Ni precarización ni privatización de las ciudades. Barcelona no está en venta

PorPAH_Bcn

Ni precarización ni privatización de las ciudades. Barcelona no está en venta

Barcelona no está en venta

En enero de 2017, la coordinadora de entidades vecinales, organizaciones sindicales y grupos de lucha de barrio «Barcelona no está en venta», llevaba a cabo su primera acción contra la gentrificación de la ciudad, la precarización de los colectivos de vecinas más vulnerables, y la defensa de los derechos políticos, sociales, culturales y laborales, exigiendo la derogación de la ley mordaza.

Desde aquel enero de 2017 nos hemos continuado movilizando para denunciar la creciente precarización de las condiciones materiales de nuestras vidas y la emergencia habitacional que soportamos. En estos últimos años, la gentrificación y la turistización se han extendido como mancha de aceite por toda el área metropolitana y por las zonas del territorio menos visibilizadas hasta ahora. El resultado ha sido una violación sistemática del derecho a la vivienda, a la vez que se degradaban las condiciones laborales de las trabajadoras. Desafortunadamente, la falta de medidas políticas ha cronificado esta situación.

El acoso inmobiliario y la expulsión del vecindario por parte de los fondos de inversión y grandes tenedores se ha disparado, y los desahucios siguen siendo un hecho cotidiano, incluso en su versión más cruel, la de los desahucios abiertos. La violencia policial contra las vecinas en los desahucios se ha convertido en una constante que no podemos tolerar.

Gracias a la presión del movimiento vecinal por la vivienda se han conseguido parar decenas de desahucios e impulsar medidas, como la del 30%, la recuperación de la Ley 24/2015 o la aprobación de algunas medidas, como el PEUAT, que podrían ayudar a reducir la segregación urbana y mejorar el acceso a la vivienda.

Sin embargo, la cifra de pernoctaciones y de desplazamientos turísticos no ha parado de crecer, y los planes de ampliación del puerto, del aeropuerto y la firma del nuevo convenio con la Feria de Barcelona, amenazan con agravar la masificación turística.

El pasado 6 de abril, más de 40 ciudades europeas han reivindicado la urgencia de medidas para garantizar el acceso a una vivienda digna para todas. Decenas de entidades en Europa están impulsando la ILP «Housing for All» para reclamar un marco jurídico y financiero que facilite estas medidas.

Por otra parte, la red SET está articulando la lucha de cada vez más ciudades y territorios contra la turistización, y en todo el mundo ciudades, entidades y personas a título individual están apoyando el Manifiesto Ciudades por la vivienda adecuada, presentado en Naciones Unidas en julio de 2018.

En el ámbito laboral, el capitalismo de plataforma, la híper-flexibilización de las condiciones de trabajo, las sucesivas (contra)reformas laborales, la cronificación de la tasa de paro y de las falsas autónomas, el ataque al sistema de pensiones y la pérdida de los derechos de las trabajadoras indefinidas han incrementado la precarización y la explotación.

Sin embargo, últimamente se ha producido la movilización del sector del taxi contra las VTC (Uber y Cabify), y están apareciendo nuevas formas de autoorganización laboral y/o sindical, como las de las cooperativas de riders y la de los colectivos de las Kellys.

La crisis ecológica, el machismo y el crecimiento de la extrema derecha, están topando con el nacimiento y el crecimiento de movimientos para la transformación social que son la expresión de la voluntad de un mundo plural formado por movimientos sociales, entidades, colectivos y personas que quieren seguir tejiendo espacios y procesos horizontales y liberadores.

Nos reencontramos el próximo 11 de mayo, junto con otras ciudades del Estado y de Europa, para reiterar las reivindicaciones de hace tres años, pero también para entender y para hablar sobre lo que está ocurriendo hoy.

Exigimos a todas las administraciones responsables (Unión Europea, España, Generalitat de Cataluña y gobiernos municipales):

  • La derogación de la ley mordaza, el cese de los desahucios abiertos y el fin de la violencia policial.
  • La introducción de mecanismos democratizadores de participación política ciudadana (reforma de la ley electoral, listas abiertas, referéndums y fórmulas de revocación de los cargos políticos).
  • El establecimiento de procesos participativos vinculantes sobre los proyectos de gran alcance.
  • La derogación de la LAU y la adopción de medidas políticas y fiscales con el fin de adecuar los precios de los alquileres a la renta disponible del hogar.
  • La expropiación de las viviendas vacías que están en manos de la banca rescatada y los grandes tenedores.
  • La prohibición de la descalificación de la VPO, de la privatización del suelo público y la destinación para alquiler de toda la VPO que se construya.
  • La destinación de las herencias intestadas a vivienda pública de alquiler.
  • El aumento significativo del parque público de alquiler para cumplir con el 15% que marca la Ley por el derecho a la vivienda.
  • El establecimiento de medidas inequívocas y ejecutivas para el decrecimiento turístico: alojamiento, desplazamientos, fiscalidad, condiciones laborales, etc..
  • La restricción de los usos privados del espacio público y el fomento de los vecinales.
  • La aplicación de medidas para luchar contra la brecha salarial y por la socialización de los trabajos de cuidados.
  • El establecimiento del salario mínimo de 1.200 €, y el cumplimiento de la Ley de Renta Garantizada.
  • La reversión de las privatizaciones de los recursos naturales y las externalizaciones de los servicios básicos: sanidad, pensiones, educación, etc.
  • La adopción de medidas concretas para detener el cambio climático y, a corto plazo, de objetivos urgentes como evitar la subida de 1,5º C en 2030.
  • El establecimiento de un plan para la transición energética que implique a todos los niveles de la Administración territorial y todas las actividades productivas.
  • Asunción de la agenda política del movimiento feminista, tanto por parte de las administraciones como de los movimientos sociales.
  • La derogación de la ley de extranjería, el cierre de los CIE y el establecimiento del ius soli (‘derecho del suelo’ o ‘derecho del lugar’).

Ni precarización ni privatización de las ciudades. Barcelona no está en venta.

Adhesión al manifiesto.

Todas el 11 de mayo, a les 18:00 horas, en la Plaça Universitat.

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