El pasado 2 de abril, las entidades sociales impulsoras del 30% de vivienda protegida y de la ILP Vivienda – Ley 24/2015 nos reunimos con todos los grupos del Parlamento de Cataluña para trasladarles nuestra valoración inicial del nuevo Decreto-Ley 5/2019 de vivienda y escuchar sus opiniones al respecto.
Como ya expresamos días antes en una rueda de prensa justo delante del Parlament, el Decreto cruzaba varias “líneas rojas” no aceptables y por lo tanto planteamos la necesidad de echar atrás este Decreto, volviendo a la casilla de salida a través de la redacción de uno nuevo, contando con la participación de la ciudadanía y teniendo presentes la realidad existente y las carencias del texto que había encima de la mesa.
Estamos hablando de una norma hecha desde el secretismo y sin la voz de las entidades que han puesto en marcha medidas que el Decreto diluía o modificaba a la baja, como es el 30% de vivienda protegida o la propia Ley 24/2015, con efectos tan graves y concretos como, entre otros y como más destacados:
- El encarecimiento de la vivienda de protección oficial (VPO) por barrios, vaciado artificial de la lista de espera y falta de medidas inequívocas para que toda la VPO sea de alquiler e indefinido.
- Una menor garantía de realojo en caso de desahucio y una reubicación en alojamientos temporales inexistentes a día de hoy, sin dotación presupuestaria para que los ayuntamientos los hagan.
- Un índice de precios que no iba más allá de un simple ejercicio de transparencia que ni siquiera limitaría los precios de alquiler, con el problema actual de expulsión de vecinas en las grandes ciudades.
En las reuniones de la semana pasada con los grupos parlamentarios había un sentimiento común mayoritario de rehacer y empezar de nuevo, con un Decreto que aglutine a las entidades sociales que venimos trabajando y haciendo propuestas que funcionan, tanto a nivel local, autonómico como estatal.
Es por ello que queremos poner en valor el paso de retirar el Decreto Ley hecho por el Gobierno, al tiempo que lo emplazamos a empezar a trabajar para hacer uno nuevo que incluya las propuestas y soluciones de la ciudadanía. Queremos recordar que seguimos liderando el ranking de la vergüenza de desahucios (55 al día en Cataluña), con una lista de espera de más de 1.500 personas. Y más de 125.000 demandantes por una vivienda protegida, mientras el parque público no llega al 2% del total.
Solemos trabajar más desde la iniciativa propia, tanto en la calle como en iniciativas legislativas (ILP Vivienda – Ley 24/2015, el 30%…) que reaccionando a medidas institucionales, pero en este caso no pudimos quedarnos al margen del debate que planteaba el Decreto, ya que se ponía en riesgo el modelo de la poca vivienda protegida que tenemos y los avances de las leyes de impulso ciudadano en el campo de la emergenciaA partir de ahora hay que trabajar en un nuevo Decreto ley que no recorte el derecho a la vivienda, sino que lo proteja y que ponga a cooperar a las administraciones para garantizarlo, con los recursos que se merece. ¡Necesitamos avances reales por el derecho a la vivienda y no nos podemos permitir pasos en falso!
Exigimos medidas urgentes para acabar con la emergencia, y estructurales para poner los cimientos de un modelo con derecho a la vivienda que deje atrás para siempre la burbuja y nos equipare a los países más avanzados. ¡Con las entidades sociales será posible!
Confiamos en que los grupos parlamentarios y el Gobierno, en los próximos días se pongan en contacto con nosotras para poder trabajar conjuntamente en un nuevo Decreto-Ley que atienda a las necesidades urgentes y estructurales de la gente en relación a un verdadero derecho a la vivienda digna y adecuada.
¡DEFENDAMOS EL DERECHO A LA VIVIENDA Y A LAS CIUDADES!
