La norma no servirá para pinchar la burbuja de los alquileres y se ha hecho de espaldas a los movimientos sociales
Desde PAH Barcelona reclamamos a la Generalitat transparencia y la participación de los colectivos de vivienda
En plena campaña de elecciones municipales, la consejera Capella y el consejero Calvet anunciaron ayer en rueda de prensa la aprobación de un decreto ley para, teóricamente, regular el precio del alquiler y contener la actual burbuja que sufre Barcelona y muchos otros municipios catalanes. La propuesta, como fue el caso del Decreto ley 5/2019 de medidas para mejorar el acceso a la vivienda -ahora ya derogado-, no solo se ha impulsado sin consensuarla con el resto de los partidos políticos, sino que se ha hecho de espaldas a los movimientos sociales y a los colectivos que trabajamos cada día por el derecho a la vivienda en el territorio
Aunque celebramos cualquier iniciativa desde el ámbito legislativo para revertir la actual situación de emergencia habitacional y de extrema dificultad para acceder a una vivienda, tras un primer análisis del texto entregado a los medios de comunicación, dado que a pesar de haberse anunciado en rueda de prensa y que no se ha publicado aún en el Diario Oficial de la Generalitat, entendemos que la norma se encuentra lejos de ser satisfactoria y funciona más como un titular de campaña que como una medida efectiva para poner fin a la burbuja de los alquileres.
Cabe recordar que la regulación del precio de los alquileres es una reivindicación que llevamos reclamando desde la sociedad civil organizada y las asambleas de barrio desde hace años, y es precisamente la presión que se ha hecho desde la calle la que ha conseguido poner el tema sobre la mesa. Una vez más, los colectivos de vivienda, como en el caso de la Ley 24/2015, llevamos la iniciativa respecto a la clase política.
Sin embargo, a diferencia de lo que se trasladó en la rueda de prensa de ayer, consideramos que el texto no tendrá una eficacia real en cuanto a revertir la escalada de precios del alquiler. La medida estrella del texto consiste en situar el tope máximo de los nuevos contratos de alquiler en un 10% más de lo que establece el Índice de referencia de precios de alquiler de la Generalitat como precio medio en la zona. Es decir, se pretende tomar como punto de partida la media de los alquileres de aquel barrio o municipio, asumiendo las subidas abusivas de los últimos años, y encima permitir un incremento del 10% en ese precio.
En este sentido, es importante destacar que los precios del alquiler en la ciudad de Barcelona han tenido un incremento de casi el 40% en los últimos cinco años. Según los datos oficiales publicados recientemente por la Secretaría de Vivienda de la Generalitat, el precio medio de un nuevo alquiler en la ciudad el año pasado se situó en 929,57 euros, unos 52 euros más que en 2017. Y los 954,29 euros del periodo comprendido entre los meses de octubre y diciembre de 2018 también representan el récord histórico en un trimestre. De este modo, en 2018 los alquileres subieron en 68 de los 73 barrios de la ciudad.
Con el texto aprobado ayer, y teniendo en cuenta que, por culpa de la reforma por parte del PP de la LAU de 2013, muchos contratos se han ido renovando cada tres años y por lo tanto ya incorporan los efectos de la burbuja de los precios del alquiler, la Generalitat asume estos incrementos abusivos sin tener en consideración las rentas de las familias ni buscar una imprescindible reversión, haciendo de este Decreto una medida sin impacto efectivo en la actual situación de emergencia que ahoga a la ciudadanía. Advertimos así que, tal y como se explicita en la exposición de motivos, la sobrecarga de las inquilinas de la ciudad, es decir, el porcentaje de sus ingresos que deben destinar al pago de las cuotas del alquiler, sobrepasa el 40 % en Barcelona, cuando el límite recomendado por Naciones Unidas es de un tercio.
Además, el texto incluye una serie de excepciones que permiten que el 10% que hemos comentado antes aún se pueda incrementar. Es el caso de las viviendas con características especiales (vistas, piscinas, jardín) que podrán sufrir una diferencia del 15% respecto al índice de referencia. Por otra parte, en el caso de nuevas construcciones o aquellas viviendas que han sido rehabilitadas de forma integral, la norma no se aplicará durante los primeros tres años de vigencia y posteriormente el porcentaje podrá llegar al 20%.
Además, el texto incluye una excepción absolutamente escandalosa. Todas las renovaciones de alquiler o nuevos contratos en la misma vivienda cuando finaliza el anterior pueden estar exentos de cumplir el tope. En estos casos, la propiedad podrá decidir repetir la misma renta, aunque supere con creces el índice de referencia. Esta cuestión concreta es totalmente intolerable, ya que la Generalitat legitima de facto las abusivas subidas que se han producido estos últimos años.
Por último, al ser una iniciativa basada en el Código Civil catalán, la norma no contiene un régimen sancionador para penalizar duramente sus incumplimientos sino que deja en manos de los Juzgados la resolución de los casos en que la propiedad cobre unas rentas superiores a las permitidas, volviendo a evidenciar el importante desequilibrio entre la propiedad y las arrendatarias. De esta forma, la Generalitat pasa el balón a estas últimas y las empuja a contratar una abogada y a iniciar un procedimiento civil asumiendo todo los costes asociados hasta que no haya una sentencia favorable, es decir, impacto en la contención de los precios cero. Para contrarrestar esta anomalía, ayer en la rueda de prensa se anunció también la existencia de mecanismos de mediación extrajudicial, que desde ya criticamos porque nunca han ofrecido una respuesta eficaz en el pasado.
A la espera de que se publique el texto en el Diario Oficial, y después de las tensiones entre Esquerra y el PDeCAT por la iniciativa, entendemos que la propuesta responde más, en primer lugar, a un anuncio bomba en plena campaña electoral en los municipios de Cataluña, y en segundo lugar, a un intento de calmar las aguas entre los dos socios de gobierno. No concebimos que este texto, que se anunció en un primer momento en la sede del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y que se ha hecho sin consultar a los movimientos por el derecho a la vivienda, haya sido la versión original, viendo el resultado descafeinado y totalmente insuficiente expuesto ayer.
Desde la ciudadanía seguiremos exigiendo que de una vez por todas se pinche la burbuja de alquileres y que se haga efectivo el derecho a una vivienda digna. Tener una #ciutatperviure significa también poder pagar un alquiler asequible y tener mecanismos para que así sea. Y como no puede ser de otra manera, que sea una medida retroactiva. Llevamos 10 años defendiendo el derecho a la vivienda en la ciudad y en el territorio y no podemos aceptar que una iniciativa de esta importancia se vuelva a hacer sin contar con los colectivos de vivienda que día a día seguimos defendiendo los derechos de la ciudadanía y conocemos la problemática mejor que nadie
Por ello, desde la PAH de Barcelona reclamamos a la Generalitat transparencia total en cualquier iniciativa legislativa similar y que se escuche nuestra voz en un proceso participado.