Con el presente comunicado, la PAH de Barcelona (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), el Observatorio DESC, la FAVB (Federación de Asociaciones de vecinos y vecinas de Barcelona), la ABTS (Asamblea de barrios para un turismo sostenible) y el Sindicat de Llogaters, queremos hacer público el proceso de trabajo conjunto iniciado para presentar una moción municipal para la ampliación del parque público de vivienda.
La ciudad de Barcelona ha sufrido en los últimos 3 años 12.322 desahucios. El 84% de los desahucios están directamente relacionados con el régimen de alquiler, tanto por la precarización de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) cómo por la legislación que facilita la especulación con la vivienda. Barcelona tiene dificultades al realojar a estas personas desahuciadas cuando únicamente cuenta con un parque público de alquiler que ronda el 1%, lejos del 15% o 20% que acumulan otras ciudades europeas.
En la actualidad, estamos viviendo una burbuja especulativa sobre los precios del alquiler. Sólo en los últimos tres años, el precio mediano del alquiler a la ciudad ha aumentado un 24%, llegando este incremento en algunos barrios hasta el 66%.
A todo esto tenemos que sumar la compra frenética de edificios enteros, con vecinas que serán expulsadas, por parte de fondos de inversión nacionales y extranjeros.
La vivienda pública constituye una de las principales garantías del Estado de Bienestar, es por eso que presentamos esta propuesta, a la vez que seguimos exigiendo la aplicación de la moción que presentamos para sancionar los pisos vacíos de manera permanente e injustificada en manos de entidades financieras. Un mercado de la vivienda regulada constituye una de las principales garantías del Estado Social dado que estará protegido de las fluctuaciones del mercado inmobiliario. La provisión de viviendas no es una cuestión de mercado sino que constituye un tema capital en el cual las administraciones tienen que intervenir directamente y de manera coordinada.
Mediante la presente moción proponemos, se acuerde en el Pleno municipal las siguientes actuaciones y su desarrollo:
Primera.- Destino del 30% del techo de los edificios de nueva construcción y los sometidos a rehabilitación integral a viviendas de protección oficial de gestión pública y municipal.
Proponemos las modificaciones normativas oportunas para establecer la obligación de destinar el 30% del techo de los edificios sometidos a rehabilitación integral y de nueva construcción a la ciudad de Barcelona a viviendas de protección oficial de gestión pública y municipal. Las viviendas resultantes de la rehabilitación integral de edificios se someterán a las mismas obligaciones, en cuanto a la reserva de techo destinado a Vivienda de Protección Oficial en régimen de alquiler u otras formas de cesión de uso, que las actuaciones que se realicen en solares edificables.
Segunda.- Regulación de la implantación de establecimientos de alojamiento turístico (así como de albergues de juventud y residencias colectivas de alojamiento temporal) y de viviendas de uso turístico (HUT) y reserva del equivalente del 40% de su techo a vivienda pública.
El PEUAT, que entró en vigor el 6 de marzo de 2017, establece un crecimiento cero de las viviendas de uso turístico (HUT) a toda la ciudad con el fin de garantizar los derechos fundamentales de las ciudadanas de Barcelona.
En relación a los establecimientos de alojamiento turístico, se establece que para la implantación de estos, se tendrá que destinar el edificio entero a las actividades reguladas con excepción de la planta baja que se podrá destinar a otros usos siempre que no sean lo de vivienda.
Proponemos, que los citados establecimientos (así como los nuevos albergues de juventud y residencias colectivas de alojamiento temporal) y las viviendas de uso turístico, aplicando de forma análoga el que se establece a la normativa urbanística, cedan el equivalente al 40% de su techo a vivienda pública en otro inmueble del mismo distrito.
Tercera.- Declaración de ciertas zonas de la ciudad como Áreas de Conservación y Rehabilitación a partir de un informe previo en el ámbito de todo el municipio.
Con el objetivo de garantizar un uso adecuado de la vivienda, de promover la regeneración del tejido urbanístico y la conservación de la vivienda en sido muy deficiente, así como de evitar procesos de especulación inmobiliaria o que comporten riesgos para la cohesión social, se propone el impulso de las áreas de conservación y rehabilitación (ACR), de acuerdo con los artículos 15, 36 y 37 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre. Así como la delimitación de áreas sujetas a los derechos de tanteo y retracto a favor del Ayuntamiento de Barcelona, es decir, que las fincas sujetas a esta figura estén obligadas a comunicar en el Ayuntamiento cualquier oferta de compraventa porque el Consistorio pueda igualar la oferta y adquirir preferentemente el inmueble, o en caso de que se haya producido sin la pertinente comunicación, se podrá retroextraerla y adquirir la finca por el precio estipulado.
Cuarta.- Conversión de edificios de titularidad pública destinados a usos no residenciales en edificios de uso residencial
Con el objetivo de extender el parco público de vivienda, hay que priorizar el uso residencial de ciertos edificios de titularidad pública. Tomando como punto de partida el ejemplo del antiguo Edificio de Tabacos (Vía Laietana, 8-10), que tenía que tener uso económico y finalmente será destinado a 160 viviendas públicas en régimen de alquiler gracias a la campaña ciudadana #VidaLaeitana, es necesario que el Ayuntamiento estudie en profundidad la opción de trasladar esta iniciativa a otros inmuebles de su titularidad, e intensifique la busca de edificios y solares privados que están en desuso, y que por lo tanto son susceptibles de ser comprados o expropiados por el Ayuntamiento para destinarlos a un uso residencial.
Quinto.- Creación de un grupo de trabajo de seguimiento de la implementación de la moción al Consejo de la Vivienda Social de Barcelona.
Con el objetivo que todo aquello que incorpora al presente texto se cumpla de forma efectiva, proponemos la implementación de un grupo de trabajo que quede incorporado a la estructura al Consejo de la Vivienda Social de Barcelona. Consideramos, como condición necesaria, la revisión y fiscalización de todas aquellas iniciativas que tengan un impacto directo en la ciudadanía y por lo tanto, el citado grupo de trabajo no sólo lo tendrían que integrar las entidades promotoras de la propuesta, sino también todos aquellos actores sociales de la ciudad que basen su actividad en el ámbito de la vivienda y puedan aportar su experiencia en la materia.
comencem rdp #LloguerPúblicBcn https://t.co/7nQJHhu91b
— PAH Barcelona (@PAH_BCN) February 13, 2018