Desde la plataforma no descartamos iniciar nuevas movilizaciones si los socialistas insisten en criminalizar la pobreza
Barcelona, 11 de noviembre de 2022
La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) ha iniciado hoy negociaciones con el Partido Socialista de Catalunya para que este rectifique su postura de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para facultar a los jueces a desalojar una vivienda ocupada en 48 horas después de la denuncia de la propiedad. Esta negociación se ha producido después de que las PAHs Catalanas organizaran una acción de protesta en la sede de los socialistas el pasado lunes, que acabó con el compromiso de reunirnos este viernes con Eva Candela, secretaria de Vivienda y Raúl Moreno, secretario de Políticas Sociales del partido. Les hemos trasladado nuestro malestar y preocupación por la propuesta, ya que entendemos que esta medida facilitará que bancos y fondos buitre puedan expulsar a familias vulnerables de sus viviendas.
Desde el PSC han defendido que esta medida responde, supuestamente, a la necesidad de combatir las “ocupaciones conflictivas”. Sin embargo, los datos demuestran que el 81% de los pisos ocupados en ciudades como Barcelona son de grandes propietarios, es decir, bancos y fondo buitre, que pueden utilizar esta modificación para saltarse la obligación de hacer alquiler social a las familias, de acuerdo con la ley catalana antidesahucios (Ley 24/2015). Por tanto, entendemos que la propuesta que quieren aprobar los socialistas no se corresponde con la realidad sobre la que pretenden legislar, generando confusión a la ciudadanía.
Desde la PAH tenemos claro que la mejor manera de evitar que una familia se vea obligada a ocupar un inmueble es garantizándole una vivienda digna. El Partido Socialista tiene por delante muchas opciones para hacerlo posible:
- Ley 24/2015 antidesahucios. Catalunya ha sido pionera a la hora de aprobar mecanismos legales para regularizar a las familias en situación de vulnerabilidad que se hayan visto obligadas a ocupar o no puedan pagar hipoteca o alquiler. Esta medida contempla la obligación, por parte de los grandes tenedores, de realizar alquiler social a las familias en situación de vulnerabilidad; por otra parte, también permite que la Generalitat obligue a los grandes tenedores a ceder aquellos pisos que estén vacíos desde hace más de 2 años.
- Ley de Vivienda. Actualmente, el PSOE mantiene bloqueada la Ley de Vivienda en el Congreso porque se niega a incluir medidas de mínimos como la de ofrecer alquiler social a familias en situación de vulnerabilidad, tal y como contempla la ley catalana. Si el gobierno español incluyera las medidas propuestas por los colectivos, tendría el apoyo de otros partidos como Podemos, ERC, BNG, Bildu, Más País y la CUP y podrían aprobarla de inmediato.
- Sareb. Desde principios de año que el Estado es el accionista mayoritario de la Sareb, una entidad rescatada también con más de 60.000 millones de euros de fondos públicos que nunca devolverán. Este rescate debería devolverse poniendo sus pisos a disposición de Comunidades y Ayuntamientos a fin de ampliar un parque público de vivienda que actualmente ronda un ínfimo 2%, uno de los más bajos de la Unión Europea.
Desde la PAH tenemos claro que no vamos a permitir ninguna modificación legal que implique la criminalización de la pobreza en un contexto de emergencia habitacional a la que los poderes públicos no son capaces -ni tienen la voluntad- de dar respuesta. Por eso anunciamos que si el Partido Socialista insiste en aprobar una normativa adoptando el discurso de la ultraderecha, incrementaremos la presión con nuevas movilizaciones en la calle.