El derecho a la vivienda es sistemáticamente vulnerado en nuestro país y en todo el mundo. A pesar de que el artículo 47 de la Constitución garantiza de manera declarativa ese derecho, en realidad la clase política en sus leyes, la judicatura en la Justicia y los cuerpos policiales actúan solo garantizando el derecho a la propiedad y a ejecutar las hipotecas de la Banca. La Banca privada, los Señores del dinero, esa oligarquía financiera es la responsable última de este retroceso.
La crisis de 2007 ha demostrado que nada está garantizado más que los derechos de los poderosos con hechos incontestables. Algunos de ellos han sido las compras de deuda y las inyecciones masivas de dinero de los Bancos centrales que han convertido la vivienda en un activo central de inversión para el capitalismo financiero. Ni el BCE y el Banco de España, ni Zapatero, ni Rajoy, ni Sánchez han salvado a la ciudadanía ni a la clase trabajadora más precaria. Al convertir la vivienda en un lujo inalcanzable para las clases populares han acabado transformando las ciudades por un proceso de gentrificación y urbanizanización que siempre expulsa al vecindario más pobre.
Los mercados de capitales y de renta fija hipotecaria son así el núcleo de esta contrarrevolución contra el derecho a la vivienda. La Banca española se permite, con el apoyo vergonzoso de todos los estamentos políticos y judiciales, interpretar o retorcer a su favor incluso la jurisprudencia europea y de derechos humanos, sin que ninguno de esos responsables la contradiga. Mientras nuestra clase política asistía con una pasmosa pasividad a más de 875.000 ejecuciones hipotecarias de viviendas que han acabado en manos de la Banca o de fondos especulativos extranjeros desde 2008.
Lejos de ayudar al ciudadano han puesto miles de millones para sanear los balances de un sistema de cajas que ha desaparecido, permitiendo una concentración sin precedentes de los grandes bancos, a los que se les han regalado todos los activos inmobiliarios a precio de saldo.
Hoy las burbujas del alquiler están asolando ya las ciudades medias en nuestro país. Vivimos en España una segunda burbuja del alquiler, la primera fue en 2002, con miles de desahucios. Las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez modificando la Ley de Arrendamientos Urbanos poco van a resolver en un mercado donde casi todos los contratos se firman en el mercado libre que supone el 98% de las viviendas de alquiler. El problema es que los alquileres se comen la mayor parte de los presupuestos familiares.
Miles de familias sufren desahucios invisibles porque el fin del contrato supone subidas de la renta de alquiler inasumibles. Son empujadas a la ocupación o a un submundo de economía sumergida en el sector residencial de emprendedores que realquilan pisos por habitaciones, o locales sin licencia que se transforman en viviendas, al margen o no de las plataformas online o disfrazados de alquiler vacacional. Más de un millón de hogares en el área metropolitana de Barcelona en 27 municipios, 1 de cada 4 ciudadanos, están obligados a vivir en condiciones muy precarias, explica Cáritas en un estudio reciente. Eso muestra que las estadísticas oficiales del Estado español no entran en las zonas oscuras del derecho a la vivienda para evitarse el sonrojo de los organismos internacionales de derechos humanos.
Todas estas penurias contrastan con el apoyo total al sector inmobiliario del Estado español. Es uno de los pilares de la economía española que viene de la mano del sector financiero en uno de los países donde su peso en el Ibex-35 es aplastante.
Es una unión sagrada bendecida desde 1959, cuando el ministro franquista de vivienda don José Luís de Arrese propuso la sociedad de los propietarios con la célebre frase: ”queremos una España de propietarios, no de proletarios”. La izquierda española nunca ha renunciado al uso de esta máquina de crecimiento en los ciclos económicos del país. Adoptó el modelo franquista sin rechistar. Las políticas públicas de vivienda de medio siglo han sido continuadas mejoras legislativas, presupuestarias y fiscales para que el sector inmobiliario-financiero español parasitara mejor al Estado.
España es uno de los países europeos que proporcionalmente ha gastado más dinero en vivienda, principalmente en políticas fiscales. Hablamos de 77.560 millones en tres décadas de desgravaciones fiscales a la compra de primera vivienda, que a través del incremento de precios acababan en manos de promotores y el inestimable sector bancario que hacía su agosto con millones de hipotecas constituidas. La máxima expresión del Plan franquista Arrese fue la renuncia del Estado español a esos 77.560 millones, la mayor parte en gobiernos del PSOE, que hubiera permitido construir un parque de vivienda pública asequible que hoy hubiera sido la salvación de esos millones de desahuciados.
Desde el punto de vista de los impuestos, España es un paraíso fiscal para los propietarios de viviendas alquiladas. Anualmente desde hace décadas el Estado renuncia a construir un parque público de alquiler porque regala los miles de millones de euros al sector privado con el tramposo argumento de la promoción del alquiler, con los desastrosos resultados que conocemos. Entre el Impuesto de Sociedades y el IRPF suponían en 2014 más de 10.000 millones de euros de elusión fiscal que crece en la medida que crece el parque de viviendas en alquiler. Esa partida presupuestaria que se regala a los ricos se volverá insostenible en poco tiempo. Para que nos hagamos una idea, en 2016 el Banco de España aseguraba que una vivienda se amortizaba en 10 años entre alquileres, beneficios fiscales a la propiedad y el incremento del valor del activo en la reventa. Ningún negocio ni industria tienen hoy tal rendimiento.
Las casualidades de la historia económica reciente han llevado a que el capitalismo ha casado, como anillo al dedo, los intereses de la burguesía española con los intereses de las políticas neoliberales que dominan la escena de la Unión europea y del Euro. El sector inmobiliario y financiero, buques insignia del capitalismo español, en una economía desregulada y abierta se han convertido en un lugar privilegiado de inversión para los capitales especulativos internacionales. Un matrimonio de conveniencia donde la desregulación legislativa y las exenciones y desgravaciones fiscales a las rentas del alquiler son el mejor regalo de bodas al capitalismo parasitario internacional que dona nuestro país.
Mientras que la conducción de vehículos está regulada al milímetro en la normativa de Tráfico, el derecho a la vivienda, que es un derecho humano, está totalmente desregulado. La gente no somos conscientes de cómo nos engañan. Los partidos constitucionales han hecho de la Ley de Arrendamientos Urbanos –la LAU– el arma perfecta para que fondos especulativos operando desde paraísos fiscales desahucien a placer. Por ello, miles de hogares se ven empujados a la ocupación como única posibilidad de tener un techo, mientras los medios de comunicación los criminalizan para justificar medidas legislativas cada vez más duras contra los precarios.
Y los municipios sin apenas capacidad fiscal ni legislativa, e intervenidos por el artículo 135, afrontan miles de desahucios con tímidas medidas que acaban financiando con sus presupuestos menguantes alquileres desbordados exigidos por la Propiedad que chantajea al derecho a la vivienda.
Nuestras organizaciones que estamos hoy aquí presentes en este acto de denuncia pública de la corrupción en los servicios a nuestra gente mayor, queremos agradecer en primer lugar la invitación para explicar los problemas en la vivienda y poder unir voces, porque solo la unidad de la clase trabajadora y la lucha nos puede permitir dar un vuelco a una situación que se ha vuelto insostenible, hasta que todo el mundo junto se levante y diga ¡BASTA!
Manifiesto leído por PAC Badalona, 500×20 y PAH Barcelona en la presentación del documental Pactos de Silencio.