Hay que rechazar la regulación y prohibir una práctica que precarizaría aún más el acceso a la vivienda y echaría de su casa a familias vulnerables
Resistim al Gòtic, la Barceloneta Diu Prou, la FAVB, Gràcia On Vas, el Sindicat de Llogateres, Ciutat Vella No Està En Venda, el Sindicat d’Habitatge del Casc Antic, el Observatori DESC, la Asamblea Social del Guinardó, la AVV de Sagrada Familia y cada vez más colectivos y entidades instamos a la ciudadanía y a organizaciones sociales a adherirse al manifiesto para exigir al consistorio de Barcelona que prohíba la regulación de alquiler turístico de habitaciones.
En agosto de 2020 la Generalitat de Catalunya publicó, dentro de un decreto sobre turismo, la primera regulación del alquiler turístico de habitaciones, dejando a los ayuntamientos un tiempo para adaptarla a sus realidades. En el caso de Barcelona, se ha decidido contemplar este nuevo modelo de especulación turística de la vivienda en el marco del segundo PEUAT, actualmente en preparación. Dentro del Ayuntamiento, e incluso dentro del gobierno municipal, existen dos corrientes: la prohibición de esta práctica y su regulación con más o menos limitaciones.
Abogamos por su prohibición por los siguientes motivos:
- Rechazamos el término ‘hogares compartidos’ para hablar del alquiler de habitaciones por días. El uso de este término es ya una toma de posición asumiendo el lenguaje de Airbnb y la mal llamada sharing economy, que consiste en especular con un derecho básico como la vivienda. En este caso, con una de sus versiones más precarias.
- Las voces que defienden el alquiler turístico lo hacen en nombre del derecho al negocio, y utilizan como excusa la necesidad de esta práctica para llegar a fin de mes, dificultades que –dicen– podrían superar con el alquiler turístico de su casa.
La gran precariedad en la que demasiada gente vive en Catalunya y en Barcelona es un problema grave que es preciso tratar con urgencia, mediante políticas públicas reales, y no con una nueva liberalización; no diciendo a la gente que alquile parte de su casa para llegar a fin de mes. - Como ya ocurre con los pisos enteros, los verdaderos beneficiados del alquiler turístico son profesionales y agencias, en ningún caso arrendadores amateurs. El alquiler turístico de habitaciones (alegal hasta ahora) hace ya tiempo que se utiliza como tapadera para el alquiler de pisos enteros sin licencia (ilegal). Lo que antes se hacía en un vacío legal, ahora pasaría a hacerse con garantías de legalidad, y con un control público prácticamente nulo.
- La capacidad de inspección respecto a la eventual regulación por parte del Ayuntamiento es muy reducida, como ya se ha demostrado con los pisos enteros, por lo que, en la práctica, una regulación equivale a abrir la puerta al alquiler turístico de forma masiva, sin demasiada posibilidad de control, tal y como han mostrado regulaciones similares en otras ciudades europeas.
- El alquiler de habitaciones ya es posible en el ámbito residencial: solo hace falta que se haga por más de 31 días, respetando la Ley de arrendamientos urbanos (LAU). Las familias y personas que lo necesitan hace tiempo que lo hacen. Pero a quien especula no le basta con ello, porque persigue el máximo beneficio posible. Poco importa que esto implique echar a las personas que ahora mismo están viviendo en habitaciones alquiladas; y aquí llegamos a la otra amenaza, en definitiva, la más grave de todas.
- Permitir el alquiler turístico de habitaciones significa hoy someter a la gran cantidad de personas y familias que viven en habitaciones alquiladas, a una presión inmobiliaria aún mayor y a una competición nunca conocida antes. Conllevaría una subida de precios inasumible y, en la práctica, una precarización adicional de la situación habitacional y la expulsión de muchísimas personas que ya han quedado fuera del derecho a una vivienda digna, y que podrían ser expulsadas de donde viven.
En resumidas cuentas, la solución a los problemas económicos de la población no puede pasar por una liberalización del alquiler de habitaciones. Esto supondría poner aún más en riesgo la situación habitacional de las personas y familias que ya están más precarizadas y, al mismo tiempo, seguir enriqueciendo a quien se lucra con la especulación turística de la vivienda: agencias y profesionales rentistas o plataformas como Airbnb.
Por el derecho a la vivienda de todas las personas, para que no sean expulsadas de sus lugares de vida, el Ayuntamiento de Barcelona no puede legalizar el alquiler turístico de habitaciones.
Adhiérete al manifiesto rellenando el siguiente formulario.
Gracias a la Revista Masala y a Pau Badia i Roca (Nomdenoia) por la ilustración.