Hemos recuperado las medidas más importantes de la Ley 24/2015 suspendidas por el TC. Exigimos su aplicación inmediata y que se paren los desahucios
Después de casi tres años desde la impugnación de nuestra Ley por parte del gobierno de Rajoy y la banca, la lucha incansable de las entidades sociales promotoras con el apoyo de una mayoría abrumadora de la sociedad catalana ha permitido “hacer posible lo imposible” y recuperar las herramientas más importantes que el PP había sentenciado y enterrado: herramientas tan imprescindibles y demostradamente efectivas como la obligación de hacer una oferta de alquiler social por parte de grandes tenedores a personas afectadas por ejecuciones hipotecarias y desahucios por impago de alquiler cuando el propietario es un gran tenedor, y la cesión obligatoria de viviendas vacías propiedad de grandes tenedores a la Administración pública para poder ampliar el parque de vivienda para alquiler social y hacer frente a los desahucios. Las Mesas de emergencia necesitan con urgencia estas medidas para poder ofrecer vivienda a todas las personas en situación de exclusión residencial.
El Tribunal Constitucional ya ha notificado al gobierno español y a la Generalitat la sentencia con fecha del 31 de enero en la que acepta el desistimiento del recurso que acordaron ambos gobiernos y que el Consejo de Ministros ratificó en noviembre pasado. Estamos a la espera de su publicación en el BOE para su plena vigencia, que no puede demorarse más de 30 días desde la fecha de la sentencia, y que debería ser urgente, teniendo en cuenta la importancia social de su aplicación inmediata. El Tribunal ha esperado a hacer pública la aceptación del desistimiento a tener la sentencia lista en relación a todos los artículos impugnados y sobre los que no había acuerdo de desistimiento de los dos gobiernos.
Hoy nos hacemos presentes ante los juzgados de Cataluña para instarles a que la hagan efectiva y sean garantes de esta ley desde ya y que:
- Paren todos los procedimientos de desahucio por impago de alquiler y por ejecución hipotecaria interpuestos por grandes tenedores que afectan a personas en situación de exclusión residencial sin alternativa habitacional y exijan al demandante que haga la oferta de alquiler social pertinente.
- Paren los desahucios de alquiler de vivienda de pequeños tenedores de vivienda que afectan a personas o familias en exclusión residencial sin alternativa habitacional, hasta que la Administración pública les haya ofrecido una vivienda en alquiler social.
- Paren todos los desahucios por ocupaciones en precario denunciadas por grandes tenedores que afectan a personas o familias en exclusión residencial sin alternativa habitacional hasta que éste ofrezca un contrato de alquiler social o las administraciones realojen.
- Establezcan un protocolo de coordinación efectivo con los ayuntamientos para detectar y evitar los desahucios de las personas o familias más vulnerables, especialmente con menores y personas dependientes, facilitando al mismo tiempo las sanciones de 90.000 euros si los grandes tenedores no hacen las ofertas correspondientes.
Las entidades del Grupo Promotor estaremos pendientes y movilizadas para que no se produzca ningún desahucio, que los grandes tenedores cedan su vivienda y que las administraciones públicas, entre ellas la Administración de justicia, protejan efectivamente a las personas.
Recordemos también que la Ley 24/2015 es una ley nacida de la iniciativa popular, que se puso en marcha en 2014 con casi 150.000 firmas para garantizar la aplicación del art. 47 de la CE, y que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña. Ha sido posible gracias a las familias afectadas, movimientos sociales y a las personas que han puesto su tiempo y cuerpo desinteresadamente para garantizar el derecho a la vivienda, a aquellas juristas que han creído que las leyes injustas deben cambiarse, a las que ya no están pero nos dan fuerza para seguir batallando, a todas las entidades sociales que nos han apoyado, y a todas aquellas personas firmantes de la ILP.
Exigimos la aplicación inmediata de la Ley 24/2015 para garantizar el derecho a la vivienda en Cataluña.
¡Sí se puede!