Diez meses después del inicio de la pandemia y aún estamos viendo como miles de vecinas son expulsadas de sus hogares mientras el mismo Gobierno les pide que se queden en casa. Diez meses después del inicio de la pandemia y todavía ningún Gobierno ha sido capaz de evitar los desahucios
Hoy Alejandro ha sido desahuciado en el Guinardó. Este joven de treinta años vivía en un piso de alquiler de una gran propietaria que cuenta con toda la finca y con otras viviendas en todo Barcelona. Antes del inicio de la pandemia, Alejandro ya había perdido su trabajo y tuvo que dejar de pagar el alquiler. Después de muchos intentos de negociaciones con la propiedad, esta procedió a denunciarlo para echarlo de casa. Alejandro entraba dentro de los supuestos del decreto 17/2019 de la Generalitat, que contempla que a todas las personas vulnerables (como es el caso de Alejandro, quien contaba con el informe de vulnerabilidad), se les debe ofrecer un alquiler social siempre que se trate de un gran propietario. Hoy, el Decreto de la Generalitat, tampoco ha funcionado.
Por ello creemos que es vergonzoso que una vez más, el Gobierno español siga mirando hacia otro lado. Es urgente la aprobación de un Decreto Stop Desahucios por parte del Estado español que detenga hasta el año 2022 todos los desahucios.
Y exigimos un decreto realmente garantista. No queremos decretos a medias tintas. En estas circunstancias, no nos podemos permitir decretos que solo detengan desahucios en viviendas de grandes tenedores.
No se llega hasta un desahucio si no se está en una situación de vulnerabilidad; quien cuenta con una alternativa no se queda esperando que los Mossos vengan a echarle la puerta abajo. Al Gobierno más progresista le pedimos que haga un decreto antidesahucios real, que no ceda ante las presiones de los fondos de inversión, que están presionando para conseguir un decreto estético y parcial y seguir enriqueciéndose de un derecho básico.
Es el caso de Blanca y su hija de un año y medio, vecinas del Guinardó, que tienen programado hoy el cuarto lanzamiento. Blanca y su hija fueron estafadas, como tantas otras, porque no pudieron acceder a una vivienda en el mercado de alquiler regulado. Hoy tienen un desahucio por vivir “en precario”. El piso está en proceso de herencia para los hermanos de la familia Lluzar López de Briñas, los tres con cargos en empresas y uno de ellos vicepresidente del Colegio de Administradores Gestores de Catalunya. Ninguno de ellos se encuentra en situación de vulnerabilidad, pero Blanca no puede demostrar que vive en un piso de gran propietario.
Por todo ello exigimos al Gobierno que suspenda TODOS los desahucios sin miramientos y deje de ceder a las presiones de los fondos buitre y los rentistas. Y que lo haga YA. No podemos esperar otra semana.
Y el Gobierno de la Generalitat, que deje de enviar estos dispositivos policiales, al menos, para ejecutar desahucios que están prohibidos bajo el marco legislativo de la Generalitat. Es una hipocresía aprobar leyes como la 24/2015 o la 17/2019 y luego utilizar los medios propios para incumplirlas.
Si queréis frenar la curva, detened todos los desahucios, porque no hay nada más contagioso que no tener una casa donde volver a las 22h de la noche.
Comunicado del Moviment per l’Habitatge de Catalunya