El grupo promotor del 30% interpone una queja en la Sindicatura de Greuges contra el Ayuntamiento de Barcelona pidiéndole amparo
Las entidades impulsoras de la medida del 30% han interpuesto una queja en la Sindicatura de Greuges de Barcelona por la falta de aplicación de la normativa por parte del Ayuntamiento de Barcelona y han denunciado en una rueda de prensa los sistemáticos esfuerzos del gobierno municipal por boicotear la efectividad de la medida y allanar el camino para tumbarla.
En la rueda de prensa han intervenido portavoces de algunas de las entidades impulsoras, así como inquilinas en riesgo de expulsión, afectadas por la falta de aplicación del 30%. Esta medida debería ser un escudo ante un panorama inmobiliario protagonizado por la especulación rampante y con los fondos buitre comprando cientos de fincas enteras para desahuciar inquilinas y convertir las viviendas en alquileres temporales y colivings, a base de grandes rehabilitaciones de lujo. Pero la no aplicación del 30% y la pasividad o incluso complicidad con su incumplimiento a cara descubierta por parte de los grandes promotores inmobiliarios, se han convertido en el la clave para que el Gobierno pueda desarticular la medida repitiendo que no funciona. La patronal inmobiliaria, por su parte, remata su inoperancia congelando las grandes rehabilitaciones previstas a la espera del recorte de la medida, a fin de no tener que destinar parte a vivienda protegida.
La rueda de prensa se ha realizado ante el Síndic de Greuges de Barcelona, tras interponerse la queja, y han intervenido Glòria Rubio, de la Sectorial de Vivienda Cooperativa de la Red de Economía Solidaria (XES); Miguel Ruiz, del Observatorio Desca; Rosario Castelló, inquilina afectada por la falta de aplicación del 30% y Enric Aragonès, del Sindicato de Inquilinas.
Archivo de expedientes y rebaja en las sanciones: una declaración de intenciones del nuevo gobierno hacia la patronal inmobiliaria
Tal y como se explicita en la queja entregada por el grupo motor del 30% al Síndic de Greuges, durante el último año se han puesto en evidencia los múltiples gestos del gobierno municipal para esquivar su obligación de inspeccionar, sancionar y controlar el cumplimiento del 30% en grandes rehabilitaciones y garantizar la ampliación del parque de vivienda protegida en Barcelona. Pero también, los esfuerzos por aguar los mecanismos coercitivos para que los fondos de inversión la cumplan. Las entidades sociales impulsoras de la medida pedimos al síndico local que investigue los indicios de pasividad y permisividad del Gobierno Collboni ante incumplimientos reiterados del 30%.
El titular del diario Ara conforme el Ayuntamiento había perdonado las multas y archivado los 17 expedientes sancionadores que se habían abierto durante el anterior gobierno es sólo la punta del iceberg. Detrás se esconde un cambio generalizado e injustificado de los criterios del gobierno de Collboni a la hora de perseguir los incumplimientos, que elimina la capacidad coercitiva para hacer cumplir el 30% a los fondos buitre y que se caracteriza por una pasividad y permisividad indignante.
Hasta la llegada del gobierno de Collboni, los procedimientos sancionadores contra los incumplimientos se hacían a través de dos vías en paralelo, siguiendo las indicaciones que los servicios jurídicos del Ayuntamiento apuntan en el informe aportado en 2022. La primera vía, amparada en la ley de vivienda con sanciones que van de los 90.000 a los 900.000 € y tienen gran capacidad coercitiva. La segunda vía, acogiéndose a la ley de urbanismo, iniciando un procedimiento de restitución de la legalidad urbanística, que no comporta el establecimiento de sanciones elevadas, sólo multas coercitivas irrisorias.
Sin embargo, el Gobierno de Collboni toma la decisión política de abandonar los procedimientos sancionadores a través de la ley de vivienda. Como reacción desesperada, la teniente de Alcaldía Laia Bonet afirmó que existía un segundo informe que los avalaba, documento que no ha aparecido, a pesar de que las entidades sociales lo hemos pedido formalmente. Desde una perspectiva técnica, el único informe jurídico público hasta el momento recomienda utilizar ambas vías, para sancionar las infracciones muy graves y asegurar la restitución de la legalidad urbanística. Desde una perspectiva política, este cambio de criterio pone la alfombra a que grandes fondos y especuladores saquen adelante grandes rehabilitaciones, exponiéndose a multas coercitivas irrisorias, tal y como hemos visto con el bloque de Sant Agustí, y supone una declaración de intenciones hacia la patronal inmobiliaria.
En 2023, el Govern pide un tercer informe jurídico, preguntando a los servicios jurídicos municipales si podía considerarse derogado el 30% después de que su fundamento jurídico se hubiera trasladado en 2019 por una modificación legal a nivel catalán de la normativa de vivienda a la normativa urbanística. La respuesta fue, de nuevo, que la medida estaba vigente y que había que aplicarla. Pese a que el Gobierno PSC lo ha intentado todo para encargar informes jurídicos que le den la razón para enterrar el 30%, no ha tenido éxito en ninguna de estas maniobras.
La desidia en el control de grandes rehabilitaciones posibilita los desahucios para hacer colivings y alquileres temporales
La falta de aplicación del 30% ha estado incentivando expulsiones masivas en bloques como el de Sant Agustí en Gràcia o los 6 de Vandor. Todos estos bloques han sido adquiridos por fondos de inversión y reformados con el objetivo de convertir las viviendas en alquileres temporales o colivings. En ningún caso se ha aplicado la normativa del 30%, que es de aplicación obligatoria también en caso de grandes rehabilitaciones, y algunos de ellos han acabado vaciándose de vecinas y alquilándose a precios de lujo.
Un estudio del año 2024, del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, cifró en 3.909 el número de edificios afectados por el 30%, que representan 62.700 hogares protegidos actualmente de la especulación por la medida. Éste es el caso de la finca de Entença 69, donde vive Rosario, quien ha intervenido en la rueda de prensa. Es la última inquilina en una finca de 11 viviendas que lleva años operando como residencia de estudiantes encubierta bajo el formato de coliving. Toda la finca fue reformada en el 2022, menos su piso, de donde ahora el fondo propietario, Vandor, la quiere expulsar. Rosario, junto con las inquilinas de otros 5 bloques de la misma propiedad, que también están siendo convertidos en colivings, están trabajando para denunciar formalmente la falta de aplicación del 30%.
En el caso del bloque de Sant Agustí, donde el fondo buitre New Amsterdam Developers también está expulsando a sus inquilinas para convertir sus viviendas en colivings, las vecinas estuvieron un año y medio para denunciar obras sin licencia en cuatro viviendas de la finca. No fue hasta que intervino el Síndic de Greuges que el Ayuntamiento no inició las inspecciones, inició un procedimiento de restitución de la legalidad a través de la vía de la ley de urbanismo, resolvió la ilegalidad de las reformas e interpuso una multa coercitiva de sólo 500 € por piso y pedir el paro de la actividad en las viviendas. Han pasado 7 meses desde entonces y las cuatro viviendas siguen alquilándose, a través de Enter Coliving, a precios que van de los 840 a los 980 € por habitación. En total, por cada piso sacan unos 2.800 € mensuales, lo que triplica el precio que fija el tope. Este caso demuestra que son los propios inquilinos quienes deben presionar a las instituciones y a los propietarios para que se cumpla el 30% y no se les expulse, cuando debería hacerlo el Gobierno.
Collboni debe romper con la política del clientelismo hacia las patronales para defender realmente el derecho a la vivienda
La dejadez del gobierno de Collboni no es una simple negligencia técnica o una interpretación jurídica distinta, sino una estrategia política al servicio de los intereses de la patronal inmobiliaria y orientada a legitimar el desguace del 30%. Mientras fondos buitre como Vandor intentan desahuciar a vecinas como Rosario y vacían bloques enteros para convertirlos en colivings de lujo, el Ayuntamiento renuncia deliberadamente a aplicar los mecanismos legales más efectivos para hacer cumplir el 30% y ampliar la vivienda protegida. El resultado está claro: expedientes archivados, ignorar informes jurídicos que recomiendan actuar, multas coercitivas irrisorias y un mensaje político que da alas a quien quiere especular.
Todo ello, en un momento en el que Junts ha anunciado la ruptura de negociaciones con el PSC para recortar la medida y en la que salen a la luz presuntos casos de corrupción política que afectan a miembros del Partido Socialista, relacionados con comisiones ilegales y favores a grandes constructoras. Estas tramas, que apuntan a un modelo de connivencia entre poder político y grandes operadores económicos, obligan a extremar la vigilancia sobre cualquier cambio normativo o política urbanística que beneficie a la patronal inmobiliaria en detrimento del derecho a la vivienda, más cuando sus representantes reclaman a cara descubierta y sin ningún tipo de miramiento que el 30% sea desguasado.
Por todo lo que hemos explicado y denunciado, exigimos a Collboni que abandone cualquier maniobra para mantener viva la tentativa de recorte del 30%. El alcalde debe reconocer que no tiene una mayoría para hacerlo, sólo el apoyo de los lobbies.
El 30%, cuando se aplica, funciona. Sólo entre 2021 y 2023 se protegieron más de 60.000 hogares y se generaron 144 viviendas asequibles allí donde el mercado nunca había construido ninguna. Si la medida se aplicara como es debido, podría llegar a generar casi 19.000 nuevas viviendas protegidas. El problema no es la norma, sino la falta de voluntad política para aplicarla. Dejarla morir para después afirmar que no funciona es hacer el juego a los especuladores.
Collboni debe defender el derecho a la vivienda de una vez por todas, desplegando un sistema valiente para garantizar el cumplimiento del 30%, ganando vivienda protegida en toda la ciudad para las vecinas y utilizándola como cortafuegos antiespeculativo contra las operaciones de nueva construcción y gran rehabilitación de lujo y desahuciadoras.