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Blackstone mata

Las PAHs de toda Catalunya exigimos soluciones para familias vulnerables

Hoy hace exactamente un año del asesinato de Jordi, el vecino de Cornellá que se quitó la vida por no poder pagar su alquiler a Blackstone. Las PAHs de Catalunya volvemos a las oficinas de este fondo buitre a exigir justicia. a decir alto y claro que no vamos a dejar que haya una muerte más por su usura y que atiendan uno a uno todos los casos. Esperamos que no se tenga que perder otra vida para que se sienten a negociar con nosotras.

Blackstone en España opera con el nombre Anticipa Real Estate, gestora inmobiliaria con la que se adueño de las hipotecas de Catalunya Caixa. Una operación habitual, comprar la deuda de economías en problemas, para posteriormente presionar y cobrar la totalidad del valor de esa deuda, negando a las familias reestructuraciones de deuda, quitas o alquileres sociales, a pesar de que estamos hablando de viviendas que provienen  de cajas y bancos que recibieron ayudas del FROB, ese rescate bancario de más de 60.000M€ de dinero público y sin ningún tipo de contraprestación a la sociedad. 

Blackstone, aprovechandose de la situación, lleva invertidos en España desde el inicio de la crisis más de 20.000 M € (5.420 M € sólo durante el 2018). Blackstone ha comprado Hoteles (con 20.000 camas es el segundo mayor propietario de camas hoteleras de España), Viviendas (con 35.000 viviendas es el mayor casero de España), Hipotecas (100.000 a Catalunya Caixa), Logística (55 activos logísticos y 162.000 m2 de suelo para uso industrial) y Juego (compró Cirsa Codere). Como cualquier fondo buitre extractivista su único objetivo es comprar barato y vender caro en el menor tiempo posible. No le importa los métodos ni como quede el país tras su paso. En España por ejemplo, sólo 5 años después, ya ha puesto a la venta parte de los 1.860 pisos de vivienda pública que compró al Ayuntamiento de Madrid o de las 100.000 hipotecas que compró a Catalunya Caixa. 

La relatora de vivienda de la ONU, Leilani Farha, en un reciente informe sobre Blackstone expresó “serias preocupaciones de que sus acciones sean consistentes con el derecho internacional de los derechos humanos con respecto al derecho a la vivienda y su responsabilidad de respetar los derechos humanos bajo los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.” 

Blackstone se esconde tras 6 SOCIMIS, Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, creadas por el Partido Socialista y que gracias al Partido Popular no pagan impuesto de sociedades, (Euripo, Torbel, Albirana, Testa, Corona y Fider) y detrás de numerosas empresas como Budmac o Alquilovers. Todo un entramado de sociedades  para evadir  impuestos en paraísos fiscales o Luxemburgo, cuyo principal objetivo de Blackstone es comprar activos con el menor precio posible y que en el momento de la venta, en un periodo a corto o medio plazo, se venda a otros inversores para conseguir altas rentabilidades. Algunos de sus  competidores en el  sector son: Kronos Homes y Värde Partners. Blackstone registró el año pasado dos nuevas socimis bajo el nombre de Pegarena y Tourmalet.

En pocos años se ha convertido en el mayor gestor inmobiliario de nuestro  país, amasando el suficiente poder sobre el mercado como para permitirse el lujo de influir en las políticas de vivienda con amenazas al propio Gobierno. Haya Real Estate es la empresa  inmobiliaria de Blackstone. Administra la mayor cartera de REOs en toda España y comercializa más de 15.000 inmuebles al año. Además, explota grandes carteras de patrimonio inmobiliario y son expertos en alquiler de REOs (REO es el acrónimo del término inglés «Real Estate Owned» o propiedades embargadas tras juicio hipotecario. REO es un término de la industria financiera que hace referencia a las propiedades que una institución ha ejecutado y que ahora le corresponden.) Y vivienda social. En Barcelona se adjudicó un edificio de vivienda de protección oficial en la Avenida Diagonal y ahora lo está poniendo a la venta por 30mil millones de Euros. Desde la PAH exigimos a la Generalitat de Catalunya que no lo permita. Con un 1.5% de parque público de alquiler social no podemos permitir que fondos buitres como Blackstone venga a colonizar y a expulsarnos de nuestras ciudades. 

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca llevamos años denunciando y exigiendo a los Gobiernos de turno responsabilidad y la protección a las familias. Durante estos años la respuesta de las instituciones ha sido la de seguir protegiendo a los especuladores y dejando en la cuneta a las miles de familias que son víctimas de este fondo buitre.

Frente a esto, las PAHs  de toda Catalunya dicen BASTA. No vamos a permitir que se sigan vulnerando los derechos humanos sin ninguna consecuencia.

Hoy, empezamos una campaña de presión y escrache al fondo de inversión Blackstone y todas aquellas que le favorezcan operar en el estado y ciudades. Como primer paso nos hemos concentrado en sus oficinas del Prat del Llobregat para exigir demandas concretas a decenas de familias que llevan años intentando buscar soluciones y que este fondo de inversión solo les ha dado una orden de desahucio como respuesta. 

Exigimos: 

  • Una oficina de atención al público en Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida. 
  • Alquileres sociales según  la Ley 24/2015 por impago de hipoteca y  de alquiler con los baremos de la ley y a 7 como marca la LAU.
  • Renovaciones de los alquileres sociales. Hay 500 familias en Barcelona a las que les finaliza el contrato el alquiler social y no se lo quieren renovar
  • Quitas de deuda
  • Alquiler social para los casos de ocupación
  • Citas por escrito para cada uno de los casos que presentamos hoy en sus respectivas PAHs en una semana

La batalla empezó hace años, ahora seguiremos denunciando sus nuevas prácticas abusivas y usureras. Ya no solo están quedándose con las viviendas de las familias vulnerables, sino que están adquiriendo hoteles, empresas de juegos, para seguir explotando nuestras vidas y exprimir el último céntimo de las familias que hacen malabarismos para llegar a fin de mes.

Si estás afectada por este fondo de inversión escríbenos un correo a  lapahdebarcelona@gmail.com. Estamos tejiendo una red internacional para hundir a este fondo buitre y a todas las que permitan que operen de manera fraudulenta incumpliendo tratados internacionales de DDHH

Digamos bien alto y claro que Blackstone- Anticipa: estafa, engaña, mata y echa a la gente de sus casas. ¿Lo vas a permitir? Nosotras NO. la revolución empieza aquí. No estás sola

#BlackstoneMata

Hemos elaborado un amplio dossier sobre Blackstone y testimonios de afectadas que puedes leer y descargar aquí

PorPAH_Bcn

Demandas de los movimientos sociales ante el nuevo gobierno de Barcelona

Estos días presenciamos cómo los resultados de las elecciones municipales se convierten en una lucha por el poder que obvia qué medidas se implementarán a lo largo del próximo mandato para garantizar una vida digna de las personas y la preservación de la biodiversidad que la hace posible. Desgraciadamente se ha continuado con la priorización del choque de bloques por sobre las necesidades de las personas.

Por todo ello, en un momento donde los grandes lobbies presionan en la dirección contraria, desde los movimientos sociales de la ciudad exigimos que se posen en el centro las políticas sociales y las necesidades de las personas y el planeta.

Ante los abusos y ataques a la democracia de los poderes económicos, las persistentes desigualdades, el grave deterioro ambiental y la emergencia habitacional de la ciudad, se hace imprescindible abordar de forma inmediata las siguientes demandas en la acción de gobierno en Barcelona:

Desigualdades y justicia social

  • Hay que mantener el compromiso con el plan decenal de inclusión, revisar, reforzar y ampliar los planes de barrios, reforzar las políticas públicas en sanidad, servicios sociales y educación, luchando contra la segregación escolar, desarrollando políticas de ocupación claramente orientadas a hacer frente a la precariedad y los bajos salarios, incorporando medidas urbanísticas que hagan frente a la gentrificación y la apropiación privada del espacio público.
  • Exigimos garantizar el acceso universal a los suministros básicos, sea cual sea el nivel de renta de la familia o el régimen de tenencia de su vivienda. En este sentido, toda política municipal tendría que integrar la defensa y la aplicación en forma de sanciones de la Ley 24/2015, como norma que protege los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, hay que consolidar el enfoque de la pobreza energética desde una perspectiva de derechos, ampliando de este modo los recientemente creados Puntos de Asesoramiento Energético para que sean un servicio conocido y empleado por el conjunto de la ciudadanía y fomenten el apoderamiento colectivo. Igualmente, hay que avanzar de manera decidida hacia la soberanía energética, haciendo de Barcelona Energia un espacio de participación colectiva por un control democrático de la producción, distribución y consumo energético.

Emergencia climática y justicia ambiental

Es necesaria una visión global de la cuestión y abordar prioritariamente la emergencia climática donde las siguientes medidas su fundamentales:

  • Hace falta un cambio en el modelo de movilidad, con una apuesta decidida por el transporte público: tranvía, metro, red de transporte en superficie con perspectiva metropolitana, puesta en marcha de una extensa red de parkings disuasorios, fomento del uso de la bicicleta y planificación de un urbanismo favorable a los peatones y de una extensa red de espacios verdes con la renaturalización de los ríos Llobregat y Besòs.
  • Apostar por una política de transformación del modelo energético local. Con un operador municipal verde, que no participe de la incineración de residuos, con gobierno público-comunitario, que ejerza como verdadero agente de cambio, hacia una transición energética social y ambientalmente justa en la ciudad de Barcelona.
  • Luchar contra los grandes contaminantes limitando al máximo el tráfico de vehículos movidos por energías fósiles, la llegada de cruceros, la generación de energía mediante incineración o centrales de ciclo combinado de gas o carbón.
  • Una política de gestión de residuos orientada al residuo cero, implementación en toda la ciudad del sistema de recogida puerta a puerta con una fuerte limitación del uso de plásticos, fomento de envases retornables, reutilización, reciclaje y que elimine la incineración.
  • Implementar la remunicipalización del agua de Barcelona y el Área Metropolitana, así como poner en marcha un espacio de concertación entre actores sociales e institucionales para velar por la gestión del agua como un bien común, el cumplimiento del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento y la preservación de los ecosistemas que abastecen de agua a Barcelona y el Área Metropolitana. Tal como piden más de 250 entidades, algunas de 3er nivel, en el Compromís per l’Aigua Pública i Democràtica de L’AMB*.

Emergencia habitacional, alquiler y turismo

  • Políticas decididas para una transición en forma de decrecimiento turístico acompañadas de alternativas económicas más justas. Sustitución del consorcio público-privado Turismo de Barcelona por una agencia pública encargada de controlar y contener el sector. Ampliación de la zona 1 del actual plan de alojamientos turístico (PEUAT) a toda la ciudad, parando la concesión de licencias de cualquier tipo de alojamiento turístico en la ciudad y poniendo en marcha un proceso análogo en el ámbito metropolitano.
  • Abordaje de las grandes infraestructuras de movilidad como factor fundamental de la turistificación; por ser puerto y aeropuerto competencias supra-municipales, hace falta un acuerdo de ciudad y un proceso de diálogo con el resto de administraciones para que sea la ciudad quien gestione estas infraestructuras. Cesión por parte de la Generalitat al Ayuntamiento de la gestión del 100% de la recaudación de la tasa turística para destinarla por ley a finalidades como por ejemplo el parque público de alquiler, a reforzar el tejido vecinal o la financiación del proceso de decrecimiento turístico.
  • En política de vivienda es imprescindible el aumento del parque público de alquiler en cumplimiento de la medida del 30% y 15% de vivienda pública. Hace falta un cumplimiento íntegro de la Ley 24/2015, así como ampliar la Bolsa de Alquiler y revisar las ayudas ofrecidas por la Administración. Hay que facilitar acuerdos de alquiler social ante problemáticas como la de las familias forzadas a ocupar, así como publicar datos del fenómeno.
  • Para hacer frente a la emergencia hay que modificar el protocolo de acceso a la Mesa de emergencias y una reducción drástica de la lista de espera que actualmente supera los dos años. Hay que acordar el destino del realojamiento después del desahucio con antelación a la fecha de éste y evitar el uso de pensiones, que en ningún caso suponen una alternativa digna. Hay que unificar las visitas a Servicios Sociales y Habitatge para que exista una mesa única y no se dupliquen las funciones.
  • Hace falta un seguimiento individualizado de los casos de bloques con intermediación directa del Ayuntamiento, agilización de las denuncias por acoso inmobiliario.

Y por todo esto es imprescindible que el próximo gobierno de la ciudad tenga como prioridad estas cuestiones, con transparencia y facilitando la participación de los movimientos sociales para seguir con la profundización de la democracia, y hacer frente a los lobbies y a los poderes que intenten apropiarse de la ciudad.

Barcelona, 11 de junio de 2019

Aigua és Vida, Aliança contra la Pobresa Energètica, Assemblea de Barris per a un  Turisme Sostenible, Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, la PAH, Sindicat de Llogateres i la Xarxa per la Sobirania Energètica

* Compromís per l’Aigua Pública i Democràtica https://aiguabcn.org/compromis/compromis/

PorPAH_Bcn

Exigimos al Ayuntamiento de Hospitalet soluciones para Juan y su familia

El Ayuntamiento, liderado por Núria Marín y el PSC, incumple la Ley 24/2015 y deja a Juan y su familia en la calle tras sufrir un desahucio abierto.

El pasado martes 28 de mayo Juan y su familia con dos menores y su mujer embarazada, fueron desalojados de su vivienda después de que el Juzgado de Primera Instancia de Hospitalet de Llobregat decretase un desahucio con fecha abierta, una práctica específicamente prohibida por el Real Decreto 7/2019.

El Ayuntamiento, a pesar de conocer a través de sus departamentos que este desahucio se podía producir a partir del día 20 del mes pasado, no ha hecho absolutamente nada para encontrar un realojo digno antes de suceder y evitar de esta manera el insoportable nivel de angustia que supone este tipo de prácticas inhumanas.

Una vez producido el desahucio y después de un día entero esperando la actuación de Servicios Sociales, se acaba derivando a la familia a una teórica pensión en el número 578 de la Avenida Diagonal de Barcelona. Al llegar, Juan y Aurora comprueban horrorizados cómo el lugar no cumple los mínimos estándares de higiene y dignidad: el piso huele mal, las sábanas de su habitación están sucias, el suelo y las paredes llevan tiempo sin limpiarse y los lavabos no tienen unas mínimas condiciones de salubridad. Además, encuentran que algunos de los huéspedes escupen en el suelo e incluso fuman dentro de la estancia. Ante esta situación y, recordemos, con dos menores a cargo, la familia toma la decisión de abandonar el espacio y consiguen dormir con unos colchones en el suelo del comedor de una vecina del bloque de donde acababan de ser desahuciados y con la que habían mantenido una buena relación durante su convivencia como vecinas.

Al día siguiente, el miércoles 29, solicitamos reuniones con cargos de la Administración y una campaña para denunciar la situación de Aurora y de Juan, sin ningún éxito, por lo cual tienen que pasar una segunda noche durmiendo indignamente en un comedor ajeno, porque el Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat incumple el artículo 5.6 de la Ley 24/2015, que establece que «las administraciones públicas tienen que garantizar en cualquier caso el realojo adecuado de las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de ser desahuciadas de su vivienda habitual, para poder hacer efectivo el desahucio». Es por este motivo que desde la PAH de Barcelona decidimos realizar una acción de denuncia al Ayuntamiento el jueves 30, y después de una reunión con el regidor José Castro y los responsables de Vivienda y Servicios Sociales, se decide realizar una nueva visita a la pensión de Diagonal para aclarar si realmente se encuentra en condiciones.

Junto con Aurora y Juan, acudimos al lugar aquel mismo mediodía y, al llegar, detectamos que el piso se acaba de limpiar deprisa y corriendo. A pesar de encontrarnos con las ventanas abiertas de par en par, constatamos que el olor todavía es fuerte y que, si se inspeccionan algunas zonas más escondidas, se ve claramente que el lugar está muy sucio, incluyendo la cocina y los lavabos. Además, encontramos en el interior un cenicero con cigarrillos apagados. Para tener constancia, tomamos fotografías y grabamos un video donde se ven claramente las malas condiciones de salubridad.

Es cuando nos disponemos a salir cuando aparece el teóricamente responsable del hostal, quien, muy nervioso, nos amenaza y nos pregunta cómo hemos entrado al lugar. Su compañero, quien nos había abierto, se sitúa detrás grabando la discusión con su móvil. Intentamos explicarle la situación, pero esta persona se pone cada vez más nerviosa y traspasa la línea de la agresividad, llegando incluso a bloquear el paso hacia la salida, generando momentos de tensión en los cuales tememos por nuestra integridad física. Finalmente, conseguimos abandonar el piso, momento en el cual esta persona se encara con una vecina del piso de arriba que estaba bajando las escaleras.

Después de explicarle todo lo que había pasado al responsable de Vivienda, y después de que éste hiciese una llamada al encargado de Servicios Sociales, se nos deriva a los trabajadores sociales de referencia de la familia en la sede de Can Serra, donde aquella tarde mantenemos una reunión de más de una hora con su personal. La única alternativa que se ofrece entonces a la familia es una pensión en el barrio de Sants de Barcelona, con una habitación doble (cuando la familia está compuesta por 4 personas, incluyendo dos menores y una mujer embarazada) por aquella noche, con la particularidad de que esta pensión es del mismo propietario que nos acaba de amenazar unas horas antes. Después de la angustia vivida, lógicamente la familia decide no aceptar esta alternativa por miedo a encontrarse allí de nuevo con esta persona.

Las mismas trabajadoras sociales y su jefa nos confirman que el Ayuntamiento no está en disposición de ofrecer ninguna otra alternativa. A pesar de tratarse de la segunda ciudad más poblada de Cataluña, parece que solo hay un convenio para alojar a las familias desahuciadas en tres o cuatro pensiones y, cuando estas se encuentran llenas, no hay ninguna otra vía para garantizar este realojo.

A día de hoy, la familia sigue durmiendo en el suelo del comedor de la vecina y el Ayuntamiento no le ofrece ninguna alternativa, incumpliendo de forma clara la legislación vigente en materia de vivienda, la ley 24/2015.

Estamos hoy en el Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat para exigir una solución digna para Juan y su familia. ¡La vivienda es un derecho y desde la PAH lo vamos a demostrar!

PorPAH_Bcn

Stop Desahucios Junio 2019

Contador desahucios mes:  13

Contador total 2019:  145

Parados – 2Suspendidos – 7Entrega llaves –Realojos – Ejecutados – 1

Desahucios por hipoteca 

Martes 4
Demandante: BBVA. 3r lanzamiento  #UmaroSeQueda  SUSPENDIDO
Dirección: C/ Foc Follet, 59  Barcelona ( 08030)

Demandante: BBVA #VilmaSeQueda SUSPENDIDO
Dirección: C/ d’Alcudia, 72  Barcelona 

 

Desahucios por alquiler

Lunes 3
Demandante: CRITERIA CAIXA, S.A.U. 2o lanzamiento #IsabelSeQueda SUSPENDIDO
Direcció: C/ Balmes, 319  Barcelona (08006)

Miércoles 5
Demandante: Inmb. 2o lanzamiento #SoluciónParaAdul PARADO en puerta
Dirección: C/ Arc del Teatre, 67 bis Barcelona (08001)

Viernes 14
Demandante: ADMINISTRACION DE FINCAS TRAVÉ, S.L.  #SoluciónParaMoira PARADO en puerta
Dirección: C/ Almería, 20 Barcelona (08014)

Jueves 20
Demandante: DESARROLLOS EMPRESARIALES MATARO, S.L.
Dirección: Carretera de la Bordeta, 92  Barcelona (08014)

Desahucio obierto segunda quincena junio

Demandante: Inmb. #SolucionParaMakechu EJECUTADO
Dirección: C/ Sors, 12, Barcelona (08024 Gracia)

 

Desahucios por ocupación

Martes 4
Demandante: AVIR INVESTMENTS 2016, S.L.U. 3r lanzamiento #MiriamSeQueda SUSPENDIDO
Dirección: C/ San Manuel, 17 Barcelona (08031)

Miércoles 5
Demandante: BUDMAC INVESTMENTS II, S.L.U.  #JesicaSeQueda SUSPENDIDO
Dirección: Carrer dels Salvador, 18 Barcelona (08001)

Martes 11
Demandante: BBVA 5o lanzamiento 
Dirección: C/ Alcudia, 72 – 74 Barcelona (08016 Nou Barris)

Lunes 17
Demandante: AGENCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA #SoniaSeQueda  SUSPENDIDO
Dirección: C/ Pla de Fornells, 76 Barcelona (08042)

Martes 18
Demandante: BBVA 3r llanzamiento
Dirección: Calderón de la Barca, 39  Hospitalet de Ll. (08906)

Miércoles 19
Demandante: Inmb. 2o lanzamiento
Dirección: C/ Padilla, 359 Barcelona (08025)

¡Si se puede Stop desahucios! Junio 2019
PorPAH_Bcn

Exigimos a la Alcaldesa Núria Marín solución para Juan y su familia

Ayer desahuciaron a Juan y a su familia con menores y su mujer embarazada. Tenía un desahucio abierto desde el 20 de mayo. El Ajuntament de L’Hospitalet sabía del caso y no contactó con la familia para realojarla o saber dónde iba a ir. ¡Ojo! Desde la PAH de Barcelona pusimos una denuncia por el desahucio, ya que lo considerábamos ilegal (ya se legisló en marzo para que nunca más se produjeran), y además porque la propiedad que los desahucia es una immobiliaria, y según la 24/2015, Juan y su familia deben estar con un alquiler social.

En vez de hacer cumplir las leyes, el Ayuntamiento de la alcaldesa Núria Marín las desobedece y prefiere proteger los intereses financieros en vez de a sus ciudadanas.

La Plataforma de Afectados Por la Hipoteca de Barcelona estuvo con la familia durante todo este proceso, porque nosotras defendemos a las familias y los derechos humanos. REPETIMOS que el Ayuntamiento de Hospitalet sabía del desahucio y el caso de la familia de Juan y ni se personó a ayudarlos. Tuvo que ser la PAH Barcelona quien acompañara a la familia a Servicios Sociales a buscar una solución digna.

Ayer anunciamos que habíamos conseguido una solución temporal: un día alojados en un albergue, que ayer ya denunciamos las condiciones en las que estaba y que la familia con menores no pudo estar allí por la falta de higiene y el ruido; y otros días alojados en una pensión en el barrio de Sants. Hoy la sorpresa ha sido que los dejan en la calle, que no hay pensión y que se desentienden de la familia. Es decir, nos engañaron y no tienen ningún remordimiento de no estar cumpliendo con sus funciones, que es proteger a la gente, ayudarla y hacer cumplir las leyes, todo fueron promesas vacías.

La realidad a 29 de mayo a las 16:30 horas, es que Juan y su familia están en la calle. En 2018 hubo 549 desahucios. La responsabilidad de Núria Marín y su Gobierno, del PSOE de Pedro Sánchez, es que ninguna familia se quede en la calle, y se está incumpliendo. No es la primera vez que nos encontramos con una situación así del Ayuntamiento de Hospitalet, no vamos a dejar que se vulneren los derechos de las personas.

Frente a la inacción la PAH actua. ¡Exigimos solución digna para las familias! ¡Por nuestros derechos! ¡Vamos a demostrar que sí se puede!

#JuanSeQueda #vergüenzaPSOEHospitalet

PorPAH_Bcn

Caixabank no solo vulnera derechos fundamentales, también incumple las leyes

Caixabank es una de las entidades bancarias que más intenta cuidar su buena imagen con infinidad de campañas de publicidad y sobre todo a través de su Obra Social La Caixa. Pero la realidad es otra muy diferente, y las prácticas antisociales y la vulneración de derechos fundamentales como el de la vivienda, forman parte de su día a día como en cualquier otro banco.

Hoy PAH Barcelona ocupamos una oficina de Caixabank para exigir una solución para Kerly, a quien le están negando el alquiler social y la condonación de la deuda tras haber sido doblemente estafada, por la entidad y por la inmobiliaria que gestionó en su momento la compra de su hogar, un antiguo local comercial convertido en vivienda pero sin cédula de habitabilidad. Un detalle del que nadie le informó, y ahora es el motivo principal para negarle la dación en pago.

Kerly lleva desde 2013 intentando una entrega voluntaria de llaves al no poder afrontar el pago de la hipoteca, pero Caixabank le ha estado negando toda alternativa y finalmente, en octubre de 2017, la vivienda fue subastada y pasó a ser propiedad del Building Center, inmobiliaria de la propia Caixabank. Actualmente la ha vendido a Coral Homes, que tiene detrás al fondo buitre Lone Star. Un ejemplo claro del entramado que está realizando la mafia bancaria organizada, más interesada en seguir amasando beneficios, priorizando la venta a Socimis y fondos de inversión, por encima de los derechos de las familias que previamente habían sido engañadas con la estafa hipotecaria.

Las demandas de Kerly son de justicia y sentido común: alquiler social y condonación de deuda del remanente pendiente. Desde que empezó este periplo de angustia y lucha, Caixabank ya le ha arrebatado dos propiedades, la suya a la de su avalista, perdiendo Kerly 50.000€ en 5 años, pagando la hipoteca además de perder sus ahorros por seguir pagando, mostrando ser deudora de buena fe. Caixabank no solo le está dando la espalda, ya le ha hecho pasar por tres intentos de desahucio, suspendidos gracias a la PAH.

Tras la recuperación, el pasado 22 de febrero, de los artículos suspendidos por el PP de la Ley 24/2015, surgida gracias a una ILP popular impulsada por la PAH, el Observatori DESC y la Alianza contra la Pobreza Energética, Caixabank está obligada a ofrecerle a Kerly el alquiler social, pero opta por hacer caso omiso e infringir la ley. Actualmente la ejecución hipotecaria está archivada, pero a pesar de haber presentado recurso de reposición, tras la venta a Coral Homes, cada día que pasa, Kerly está en riesgo de recibir una demanda por precario.

Recordemos que Caixabank fue una de las entidades beneficiadas por el rescate bancario con 6.465 millones de euros, sin haber dado ningún tipo de contraprestación social a ese capital, que como bien sabemos, no se dignará ni a devolver. Un dinero pagado por todas, que solo servirá para que se siga patrocinando la especulación de las viviendas en manos de la banca.

Kerly no está sola, tiene a la PAH de su lado y no desfalleceremos hasta que se haga justicia tras tantos años de mentiras y sufrimiento. Denunciamos públicamente la actitud de Caixabank y exigimos el cumplimiento de la Ley 24/2015, creada no solo para obligar a la banca a ofrecer alquileres, también para obligarles a la movilización de sus viviendas, cediéndolas a la Administración y ampliar así el inexistente parque público de viviendas, que serviría para dar respuesta a los casi 200 desahucios diarios que se siguen produciendo a día de hoy.

La PAH nació hace 10 años para defender a las familias contra la usura y la estafa bancaria. Hemos logrado miles de soluciones con desobediencia civil y pacífica, y lo seguiremos haciendo hasta lograr una legislación en materia de vivienda que realmente proteja a las familias y no al sistema capitalista, que nos está echando de nuestras casas para convertirlas en una mercancía especulativa en manos de unos pocos. 

La vivienda es un derecho para todas, decimos basta ya y exigimos solución para Kerly

#SoluciónPAHKerly
#CaixabankDesahucia

 

PorPAH_Bcn

Los partidos responden a las demandas de la PAH

¿Cuál es la postura de los diferentes partidos ante las demandas de la PAH Barcelona?

El pasado 6 de mayo, en la asamblea de bienvenida habitual recibimos a los diferentes partidos políticos para dar a conocer la realidad de la ciudadanía en materia de vivienda. En el encuentro aprovechamos para trasladar 8 demandas claras de cara a las próximas elecciones municipales para hacer frente a la emergencia habitacional que sufrimos en la ciudad de Barcelona, solicitando cuál era la postura de todas y cada una de las candidaturas ante nuestras propuestas.
De las siete candidaturas a quienes trasladamos las propuestas, solo cinco han respondido: JuntXCat BCN, ERC, Barcelona en Comú, CUP y PSC. El PP y Ciudadanos han seguido dando la espalda a la ciudadanía negándose a contestar y sin posicionarse por el derecho a la vivienda.
A continuación damos a conocer la respuesta de cada una de las demandas:

1. Protocolo de acceso a la Mesa de emergencia.

Revisión del protocolo para permitir el acceso de muchas familias en situación de vulnerabilidad que actualmente no lo pueden hacer, como son las que provienen de locales, las que han vivido un proceso de separación y la demanda judicial no iba a su nombre.

  • CUP: «Se deben destinar todos los recursos que se destinan a alojamientos precarios, pensiones, hoteles, que son muchos, a la vivienda social digna y la prevención de los desahucios».
  • JxCAT: «Se ha normalizado la comercialización de estos espacios como vivienda y pensamos que si se acepta como tal, no podemos desproteger a los ocupantes».
  • BComú: «Nuestra prioridad en estos momentos es dejar a cero la lista de espera de 500 familias, cosa que podríamos hacer si la Generalitat asumiera la responsabilidad que no ha cubierto durante este mandato».
  • PSC: «Estamos abiertos a estudiarlo y a trabajar de la mano de la PAH y otras entidades».
  • ERC: «Si algo hace complicada la solución de la problemática de la vivienda es que responde a una persona o personas diversas con una situación diferente cada una, por eso se necesitan protocolos que permitan dar respuesta a todas las situaciones».
  • C’s: Sin respuesta.
  • PP: Sin respuesta.

2. Realojo después de desahucio.

Acordar el destino del realojo con antelación a la fecha del desahucio, evitar el uso de pensiones, que en ningún caso suponen una alternativa digna. Cumplimiento con la Ley 24/2015.
  • CUP: “Crear un observatorio específico para evitar los desahucios y personarse como defensa de las personas amenazadas de desahucio e impedir por todos los medios que se ejecute ninguno”.
  • JxCAT: “Según cada caso no podemos descartar ni excluir ninguna solución que proporcione una solución temporal antes de un realojo definitivo”.
  • BComú: “Hemos puesto la maquinaria municipal al máximo para ampliar el parque público e innovando con Alojamientos Temporales para evitar estas situaciones, pero es cierto que en 4 años no podemos reparar el déficit histórico de políticas públicas municipales dirigidas a garantizar el derecho a la vivienda”.
  • PSC: “Incorporaremos pisos destinados al alojamiento de los casos aprobados por la mesa de emergencia, para evitar el destino a pensiones y para reducir el plazo de espera”.
  • ERC: “Hay que acordar un destino y un acompañamiento para estas familias, en entornos donde puedan crecer y se les permita salir de la vulnerabilidad”.
  • C’s: Sin respuesta.
  • PP: Sin respuesta.

3. Lista de espera de la Mesa de emergencia.

Reducción urgente del plazo de espera que actualmente supera los dos años en muchos casos. Plan de choque para ponerla a cero.

  • CUP: “La respuesta a estas situaciones de emergencia debe ser inmediata y efectiva globalmente por parte de la Administración pública de forma directa (titularidad, gestión y provisión)”.
  • JxCAT: “Hay que hacer un plan de choque para reducir la espera que actualmente sufre la Mesa de Emergencia. Ahora bien, poner la Mesa de Emergencia a 0 con el parque de vivienda asequible actual, no es posible”.
  • BComú: “Continuaremos ampliando los recursos habitacionales del Ayuntamiento con el tanteo y retracto, la compra y construcción de viviendas, así como con las nuevas viviendas que debe incorporar durante este año Habitat 3 y garantizando que se cumple la Ley 24/2015”.
  • PSC: “Ampliaremos de forma inmediata y con una posición muy proactiva de negociación con la SAREB y las entidades financieras para incorporar del orden de 5.000 pisos de alquiler que tienen estas entidades, en el parque de alquiler social de la ciudad”.
  • ERC: “Hay que explorar seriamente y con contundencia la movilización de las viviendas de la Sareb para responder a las emergencias habitacionales”.
  • C’s: Sin respuesta.
  • PP: Sin respuesta.

4. Aumento del parque público.

Promociones públicas de alquiler indefinido, implicación con la medida del 30%, uso intensivo del mecanismo del tanteo y retracto, cumplimiento del 15% de vivienda pública.

  • CUP: “El Ayuntamiento debe expropiar, inmediatamente y sin indemnización, los pisos vacíos propiedad de la SAREB y de grandes tenedores. Estos pisos deben pasar a formar parte, en primer lugar, del parque de vivienda pública de alquiler social, y en segundo lugar, del parque de vivienda pública de alquiler”.
  • JxCAT: “De acuerdo con la medida, pero se tendría que saber qué cambios se quieren propiciar en los criterios de acceso a la VPO para poder concretar nuestro posicionamiento”.
  • BComú: “Estamos totalmente de acuerdo en que la promoción pública debe garantizar que la vivienda mantenga la protección de forma permanente, es por ello que hemos hecho esta demanda a la Generalitat de Cataluña, ya que es de su competencia”.
  • PSC: “Volveremos a construir 4.000 viviendas públicas y promoveremos los dispositivos de gestión necesarios para desarrollar el objetivo de disponer de un parque de 25.000 viviendas en Barcelona”.
  • ERC: “El parque debe promover la rotación para responder siempre a aquellos que no tienen alternativa, pero no puede ser permanente para aquellos que no tienen necesidad. Implicación en el 30% y el tanteo y retracto”.
  • C’s: Sin respuesta.
  • PP: Sin respuesta.

5. Alquiler.

Cumplimiento íntegro de la Ley 24/2015, ampliar la Bolsa de Alquiler y revisar las ayudas ofrecidas por la Administración, que actualmente se abren solo durante un breve plazo a lo largo del año.
  • CUP: “Prohibición inmediata del uso de viviendas para alquiler turístico; exigimos implicación y compromiso con la medida del 30% y un uso intensivo del mecanismo del tanteo; y el importe del alquiler no podrá ser superior al marcado por el Ayuntamiento”.
  • JxCAT: “Estamos de acuerdo en revisar las ayudas ofrecidas por el Ayuntamiento que actualmente solo se abren durante un breve plazo a lo largo del año y, también, estudiar la posibilidad de su ampliación”.
  • BComú: “Estamos de acuerdo en que tenemos que trabajar para que las convocatorias no se limiten a un determinado período”.
  • PSC: “La Ley 24/2015, es evidente que se debe cumplir y tenemos que intentar no llegar a los juzgados para hacerla cumplir. En relación a la bolsa de alquiler, estamos abiertos a estudiar los plazos de las convocatorias. En cuanto a los precios de alquiler, aplicaremos una subvención del 50% del IBI para los pisos que los inquilinos pongan a disposición en régimen de alquiler, según el precio de referencia o inferior, y ampliaremos de manera inmediata y con una posición muy proactiva de negociación con la SAREB”.
  • ERC: “A favor de la Regulación de los alquileres y mayor duración de los contratos (6-10 años)”.
  • C’s: Sin respuesta.
  • PP: Sin respuesta.

6. Ocupaciones.

Facilitar la negociación de las familias con la propiedad para llegar a acuerdos de alquiler social, instaurar un servicio municipal de mediación comunitaria para resolver conflictos con vecinas, facilitar la regularización de los suministros básicos, publicar datos sobre el fenómeno que ayuden a tener una idea clara del número de hogares que se encuentran en esta situación.
  • CUP: “Defenderemos que se garantice el empadronamiento, el acceso a los suministros y las condiciones de habitabilidad de la vivienda, más allá de si hay relación contractual entre la persona que vive y la propiedad. Priorizando siempre el derecho al uso por encima del derecho a la propiedad”.
  • JxCAT: “Apostamos por un análisis que sea individualizado y caso por caso y ver si hay vulnerabilidad en las personas que ocupan para dar soluciones a estas familias. En una regulación general no estamos de acuerdo”.
  • BComú: “Hemos hecho cambios como dejar de excluir a estas unidades familiares de la Mesa de Emergencias y por otro lado, con la creación del servicio SIPHO hemos mediado en todos los casos de vulnerabilidad para intentar regular su situación con un alquiler social”.
  • PSC: “Con las medidas antidesahucios, esperamos que las ocupaciones se reduzcan”.
  • ERC: “Hay que saber discernir bien el tipo de ocupaciones y en cada caso se necesitan medidas diversas”.
  • C’s: Sin respuesta.
  • PP: Sin respuesta.

7. Funcionamiento de Servicios Sociales/Vivienda/SIPHO.

Unificar las visitas a Servicios Sociales y Vivienda para que exista una mesa única y no se dupliquen las funciones, reducir el plazo de espera para las citas previas. Refuerzo del servicio SIPHO.
  • CUP: “Hay que remunicipalizar todos los servicios dedicados a la vivienda, comenzando por los más sensibles para las personas”.
  • JxCAT: “De acuerdo con la medida”.
  • BComú: “Se han reforzado las oficinas de Vivienda incorporando Puntos de Asesoramiento Energético y ampliando la presencia de abogadas, y se han creado nuevas oficinas”.
  • PSC: “Estamos dispuestos a estudiarlo porque es evidente que la coordinación entre Servicios Sociales y Vivienda no ha funcionado con suficiente eficiencia en el pasado mandato, así como el refuerzo de la SIPHO”.
  • ERC: “Equipos transversales mejor coordinados con Salud y Asuntos Sociales, aumentar los recursos de las oficinas de Vivienda y ampliar las oficinas en los lugares de mayor demanda”.
  • C’s: Sin respuesta.
  • PP: Sin respuesta.

8. Bloques.

Seguimiento individualizado de los casos de bloques con intermediación directa del Ayuntamiento, agilización de las denuncias por acoso inmobiliario.
  • CUP: “Se hará efectiva la Declaración de tratar toda la ciudad de Barcelona como área sujeta al derecho a tanteo y retracto aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona (de forma directa, pública y sin intermediaciones)”.
  • JxCAT: “Nuestro compromiso es luchar contra el acoso inmobiliario y debemos acompañar en estos casos. En cuanto a la intermediación, apostamos por hacerla de manera individualizada y viendo la situación de cada caso”.
  • BCcomú: “Proponemos la creación de un centro de atención y defensa de los y las inquilinas en coordinación con las entidades sociales especializadas que sirva para asesorar, mediar, y denunciar casos de acoso”.
  • PSC: “Fortaleceremos los distritos como Administración cercana con capacidad de abordar la inspección sistemática de pisos vacíos de grandes tenedores, viviendas turísticas, problemas de ruidos y detección de situaciones de ocupación no consentida generadora de conflicto vecinal”.
  • ERC: “El Ayuntamiento debería personarse en los casos de acoso inmobiliario”.
  • C’s: Sin respuesta.
  • PP: Sin respuesta.

 Compartimos también las respuestas completas de cada uno de los partidos:

PorPAH_Bcn

[Comunicado] El nuevo Decreto ley de alquiler, otro error histórico sin contar con la ciudadanía

La norma no servirá para pinchar la burbuja de los alquileres y se ha hecho de espaldas a los movimientos sociales

Desde PAH Barcelona reclamamos a la Generalitat transparencia y la participación de los colectivos de vivienda

En plena campaña de elecciones municipales, la consejera Capella y el consejero Calvet anunciaron ayer en rueda de prensa la aprobación de un decreto ley para, teóricamente, regular el precio del alquiler y contener la actual burbuja que sufre Barcelona y muchos otros municipios catalanes. La propuesta, como fue el caso del Decreto ley 5/2019 de medidas para mejorar el acceso a la vivienda -ahora ya derogado-, no solo se ha impulsado sin consensuarla con el resto de los partidos políticos, sino que se ha hecho de espaldas a los movimientos sociales y a los colectivos que trabajamos cada día por el derecho a la vivienda en el territorio

Aunque celebramos cualquier iniciativa desde el ámbito legislativo para revertir la actual situación de emergencia habitacional y de extrema dificultad para acceder a una vivienda, tras un primer análisis del texto entregado a los medios de comunicación, dado que a pesar de haberse anunciado en rueda de prensa y que no se ha publicado aún en el Diario Oficial de la Generalitat, entendemos que la norma se encuentra lejos de ser satisfactoria y funciona más como un titular de campaña que como una medida efectiva para poner fin a la burbuja de los alquileres.

Cabe recordar que la regulación del precio de los alquileres es una reivindicación que llevamos reclamando desde la sociedad civil organizada y las asambleas de barrio desde hace años, y es precisamente la presión que se ha hecho desde la calle la que ha conseguido poner el tema sobre la mesa. Una vez más, los colectivos de vivienda, como en el caso de la Ley 24/2015, llevamos la iniciativa respecto a la clase política.

Sin embargo, a diferencia de lo que se trasladó en la rueda de prensa de ayer, consideramos que el texto no tendrá una eficacia real en cuanto a revertir la escalada de precios del alquiler. La medida estrella del texto consiste en situar el tope máximo de los nuevos contratos de alquiler en un 10% más de lo que establece el Índice de referencia de precios de alquiler de la Generalitat como precio medio en la zona. Es decir, se pretende tomar como punto de partida la media de los alquileres de aquel barrio o municipio, asumiendo las subidas abusivas de los últimos años, y encima permitir un incremento del 10% en ese precio. 

En este sentido, es importante destacar que los precios del alquiler en la ciudad de Barcelona han tenido un incremento de casi el 40% en los últimos cinco años. Según los datos oficiales publicados recientemente por la Secretaría de Vivienda de la Generalitat, el precio medio de un nuevo alquiler en la ciudad el año pasado se situó en 929,57 euros, unos 52 euros más que en 2017. Y los 954,29 euros del periodo comprendido entre los meses de octubre y diciembre de 2018 también representan el récord histórico en un trimestre. De este modo, en 2018 los alquileres subieron en 68 de los 73 barrios de la ciudad.

Con el texto aprobado ayer, y teniendo en cuenta que, por culpa de la reforma por parte del PP de la LAU de 2013, muchos contratos se han ido renovando cada tres años y por lo tanto ya incorporan los efectos de la burbuja de los precios del alquiler, la Generalitat asume estos incrementos abusivos sin tener en consideración las rentas de las familias ni buscar una imprescindible reversión, haciendo de este Decreto una medida sin impacto efectivo en la actual situación de emergencia que ahoga a la ciudadanía. Advertimos así que, tal y como se explicita en la exposición de motivos, la sobrecarga de las inquilinas de la ciudad, es decir, el porcentaje de sus ingresos que deben destinar al pago de las cuotas del alquiler, sobrepasa el 40 % en Barcelona, cuando el límite recomendado por Naciones Unidas es de un tercio.

Además, el texto incluye una serie de excepciones que permiten que el 10% que hemos comentado antes aún se pueda incrementar. Es el caso de las viviendas con características especiales (vistas, piscinas, jardín) que podrán sufrir una diferencia del 15% respecto al índice de referencia. Por otra parte, en el caso de nuevas construcciones o aquellas viviendas que han sido rehabilitadas de forma integral, la norma no se aplicará durante los primeros tres años de vigencia y posteriormente el porcentaje podrá llegar al 20%.

Además, el texto incluye una excepción absolutamente escandalosa. Todas las renovaciones de alquiler o nuevos contratos en la misma vivienda cuando finaliza el anterior pueden estar exentos de cumplir el tope. En estos casos, la propiedad podrá decidir repetir la misma renta, aunque supere con creces el índice de referencia. Esta cuestión concreta es totalmente intolerable, ya que la Generalitat legitima de facto las abusivas subidas que se han producido estos últimos años.

Por último, al ser una iniciativa basada en el Código Civil catalán, la norma no contiene un régimen sancionador para penalizar duramente sus incumplimientos sino que deja en manos de los Juzgados la resolución de los casos en que la propiedad cobre unas rentas superiores a las permitidas, volviendo a evidenciar el importante desequilibrio entre la propiedad y las arrendatarias. De esta forma, la Generalitat pasa el balón a estas últimas y las empuja a contratar una abogada y a iniciar un procedimiento civil asumiendo todo los costes asociados hasta que no haya una sentencia favorable, es decir, impacto en la contención de los precios cero. Para contrarrestar esta anomalía, ayer en la rueda de prensa se anunció también la existencia de mecanismos de mediación extrajudicial, que desde ya criticamos porque nunca han ofrecido una respuesta eficaz en el pasado.

A la espera de que se publique el texto en el Diario Oficial, y después de las tensiones entre Esquerra y el PDeCAT por la iniciativa, entendemos que la propuesta responde más, en primer lugar, a un anuncio bomba en plena campaña electoral en los municipios de Cataluña, y en segundo lugar, a un intento de calmar las aguas entre los dos socios de gobierno. No concebimos que este texto, que se anunció en un primer momento en la sede del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y que se ha hecho sin consultar a los movimientos por el derecho a la vivienda, haya sido la versión original, viendo el resultado descafeinado y totalmente insuficiente expuesto ayer.

Desde la ciudadanía seguiremos exigiendo que de una vez por todas se pinche la burbuja de alquileres y que se haga efectivo el derecho a una vivienda digna. Tener una #ciutatperviure significa también poder pagar un alquiler asequible y tener mecanismos para que así sea. Y como no puede ser de otra manera, que sea una medida retroactiva. Llevamos 10 años defendiendo el derecho a la vivienda en la ciudad y en el territorio y no podemos aceptar que una iniciativa de esta importancia se vuelva a hacer sin contar con los colectivos de vivienda que día a día seguimos defendiendo los derechos de la ciudadanía y conocemos la problemática mejor que nadie

Por ello, desde la PAH de Barcelona reclamamos a la Generalitat transparencia total en cualquier iniciativa legislativa similar y que se escuche nuestra voz en un proceso participado.

PorPAH_Bcn

[Comunicado] Exigimos la dimisión de la Jueza Decana de Barcelona y la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por seguir permitiendo los desahucios abiertos

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña defiende al lobby financiero y desprotege a las familias vulnerables

A partir de hoy 6 familias de PAH Barcelona pueden ser desahuciadas en cualquier momento

Un desahucio abierto es aquel que se produce sin una fecha ni hora concreta, es decir, que la policía con la comitiva judicial puede ir a desahuciar a una familia vulnerable sin previo aviso. Hace casi un año la PAH de Barcelona denunció esta práctica ilegal e inhumana.

Después de una amplia campaña con más de 200 entidades adheridas a un manifiesto y denunciando este modus operandi, que genera una gran dosis de sufrimiento y angustia a las personas que se han visto forzadas a llegar a esta situación por una falta absoluta de recursos, conseguimos que el Real Decreto-Ley 7/2019 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler se legislara expresamente para ponerle fin.

Durante estos años hemos sido testigos de que la justicia es en muchas ocasiones un títere del lobby financiero. Lo vimos en la penosa sentencia del Tribunal Supremo de actos judiciales de 2018 donde defendieron de nuevo al sector financiero en vez de a la ciudadanía al devolver un impuesto que debía ser asumido por el banco, o en las diferentes sentencias europeas sobre cláusulas abusivas que han dado cada vez una colleja a la justicia española.

Ahora le toca al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y al conjunto de la judicatura catalana que, en vez de regirse por el Real Decreto-Ley 7/2019, hace caso omiso y continúa permitiendo que se hagan lanzamientos con fecha abierta.

Desde la PAH Barcelona denunciamos esta práctica y exigimos la dimisión de la Jueza Decana de Barcelona, Mercè Caso, y de la sala de Gobierno del TSJC -la cual tiene entre sus objetivos el adecuado funcionamiento de todos los juzgados de Cataluña- por no cumplir con la norma. Recordemos que esta práctica quiere anular la solidaridad de las personas que van cada día a parar desahucios a puerta mientras los bancos y fondos buitres especulan con nuestras vidas.

No podemos permitir que la Justicia esté en manos de los intereses financieros y que a partir de hoy las familias como Pampa, Vega, Alba, Estefanía, Rachid y la de Juan (esta última de Hospitalet, a partir del 20 de mayo) se enfrenten a un desahucio inhumano, ilegal, que teníamos que dejar atrás. Desde la PAH Barcelona estaremos, como no puede ser de otra manera, al lado de las familias, defendiendo el derecho a la vivienda, y estudiaremos otras vías para hacer frente a las actitudes de determinados jueces i juezas que parece que se toman la ley por su cuenta.

Queremos una #CiutatPerViure dignamente y sin #DesnonamentsOberts

PorPAH_Bcn

Propuestas de vivienda y modelo de ciudad a debate

De cara a las próximas elecciones municipales del 26 de mayo, las entidades promotoras de la medida del 30% organizamos el único debate en materia de vivienda y modelo de ciudad en Barcelona con la presencia de las candidatas a alcaldables.

La ciudad de Barcelona sufre, como muchas otras ciudades, el problema de acceso a la vivienda que el próximo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona deberá afrontar de manera contundente: algunos de los asuntos principales a superar durante el próximo mandato tienen que ver justamente con los más de 9 desahucios diarios, las subidas constantes de precios de alquiler, el insuficiente parque de vivienda pública y social o la turistización creciente, desde hace décadas, que multiplica los impactos sociales empezando por el acceso a la vivienda y continuando por tantos otros que también redundan en expulsión del vecindario.

Las entidades promotoras de la medida del 30% (PAH Barcelona, Observatorio DESC, Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible, Sindicato de Inquilinas) junto con el medio de comunicación Crític, organizamos el único debate en materia de vivienda y modelo de ciudad en Barcelona con la presencia de las candidatas a alcaldables. El debate, que será presentado por Leilani Farha, relatora de Naciones Unidas en materia de Vivienda, contará con la participación de: Ada Colau (BeC), Anna Saliente (CUP), Elsa Artadi (JxCAT), Ernest Maragall (ERC), Laia Bonet (PSC), Josep Bou (PP) y Manuel Valls (C’s).

Agradecemos la participación de todas las personas alcaldables en la ciudad de Barcelona, entendiendo su interés en el principal problema de la ciudad: vivienda y modelo de ciudad. Nos habría gustado, sin embargo, que Jaume Collboni (PSC) hubiera considerado la misma importancia que el resto de alcaldables y participara para debatir sobre los problemas que realmente importan a la ciudadanía.

Ante los datos, que hablan por sí solos, queremos confrontar y abordar respuestas en tres planos:

  • Medidas y respuestas para erradicar la emergencia habitacional.
  • Propuestas estructurales para hacer frente al acceso a la vivienda y detener la burbuja del alquiler.
  • Posición sobre el crecimiento/decrecimiento del turismo en la ciudad y medidas para compatibilizar tal modelo con una ciudad vivible.

El acto se llevará a cabo el próximo lunes 20 de mayo de 10 a 12 h en Barcelona (espacio a confirmar)

¡Os esperamos!