Grave vulneración de los derechos de la infancia y de la Ley 24/2015 por parte del Ayuntamiento
El pasado miércoles 30 de abril, Patricia, vecina de L’Hospitalet de Llobregat, fue desahuciada sin ninguna alternativa de realojamiento, de su vivienda junto con sus dos hijas de tan solo 2 y 3 años. La familia, con unos ingresos mensuales de 1.200 €, ha sido dejada en la calle por no poder asumir el precio del alquiler. Si la propiedad, Crockett Serveis S.L., fuera un gran propietario, el desahucio se habría podido evitar con la obligación de ofrecer un alquiler social, tal como marca la Ley 24/2015. La ley considera gran propietario a quien acumula 10 o más viviendas, y según la información que tenemos, Crockett Serveis S.L. solo dispone de siete. Sin embargo, según la ley estatal de vivienda, en zonas tensionadas como L’Hospitalet de Llobregat, con cinco viviendas ya se considera gran tenedor. Lamentablemente, no hay encaje legal entre ambas leyes y Patricia no ha podido acogerse a la ley catalana, y los juzgados, como desgraciadamente es demasiado habitual, han decidido que en este caso no se aplica la moratoria de desahucios vigente hasta 2026.
Llegados a este punto, es el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat quien ha violado de forma flagrante la Ley 24/2015, que establece la obligación de la administración de ofrecer un realojamiento digno y un alquiler social en caso de desahucio. La actuación de los servicios sociales ha sido una nueva muestra de violencia institucional, discriminación y dejación de funciones, negando toda alternativa y mintiendo descaradamente al afirmar que en la ciudad no existe una mesa de emergencia para tramitar una vivienda pública, cuando eso es rotundamente falso (enlace). La mesa de emergencia existe y solo hace falta voluntad para iniciar su solicitud y tramitación, cosa que no se ha hecho.
Después del desahucio, únicamente se le ha ofrecido alojamiento en una pensión hasta el domingo por la noche, dejando a la familia literalmente en la calle a partir del lunes, en una situación de extrema vulnerabilidad y exclusión.
Desde la PAH Barcelona denunciamos:
- La flagrante vulneración del derecho a la vivienda y de la protección a la infancia.
- El incumplimiento de la Ley 24/2015 por parte del Ayuntamiento, pionera en Europa en la lucha contra los desahucios.
- La mala praxis por parte de los Servicios Sociales de L’Hospitalet.
- La ausencia de políticas públicas valientes y efectivas que prioricen a las personas.
Exigimos:
- El realojo inmediato en una vivienda digna y estable para la familia, o que se mantenga la garantía de un lugar donde vivir hasta la asignación de una vivienda de la mesa de emergencia.
- Que el Ayuntamiento de L’Hospitalet rectifique públicamente y asuma responsabilidades.
- Que se depuren responsabilidades políticas y técnicas por esta grave negligencia institucional.
Ninguna persona debería ser desahuciada por culpa del abuso de los precios de la vivienda. Ningún niño o niña debería vivir un desahucio. Ninguna familia debería ser abandonada por las instituciones. ¡La ley se cumple. No se incumple. No se interpreta. Se aplica!
Desde PAH Barcelona decimos basta. Seguiremos defendiendo cada hogar, cada persona, cada niño y niña.
Más que nunca, rescatamos los derechos de las personas, no los beneficios del negocio de la vivienda.
Ejecutado! Ahora solo nos queda el apoyo mutuo y los cuidados para la familia a la que un sistema perverso ha dejado en la calle, para buscar una alternativa que le han negado hasta ahora.
[image or embed]— PAH Barcelona (@pahbarcelona.bsky.social) 30 de abril de 2025, 11:22