Acabar con el negocio de la vivienda es defender el 30%: ¡este sábado 5 de abril salimos a la calle para conseguirlo!
El 30% es una conquista colectiva clave para garantizar vivienda asequible en una Barcelona cada vez más afectada por la especulación. Su implementación ha permitido que más de 60.000 hogares de alquiler en edificios de propiedad vertical queden protegidos; y ha permitido ganar 144 viviendas protegidas entre 2021 y 2023, rompiendo con décadas de inacción en distritos como el Eixample, donde el sector privado no había generado ni una sola vivienda asequible desde 1970.
Si la medida se consolida, podría llegar a sumar 18.827 nuevas viviendas protegidas en zonas céntricas como el Eixample o Gràcia, revirtiendo el error histórico de relegar la vivienda de protección oficial a la periferia. Sin embargo, el gobierno de Jaume Collboni la descalifica constantemente y pretende desmantelarla con la excusa de una “reforma técnica” y con el apoyo de la patronal inmobiliaria. ¡Se trata de un intento claro de recorte que hay que detener!
Denunciamos que el propio gobierno municipal es responsable de una dejadez flagrante de funciones en la aplicación del 30%. No es una casualidad que quienes dicen que no funciona, no persigan su incumplimiento. Las sanciones por incumplimiento de la medida se han detenido, dejando escapar más de 50 viviendas protegidas y paralizando multas por valor de más de 3 millones de euros. Los expedientes que se han dejado caducar y que corren el riesgo de quedar enterrados, habrían detectado fraude en el uso de permisos de obra menor para esquivar el 30% en al menos 17 edificios… aunque sospechamos que esto está ocurriendo en cientos de fincas.
Queda claro, pues, que el problema no es la medida, sino la falta de voluntad política para hacerla cumplir. La complicidad con los intereses inmobiliarios queda en evidencia cuando, en lugar de fortalecer la inspección y sancionar los incumplimientos, el Ayuntamiento permite que la norma se desvirtúe, preparando el terreno para su reducción.
Para mayor indignación, el el gobierno actual del PSC, con la complicidad del sector inmobiliario y usando como aval a Carme Trilla, ha planteado dos “reformas” -recortes- que, lejos de reforzar la medida, la desnaturalizan completamente:
- La primera es excluir las grandes rehabilitaciones de la aplicación del 30%, aunque estas operaciones implican a menudo la expulsión de vecinos y vecinas y la conversión de edificios enteros en vivienda de lujo. Esto reduciría drásticamente el efecto de la medida, pasando de afectar a 3.900 edificios a sólo 95 y por este motivo es inaceptable.
- La segunda “flexibilización” (o regalo al sector) es permitir trasladar la obligación de construir vivienda protegida de los suelos privados hacia los públicos, lo que equivale a “expulsar” la vivienda protegida del centro y que raya en la estafa. Esto disminuye el volumen total de vivienda asequible a cambio de compensaciones con las que el Ayuntamiento nunca podrá comprar suelo en barrios céntricos para hacer vivienda protegida.
Exigimos al Ayuntamiento un “giro copernicano”, que implica aparcar el “recorte” y blindar la medida. Entre febrero y marzo nos hemos reunido con el Comisionado de Vivienda, Joan Ramon Riera y el Gerente de Urbanismo, David Martínez García, con los grupos municipales de ERC y de Barcelona en Comú, y con Carme Trilla, a quienes hemos trasladado esta valoración.
Para evitar que Barcelona se convierta en una ciudad de dos velocidades, ¡es imprescindible afianzar y ampliar el 30%! Hay que garantizar que la medida se mantenga durante años suficientes para mostrar sus efectos reales, que se aplique de manera estricta con un refuerzo de la inspección y sanciones ejemplares, que se ponga un presupuesto importante para adquirir con tanteo y retracto las viviendas obtenidas para que sean públicas, y obligar a que la vivienda resultante sea de alquiler, incrementando además su porcentaje al 50% en zonas de mayor presión inmobiliaria, como han hecho ciudades como París.
El derecho a la vivienda no puede estar sujeto a intereses especulativos. Reducir el 30% supondría consolidar un modelo de ciudad segregador, que es caldo de cultivo para la desigualdad y la extrema derecha. Por ello, este sábado 5 de abril, las entidades sociales llaman a la movilización: defender el 30% es defender el derecho a vivir en Barcelona.
El 30% es una de las pocas herramientas que tenemos para conseguir que tres de cada diez nuevas viviendas sean protegidas y el 75% de la población cumple los requisitos para acceder: ¡el alcalde Collboni debe decidir si defiende el negocio de la especulación o el derecho a la vivienda!
La vivienda es el primer problema de la sociedad y no permitiremos que la irresponsabilidad de los gobernantes ponga en riesgo de desahucio a “4.000 casas Orsola” más. ¡Es por ello que las entidades sociales defenderemos el 30% en la calle, empezando este sábado 5 de abril en el marco de las movilizaciones estatales para acabar con el negocio de la vivienda!
Grupo Promotor de la Medida del 30% de Vivienda Protegida en Barcelona
Sindicat de Llogateres, PAH de Barcelona, Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB), Sectorial d’Habitatge Cooperatiu de la XES, Resistim al Gòtic, Observatori DESCA.