El PSC y Comuns han anunciado la creación de una Unidad antidesahucios dentro de la Generalitat y la puesta en marcha del Registro de grandes tenedores por parte de la Generalitat, como condición previa para entrar a negociar los presupuestos 2026. Ambas medidas serán aprobadas por el Consell Executiu del Govern.
Pese a llegar tarde, las 2 medidas incluidas en el pacto dan respuesta a algunas de las demandas que desde La PAH estamos exigiendo hace años a los diferentes gobiernos de la Generalitat y es indiscutible que sin nuestra presión social, nunca habrían llegado a hacerse realidad.
Impulsar un Servicio para intervenir en los desahucios en toda Cataluña, es una buena noticia, significa un paso adelante de la Administración, que se sitúa al lado de la gente en riesgo de perder su vivienda. Ningún gobierno puede ser neutral ante un desahucio. En Barcelona lleva años funcionando y ha ayudado a detener miles de desahucios.
Desafortunadamente, aunque ayuda a ganar tiempo, no da siempre soluciones habitacionales a las familias. Por lo tanto, es necesario que el Gobierno del PSC garantice los realojos y los alquileres sociales para dar una auténtica y definitiva respuesta a los desahucios, poniendo de una vez por todas la vergonzosa lista de espera de la Mesa de Emergencias a cero y haciendo realidad el lema “ninguna familia sin un realojo digno”.
La segunda medida del pacto es aprobar el reglamento del registro de grandes tenedores y pisos vacíos, que La PAH reclama desde el nacimiento de las leyes que los crearon. El registro de grandes tenedores nació precisamente gracias a la Ley 1/2022 impulsada por las PAHs catalanas junto a otras organizaciones sociales, pero había quedado en un cajón. Tener un registro que funcione no es algo menor, porque permite hacer efectivas y controlar el cumplimiento de cuatro medidas clave que afectan a los multipropietarios:
- El alquiler social obligatorio antidesahucios de la Ley 24/2015.
 - La contención de rentas.
 - La subida al 20% del impuesto por compra de vivienda no residencial.
 - El tanteo y retracto de las administraciones sobre los pisos provenientes de ejecuciones hipotecarias o cualquier otro que vendan en zonas tensionadas.
 
Al mismo tiempo, el registro de viviendas vacías facilita la aplicación de multas a quien las mantiene desocupadas para especular, tener un listado para hacer efectiva directamente la cesión o la expropiación de uso y de la propiedad de los pisos vacíos, y hacer pagar a los grandes propietarios el impuesto catalán a los pisos vacíos. Será muy importante que la Generalitat sancione a quien intente esquivar la inscripción en los registros, a la vez que garantice desde el primer día que la ciudadanía pueda consultarlos para defender sus derechos y denunciar a quien los pisotee.
Desde La PAH valoramos positivamente este pacto, pero estaremos vigilantes para que no se quede en un nuevo papel mojado y garantizar que las 2 medidas den resultados palpables.
