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[Comunicado] El Ayuntamiento de Hospitalet, del PSOE, vuelve a dejar a una familia vulnerable en la calle

Ingrid, junto a la PAH de Hospitalet, lleva acampada delante del Ayuntamiento desde el pasado miércoles exigiendo una solución habitacional
El pasado miércoles 31 de julio, Ingrid junto a su hijo de 5 años, fueron desahuciados de un piso de Kutxabank. La familia venía de un proceso de impago de alquiler desde el pasado año; debido a una subida del alquiler y la pérdida de recursos de la familia no pudieron hacer frente a las cuotas y padecieron un desahucio sin alternativa habitacional. Gracias a la solidaridad y ayuda de la PAH, la familia pudo recuperar un piso en manos de la banca, en este caso de Kutxabanc, que estaba incumpliendo su función social, ya que se encontraba vacío y la vivienda es para vivir, no para especular.
El pasado 31 de julio, la familia fue desahuciada sin realojo garantizado, ni por parte de la entidad financiera que no accedió a hacer un alquiler social, ni por parte de la Administración a realojarla en la Mesa de emergencia, tal y como prevé la Ley 24/2015.
Sin alternativa habitacional, Ingrid y su hijo, junto a las compañeras de PAH Hospitalet iniciaron el mismo miércoles 31 de julio una acampada indefinida delante del Ayuntamiento de Hospitalet. Durante este tiempo han ido a acompañarlas diferentes entidades sociales y las PAHs del territorio catalán. La respuesta de Servicios Sociales ha sido que se busquen un piso para vivir y que les ayudarán para la entrada. ¿Y luego qué? ¿Otro desahucio? Está claro que la alternativa del Ayuntamiento no es una solución para Ingrid. En primer lugar porque con sus ingresos y una deuda del primer piso del que fue desahuciada nadie le alquilará ninguna vivienda, y en el supuesto, casi imposible, de que lo consiguiera, el primer mes ya no lo podría pagar. Es inaudito que la solución sea responsabilizar más a la familia que ha sido desahuciada, criminalizándola y culpándola por su situación. Mientras la Administración durante estos años ha sido incapaz de buscar soluciones y medidas para ampliar el parque de vivivienda pública inexistente de la ciudad.
Exigimos una solución digna para Ingrid y su familia. No es el primer caso en que el Ayuntamiento de Hospitalet vulnera el derecho a una vivienda digna a sus vecinas, es por eso que queremos remarcar y denunciar las políticas de vivienda que llevan años perpetuándose en esta ciudad. El actual regidor de vivienda y el nuevo gobierno municipal ningunean y hacen caso omiso, tanto a una ley catalana, la Ley 24/2015, que dice claramente en su articulo 5.6.: «las administraciones públicas tienen que garantizar en cualquier caso el realojo adecuado de las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de ser desahuciadas de su vivienda habitual, para poder hacer efectivo el desahucio»,  como al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas que prohibe los desahucios sin alternativa habitacional. Para Núria Marín, alcaldesa de Hospitalet por el PSOE, el derecho a la vivienda de la ciudadanía no es más que papel para tirar a la basura.
Desde la PAH lo tenemos claro, no vamos de dejar a las familias en la cuneta, vamos a luchar con ellas hasta conseguir nuestros derechos, y es que tener un hogar no debería ser un lujo, sino un derecho para toda la ciudadanía.
¡La #acamPAHdaHospitalet sigue! Necesitamos tu ayuda. Acércate a la plaza y colabora con nosotras, montando un taller, una charla debate sobre derechos humanos, acércate y pregunta por las comPAHs de PAH Hospitalet.
¡Frente a la inacción de las administraciones, autoorganización ciudadana!
¡Sí se puede!
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¡Volvemos el 2 de septiembre!

La PAH de Barcelona acabamos la última asamblea de bienvenida de julio más unidas que nunca

El pasado lunes acabamos la última asamblea de bienvenida de julio celebrando todo un curso de lucha intensa por el derecho a la vivienda, por los derechos de todas.

Ha sido un curso intenso. Este 2019 hemos celebrado 10 años de la PAH, 10 años de autoorganización, empoderamiento ciudadano y lucha por el derecho a la vivienda. Y coincidiendo con la 25ª asamblea estatal nos juntamos más de 400 personas de todo el territorio en el Ateneu Popular de Nou Barris para trabajar y consensuar nuevos retos y la organización del movimiento.

Hemos conseguido recuperar la Ley 24/2015 y hemos exigido a la  Administración, a los bancos y a los juzgados su cumplimiento. Tenemos una ley que hemos impulsado desde la ciudadanía, y que hemos conseguido recuperar. Ya no hay excusas para no aplicarla correctamente y con contundencia.

Hemos hecho acciones contra Blackstone, la Sareb, Bankia, Caixabank y otros muchos banksters que pretenden echarnos de nuestras casas. Hemos ocupado sus oficinas y hemos hecho acciones en la calle. Nosotras somos fuertes y estamos organizadas. Y no vamos  a permitir que se sigan vulnerando nuestros derechos.

Hemos organizado y participado en manifestaciones multitudinarias, como la #PunxemLaBombolla, contra la subida abusiva de los precios de los alquileres, o la #BarcelonaNoEstaEnVenda contra la precarización de la ciudad. Incluso hemos organizado junto al Sindicat de Llogaters la primera fiesta por el derecho a la vivienda, una jornada de lucha y visibilización, donde todos los grupos actuaron desinteresadamente. ¡Gracias a todas!

Durante las elecciones municipales hemos sentado en nuestra asamblea a representantes políticos de los diferentes partidos para que escucharan la realidad que estamos viviendo la ciudadanía. Incluso les exigimos 8 demandas muy claras para acabar con la emergencia habitacional que vivimos en la ciudad de Barcelona. Y ya les advertimos, estaremos vigilantes para que se garanticen nuestros derechos a todos los niveles.

Hemos parado desahucios y hemos seguido denunciando los desahucios abiertos, prácticas totalmente inhumanas para las familias, que genera sufrimiento y angustia. Exigimos que la justicia se ponga del lado de la ciudadanía y no del lado de los grandes poderes financieros. No vamos a parar hasta conseguir acabar con estas prácticas ilegales.

Y hemos conseguido sentar en una misma mesa al Ayuntamiento de Barcelona, a la Generalitat de Cataluña y a la Delegación del Gobierno, formando así un Gabinete de Crisis, para acabar con los realojos indignos en que son alojadas las familias que han sufrido un desahucio. Alojamientos que no tienen en cuenta la realidad de las familias, sin cocina, espacios pequeños, incluso algunos de ellos con una falta de salubridad evidente. A mediados de septiembre tendrá lugar la siguiente reunión. Esperamos que vengan con el trabajo hecho y colaboren entre ellas para encontrar soluciones efectivas a esta situación de emergencia. Las familias no pueden esperar más.

La PAH de Barcelona volveremos en septiembre llenas de energia, con toda la fuerza y la contundencia que nos caracteriza y que hemos ido demostrando estos 10 años del movimiento. Porque sabemos que son nuestros derechos y no vamos a permitir que se vulneren, porque sabemos que Sí Se Puede.

La próxima asamblea de bienvenida será el lunes 2 de septiembre en nuestro local de la calle Leiva 44, Barcelona, <M> Hostafrancs L1. ¡Os esperamos!

 

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Blackstone expulsa a las vecinas y precariza la ciudad

La PAH Barcelona, la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible y las Kelly’s denunciamos públicamente cómo las prácticas del fondo buitre Blackstone expulsan a las vecinas de sus casas y precarizan nuestros trabajos y ciudades

El pasado 14 de junio las PAHs catalanas fuimos a la sede de Blackstone a recordarles que sus prácticas abusivas matan. Ocupamos sus oficinas para exigir soluciones dignas y unas demandas muy claras:

  • Una oficina de atención al público en Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida.
  • Alquileres sociales según la Ley 24/2015 para los casos de impago de hipoteca y alquiler, con los baremos y a 7 años, como marca la actual LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos).
  • Renovación de los alquileres sociales: actualmente hay, tan solo en Barcelona, 500 familias que finalizan su alquiler social y no quieren renovarles.
  • Quitas de deuda.
  • Alquiler social en los casos de ocupaciones de familias vulnerables.
  • Citas por escrito para cada uno de los casos que se presentaron.

Se consiguió forzar reuniones específicas por grupos locales para buscar soluciones para las familias. En el caso de Barcelona nos reunimos con el fondo buitre el pasado 4 de julio, con el compromiso de que el 23 de julio todas las familias tendrían una oferta para su caso. A día de hoy, la mayoría de familias están a la espera de esta solución. Pasa lo mismo con otras compañeras.

Desde que Blackstone aterrizó en el territorio español, hemos visto cómo absorbía las hipotecas de Caixa Catalunya y otros bancos rescatados, para desahuciar a las familias y quedarse la vivienda para hacer negocio. Ahora continúan colonizando las ciudades con la compra de otros inmuebles como hoteles o edificios.

Por otro lado, desde la ABTS (Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible) queremos llamar la atención sobre los movimientos que Blackstone y otros fondos buitre están haciendo dentro del sector hotelero. Es sabido que el sector de la construcción y el turístico son vasos comunicantes, y que el proceso de financiarización se está extendiendo a todos los sectores económicos. Así, numerosas compañías están separando la gestión de sus hoteles, que a menudo conservan, de su propiedad, que venden a fondos de inversión, propios o externos. Consiguen así sacar todavía más rendimiento a su actividad, y globalmente el negocio también es más rentable por las ventajas fiscales con que cuentan los fondos.

A la vez, la inversión que Blackstone está haciendo en hoteles (actualmente, el primer grupo en propiedades hoteleras) viene a reforzar el proceso de turistización que sufrimos en Barcelona y tantos otros lugares de nuestra geografía. Los flujos y la actividad turística continúan creciendo cada año en la ciudad, y así siguen agravándose los impactos en términos de expulsión de vecinas, pérdida de comercio de uso cotidiano, saturación de calles, plazas y transporte público, contaminación ambiental…, y especialización en sectores laborales especialmente precarizados.

Desde las Kelly’s nos sumamos a esta lucha contra la precariedad laboral que los hoteles imponen, cuando externalizan el servicio de limpieza de las camareras de piso, con salarios de miseria y jornadas maratonianas. Nuestras dolencias, que no son reconocidas como laborales, son producto de esto.

Desde la PAH de Barcelona, la ABTS y las Kelly’s queremos poner en alerta y denunciar que Blackstone se ha convertido en el más grande propietario inmobiliario y hotelero, y que no dejaremos que continúe desahuciando, precarizando y colonizando la ciudad.

 

PorPAH_Bcn

El Gabinete de Crisis no cumple con las expectativas de las 600 familias

La reunión con el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña, con la ausencia de la Delegación del Gobierno del Estado, finaliza sin propuestas en un corto plazo para acabar con el sufrimiento de las 600 familias realojadas indignamente

A raíz de la reunión mantenida la semana pasada entre el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y la Delegación del Gobierno del Estado en Barcelona, la PAH de Barcelona conseguimos crear un Gabinete de Crisis para dar respuesta a las 600 familias que se encuentran hoy en día realojadas indignamente en pensiones o albergues.

En el encuentro han participado representantes del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat de Cataluña. Hoy mismo la Delegación del Gobierno del Estado nos ha informado de que no participaría en la reunión. Nos sorprende su postura dado el compromiso que habían adquirido con las 600 familias y ante toda la ciudadanía en el último encuentro. Esperamos que reconsideren su postura y que se reincorporen lo antes posible al Gabinete de Crisis, tal como se habían comprometido públicamente.

Desde la PAH de Barcelona hace tiempo que denunciamos las pensiones o albergues indignos donde son realojadas las familias que han sufrido un desahucio. Muchas de ellas sin tener en cuenta sus necesidades, o en alojamientos que no cumplen unos mínimos de higiene. Espacios pequeños donde una silla de ruedas casi no se puede mover, muchas de ellas sin un lugar donde poder hacer los deberes los más pequeños o incluso sin una cocina o nevera para poder garantizar una alimentación adecuada. 

Con el compromiso acordado la semana pasada por parte de las administraciones de colaborar conjuntamente en el realojo digno de las familias, hoy se ha llevado a cabo el segundo encuentro en el que cada una de ellas se comprometió a explorar medidas concretas para hacer efectivo un plan ejecutivo a principios de septiembre. 

Las dos administraciones presentes en la reunión, Ayuntamiento de Barcelona y Generalitat de Cataluña, se han comprometido a llevar un plan ejecutivo la segunda semana de septiembre especificando medidas, presupuesto y calendario de implementación. Como requiere la situación de emergencia y exigíamos desde la PAH de Barcelona, no han podido concretar ninguna medida innovadora más allá de medidas que ya están intentando implementar y que se han demostrado insuficientes, ya no solo para dar soluciones a las actuales 600 familias sino para frenar el aumento de esta realidad.

Recordemos que el Gabinete de Crisis no solo está formado por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña sino también por el Gobierno del Estado, que no ha estado presente en este encuentro. Es necesario que aporten lo que se comprometieron en la primera reunión, entre otros, la cesión de las viviendas de la Sareb y Bankia, el censo de las viviendas, edificios y solares de su titularidad y el destino de la parte del presupuesto del «Plan de Vivienda». El Gobierno del Estado debe asumir responsabilidades y aportar soluciones concretas.

Las propuestas, tanto del Ayuntamiento de Barcelona como de la Generalitat de Cataluña, son totalmente insuficientes para acabar con el grave problema de los realojos indignos. Las administraciones responsables no están a la altura y no actúan a la velocidad que la emergencia requiere.

Una vez más somos los movimientos sociales los que forzamos a la Administración a trabajar por la ciudadanía. La emergencia habitacional crónica que padecemos en Barcelona, Cataluña y todo el Estado es un grave problema que las diferentes administraciones competentes deben afrontar. Desde la PAH de Barcelona estaremos vigilantes para que este plan ejecutivo dé respuesta a las familias indignamente realojadas. Tenemos claro que es cuestión de voluntad política, hace 10 años que demostramos que «sí se puede» y no cejaremos hasta conseguir garantizar el derecho a la vivienda en todo el territorio.

 

PorPAH_Bcn

La PAH forzamos la creación de un Gabinete de Crisis para el realojo de familias desahuciadas

Gracias a la PAH Barcelona la reunión con representantes del Gobierno español, de la Generalitat de Cataluña y del Ayuntamiento de Barcelona acaba con la cooperación de las tres administraciones para dar respuesta a las 600 familias realojadas en pensiones

El Gabinete de Crisis tendrá un segundo encuentro el próximo lunes con el compromiso de seguir trabajando para hacer un plan de acción efectivo de realojo a principios de septiembre

El pasado jueves 18 de julio ocupamos la sede del Ayuntamiento de Barcelona para pedir una reunión de urgencia provocada por la insostenible situación de 600 personas en Mesa de emergencia. La presión de la PAH y la ciudadanía logró que por primera vez, nos reuniéramos esta mañana representantes de las tres instituciones con competencias en materia de vivienda en la ciudad de Barcelona, con representantes del Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de Cataluña y Gobierno de España.

A la reunión han asistido Lucía Martín, concejala de Vivienda, Carlos Macías, asesor de Vivienda, Ricard Fernández, gerente de Derechos Sociales y Gerard Capó, Director Técnico de Programas de Actuación para el uso digno de la vivienda, por parte del Ayuntamiento de Barcelona; Judith Gifreu, directora y Jaume Fornt, director Adjunto de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, Agustín Sierra, secretario de hábitat Urbano y territorio y Francisco Iglesias, secretario de Asuntos Sociales y familia; Carlos Prieto, subdelegado del Gobierno en Barcelona y Estanislau Vidal-Folch, director del Área de Fomento.

Nos encontrábamos, así, ante una oportunidad única en cuanto a gestión de la situación, y es por ello que de esta reunión esperábamos, en primer lugar, una colaboración entre las tres instituciones para resolver urgentemente este problema, y en segundo lugar, un plan de trabajo inminente y efectivo.

Hemos hecho posible lo imposible, hemos conseguido que las tres administraciones reconozcan que la emergencia habitacional es responsabilidad de las tres administraciones y que solo con una colaboración entre ellas se podrá dar una respuesta efectiva.

Después de horas de negociaciones y diferentes intercambios entre las tres administraciones implicadas hemos conseguido la creación de un Gabinete de Crisis con un calendario de trabajo conjunto para hacer eficiente un realojo digno para las 600 familias.

A principios de la próxima semana tendrá lugar la primera reunión de trabajo donde hemos exigido que las administraciones competentes exploren las medidas concretas que aportarán para hacer efectivo un plan ejecutivo. Plan que debe estar redactado e iniciado a principios de septiembre.

Desde PAH Barcelona estaremos vigilantes para que todos los compromisos adquiridos en la reunión de hoy sean efectivos las siguientes semanas.

Una vez más la ciudadanía organizada hemos conseguido hacer posible lo imposible, forzar a las tres administraciones a que colaboren para garantizar el derecho a vivienda y poner por delante a las familias en lugar de luchas institucionales. Esperamos que estén a la altura de la situación de emergencia habitacional crónica que padecemos en Barcelona, Cataluña y el resto del Estado porque hay vidas en juego. 

PorPAH_Bcn

La PAH de Barcelona ocupamos el Ayuntamiento de Barcelona para exigir a Ada Colau, Quim Torra y Teresa Cunillera el cumplimiento de la Ley 24/2015

Exigimos la puesta a cero de la lista de espera de la Mesa de emergencia y la creación de un comité de crisis para gestionar la emergencia habitacional que sufre la ciudad de Barcelona

Hoy jueves 18 de julio la PAH de Barcelona hemos ocupado el Ayuntamiento de Barcelona para exigir realojos dignos para las familias que han sido desahuciadas y que ahora mismo se encuentran en pensiones indignas, muchas de ellas con una evidente falta de higiene o seguridad y sin tener en cuenta sus necesidades. Muchas de las familias realojadas en pensiones o albergues no disponen de cocina o nevera ni de espacio para poder estudiar los niños, como son los casos de Maketxu, Teresa, Pampa, Chaymae, Vega, Mónica, Karín o Anastasia, que han sido desahuciadas y se encuentran en esta situación, temporal, con la inseguridad que ello genera, para ellas y sus familias.

En Barcelona hay ahora mismo 600 personas procedentes, en su mayoría, de desahucios. Al drama, angustia e indefensión que genera un acto de tal agresividad como es un desahucio se le añade una vulneración flagrante, por parte de todas las administraciones, de los derechos humanos, acuerdos internacionales y la propia Ley 24/2015 al no garantizar un realojo digno a las personas desahuciadas

Actualmente se ofrecen realojos precarios y temporales (pensiones, albergues, residencia de estudiantes, hostales…) que muchos de ellos no cumplen con las mínimas condiciones de salubridad y no se ajustan a las necesidades de las familias. Encima no se garantiza una permanencia en el mismo lugar, ya que las familias pueden llegar a ser cambiadas de pensión varias veces en un mismo mes. 

Soluciones temporales que estaban pensadas para unos días o pocas semanas se convierten en espacios donde tienes que vivir durante meses o incluso años. Y todo eso ha sido denunciado en innumerables ocasiones con acciones públicas y reuniones privadas desde hace muchos meses y la respuesta siempre ha sido la misma: «no hay pisos» «no tenemos otra solución».

El Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España son los responsables directos de estas violaciones de los derechos humanos. Las personas desahuciadas son las que sufren las consecuencias de la incompetencia de unas administraciones incapaces, no solo de prever la situación, sino de encontrar ninguna medida para acabar con la emergencia. Es por ello que no desocuparemos el Ayuntamiento de Barcelona sin la creación y primera reunión de un Comité de Emergencia donde estén las tres administraciones y donde se cuente con colectivos de vivienda de la ciudad.

Actualmente estos realojos, hasta conseguir un piso de la Mesa de emergencia, son gestionados por la empresa Snow Travel, una empresa del sector turístico, que sin ningún tipo de conocimiento de las familias, las realoja sin tener en cuenta sus necesidades. Está claro que este convenio no funciona y se debe revisar para hacer frente a la realidad. Exigimos al Ayuntamiento de Barcelona que cambie el convenio firmado con la empresa para hacer efectivo un realojo digno. Aquí podeis ver los requerimientos y convenio firmado con la Generalitat de Catalunya.

El largo tiempo de espera de casi dos años para acceder a un piso de la Mesa de emergencia es inadmisible, y hace que las familias que han sido desahuciadas estén de pensión en pensión hasta que este piso no es adjudicado. 

Esta situación de incertidumbre e inseguridad genera graves impactos en la salud a las familias y más aún en las mujeres, como hemos evidenciado en los últimos informes publicados. Actualmente hay 1.500 familias en Cataluña sufriendo esta situación y esperando un piso de la Mesa de emergencia, 550 de ellas en la ciudad de Barcelona. Exigimos colaboración y corresponsabilidad entre Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de Cataluña y Gobierno español para conseguir medidas de urgencia e innovadoras para poner esta lista de espera a cero. Las familias no pueden esperar más y no son responsables de las nulas políticas de vivienda realizadas durante estos años en las diferentes instituciones como el Gobierno del Estado o la Generalitat.

La Administración es la responsable de ofrecer un realojo digno a las familias. La Ley 24/20115, en el artículo 5.6, nunca suspendido, dice: «Las administraciones públicas deben garantizar en cualquier caso el realojo adecuado de las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de ser desahuciadas de su vivienda habitual, para poder hacer efectivo el desahucio. El mecanismo de garantía de realojo lo debe acordar la Generalitat con la Administración local para los casos en que las Mesas de valoración que regula la sección IV del Decreto 75/2014, de 27 de mayo, del Plan para el derecho a la vivienda, tramiten como emergencias económicas y sociales». Actualmente, tanto el Ayuntamiento de Barcelona como la Generalitat están incumpliendo sistemáticamente la Ley dejando de lado a las familias que han sufrido un desahucio.

En cualquier país de nuestro entorno todas las familias que están en estos momentos en pensiones o resistiendo los desahucios en sus hogares estarían en un piso público. Es inadmisible que nos llamemos una sociedad avanzada y tratemos a las familias vulnerables de esta manera. La falta de un parque público de alquiler social en nuestras ciudades deriva en una crisis habitacional que se ha visto agravada y cronificada en los últimos 10 años, y que el futuro no es nada esperanzador. Para aumentar el pico de 1,6% del parque en la ciudad de Barcelona y equipararnos a Europa que ronda el 15%, la respuesta debe venir de diferentes agentes. La sociedad civil organizada ya está poniendo todo su esfuerzo para erradicar la situación, pero es necesario que las administraciones, TODAS, se impliquen, al igual que el sector inmobiliario. Hace falta responsabilidad y un cambio de paradigma, tanto en medidas de urgencia como en las estructurales. Un dato: Barcelona ha perdido un 39% de su parque, si en vez de haber hecho vivienda pública de venta la hubiera hecho de alquiler e indefinido. Las administraciones tienen que aprender del pasado, ser ágiles y poder cambiar aquello que no ha funcionado. Es por ello, que hoy queremos tener delante a las 3 administraciones para hacer lo que parece imposible y que la PAH quiere hacer posible: tener un pacto para dar salida a las centenares de familias que se encuentran en inseguridad residencial vulnerándoseles su derecho a tener una vivienda digna. 

Durante el periodo electoral de las pasadas elecciones municipales nos reunimos con todos los partidos políticos para trasladar unas demandas concisas de cara a este nuevo mandato, y que casi todos ellos valoraron positivamente de trabajar en las necesidades. Ahora es el momento, sin embargo, de que el nuevo Ayuntamiento de Barcelona, liderado por Ada Colau, esté del lado de la ciudadanía, promoviendo medidas valientes para hacer frente a esta situación.

Asimismo, una vez recuperada íntegramente la Ley 24/2015, a principios de año exigimos al President Quim Torra y al Gobierno de la Generalitat medidas valientes para acabar con la emergencia habitacional. Nuestras demandas son claras y concisas, solo hace falta voluntad política para hacer frente. Cuatro meses después, y con pocos de los compromisos asumidos, la semana pasada volvimos a encontrarnos para evidenciar que hay que aplicar las actuaciones pendientes y cumplir el calendario. El Gobierno de la Generalitat no puede dar la espalda a las familias. 

Por su parte, el Gobierno español, antes de las elecciones, se comprometió a hacer los «viernes sociales». Exigimos que vuelvan estos viernes pero con la diferencia de escuchar a la ciudadanía y no hacer medidas maquillaje. Las más de 644.718 familias desahuciadas desde 2008 en todo el Estado no pueden esperar más. Tenemos un gobierno en funciones y debe actuar para dar respuesta a la ciudadanía, ahora mismo están haciendo dejación de sus funciones. Exigimos llevar las demandas de la PAH al Congreso y dar respuesta inmediata a la emergencia de los desahucios y a la corresponsabilidad del sector financiero.

En Barcelona, en Cataluña y en el resto del territorio español estamos en una situación crónica de emergencia habitacional. De 2008 a 2018 se han desahuciado 644.718 familias en el territorio español. En 2019 Cataluña continúa liderando el ranking de la vergüenza en desahucios, y en Barcelona continúan los 11 desahucios diarios. Los datos hablan por sí solos, es necesario que las administraciones afronten el problema con urgencia e implicación. Dando la espalda a la ciudadanía no harán que desaparezca la grave situación que padecen las familias. 

La PAH una vez más, como vamos haciendo desde hace 10 años, nos adelantamos a las instituciones y proponemos soluciones efectivas. Ahora, sin embargo, es necesario garantizar los realojos dignos a las familias, la vivienda es un derecho y seguiremos luchando para hacer cumplir la ley. Una vez más demostraremos que #SiSePuede.

PorPAH_Bcn

Insuficiencia en el plan de derecho a la vivienda del nuevo Ayuntamiento de Barcelona

El acuerdo entre BeC y PSC obvia temas claves

El 10 de julio de 2019 el nuevo gobierno municipal de Barcelona ha publicado el documento titulado “Acord d’esquerres per al govern de Barcelona”, firmado por Barcelona en Comú y el Partit Socialista de Catalunya.

En dicho documento se especifica que en los próximos 4 años trabajarán con diálogo permanente con todas las fuerzas políticas para generar consensos en políticas de ciudad, así como un diálogo con entidades y la sociedad civil. Entre las medidas acordadas, destacamos el punto 4, donde se comprometen a desarrollar el derecho a la vivienda y la transformación urbana en los barrios:

  • Analizar la ampliación del 30% de vivienda social, construir o adquirir 1.500 viviendas públicas anuales con un mínimo de 4.000 de nueva construcción.
  • Reforzar el Operador de Vivienda y el Consorcio Metropolitano de Vivienda.
  • Crear un centro anti-mobbing inmobiliario.
  • Reducir los desahucios.
  • Trabajar con el gobierno central para que se pueda declarar zonas urbanas de mercado tensionado y regular las subidas abusivas de alquileres.
  • Impulsar medidas en diferentes barrios.
  • Rehabilitación de entre 75.000 y 80.000 hogares con énfasis en la pobreza energética.
  • Plan de Barrios: impulsarlo de manera eficiente en 10 áreas incluyendo mecanismos de gobernanza.

Valoramos positivamente estas propuestas pero nos gustaría saber cómo se van a llevar a cabo, con qué presupuesto y cuándo tendremos disponibles las viviendas para hacer frente a las más de 550 familias en la Mesa de emergencia, a las más de 36.000 personas que han solicitado una vivienda social, por ejemplo.  Recordemos que desde la PAH y en campaña electoral se pidieron puntos que se tratan de manera escueta o no se mencionan, como la revisión del protocolo de acceso a la Mesa de emergencia y la reducción a cero de la lista de espera en la Mesa de emergencia, el realojo digno después de un desahucio, ampliar la bolsa de alquileres, facilitar la negociación en casos de ocupación para obtener realojos sociales, unificar las visitas a Servicios Sociales y Habitatge y el seguimiento individualizado de los bloques con mobbing inmobiliario.

Cabe recordar el compromiso de los representantes de BeC durante la campaña electoral, de “dejar a cero la lista de espera de la Mesa de emergencia, garantizar la Ley 24/2015 y que la bolsa de alquiler se abra todo el año”, así como los compromisos del PSC diciendo que pretendían “evitar los realojos en pensiones, conseguir 5.000 pisos de alquiler de entidades financieras, conseguir 25.000 viviendas sociales y el cumplimiento de la Ley 24/2015”. (https://elpais.com/ccaa/2019/06/21/catalunya/1561124321_164474.html).

La situación de emergencia habitacional hace necesarias y urgentes medidas valientes, que abarquen la totalidad de la población para que tengan garantizado el derecho a la vivienda, y no repetir años como el 2018, donde se practicaron, solo en Barcelona y según los datos del Consejo General del Poder Judicial, 2.381 desahucios. Esta cifra no refleja la realidad de la ciudad donde centenares de familias abandonan su hogar de forma invisible por no poder pagar su alquiler debido a las subidas abusivas, y a las otras centenas de familias que son desahuciadas de sus casas por ocupación y que los datos no reflejan.

Necesitamos medidas valientes e innovadoras para hacer efectivo el derecho a la vivienda en nuestra ciudad. Desde la PAH seguiremos proponiendo medidas y desobedeciendo las leyes injustas para que a ninguna familia se le vulnere su derecho a tener una vivienda digna y adecuada.

¡Porque sí se puede y lo demostramos cada día!

PorPAH_Bcn

Exigimos al President Torra el cumplimiento de los compromisos logrados en materia de vivienda y pobreza energética ahora que la Ley 24/2015 es completamente vigente

Después de cuatro meses desde la primera reunión con el President, valoramos el trabajo conjunto pero los avances son pocos: hay que aplicar las actuaciones pendientes y cumplir el calendario

Barcelona, 11 de julio de 2019

Hoy, el Grupo Promotor de la ILP Vivienda – Ley 24/2015, formado por las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de Cataluña, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC, hemos mantenido una reunión de seguimiento de la aplicación de la norma con el President Quim Torra, en la que se ha puesto sobre la mesa que no se han conseguido los compromisos acordados al respecto.

En el encuentro, han participado también el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, la Consejera de Empresa y Conocimiento, Maria Àngels Chacón, el Consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El Homrani, la directora de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, Judith Gifreu, el Secretario de Hábitat Urbano y Territorio, Agustí Serra, el Secretario de Asuntos Sociales y Familias, Francesc Iglesias y el Secretario de Comunicación de la Generalitat, Antoni Molons.

El pasado mes de febrero, y después de casi 3 años, conseguimos recuperar íntegramente la Ley 24/2015 que el PP y la banca intentaron tumbar llevándola al Tribunal Constitucional, recuperando artículos imprescindibles. Un mes después, presentamos medidas efectivas para acabar con la emergencia habitacional y la pobreza energética en Cataluña  y exigimos al President de la Generalitat la necesidad de un gobierno valiente para hacerle frente. 

Durante cuatro meses, hemos mantenido ocho reuniones con los diferentes departamentos que abordan tanto la emergencia habitacional como la pobreza energética. La valoración y balance de las reuniones se puede consultar aquí.

Como aspecto positivo, cabe mencionar el trabajo conjunto que antes no existía y el reconocimiento de las entidades sociales como interlocutoras principales. También se han hecho algunos avances en cuatro de las trece demandas que planteamos.

No obstante, quedan avances claves pendientes de activar y hay que darles una prioridad real de cara a septiembre. No estaremos eternamente sentadas en una mesa, ahora hay que pasar a la acción y ver resultados reales.

Las demandas principales que hemos exigido que se activen en septiembre y la respuesta del Gobierno son las siguientes:

  1. Aplicación inmediata de un plan de choque para poner la Mesa de emergencia a cero antes de que termine el año 2019. El Gobierno lo vincula al nuevo decreto ley de vivienda, reconociendo que es necesario pero posponiéndolo.
  2. Activar una campaña comunicativa dirigida a la población para que conozca sus derechos y para la aplicación plena de la ley en el mes de septiembre de 2019. El President ha aceptado activarla en septiembre con urgencia.
  3.  Actualizar en el mes de septiembre el protocolo de comunicación de desahucios del TSJC y la Consejería de Justicia, ya que es de 2013, y obvia la Ley 24/2015. El Gobierno hará una reunión en septiembre con el TSJC a la que reclamamos asistir.
  4. Concretar en septiembre a través de un reglamento o instrumento legislativo propio un precio y procedimiento de la cesión obligatoria de viviendas vacías para aplicarla, sin transferir a los bancos dinero público. El Departamento lo vincula al decreto y hay que señalar que no podemos renunciar ni un día más a movilizar vivienda vacía de los grandes propietarios.
  5. Incorporar las propuestas de ampliación de la Ley 24/2015 a las iniciativas legislativas del Gobierno previstas para el curso 2019-2020 y contar con nuestro acuerdo en la forma de incluirlas. También lo vinculan al decreto y hemos dejado claro que habrá que contar con nuestro visto bueno.
  6. Firma de convenios para acabar con las deudas antes de terminar el año 2019. Hemos obtenido un compromiso de la Consejera de Empresa de hacerlo realidad en este plazo.
  7. Implementación del protocolo de detección de casos de pobreza energética de los Bomberos de la Generalitat en todos los parques una vez finalizada la prueba piloto en noviembre. El Consejero de Asuntos Sociales se ha comprometido.
  8. Reunión con el Departamento de Empresa para que el protocolo de instalación de contadores sociales de luz y de gas en viviendas en situación de ocupación pueda ver la luz a lo largo del mes de septiembre. Se ha obtenido el compromiso de una reunión para hacerlo desencallar en julio.
  9. Hacer públicos los datos de los cortes de suministro parados desde la entrada en vigor de la Ley 24/2015 antes del mes de agosto. A pesar de la falta de respuesta hasta el momento, hoy mismo se han aportado nuevos datos que serán complementados de forma urgente.

El Gobierno no puede renunciar a hacer uso del 100% del potencial de una ley pionera que nos permite acabar con la emergencia habitacional, además, habiéndola salvado del recurso del PP y la banca.

PorPAH_Bcn

Stop Desahucios Julio 2019

Contador desahucios mes:  9

Contador total 2019:  158

Parados – 3Suspendidos – 1Entrega llaves –Realojos – Ejecutados – 1

Desahucios por alquiler

Martes 2
Demandante: Inmb. lanzamiento #SoluciónParaAnastasia EJECUTADO
Dirección: Rambla de Guipúscoa, 2 Barcelona (08018)

Viernes 5
Demandante: Inmb. lanzamiento #SoluciónParaKaren Parado en puerta
Dirección: Calle Baluard, 59 Barcelona (08003 Barceloneta)

Desahucios abiertos en marcha

Demandante: Inmb. #SoluciónParaMónica
Dirección: Calle Consejo de Ciento 217, Barcelona

Desahucios por ocupación

Lunes 1
Demandante: BBVA  #MariaSeQueda Parado en puerta
Dirección: Carrer de la Mare de Déu de Port, 265-267 Barcelona (08038)

Miércoles 3
Demandante: BANCO POPULAR  #MariaFernandaSeQueda SUSPENDIDO
Dirección: Carrer Violant d’Hongria Reina d’Aragó, 40 Barcelona

Demandante: DOMUS BARCELONA SOCIAL, S.L. #JefersonSeQueda PARADO en puerta
Dirección: Carrer Bonsoms, 16  Barcelona (08028)4

Viernes 5
Demandante: EFLEGIN INVESTMENTS, S.A.U.
Dirección: Carrer Pas De Valls, 19 Barcelona (08004)

Jueves 11
Demandante: BANCO SABADELL lanzamiento
Dirección: Calle Muga, 11 Barcelona (08038)

Viernes 26
Demandante: BANCO SANTANDER
Dirección: Carrer de Terra Baixa, 37-39 Hospitalet (08901)

¡Si se puede Stop desahucios! Julio 2019
PorPAH_Bcn

Caixabank sigue demostrando su verdadera cara

A pesar de todo el esfuerzo invertido por Caixabank para vendernos la moto con su Obra Social, la realidad es que actúan como cualquier otra entidad, estafando primero a las familias para luego adueñarse de sus hogares y dejarlas en la calle sin alternativas

Llevamos varias semanas en campaña de denuncia contra Caixabank, ejerciendo presión con acciones continuadas y realizando negociaciones junto a las afectadas, como Kerly, Martha e Isabel, a quienes la entidad no está ofreciendo una solución en base a lo que marca la LAU. Esto deja claro cuál es la verdadera cara de Caixabank: vulnerar Derechos fundamentales y violar las leyes que los protegen.

Las leyes están para cumplirlas y Caixabank no está por encima de ellas. Kerly, Martha, Isabel y tantas otras necesitan que se les haga justicia tras años de estafas y mentiras. La justicia se resume muy rápido: Alquiler Social en base a sus ingresos con una duración de 7 años, no 3 como la entidad pretende, a unos importes que se sacan de la manga.

Por ello hoy, en colaboración con el Colectivo Enmedio volvemos a una oficina de Caixabank, para visibilizar de manera distinta y original, a la altura de nuestras anteriores colaboraciones para acabar con el mal, las políticas antisociales de este banco rescatado con 6.465 millones de euros, sin haber dado ningún tipo de contraprestación social a ese capital, que como bien sabemos, no se dignará ni a devolver. Un dinero pagado por todas, que solo servirá para que se siga patrocinando la especulación de las viviendas en manos de la banca.

Ese rescate debe servir para dar una segunda oportunidad a las familias y no para usar sus hogares, una vez arrebatados, para engrosar sus beneficios vendiéndolos a fondos buitre, en este caso Coral Homes.

Tras la recuperación, el pasado 22 de febrero, de los artículos suspendidos por el PP de la Ley 24/2015, surgida gracias a una ILP impulsada por la PAH, el Observatorio DESC y la Alianza contra la Pobreza Energética, Caixabank está obligada a ofrecerle a Kerly el alquiler social, pero opta por hacer caso omiso e infringir las leyes, tanto autonómicas como estatales.

La vivienda es un derecho para todas, decimos basta ya y exigimos soluciones. 

Llevamos 10 años en lucha, demostrando la legitimidad de nuestras demandas, hemos cambiado leyes y creado otras nuevas, para defender a las familias contra la usura y la estafa bancaria. Seguiremos denunciando la situación y peleando hasta lograr una legislación que garantice el derecho a una vivienda digna, asequible y estable para todas.

Las familias no están solas, la PAH tampoco, y volvemos a poner a Caixabank en medio del relato. No vamos a permitir ni un día más que las familias vivan sus vidas en cajas, con el miedo a ser desahuciadas en cualquier momento sin estar preparadas. Preparadas están y seguirán estando para hacer frente a la mafia bancaria que solo quiere especular con sus vidas

#enCAIXAdes