La especulación y el racismo institucional del Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat y sus servicios sociales, están empujando a golpe de desahucio, al sinhogarismo a una familia de ocho miembros, cuatro de ellos menores.
La PAH de Barcelona denunciamos la situación de extrema vulnerabilidad que viven Laura y su familia, vecinas de l’Hospitalet de Llobregat, y exigimos la suspensión inmediata del desahucio previsto para el próximo 22 de enero.
Laura llegó a España desde Perú en 2021 tras la quiebra de su negocio durante la pandemia, con la esperanza de reconstruir su vida y la de su familia. Hoy vive junto a su pareja, dos hijos menores, una hija adulta y dos nietos menores de edad, en una situación de ocupación residencial forzada, sin alternativa habitacional y marcada por la inseguridad, el miedo y la violencia institucional, a pesar de sus esfuerzos por tener siempre trabajo, por precario que sea.
La imposibilidad de regularizar su situación administrativa ha sido utilizada de forma sistemática para negarle derechos básicos: acceso a un alquiler digno, a un empleo estable y a ayudas sociales. Lejos de recibir acompañamiento, Laura ha sufrido tratos discriminatorios, amenazas y mensajes culpabilizadores por parte de servicios sociales, llegando incluso a decirle que “regrese a su país”, vulnerando gravemente sus derechos y los de sus hijos. Como ocurre con casi todas las personas que viven en situación de precariedad, sufren una violencia institucionalizada constante y silenciosa. No hay golpes, pero sí discriminación sistemática, amenazas y obstáculos legales y administrativos que limitan el acceso a derechos básicos. Es una violencia que la sociedad ha normalizado, que no deja marcas físicas pero que destroza vidas y refuerza la injusticia y la marginalidad de manera estructural.
Desde su llegada a Barcelona, Laura y su familia han pasado por situaciones límite: dormir en el suelo, pagar precios abusivos por habitaciones, sufrir una detención policial por vivir en un piso ocupado sin saberlo, tras un contrato falso, convivencias forzadas marcadas por conflictos, agresiones verbales y un clima constante de miedo. La precariedad residencial no es una elección, sino la única salida ante la ausencia total de alternativas habitacionales.
Denunciamos también que Laura y dos de sus hijos han sido desempadronados, una práctica irregular y profundamente violenta que agrava su exclusión social y les niega el acceso a derechos fundamentales como la educación, la sanidad y la atención social.
Actualmente, la propiedad pretende vender la vivienda por 88.000 euros, mientras la familia se enfrenta a un desahucio sin que se haya ofrecido ninguna alternativa real de realojo, incumpliendo la normativa vigente y las obligaciones de las administraciones públicas.
La situación es aún más grave si tenemos en cuenta que el mismo día del desahucio, el 22 de enero, Laura tiene programada una operación médica que lleva esperando más de un año. Ejecutar el lanzamiento en estas condiciones es un acto de crueldad institucional intolerable.
La PAH llevamos años denunciando el racismo institucional y dejación de funciones del Ayuntamiento de l’Hospitalet, que en esta ocasión está empujando deliberadamente a ocho personas, entre ellas menores y un bebé, a una situación de sinhogarismo. Negar el acceso a vivienda, al empadronamiento y a recursos básicos por razón de origen y situación administrativa no es una casualidad ni un error técnico: es una decisión política que condena a familias enteras a la exclusión extrema. Cada día vemos en los medios noticias de personas sin hogar que mueren de frío, y decisiones como estas convierten esas muertes en responsabilidad directa de las administraciones que miran hacia otro lado.
Con actuaciones como esta, el PSC de l’Hospitalet no se distingue en absoluto de las políticas del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ni de su discurso y práctica de criminalización de la pobreza y de las personas migrantes. Recordamos el mega desalojo del Institut B9, un precedente claro de una política que prioriza la expulsión y el castigo por encima de los derechos humanos.
No es un caso aislado: es un modelo de ciudad que expulsa a quienes no encajan en el relato oficial, utilizando el racismo, la burocracia y la violencia institucional como herramientas de gobierno.
Exigimos:
- La suspensión inmediata del desahucio.
- Garantizar una solución habitacional digna y estable para toda la unidad familiar.
- La activación del derecho de tanteo y retracto por parte de la Generalitat de Catalunya, para que la vivienda pase a formar parte del parque público.
- Poner fin a las prácticas racistas, discriminatorias y amenazantes por parte de los servicios sociales.
- Reempadronar de manera inmediata a Laura y a sus hijos.
Recordamos que ninguna familia es ilegal, que la vivienda es un derecho y no un privilegio, y que las administraciones públicas, frente a la especulación y la falta de humanidad de fondos buitre como Coral Homes, deben ser parte de la solución y no del problema. Laura y sus hijos merecen una vida digna, con un hogar seguro y derechos garantizados.
