El reciente informe del Ayuntamiento de Barcelona sobre los desahucios en la ciudad nos dejan unas cifras escalofriantes. Entre el 18 de enero y el 28 de febrero de 2021 se han producido más de 450 desahucios, con más de 1.500 personas afectadas, donde el 37% de estas son menores de edad, todo ello teniendo en cuenta que durante el estado de alarma tenemos la moratoria de desahucios tanto estatal como autonómica. ¿Qué pasará cuando se levante el estado de alarma?
Los datos son significativos: el 50% de los desahucios han sido de casos de grandes propietarios, el 68% han sido para casos de alquiler y el 32% por situaciones de ocupaciones en precario. Además, el 90% de estos se han podido parar también gracias a la fuerza y apoyo de los colectivos en defensa de la vivienda que estamos día a día junto a las familias que más lo necesitan.
La situación, una vez pase el estado de alarma, será dramática. En Catalunya, con la Ley 24/2015, hemos conseguido parar miles de desahucios. Pero una vez más el PP, con la complicidad de la banca y los grandes especuladores, consiguieron que el Tribunal Constitucional anulara las mejoras conseguidas con el Decreto Ley 17/2019 que corresponsabilizaba a ofrecer soluciones a las familias antes de desahuciarlas.
Exigimos al nuevo Gobierno de la Generalitat todo su compromiso y voluntad política a restituir estas medidas que fueron aprobadas en el Parlament de Catalunya y que pararán miles de desahucios. Es necesaria la aprobación urgente de una nueva ley que restituya las medidas antidesahucios anuladas.
En el ámbito estatal es necesario también aprobar una “Ley Vivienda” que garantice el derecho a ella, deteniendo los desahucios sin alternativa y que amplíe el parque público de vivienda social, al tiempo que regule los alquileres y garantice los suministros básicos. Desde las entidades sociales ya hemos trasladado estas medidas y no nos detendremos hasta hacerlas efectivas. Con más de un millón de desahucios en el Estado español desde 2008 tenemos que decir basta de una vez por todas a este sufrimiento a las familias.
La crisis de la COVID-19 está generando aún más precariedad. Son muchas las familias que se acercan a nuestras asambleas preocupadas, viendo que no pueden hacer frente a su hipoteca, alquiler, o que se han visto obligadas a recuperar una vivienda sin ninguna otra alternativa. Sabemos que es cuestión de voluntad política, se necesitan leyes valientes que estén a la altura de la grave situación.
Desde la PAH no nos detendremos hasta conseguirlo.