El fondo buitre israelí Imedria Spain SL protagoniza una nueva vulneración de derechos humanos a favor de la especulación con la vivienda
Jueves 25 de octubre de 2018, 9:30 de la mañana, otra familia es desahuciada y dejada en la calle sin alternativa habitacional, ante la falta de escrúpulos de los fondos de inversión, y de políticas de vivienda efectivas y valientes que protejan a la ciudadanía y no a los intereses económicos de unos pocos.
Hafsa, su marido y 4 hijos menores llevan 18 años viviendo en su casa pagando el alquiler, hasta que hace 3 años, Imedria Spain SL, un fondo buitre israelí, compró el edificio. Cuando a Hafsa se le terminó el contrato de alquiler, se negaron a renovárselo con el único propósito de seguir alimentando la expulsión de vecinas para especular con el inmueble. La familia hizo todo lo posible para seguir pagando, sin resultados, debiendo enfrentarse por el camino a cuatro órdenes de desahucio, la última en abierto, que logró parar con la ayuda de la PAH, y tienen adjudicado desde hace 7 meses un piso de la Mesa de emergencia que nunca llegó.
Hace exactamente una semana, el jueves 18, logramos parar el desahucio abierto, y hoy nos preguntamos: ¿Cómo es posible que con la cantidad de desahucios que hay diariamente en Barcelona, haya sido tan rápida una nueva orden? La dura realidad es que hoy, sin ningún tipo de aviso previo, la comitiva judicial se ha presentado en el piso ubicado en la calle Nou de la Rambla, 99, y saltándose todos los tratados internacionales ha dejado en la calle a cuatro niños, sin ningún tipo de realojo garantizado.
Ahora mismo Hafsa está junto a PAH Barcelona, en las oficinas de Servicios Sociales de la calle Carme, 101-109, exigiendo una solución inmediata para que la familia hoy no duerma en la calle. Es indignante que siendo conocedoras de la situación desde hace meses, hayamos llegado a este punto, y lo único que se les esté ofreciendo ahora mismo desde el Ayuntamiento sea una habitación de pensión, para los 6 miembros de la familia, solo para esta noche, y que mañana ya veremos.
Son este tipo de actuaciones las que evitaríamos si la Ley 24/2015 estuviera vigente. Llevamos exigiendo su recuperación desde el mes de junio, pero una vez más queda latente que los tiempos institucionales no están a la altura de la emergencia habitacional. La Ley 24/2015 contiene medidas para garantizar el realojo en caso de desahucio, corresponsabilizando para ello a la banca y los grandes tenedores, siendo justo estos artículos los que el PP suspendió y los que debemos recuperar con urgencia. No podemos permitir que se sigan vulnerando impunemente los derechos más básicos de las familias. En Catalunya cada día hay 61 desahucios, las Mesas de emergencia están colapsadas con 5.000 solicitudes recibidas, y solo 2.689 solicitudes con vivienda adjudicada.
Necesitamos frenar la especulación, que la vivienda sea tratada de una vez por todas como un derecho y no como una mercancía, las familias no pueden esperar más y hoy tenemos un ejemplo claro de la urgencia con la que debemos recuperar íntegramente y lo antes posible una ley surgida desde y para la ciudadanía, que fue aprobada por unanimidad en el Parlament y es la herramienta más eficaz para garantizar el derecho constitucional de acceder a una vivienda digna.