales la protección de estos derechos, etc.

Sobre las subvenciones a proyectos

Los convenios son mecanismos de colaboración recogidos por ley y ampliamente conocidos (Ley 26/2010, de régimen jurídico y de procedimiento de las Administraciones públicas de Catalunya; y Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público), que los ayuntamientos y todas las Administraciones públicas tienen a su alcance como herramienta para abordar el cumplimiento de sus competencias, contando con la labor de entidades sociales o de cualquier tipo. El Ayuntamiento de Barcelona tiene actualmente convenios con diversas entidades sociales, culturales y otras, que se pueden consultar en el registro administrativo correspondiente, además de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. Su aplicación conlleva un estricto procedimiento periódico de justificación, con el filtro de una auditoría independiente, que las diferentes reediciones del proyecto han superado sin ningún tipo de incidente, incluyendo el control de los diferentes grupos políticos con representación en el Pleno del consistorio.

Pensamos que no es necesario alimentar una nueva polémica artificial. En el propio escrito de denuncia, de su total inconsistencia se concluye una intencionalidad meramente política y un uso sesgado de las denuncias ante la Fiscalía. Las entidades sociales estamos aquí afectadas por daños colaterales, pero estamos orgullosas y convencidas del trabajo que hace el sector social y que desde las Administraciones se apoye.

Lamentamos, por lo tanto, la actuación de la asociación «Abogados Catalanes por la Constitución», que supone un nuevo intento de debilitar la defensa de los derechos sociales de amplios sectores de la población y la capacidad para cuestionar los intereses de determinados actores privilegiados. Estamos, sin embargo, convencidas de que estos intentos no tendrán más eco del que merecen. Cualquier persona que quiera conocer a fondo la labor que realizamos puede consultar nuestras webs (web Enginyeria Sense Fronteres, web Observatori DESC, web PAH Barcelona, web Aliança contra la Pobresa Energètica).