Ayer nos reunimos con la Comisión Permanente del Consorcio de Vivienda, organismo que gestiona la Mesa de emergencia, formada por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona
Gracias a la presión de la PAH, hemos conseguido que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona pongan medidas conjuntas para combatir la carencia de pisos para garantizar el derecho a la vivienda a las familias desahuciadas.
Ayer tuvimos una reunión conjunta, con representantes de las dos administraciones, fruto de la acción que hicimos el pasado miércoles 4 de abril a la Oficina de Vivienda de la calle Bolivia 105, para exigir soluciones y explicaciones a la carencia de efectividad de la Mesa de emergencia, a la hora de garantizar el realojo de las familias desahuciadas sin ninguna alternativa habitacional.
Las familias que se ven obligadas a vivir un desahucio tras otro, mientras esperan que se los adjudique un piso de emergencia, no pueden esperar más. Por eso, avanzándonos una vez más a la Administración, teniendo claro que el problema base viene producido por la carencia de un parque público de vivienda a la altura de la emergencia, planteamos medidas para dar respuesta a los más de 300 casos que están a la espera de que se les asigne una vivienda, y exigir un plan concreto que ofrezca soluciones de aquí a la finalización del año.
La reunión acabó con los siguientes compromisos por parte de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona:
- La Generalitat aplicará en Barcelona el 60/40, una cofinanciación de ayuda al pago del alquiler. La Generalitat asume el 60% y el Ayuntamiento el 40%. Esta es una medida que solo se estaba aplicando en municipios que no dispusieran de Mesa de emergencia, y que desde ahora se vinculará también a la bolsa de alquiler, tanto por los pisos de particulares, como a los cedidos por Habitat 3. Esta medida es para garantizar el pago del alquiler y se prevé poder aumentar así la bolsa en 200/300 pisos más.
- Tanto la Generalitat como el Ayuntamiento pondrán más énfasis a la expropiación de usufructo, fruto de la modificación del Tribunal Constitucional, que ha levantado la suspensión de la Ley 4/2016, que les permitirá iniciar este proceso y aumentar el presupuesto para los realojos. Los costes de estas expropiaciones se financiarán conjuntamente entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat.
- Aplicación en Barcelona del tanteo y retracto, con cofinanciación por parte de las dos administraciones.
- Sobre los convenios de cesión de pisos en manos del BBVA con la Generalitat, de los 1.800 pactados, solo se han cedido 1.100, y de estos, 110 en Barcelona. La Generalitat se compromete a acelerar la entrega inmediata.
- Sobre el convenio de cesión de pisos vacíos del Ayuntamiento con La Sareb (200 pisos) y con Caixabank (50 pisos), en 2 años solo se han cedido 151.
Tanto la Generalitat como el Ayuntamiento dejaron claro las dificultades y trabas de los bancos a la hora de cumplir estos convenios. Nosotras les exigimos que aumenten la presión para hacer realidad estas cesiones, recordamos las sanciones marcadas por la ley catalana por el Derecho a la vivienda por la tenencia de pisos vacíos, y que hagan denuncia pública de esta actitud de las entidades bancarias.
Todos estos planes y compromisos han sido verbales, pero se ha levantado un acta donde queda todo recogido. Desde la PAH estaremos atentas y haremos seguimiento, para garantizar que de aquí a finales de año, se haya acabado la larga lista de espera de la Mesa de emergencia. De momento, a principios de mayo tendremos una nueva reunión para ver los avances realizados.
No daremos ningún paso atrás hasta garantizar que todas las familias vulnerables tengan garantizado el acceso a un hogar digno y asequible. Seguiremos poniendo encima de la mesa todas las medidas posibles para que los pisos de la banca pasen a incrementar el parque público de vivienda, y no sigan siendo vendidos a SOCIMIS y fondos buitre para hinchar la burbuja del alquiler, tratando el derecho a la vivienda como una mercancía.
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