Un conjunto de entidades sociales hemos presentado el martes 25 de febrero de 2020 en el Colegio de Periodistas la Llamada a un Pacto por la Vivienda, con la presencia de representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB ), ECOM, Comisión Obrera Nacional de Cataluña, Mesa de Entidades del Tercer Sector de Cataluña, Fundación ARRELS, Fundación APIP-ACAM, EntrePobles, Observatorio DESC, Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) y Unión General de Trabajadores de Cataluña (UGT).
La Llamada a un Pacto por la Vivienda quiere ser un instrumento para que la sociedad civil, sindicatos, entidades, colectivos, grupos políticos e instituciones se emplacen a asumir el Derecho a la Vivienda, de manera que esta deje de ser considerada una mercancía y se empiece a valorar la necesidad de la construcción de un sector público, tal como hemos hecho con la educación y la sanidad.
La complejidad del conjunto de factores que inciden sobre los precios de venta y de alquiler nos dan una percepción muy diferente de lo que debería ser una política de regulación del mercado de la vivienda, que por su complejidad se tendría que articular con un conjunto de medidas complejas, un paquete de leyes, e implicar a las diferentes administraciones locales, autonómicas y del Estado.
Para poner en marcha toda esta complejidad de medidas y considerando que el problema de la vivienda es competencia de diferentes administraciones, se necesitan compromisos institucionales, unidad entre los partidos políticos y acuerdos de ciudad, de gobierno y de Estado, que den sostenibilidad a la financiación económica extraordinaria y a la continuidad de los programas estratégicos que vayan más allá de un simple mandato municipal.
Hay que implementar un conjunto de medidas, como la creación de un sector público protegido, un sector de covivienda y un sector de alquiler asequible, que en conjunto regulen el libre mercado privado, tal como ahora existe en otros sectores económicos como la enseñanza y la sanidad.
Nos encontramos en un contexto extraordinario de crisis de vivienda, donde los municipios reciben la máxima presión pero no disponen de las herramientas ni los presupuestos necesarios. Es por ello que hay que poner el foco en la necesidad de dedicar más recursos a la vivienda desde los presupuestos generales del Estado, y de reclamar las herramientas legislativas y reguladoras de quien tiene las competencias.
Reclamamos un Pacto por la Vivienda 2020-2030 que dé una respuesta real, eficiente y consensuada al problema de la vivienda. Un pacto con un alcance mínimo de 10 años, asumido por los partidos, las entidades sociales, los sindicatos y también el sector privado, así como todas las instituciones, empezando por el gobierno del Estado ‒que debe dedicar a ello recursos importantes‒, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona..
Barcelona, 25 de febrero de 2020
Fotografía de Ignasi R. Renom