Barcelona, 1 de julio de 2022
Hoy hemos conocido que el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona ha archivado la causa contra el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, al cual se acusaba de trato de favor hacia algunas entidades de defensa de derechos humanos de Catalunya, como son el Observatorio DESC, Ingeniería Sin Fronteras, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Barcelona, o la Alianza contra la Pobreza Energética. Se han cumplido los pronósticos que hicimos a principios de año: los tribunales no han encontrado ningún indicio ni prueba de los hechos a los que se ha acusado al consistorio barcelonés.
Lo que hemos vivido estos meses es un nuevo episodio de “lawfare”, una práctica que cada vez está más presente en el imaginario colectivo y que consiste en la instrumentalización, la utilización abusiva del ordenamiento jurídico y de la esfera judicial para intentar condicionar, inhibir y desgastar el trabajo de organizaciones sociales y periodistas. Estas acciones judiciales tienen una baja probabilidad de éxito, pero buscan alargarse en el tiempo, captar la atención de los medios y condicionar la opinión de la ciudadanía. De forma más sencilla: es la estrategia que determinados poderes fácticos de la ciudad están utilizando para obstaculizar aquellas políticas o acciones que amenazan sus intereses, de la mano de entidades opacas utilizadas a tal efecto.
Los intentos de criminalizar la tarea de defensa de derechos humanos y de desprestigiar una institución pública, en este caso el Ayuntamiento de Barcelona, para incorporar a determinadas entidades sociales en el marco de políticas de defensa y ejercicio de derechos son ya numerosos y hace años que duran. De hecho, hace justo un año ya vivimos una situación muy similar: la Fiscalía archivó una denuncia prácticamente idéntica, en este caso de la asociación “Abogados Catalanes por la Constitución”. Que ninguna de estas estrategias haya prosperado demuestra que nuestra tarea como entidades en el marco de convenios o proyectos financiados viene fundamentada por nuestra larga y sólida trayectoria en la defensa de los derechos humanos; una tarea que choca frontalmente con los intereses privatizadores y especulativos de grandes corporaciones.
Una vez más, nos toca rechazar de plano estas acciones de lawfare que, a pesar de que una y otra vez se queden sin recorrido, generan meses de incertidumbre que perjudican no solo a las entidades sino también a aquellos y aquellas para quienes trabajamos: la sociedad civil. Hoy, de nuevo, se ha demostrado que nuestra tarea es de interés público y reiteramos la importancia de que desde las administraciones se apoye a las organizaciones sociales para avanzar conjuntamente hacia una sociedad más justa.